RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 520/2013 C.A. Cantabria 034/2013 Resolución nº 490/2013 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de noviembre de VISTO el recurso interpuesto por D. C.C.G., en representación de CONSULTORÍA LUMÍNICA, S.L. y D. J.J.D.M. en representación de EDE INGENIEROS, S.A., en adelante las recurrentes, contra la Resolución de este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 342/2013 de 2 de septiembre, correspondiente al Recurso 406/2013 por la que se inadmitía el recurso especial en materia de contratación interpuesto por dichas mercantiles contra la Resolución de exclusión dictada en el procedimiento abierto convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Santander, expediente 80/2013, para adjudicar el servicio para la elaboración de auditorías energéticas de los edificios y alumbrado exterior municipal, el Tribunal ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. El 4 de julio de 2013 la Mesa de Contratación dictó acuerdo por el que se excluía la propuesta de las mercantiles mencionadas que pretendían concurrir en UTE, por no subsanar la falta de acreditación de la solvencia técnica en la forma prevista por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con relación al contrato de referencia. Segundo. Contra dicha Resolución interpusieron las sociedades indicadas recurso especial en materia de contratación el 23 de julio de Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 41.3 y 4 del TRLCSP y en el Convenio suscrito al efecto entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Cantabria el 28 de noviembre de 2012, correspondió la competencia para resolver el citado recurso al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que lo inadmitió mediante Resolución de 2 de septiembre, por entenderlo extemporáneo... AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: /47/51 FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 Tercero. Aluden en su escrito a que el 22 de julio a las 16:19 enviaron al servicio de contratación del Ayuntamiento de Santander el escrito de interposición del recurso y que lo hicieron por esa vía bien habida cuenta que el Registro del Ayuntamiento se encontraba cerrado desde las 14:00 y también el de la Delegación del Gobierno en dicha capital. Señalan que dicho justificante se encontraba en el expediente administrativo del recurso pero que no fue remitido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales induciendo al error de hecho que denuncian en la determinación de la fecha de interposición y en la consiguiente calificación del recurso como extemporáneo. Por ello, interponen el recurso extraordinario de revisión instando la admisión del recurso especial y, en atención a la acreditación de la solvencia técnica requerida, la estimación del mismo. Cuarto. El 2 de octubre de 2013 el Tribunal procedió a notificar la interposición del recurso al órgano de contratación. En su informe a las alegaciones contenidas en el recurso, el órgano de contratación entiende que el mismo no hace mención alguna de las supuestas dificultades para presentar el escrito en plazo ni al hecho de haber enviado un fax al servicio de contratación el día 22 de julio. En todo caso, considera que la interposición debe hacerse conforme a lo previsto por el art del TRLCSP, esto es, necesariamente en el Registro del órgano de contratación, lo que no acontece, o en el Registro del órgano que sea competente para la resolución del recurso, lo que tampoco concurre al enviarse por correo certificado. Además el fax del día 22, se envió fuera del horario laboral, a las 16:19, siendo su hora de cierre las 14:00, por lo que debe considerarse igualmente extemporáneo. Quinto. El 17 de octubre de 2013 se dio traslado del recurso a todas las empresas participantes en la licitación, otorgándoles el plazo de diez días hábiles para formular las alegaciones que a su derecho conviniesen, no habiéndose recibido alegaciones de éstas. Sexto. El 18 de octubre de 2013 se desestimó la medida provisional consistente en suspender el curso del procedimiento de contratación en base al artículo 111 de la

3 3 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el recurso ha sido presentado por persona jurídica con capacidad de obrar, que ostenta la condición de interesado, y con representación debidamente acreditada. Segundo. La recurrente califica el presente recurso como extraordinario de revisión, y lo interpone argumentando que se dan las circunstancias previstas en el artículo ª y 2ª de la citada Ley 30/1992, dentro de los plazos previstos en el apartado 2 del mismo artículo. Tercero. Tratándose de un recurso interpuesto contra una resolución de este Tribunal, compete a él la resolución del mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 30/1992. Cuarto. La primera cuestión que cabe plantearse es si contra las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales cabe la interposición de recurso extraordinario de revisión. Este Tribunal en el Recurso nº 110/2011 declaró en la Resolución nº 151/2011 que cabía este recurso extraordinario en virtud de la remisión que con carácter subsidiario efectuaba la Ley 30/2007 a la Ley 30/1992, razonando para llegar a esa conclusión lo siguiente: El artículo 19 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público dispone en su apartado 2 (cuya redacción se mantiene con el art del TRLCSP aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011) que Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a

