DICTAMEN 188 / 2007 ANTECEDENTES

Transcripción

1 DICTAMEN 188 / 2007 Materia sometida a dictamen: Recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la Orden del Departamento de Salud y Consumo por la que se desestima el recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud referente a la cobertura temporal de plazas estatutarias de categorías de Personal Sanitario Diplomado y Personal Sanitario de Formación Profesional en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. ANTECEDENTES Primero.- Por escrito de 14 de septiembre de 2007, con registro de salida el día 21 de septiembre y de entrada en esta Comisión Jurídica Asesora el siguiente día 25 del mismo mes, la Consejera de Salud y Consumo remite propuesta de Orden estimatoria del recurso y expediente administrativo relativo al recurso de revisión interpuesto contra la Orden de 30 de marzo de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de 30 de noviembre de 2005, por la que se publican los listados definitivos de puntuación de los participantes en la convocatoria de 9 de noviembre de 2004, para la cobertura temporal de plazas estatutarias de categorías de Personal Sanitario Diplomado y Personal Sanitario de Formación Profesional en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, solicitando dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Segundo.- El expediente administrativo remitido consta de una serie de documentos de los que se deducen las siguientes informaciones: 1º) Con fecha 22 de noviembre de 2004, el BOA publicó la Resolución de 9 de noviembre de 2004, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se 1

2 publica convocatoria para la cobertura temporal de plazas estatutarias de personal diplomado sanitario y de personal sanitario de formación profesional en sus centros sanitarios. El 21 de diciembre el interesado presentó solicitud para ser incluido en la Bolsa de Trabajo de Personal Diplomado Sanitario aportando distinta documentación. 2º) Mediante Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, se publicaron los listados definitivos (su referencia está en el BOA de 7 de diciembre de 2005) atribuyéndose al interesado una puntuación de puntos. 3º) El interesado presentó recurso de alzada el 30 de diciembre de 2005 contra esta resolución mencionada solicitando que se le revisara la puntuación en el apartado de formación profesional valorándose, en concreto, los más de dos años de servicios prestados en el Hospital Público St Mary s de Londres, que acreditó mediante carta del citado centro hospitalario. 4º) Por Orden del Departamento de Salud y Consumo de 30 de marzo de 2006 fue desestimado este recurso considerando que los servicios prestados en el hospital inglés no estaban suficientemente acreditados. 5º) Con fecha 10 de julio de 2007, el interesado presentó recurso extraordinario de revisión contra la desestimación del recurso de alzada acompañando un certificado de empresa expedido por la Consejería de Trabajo y Asuntos sociales de la Embajada de España en Londres. El 4 de septiembre de 2007 se personó el interesado en el Servicio Aragonés de Salud para compulsar el certificado expedido por la Embajada española, y al día siguiente lo hizo de nuevo exponiendo en un escrito que una compañera presentó un escrito del sistema de salud inglés semejante al suyo y que éste fue aceptado por el Salud. Tercero.- Finalmente, se contiene en el expediente remitido una propuesta de Orden del Departamento de Salud y Consumo, por la que se estima el recurso extraordinario de revisión por considerar que concurre la circunstancia tasada contemplada en el ordinal 2º del apartado 1 del art. 118 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al haber aparecido con posterioridad a la resolución del asunto documentos de valor esencial que evidencian el error de la resolución recurrida. CONSIDERACIONES JURIDICAS I 2

3 El dictamen solicitado se encuentra dentro del ámbito competencial objetivo que legalmente tiene atribuido esta Comisión Jurídica Asesora. En efecto, según el artículo 56.1.e) del Texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, esta Comisión debe emitir dictamen preceptivo sobre la revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho y los recursos administrativos de revisión. Este precepto debe ponerse en relación con el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, modificado por el art. 47 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, que es el precepto que dentro del derecho público aragonés se refiere al recurso extraordinario de revisión con remisión, fundamentalmente, a lo establecido en la legislación básica del Estado (o sea, al art. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Y, dado su objeto, la emisión del dictamen corresponde en este caso a la Comisión Permanente de este órgano consultivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. II Desde el punto de vista formal, procede examinar, en primer término, la corrección de la tramitación del procedimiento. Es evidente que en la misma se han seguido los pasos que indicarían los principios del procedimiento administrativo común contenidos en el Título VI de la Ley 30/1992, habiéndose cumplido, en concreto, todos los trámites exigibles desde el punto de vista formal. III En relación a las cuestiones de fondo, la Comisión Jurídica Asesora ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del procedimiento tramitado, concurren o no los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para la viabilidad de un recurso extraordinario de revisión (art. 118 y concordantes de la Ley 30/1992, en adelante LRJAP). El recurso extraordinario de revisión se configuraba en la redacción original de la citada Ley, como un recurso a interponer contra resoluciones que pusieran fin a la vía administrativa, porque la agotaban o porque no se hubiera formulado contra ellas recurso administrativo ordinario en plazo. De forma que, como tuvo ocasión de declarar esta Comisión Jurídica 3

