Roj: SAP M 17187/ ECLI: ES:APM:2016:17187

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1 Roj: SAP M 17187/ ECLI: ES:APM:2016:17187 Id Cendoj: Órgano: Audiencia Provincial Sede: Madrid Sección: 28 Fecha: 04/11/2016 Nº de Recurso: 607/2014 Nº de Resolución: 367/2016 Procedimiento: Recurso de Apelación Ponente: ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ Tipo de Resolución: Sentencia AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SECCIÓN C/ General Martínez Campos nº 27. Teléfono: /89 Fax: ROLLO DE APELACIÓN Nº 607/14. Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 181/2009. Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid. Parte recurrente:"franchising CALZEDONIA ESPAÑA, S.A." Procurador: Doña María Rodríguez Puyol. Letrado: Don Fernando J. García Martín. Parte recurrida: DOÑA Rocío Procurador: Don Xabier Goñi Echevarría. Letrado: Don Julio San Román González. ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: D. ÁNGEL GALGO PECO D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ SENTENCIA Nº 367/2016 En Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 607/14, interpuesto contra la sentencia de fecha 28 de diciembre de 2012 dictada en el juicio ordinario núm. 181/2019 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid. Han sido partes en el recurso, como apelante, la entidad "FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, S.A." ; y como apelada, DOÑA Rocío ; ambas defendidas y representadas por los profesionales antes relacionados. ANTECEDENTES DE HECHO 1

2 PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad "FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, S.A." contra doña Rocío, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba se condenase a la demandada a pagar a la actora: "a) la cantidad de: NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (91.302,65.- Euros) en concepto de principal: b) la cantidad que resulte en concepto de interés legal que devengue la expresa cantidad, desde que incurrió en mora hasta el día de su efectivo pago; c) las costas causadas y que se causen en este procedimiento.". SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid dictó sentencia con fecha 28 de diciembre de 2012, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, S.A. frente a Dª Rocío sin expreso pronunciamiento en materia de costas.". TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación. Admitido el recurso por el mencionado juzgado, al que se opuso la parte demandada, y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación, votación y fallo el día 3 de noviembre de CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales. Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La entidad "FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, S.A." formuló demanda contra doña Rocío, en su calidad de administradora única de la mercantil "ÍNTIMA PRÍNCIPE, S.L.", en reclamación de ,65 euros de principal. Dicho importe corresponde al precio no satisfecho de la mercancía suministrada por la actora a la entidad administrada por la demandada entre los meses de marzo y agosto de La parte actora ejercitó contra la administradora demandada tanto la acción individual de responsabilidad con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, al que se remite el artículo 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (actualmente, artículo 241 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ), como la acción de responsabilidad por deudas sociales con apoyo en el artículo de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada ( artículo 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ), invocando como causa de disolución la prevista en el apartado e) del artículo de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (hoy, artículo e del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ), esto es, la concurrencia de pérdidas que habían dejado reducido el patrimonio contable de la sociedad a una cantidad inferior a la mitad del capital social. La sentencia dictada en primera instancia desestima la demanda al considerar que la actora no ha acreditado el exacto importe de la deuda. En todo caso, entiende el juzgador de la anterior instancia que no podría prosperar la acción de responsabilidad por deudas sociales porque la demandada había dado cumplimiento al mandato contenido en el artículo 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada al solicitar oportunamente el concurso de la sociedad con independencia de que con anterioridad estuviera en causa de disolución y no hubiera dado cumplimiento a los deberes en orden a promover la disolución. Por último, la resolución también fundamenta el rechazo de la acción ahora examinada en la aplicación retroactiva de la reforma operada en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que impide la reclamación a los administradores de la responsabilidad por deudas sociales constante la situación de concurso de la sociedad deudora. La sentencia considera, igualmente, que la acción individual de responsabilidad del artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas al que se remite el artículo 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada tampoco podría prosperar, al no estar acreditados los presupuestos para su acogimiento y, concretamente, el incumplimiento de algún deber de administrador ni el nexo causal entre dicha conducta y el daño consistente en el impago de la deuda. Frente a la resolución se alza la entidad demandante para que se revoque la sentencia y se estime la demanda al entender que ha quedado cumplidamente acredita la cuantía de la deuda así como la concurrencia de los 2