4 4 los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas. En cuanto a los procedimientos, la disposición final octava de dicha Ley (actual D.F. 3ª del TRLCSP aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre) señala en su apartado 1 que Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas complementarias. Por lo que aquí interesa, la citada disposición adicional establece con claridad la aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en aquellos procedimientos no regulados en la propia Ley 30/2007. Por lo que se refiere a las revisiones en materia de contratación, la Ley 30/2007, en la redacción dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, contiene un libro VI dedicado a esta materia que lleva por título Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos (actual capítulo VI del Título I). Este libro regula en sus once artículos (310 a 320 (artículos 40 a 50 del vigente TRLCSP)) el recurso especial en materia de contratación, delimitando los actos que son susceptibles de dicho recurso, los órganos competentes para su resolución, el procedimiento para su tramitación y resolución y los efectos de dicha resolución. El artículo 310 (actual artículo 40) delimita los actos que son susceptibles de recurso especial en materia de contratación atendiendo al tipo de acto, al órgano del que emanan y a los contratos a que se refieren, y dispone que contra dichos actos no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. Contra ellos sólo cabrá, en su caso, interponer el recurso especial en materia de contratación regulado en los citados artículos 310 a 320 de la Ley 30/2007. Por su parte, el artículo 49 del TRLCSP, como hiciera el art. 319 de la Ley 30/2007 citado por la meritada resolución, determina que:

5 5 Artículo 49 Efectos de la resolución 1. Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se trata, por tanto, de un recurso cuya Resolución, dictada por este Tribunal, es definitiva en vía administrativa y contra la que únicamente cabe recurrir acudiendo a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El mismo artículo 49.1 señala, a continuación, que No procederá la revisión de oficio regulada en el artículo 34 de esta Ley y en el Capítulo I del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órganos regulados en el artículo 41.. Así pues, este precepto descarta explícitamente la procedencia de la revisión de oficio y remite para su concreción a los artículos 34 de la propia Ley de Contratos y al capítulo primero del título VII de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. El artículo 34 de la Ley de Contratos regula la revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas, incluidos los de regulación armonizada, señalando que dicha revisión se efectuará de conformidad con lo establecido en el capítulo primero del título VII de la Ley 30/1992. El título VII de la Ley 30/1992 lleva por título de la revisión de los actos en vía administrativa e incluye la revisión de oficio (capítulo primero) y los recursos administrativos (capítulo segundo). Dentro de los recursos administrativos, los artículos 114 a 117 regulan los recursos de alzada y de reposición dedicándose los artículos 118 y 119 a regular el recurso extraordinario de revisión. Los artículos 107 a 113 regulan los principios generales de los recursos y distinguen entre los de alzada y reposición por una parte, y el recurso extraordinario de revisión por otra. Los primeros se pueden interponer contra resoluciones y actos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión

6 6 o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, y cabe fundamentarlos en cualquiera de las causas de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 del mismo texto legal. El recurso extraordinario de revisión lo define el artículo 108 como aquél que se puede interponer contra actos firmes en vía administrativa y únicamente resulta procedente cuando concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo de la misma Ley. Continúa razonando la mencionada resolución: Queda claro, por tanto, que el nuevo artículo 319 introducido por la Ley 34/2010, de 5 de agosto (cuya redacción se mantiene en el art. 49 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) ha eliminado la posibilidad de que las Administraciones Públicas apliquen la revisión de oficio a las resoluciones dictadas en los procedimientos de recurso especial en materia de contratación. Pero ni el artículo 34 de la Ley 30/2007, ni el capítulo 1 del título VII de la Ley 30/1992 se refieren al recurso extraordinario de revisión, regulado en esta última Ley precisamente como recurso contra actos firmes en vía administrativa. Siendo el acto ahora impugnado la Resolución de un Recurso Especial en Materia de Contratación dictada por este Tribunal, que, al amparo de la normativa vigente sobre la materia, pone fin a la vía administrativa, cabe aplicar las previsiones que para dichos actos se contienen en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que, de acuerdo con el artículo 19 y la disposición final octava de la Ley de Contratos del Sector Público, resulta aplicable con carácter subsidiario. Por todo ello podemos concluir, a la vista de lo expuesto anteriormente, con los mismos argumentos empleados en la Resolución nº 151/2011 (Recurso nº 110/2011), si bien, adaptados a la renumeración de preceptos operada por el TRLCSP, que resulta posible interponer recurso extraordinario de revisión contra una resolución de este Tribunal, siempre que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo de la Ley 30/1992.