4 Asesora, por ejemplo en su Dictamen 31/1998, los citados preceptos que definían el régimen jurídico de este recurso habían sido interpretados por la doctrina científica y legal en el sentido de calificarlo como un recurso excepcional, afirmando que debe ser objeto de interpretación restrictiva, para evitar que se convierta en una vía ordinaria de impugnación de los actos administrativos, una vez transcurridos los plazos previstos por la legislación vigente para interposición de recursos administrativos ordinarios (en este sentido, p.ej. la S. del T.S. de 26 de febrero de 1996 y el Dictamen de la Sección Octava del Consejo de Estado nº 3.061/1995, de 18 de enero de 1996); y se destacaba que su calificación como recurso extraordinario derivaba, no sólo de que había de tener por objeto un acto administrativo que habría puesto fin a la vía administrativa (destacando que, con ello, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, había tomado partido en la polémica doctrinal suscitada durante la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, acerca de si la firmeza de los actos administrativos susceptible de recurso de revisión, debía ser simplemente administrativa o también judicial), sino también de la circunstancia de que había de basarse en motivos tipificados por la Ley con carácter taxativo. Ello no obstante, de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley, el recurso de revisión, a partir de la reforma llevada a cabo en esta LRJAP por la Ley 4/1999, de 13 de enero, únicamente será posible, tal como han venido a indicar de modo uniforme sus artículos 108 y 118, contra los actos firmes en vía administrativa, y según explica su Exposición de Motivos. En idéntico sentido, debe reseñarse que por el artículo 47 de la Ley 26/2003 de las Cortes de Aragón, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, se ha modificado la redacción del apartado 1 del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, quedando como sigue: Los actos firmes en vía administrativa podrán ser objeto del recurso extraordinario de revisión cuando se den las circunstancias que establece la legislación básica. Todo ello significa que en la citada polémica doctrinal el legislador opta por exigir la firmeza administrativa de los actos susceptibles de recurso extraordinario de revisión; lo cual es lógico en cuanto coherente con los motivos tasados en los que el mismo puede fundarse. Precisamente, estos motivos (error de hecho al dictar el acto administrativo, aparición de documentos de valor esencial para la resolución, influencia decisiva de documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, resolución dictada como consecuencia de la comisión de algún delito) son los que dan su pátina última a este recurso de revisión, los que sirven para justificar su existencia y, al tiempo, para diferenciarlo de otras actuaciones administrativas también constitutivas de recurso administrativo. Estos recursos, como es bien sabido, pueden contener cualquier tipo de razones o motivos jurídicos que sirvan para deslegitimar (imputando vicio de nulidad o de anulabilidad) un acto administrativo. Por eso y respecto a ellos se ha hablado siempre en la doctrina de recursos ordinarios en contradicción con los motivos tasados de recurso que existen en el recurso extraordinario de revisión. IV 4

5 Pues bien, llegados a este punto, la Comisión Jurídica Asesora debe dilucidar si concurre la causa tasada que, según la propuesta de Orden resolutoria, permitiría estimar el recurso de revisión interpuesto, en concreto la contemplada por el art º de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, según el cual se puede interponer este recurso cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Lo que se debe tener en cuenta, entonces, es que un documento que no fue considerado en la adopción del acto administrativo contra el que se recurre, aparezca, aunque sea posterior a la adopción del acto, y que mediante el mismo se pueda demostrar el error producido por el órgano administrativo que dictó el acto administrativo de que se trate. Cuál sea la causa o actuación personal que determine la aparición de ese documento es algo indiferente a la Ley 30/1992. En el caso a que se refiere este dictamen, ese documento es el certificado expedido por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Embajada española en Londres, que tiene, además, el carácter de un documento oficial proveniente de la Administración exterior española. Es evidente que este documento no es sino una traducción, con alguna explicación, del previo documento presentado por el reclamante ya en diciembre de 2004 ante los servicios administrativos sanitarios aragoneses. La falta de adecuación de este primitivo documento inglés a las pautas habituales en los certificados de la Administración española, fue probablemente la causa que determinó su no valoración por la Administración aragonesa a la hora de atribuir unos determinados puntos a la formación profesional aducida por el primero solicitante y ahora reclamante. No obstante y tal y como se razona en la propuesta de resolución, parece perfectamente acreditado ahora, tras el documento de la Embajada española, la prestación de esos servicios previos que, además, entran claramente dentro de lo previsto en la convocatoria de Procede, entonces, la estimación del recurso extraordinario de revisión interpuesto lo que supondrá la necesidad de que el órgano administrativo competente valore estos servicios otorgando la calificación que fuere procedente según la convocatoria publicada en el BOA de 22 de noviembre de En mérito a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón emite el siguiente DICTAMEN: Que, de acuerdo con la propuesta de resolución, procede estimar el recurso de revisión interpuesto por I.A. contra la Orden del Departamento de Salud y Consumo de 30 de marzo de 2006 por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el mismo contra la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de 30 de noviembre de 2005 referente a la cobertura temporal de plazas estatutarias de categorías de Personal Sanitario Diplomado y Personal Sanitario de Formación Profesional en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, todo ello de acuerdo con las consideraciones contenidas en la propuesta de Orden y en este dictamen. 5

6 En Zaragoza, a tres de diciembre del año dos mil siete. 6