3 requisitos y presupuestos exigidos para el acogimiento de las dos acciones de responsabilidad ejercitadas contra la demandada. La parte demandada se opone al recurso de apelación e interesa la confirmación de la resolución apelada. A pesar de que el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, entró en vigor el 1 de septiembre de 2010, el cual ha sido ya objeto de sucesivas reformas, se precisa que las citas legales que se efectuarán en la presente resolución vendrán referidas a la derogada Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada y, en su caso, al también derogado Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, al ser dichos textos, por razones temporales, los aplicables al supuesto enjuiciado. SEGUNDO.- En contra de la tesis mantenida en la sentencia apelada el tribunal considera cumplidamente acreditado el importe de la deuda que la sociedad administrada por la demandada mantiene con la actora como consecuencia del suministro de mercancías. En la demanda se acompañaron diversas facturas, albaranes, así como el libro mayor de la actora que refleja la cuenta con la entidad "ÍNTIMA PRINCIPE, S.L.", de los que resulta una deuda de ,65 euros, suma de la debía deducirse el importe cobrado en virtud de un aval bancario prestado en su día en favor de la deudora, quedando pendiente de abono la suma reclamada de ,65 euros. Ninguno de los documentos presentados con la demanda fue impugnado por la demandada con las consecuencias previstas en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se remite al 319 del mismo texto legal, cuando señala que los documentos privados cuya autenticidad no haya sido impugnada harán prueba plena en el proceso, en lo que aquí interesa, respecto del hecho, acto o estado de cosas que documenten. Por lo demás, frente a la documentación aportada por la parte actora con su demanda, dirigida a acreditar el importe de la deuda, la demandada en su contestación, tras reconocer la existencia de la relación comercial y el suministro de mercancía, se limitó a señalar que no podía "precisarse en este momento si el importe exacto de las facturas es el que se dice referido en el hecho primero de la demanda". La evasiva contestación de la demandada debió tener como respuesta que el juzgador de la anterior instancia tuviera como admitido tácitamente el hecho consistente en la cuantía de la deuda ( artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Si la demandada consideraba que la sociedad por ella administrada no adeudaba alguna de las facturas aportadas o de los demás conceptos reclamados que se detallan en el anexo 1 de la demanda, debió expresar en la contestación qué concepto y por qué no eran debidos, entre otras razones, para permitir a la actora desvirtuar la alegación mediante las pruebas que estimara oportunas. La falta de una absoluta correlación entre el resumen que figura en el anexo 1 de la demanda y las facturas aportadas con dicho escrito ni siquiera fue puesto de manifiesto por la parte demandada que, como indicamos, ni impugnó los documentos de la demanda ni cuestionó seriamente el importe de la deuda más allá de la evasiva manifestación de que no podía precisar el importe exacto de la deuda sin cuestionar ninguna de las partidas ni suministros que integraban la reclamación. TERCERO.- El artículo de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en su redacción aplicable al supuesto de autos por razones temporales, esto es, la dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, hace responsable solidario de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución a los administradores de la sociedad cuando, estando incursa en causa de disolución, dejan transcurrir el plazo de dos meses desde que tengan conocimiento de la misma, o debieran tenerlo conforme a la diligencia exigible, sin convocar la junta general para que adopte el correspondiente acuerdo de disolución o, en su caso, sin instar la disolución judicial o, si procediere, el concurso. En el supuesto de autos la sociedad incurrió en causa de disolución durante el ejercicio 2006, que fue cerrado con unos fondos propios negativos de 9.641,49 euros, incrementándose al cierre del ejercicio 2007 hasta ,34 euros (documentos nº 7 y 8 de la demanda). A pesar de las alegaciones de la demandada no consta una efectiva ampliación de capital en la cuantía de euros que se afirma efectuada en el ejercicio 2006 y que no se refleja ni en las cuentas de ese ejercicio ni en las del siguiente, estando fijado el capital social en euros. Formuladas la cuentas del ejercicio 2006 el 31 de marzo de 2007 (folio 181 de los autos), resulta patente que la demandada dejó transcurrir el plazo de dos meses sin convocar junta general para que adoptara el acuerdo de disolución, plazo que como muy tarde expiró el 31 de mayo de 2007, surgiendo su responsabilidad solidaria 3

4 respecto de las deudas posteriores en aplicación del artículo de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. En contra de la tesis mantenida en la sentencia, la posterior solicitud de concurso efectuada en el mes de junio de 2008, no libera a la administradora de una responsabilidad ya contraída por no promover oportunamente la disolución de la sociedad. La insolvencia y la concurrencia de pérdidas cualificadas son fenómenos distintos sin perjuicio de que puedan coincidir temporalmente. Conviene aclarar por ello, tal y como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2013, que el estado de insolvencia no constituye, por sí, una causa legal que haga surgir el deber de los administradores de promover la disolución de la sociedad. No cabe confundir el estado de insolvencia y la situación de pérdidas que reducen el patrimonio neto de la sociedad por debajo de la mitad del capital social, siendo ésta una de las causas de disolución. Añade la referida sentencia que es frecuente que ambas situaciones se solapen pero también puede ocurrir que concurra causa de disolución por pérdidas cualificadas y no por ello la sociedad esté incursa en causa de concurso. En estos supuestos opera el deber de promover la disolución. Y a la inversa, es posible que el estado de insolvencia acaezca sin que exista causa legal de disolución, lo que impone la obligación de instar el concurso, cuya apertura no supone por sí sola la disolución de la sociedad, sin perjuicio de que pueda ser declarada durante su tramitación por la junta de socios y siempre por efecto legal derivado de la apertura de la fase de liquidación ( artículo de la Ley Concursal ). Por lo demás, la reseñada sentencia del Tribunal Supremo precisa que lo anterior no significa que la declaración de concurso de acreedores exima de la posible responsabilidad por deudas sociales en que los administradores hubieran podido incurrir antes del concurso, sin perjuicio de que, tras la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, la declaración de concurso suspenda el ejercicio de esta acción de responsabilidad ( artículo 50.2 de la Ley Concursal ) y, si hubiera sido ejercitada y estuviera en tramitación, su efecto es la paralización del procedimiento hasta la conclusión del concurso ( artículo 51.1.bis de la Ley Concursal ). Presentada la demanda origen de este pleito en la ya muy lejana fecha del día 2 de febrero de 2009 y declarado el concurso de la deudora el día 11 de noviembre de 2008, no resulta de aplicación el artículo 51 bis de la Ley Concursal, introducido por la Ley 38/201, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que entró en vigor el día 1 de enero de Según la nueva norma, una vez declarado el concurso no pueden admitirse a trámite las demandas en las que se ejercite la acción de responsabilidad por deudas sociales y los procedimientos en los que se hubiera ejercitado dicha acción que en ese momento se hallaren en tramitación deben quedar en suspenso hasta la conclusión del concurso. Al margen de que la consecuencia de la aplicación de la reforma no sería causa de desestimación de la demanda, como parece afirmar la sentencia apelada, sino de suspensión del procedimiento iniciado antes de la declaración de concurso, lo cierto es que no estando vigente la reforma ni en la fecha de la interposición de la demanda y ni siquiera al tiempo de la declaración de concurso, no existe base legal para sostener su aplicación retroactiva ( artículo 2.3 del Código Civil ) y menos con fundamento en el supuesto carácter sancionador de la norma, carácter que no puede predicarse de los nuevos artículos 50 y 51 bis de la Ley Concursal, que son los que se pretenden aplicar retroactivamente ni tampoco de la responsabilidad de los administradores como ha tenido ocasión de afirmar reiteradamente el Tribunal Supremo con ocasión de reforma del régimen de responsabilidad por deudas instaurado tras la reforma del 2005, más benévolo que el precedente, respecto del que se rechazó su aplicación retroactiva ( sentencias del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2.006, 31 de enero de 2007, 7 de febrero de 2007, 20 de febrero de 2.007, 14 de mayo de 2008, 30 de junio de 2010, 14 de julio de 2010 y 27 de septiembre de 2010, entre otras). Por lo demás, el propio Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de junio de 2012 parece circunscribir los efectos de la reforma a los concursos solicitados tras su entrada en vigor cuando señala que: «... la declaración de concurso de acreedores produce como efecto legal y necesario, tras la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, la suspensión de "los procedimientos iniciados antes de la declaración de concurso en los que se hubieran ejercitado acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución " ( art. 51 bis LC ).». Los razonamientos anteriores determinan la estimación del recurso de apelación y la revocación de la sentencia apelada para acoger la acción de responsabilidad por deudas sociales, siendo ya irrelevante la suerte 4

5 desestimatoria de la acción individual de responsabilidad que, por lo demás, el tribunal comparte a la vista de la genérica fundamentación fáctica sobre la que se sustentaba dicha acción en la demanda y la doctrina del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de 18 de abril de 2016 y 13 de julio de 2016, a las que no remitimos, sin necesidad de mayor desarrollo argumental dado el acogimiento de la demanda con apoyo en la acción de responsabilidad por deudas sociales. CUARTO.- Conforme a los artículos y del Código Civil, la cantidad reclamada devengará el interés legal desde la fecha de la interposición de la demanda, que se incrementará en dos puntos desde la fecha de esta sentencia en aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. QUINTO.- De acuerdo con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales causadas en primera instancia son de preceptiva imposición a la parte demandada. SEXTO.- Estimado el recurso de apelación no procede efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas causadas con el mismo, tal y como prevé el artículo de la de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación. FALLO En atención a lo expuesto, la Sala acuerda: 1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la procuradora doña María Rodríguez Puyol en nombre y representación de la entidad "FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 28 de diciembre de 2012 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid en los autos de juicio ordinario número 181/2009, del que este rollo dimana. 2.- Revocar dicha resolución y, en su lugar, estimamos la demanda formulada por la entidad "FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, S.A." contra DOÑA Rocío, representada por el procurador don Xabier Goñi Echevarría, condenado a la demandada a pagar a la actora la cantidad de ,65 euros(noventa Y UN MIL TRECIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS), suma que devengará un interés anual igual al del interés legal del dinero desde la fecha de la interposición de la demanda que se incrementará dos puntos desde la fecha de esta resolución, con expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia a la parte demandada. 3- No efectuar especial imposición de las costas causadas con el recurso de apelación. De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación. Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal. 5