7 7 Quinto. Sentada la posibilidad de que una resolución del Tribunal pueda ser objeto de recurso extraordinario de revisión, procede examinar si en el caso que nos ocupa concurre alguna de las circunstancias contenidas en el artículo de la citada Ley 30/1992. Dicho artículo dispone que 1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 2.ª Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3.ª Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 4.ª Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Las recurrentes fundamentan el presente recurso en la circunstancia descrita en los apartados 1,1ª y 2ª, es decir, en el error de hecho, en concreto, en la fecha de interposición del recurso especial tenida en cuenta por este Tribunal y que determinó su calificación de extemporáneo y que no sería la del 23 de julio sino la del día 22, y en la aparición de documentos de valor esencial para la resolución del asunto de que se trata, que, según la recurrente, evidencian error en la resolución recurrida. Para ello, presenta el justificante de envío de un fax el 22 de julio de 2013 a las 16:19 horas al fax del servicio de contratación del Ayuntamiento de Santander, así como unos correos electrónicos cruzados entre la Procuradora y el despacho de abogados de las recurrentes.

8 8 Por su parte, el órgano de contratación entiende que el recurso en el escrito de interposición del 23 de julio no hace mención alguna a las supuestas dificultades para presentar el escrito en plazo ni al hecho de haber enviado un fax al servicio de contratación a las 16:19 del 22 de julio. Dado que la interposición no se hizo en el registro previsto por el art del TRLCSP, y además se envió fuera del horario laboral, debe mantenerse la calificación como extemporánea que fundó la inadmisión del recurso especial. Sexto. Antes de entrar a examinar el fondo del asunto, procede establecer si con los documentos aportados por las recurrentes se modifica el fundamento de la inadmisión del recurso especial y debe considerarse que el escrito de recurso ha sido interpuesto en plazo, de acuerdo con lo preceptuado al respecto en el artículo 44 del TRLCSP. El TRLCSP establece en el apartado 2 del artículo 44 que El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4, añadiendo en su apartado 3 que La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso. Por lo que aquí interesa, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente remitido a este Tribunal, y reconocido en su escrito de recurso por la propia recurrente, la notificación de la adjudicación del Acuerdo marco ahora recurrido tuvo lugar el 4 de julio de El recurso fue presentado por la recurrente el día 23 de julio de 2013 en el registro del Ayuntamiento de Santander, un día después a la fecha límite de presentación, el 22 de julio. El fax del 22 de julio, aun habiendo reconocido el Ayuntamiento su recepción, se envía a las 16:19 horas del 22 de julio, esto es, cerrado el mencionado Registro que tiene como hora de cierre las 14:00, por lo que no puede considerarse presentado a los efectos del art dicho día.

9 9 Según la redacción del citado artículo 44 del TRLCSP, las especialidades del recurso en materia de contratación respecto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, son fundamentalmente el cómputo del día inicial del plazo para la interposición del recurso y que no se admiten las formas de presentación previstas en ella. Como hemos señalado, el artículo 44.3 establece expresamente que el plazo de quince días hábiles será contado a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación del acto impugnado y que la presentación ha de hacerse necesariamente en el registro del órgano de contratación o ante el del órgano competente para la resolución del recurso. Sentado lo anterior, y visto que el plazo transcurrido entre la fecha en la que se efectúa la notificación de la adjudicación a la recurrente, el 4 de julio de 2013, y la fecha de entrada del recurso en el registro, supera los quince días hábiles establecidos en el artículo 44.2 del TRLCSP para interponer el recurso correspondiente, procede inadmitir el recurso por extemporáneo. De lo anterior se deduce que el documento omitido por el órgano de contratación en el trámite de remisión del expediente a este Tribunal no alteró el resultado contenido en la resolución recurrida, ni evidencia error alguno, ni afecta a su validez a los efectos del art ª y 2ª, por lo que procede la inadmisión del recurso extraordinario de revisión interpuesto. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Inadmitir el recurso interpuesto contra la Resolución de este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 342/2013, de 2 de septiembre, correspondiente al Recurso 406/2013 por la que se inadmitía el recurso especial en materia de contratación interpuesto por dichas mercantiles contra la Resolución de exclusión dictado en el procedimiento abierto convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Santander para adjudicar el servicio para la elaboración de auditorías energéticas de los edificios y alumbrado exterior municipal, expediente 80/2013, por no darse las

10 10 circunstancias previstas en el artículo ª ni 2ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre para el recurso extraordinario de revisión. Segunda. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa.