RESOLUCION JB

Transcripción

1 RESOLUCION JB LA JUNTA BANCARIA CONSIDERANDO: Que mediante oficio SRJG-CyR-V de 10 de febrero del 2009, el abogado Walter Romero González, Subdirector Regional Jurídico de Guayaquil, se dirigió a la señorita Jenny Illingworth Potes para manifestarle que de la información remitida por ella se desprende que el banco ha informado adecuadamente a los clientes sobre los costos de sus tarjetas de crédito y que por lo tanto considera que ha sido atendida su reclamación dándola por concluida; Que mediante comunicación de 13 de febrero del 2009, recibida en la misma fecha en la Intendencia Regional de Guayaquil, dirigida a la Superintendenta de Bancos y Seguros, la señorita Jenny Illingworth Potes manifestó que "IMPUGNA Y APELA" el informe emitido por el abogado Walter Romero González, contenido en oficio. SRJG-CyR-V de 10 de febrero del 2009; Que con oficio JB de 30 de marzo del 2009, el doctor Patricio Lovato Romero, Secretario de la Junta Bancaria, se dirige a la señorita Jenny Illingworth Potes para solicitarle que, en razón de que el escrito presentado por ella en la Intendencia Regional de Guayaquil no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 19 del capítulo II, título XVI, libro I, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, se sirva aclarar cuál es el recurso interpuesto y los fundamentos de hecho y de derecho en que apoya el mismo, concediéndole para ello el plazo de ocho días; Que mediante comunicación de 6 de abril del 2009, recibida en la Superintendencia de Bancos y Seguros el 9 de los mismos mes y año, la señorita Jenny Illingworth Potes aclaró que el recurso que interpone es el de "reposición y revisión", y argumentó que: el 17 de abril del 2008 refinanció su deuda mantenida con la tarjeta de crédito CREDITO SI, del Banco Territorial, por un monto de US$ 513,40, en 15 cuotas mensuales, cuyo valor debía ser de US$ 34,23, y que en los estados de cuenta se refleja US$ 38,76, considerando que en ese valor están incluidos los intereses y que no son el objeto de su reclamo; que se le ha cobrado valores adicionales a la cuota mensual de la refinanciación, por diferentes conceptos, tales como: mantenimiento mensual, cuyo valor varía mes a mes, membresía anual, la cual no se justifica en razón de que su tarjeta está caducada desde el 2008 y no ha sido renovada, y seguro de desgravamen, el mismo que no ha sido solicitado ni contratado por la recurrente; que como fundamentos de derecho basa su reclamo en la violación del Banco Territorial a las siguientes normas constitucionales, legales y reglamentarias: "a) Circular # SBS-INJ-DNE-GI de 15 de Febrero del 2008 emitido por la Ing. Gloria Sabando Superintendente de Bancos, en especial las normativas del numeral 3 (sic) b) así mismo por violar LA Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en los artículos 4 numeral 2 y 4, artículo 18 y 55 numeral 6 y artículo 47 Ibidem, (sic)

2 Página 2 c) artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador." (sic); y, que solicita concretamente que "se deje insubsistente todo cobro que pretende hacerme el Banco Territorial, posterior al refinanciamiento de mi deuda o sea a partir del 17 de Abril del 2008, lo que no ha sido resuelto por el Director Regional Jurídico de Guayaquil, que ordenó el archivo del expediente"; Que con oficio JB de 16 de abril del 2009, el doctor Patricio Lovato Romero, Secretario de la Junta Bancaria, informa a la recurrente que su petición ha sido aceptada a trámite, haciéndole conocer que dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación con la aceptación, podrá presentar cualquier documentación adicional que considere pertinente; Que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero dispone en el artículo 51 cuales son las operaciones y actividades que pueden ejecutar las entidades sometidas a su control y supervisión, entre las cuales se encuentra la determinada en la letra p) que dice: "p) Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, de débito o tarjetas de pago; Que el artículo 52 de la Sección Novena "Personas usuarias y consumidoras" de la Constitución de la República dispone: "Art Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor."; Que en cuanto a las disposiciones legales contenidas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor hay que analizar los artículos 4, número 4; y 5, números 1 y 4 que disponen: "Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derechos y costumbre mercantil, los siguientes: "4.- Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar;"

3 Página 3 "Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 1.- Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; ( ) 4.- Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a consumirse." Que los artículos 1454 y 1561 del Código Civil definen lo que es un contrato o convenio y la sujeción a su tenor, en los siguientes términos: "Art Definición de Contrato.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga a para con otra, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas." "Art Efecto de los contratos.- Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales."; Que a fin de precautelar los derechos de los consumidores y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales transcritas, la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria han emitido las disposiciones normativas necesarias para este fin, las mismas que se encuentran en la Codificación de Resoluciones de estos dos organismos de control; cuyo artículo 13 de la sección III, "De los contratos y formatos", del capítulo V, título I, del Libro I determina las condiciones mínimas que deben reunir los contratos a celebrarse entre las instituciones autorizadas para emitir o administrar este tipo de tarjetas con sus tarjetahabientes, de acuerdo a las siguientes disposiciones, que son aplicables al caso: "Art ( ) El contrato a celebrarse entre las instituciones autorizadas para la emisión o administración de tarjetas de crédito, de pago o de afinidad, y los tarjetahabientes, contendrá al menos 13.4 Definición y explicación de todos los costos, gastos, honorarios, cargos y otras retribuciones inherentes al servicio, puntualizando la metodología de cálculo individual y la base sobre la que se calculan. Los intereses se calcularán sobre el saldo promedio mensual de utilización de la línea de crédito Plazo de vigencia del contrato y condiciones para su renovación y terminación anticipada; 13.8 Plazo dentro del cual el tarjetahabiente debe manifestar la inconformidad con los saldos contenidos en el estado de cuenta, no menor de 15 días;

4 Página Procedimiento a seguirse para la reclamación por errores de facturación; Que en la referida Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria se han expedido normas sobre la transparencia de la información que deben entregar las instituciones financieras a sus clientes, entre las cuales se encuentran las establecidas en el libro I, título XIV "De la Transparencia de la Información", capítulo I "De las remuneraciones por servicios", y que específicamente para este caso, debemos referirnos a las establecidas en el artículo 3: "Art. 3.- Para el concepto de comisiones correspondientes a los productos o servicios que prestan las instituciones del sistema financiero, se deben observar los siguientes principios: 3.1. El monto a ser cobrado en cada operación por concepto de comisiones, será acordado a través de la libre negociación que celebren las instituciones del sistema financiero con sus clientes; 3.3. Las comisiones y gastos que se cobren deben corresponder a servicios reales efectivamente acordados y prestados. En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente."; Que en el mismo título XIV "De la Transparencia de la Información", capítulo II "Publicación de Información Financiera", los artículos 11, 19 y 20 de la normativa invocada disponen lo siguiente: "Art Los cargos o primas asociados a seguros de desgravamen contra accidentes, de salud o desempleo, suscritos en relación con cualquier operación crediticia serán incluidos dentro de la carga financiera, a menos que: 11.1 La contratación del seguro no sea considerada obligatoria por la institución del sistema financiero que otorga el crédito y esto sea informado por escrito en la solicitud de crédito, incluyendo el costo total de la prima a lo largo de toda la vida del crédito; y 11.2 Que la persona que solicita el crédito informe por escrito en la solicitud acerca de su deseo de tomar el seguro ofrecido bajo las condiciones de costo informadas por la institución financiera. En estos casos debe quedar expresa y claramente indicado que la carga financiera no los incluye." "Art Las instituciones del sistema financiero dispondrán, en todas y cada una de las oficinas abiertas al público, de una pizarra de anuncios permanente y actualizada, que se situará en un lugar destacado, de forma que su contenido resulte fácilmente legible."

5 Página 5 "Art Las pizarras contendrán información detallada sobre los costos financieros de sus operaciones en los créditos de consumo, los microcréditos y las tarjetas de crédito, cuyos costos se publicitarán por separado en la misma pizarra."; Que de las disposiciones legales y normativas citadas, así como del expediente que conforma el recurso de revisión se determina que: 1.- La relación entre la señorita Jenny Illingworth y el Banco Territorial S.A. es una relación de carácter contractual y se basa en la aceptación mutua de los términos contenidos en el contrato suscrito entre las partes para el otorgamiento de una línea de crédito a través de la tarjeta de crédito "Crédito Si"; 2.- El Banco Territorial S.A. ha cumplido con su obligación de informar y publicitar a sus clientes tanto las tasas de interés como sus costos financieros a través de la pizarra debidamente exhibida en sus oficinas, así como en su página web y a través de folletos informativos entregados a sus clientes de manera personal, al igual que la información impresa que consta en los estados de cuenta mensual que se entregan a sus clientes, según lo ha constatado el auditor de la Intendencia de Regional de Guayaquil, por lo que se ha determinado que no ha habido violación de las normas constitucionales, legales ni normativas invocadas por la recurrente; 3.- El valor por membresía anual cobrado en la tarjeta de crédito, como lo explica el Subgerente de la Atención al Cliente del banco, es un servicio que ofrece a sus tarjetahabientes, puesto que la tarjeta, a pesar de estar con un crédito refinanciado puede seguir siendo utilizada, de así considerarlo el cliente, es decir la misma se halla activada; 4.- El cobro del seguro de desgravamen es una práctica normal del banco para todas las operaciones de crédito y se lo considera también como un beneficio al cliente y su costo está debidamente prorrateado por el tiempo de vigencia del crédito y tiene como objeto exonerar a los familiares del deudor del pago del saldo del crédito en el evento de fallecimiento de éste; Que mediante oficio JB de 27 de julio del 2009, el doctor Patricio Lovato Romero, Secretario de la Junta Bancaria, informó al abogado Roberto Vargas Romero, Intendente Regional de Guayaquil, que la Junta Bancaria, en sesión celebrada el 23 de julio del 2009, al tratar el recurso de revisión planteado por la señorita Jenny Illingworth Potes al acto administrativo contenido en oficio SRJG-CyR de 20 de febrero del 2009, dentro del reclamo que mantiene contra el Banco Territorial S.A., dispuso que previo a resolver tal recurso, dicha Intendencia Regional debía presentar un informe de auditoría en el cual se considere lo siguiente: " si tenía que estar activa la tarjeta de crédito para que el banco continúe con el refinanciamiento de la deuda de la señorita Illingworth; si la recurrente siguió usando su tarjeta de crédito después del refinanciamiento de la deuda; y, la verificación de si los valores cobrados por mantenimiento mensual de la tarjeta, membresía y seguro de desgravamen son legalmente permitidos, cuando la tarjeta de crédito, según afirma la señorita Illingworth, no fue renovada.";

6 Página 6 Que el Subdirector Regional Jurídico de Guayaquil mediante oficio SRJG de 13 de octubre del 2009, traslada los memorandos SRJG y SRJG de 6 y 12 de octubre del 2009, en su orden, que contienen los informes técnico y jurídico, respectivamente, de esa Intendencia Regional sobre el recurso de revisión planteado por la señorita Jenny Illingworth Potes; Que en el informe técnico se señala: respecto a la primera inquietud de la Junta Bancaria que dice: " si tenía que estar activa la tarjeta de crédito para que el banco continúe con el refinanciamiento de la deuda de la señorita Illingworth; ", el auditor informa: "El 27 de mayo de 2008 fue emitido el Estado de Cuenta, en el que aparece una deuda total de $ , indicando como fecha tope de pago el 17 de junio de 2008, es decir, no había requerimiento de pago inmediato como ocurre cuando una obligación está en mora, por tanto, la tarjeta de crédito si estaba activa. Además debe considerarse que una cuenta refinanciada, mantiene las características de una tarjeta activa. En cuanto a la segunda interrogante de la Junta Bancaria que dice: " si la recurrente siguió usando su tarjeta de crédito después del refinanciamiento de la deuda;", el auditor informa: "En fechas posteriores a la del refinanciamiento realizado el 27 de abril de 2008, no se realizaron consumos, y si la tarjeta estaba activa, es potestativo de la tarjeta habiente darle uso o eximirse de utilizarla". En cuanto al tercer punto, planteado por la Junta Bancaria, que dice: " y, la verificación de si los valores cobrados por mantenimiento mensual de la tarjeta, membresía y seguro de desgravamen son legalmente permitidos, cuando la tarjeta de crédito, según afirma la señorita Illingworth, no fue renovada.", el auditor manifiesta: "El servicio de uso a sus tarjeta habientes, se refleja en el Valor de la Membresía, el cual fue ejecutado al momento en que su obligación quedó refinanciada. En lo referente al valor cobrado por Seguro de Desgravamen es legalmente permitido, ya que constituye práctica normal de una entidad financiera durante la vigencia del crédito, en este caso, al refinanciar su deuda, mantenía vigente su crédito; es decir, había valores pendientes de pago. En los estados de cuenta recibidos por el cliente, en el reverso se detallan las diferentes Tarifas por Servicios que cobra la entidad bancaria, y entre ellos indica: "Seguro de Desgravamen (obligatorio) (mensual) $ 2.99"; Que el informe jurídico se remite al Contrato de Emisión y Uso de la Tarjeta de Crédito "Crédito SI - Banco Territorial", especialmente la cláusula séptima, letras a), d) y k), en las cuales se estipuló entre las partes lo siguiente: "Cláusula Séptima: a) El Banco podrá cargar a los Tarjetahabientes valores por conceptos tales como tributos, cuota de afiliación anual por tarjeta principal y adicionales, emisión de plásticos nuevos, costos por avances en efectivo, por utilización de cajeros automáticos, los gastos por emisión y entrega de estados de cuenta y demás gastos, comisiones e intereses que se fijaren posteriormente. En caso de falta de pago oportuno de los valores constantes en el estado de cuenta, el Banco está autorizado a cobrar al Tarjetahabiente costos por manejo, administración, los honorarios por cobranza judicial y extrajudicial, costos operativos, intereses de financiamiento y por mora. Las liquidaciones

7 Página 7 que presente el Banco, junto con el estado de cuenta, serán prueba suficiente de los valores adeudados. d) En el evento de un error o que sea necesario realizar un reclamo relacionado con el estado de cuenta, el Tarjetahabiente deberá notificar al Banco mediante comunicación escrita en un plazo de quince (15) días contados desde la fecha de recepción, siempre y cuando dicha notificación se realice antes de la fecha indicada de pago, de lo contrario el Banco entenderá que el Tarjetahabiente está conforme con el estado de cuenta. k) El Banco podrá modificar las condiciones y términos del presente convenio invocando modificaciones en la ley o en las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, de la Junta Bancaria y del Banco Central del Ecuador. La utilización de la Tarjeta de Crédito por parte del Tarjetahabiente o de sus adicionales efectuada con posterioridad a la notificación hecha por el Banco al Tarjetahabiente informando de las modificaciones, significa que el Tarjetahabiente acepta dichas modificaciones. En caso de no estar de acuerdo el Tarjetahabiente estará obligado a devolver las Tarjetas de Crédito emitidas y a cumplir inmediatamente todas las obligaciones con el Banco "; Que en el referido informe legal se concluye que habiéndose estipulado en el contrato estas cláusulas, el Banco Territorial S.A. " estaba autorizado a cobrar costos por concepto de renovación de la misma, mantenimiento mensual y seguro de desgravamen, ", " pues no existe constancia en el expediente, que los mismos hayan sido objetados dentro del plazo establecido para el efecto.", lo cual se halla amparado en lo dispuesto en el artículo 1561 del Código Civil que dispone: "Art Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales"; Que la actuación del Subdirector Regional Jurídico de Guayaquil a través del oficio recurrido se fundamentó en las disposiciones constitucionales, legales y normativas aplicables al caso, el mismo que está en concordancia con lo sostenido por los funcionarios de la misma Intendencia en sus informes ampliatorios solicitados por la Junta Bancaria; y, En ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE: ARTÍCULO ÚNICO: RECHAZAR la pretensión contenida en el recurso de revisión interpuesto por la señorita Jenny Illingworth Potes; y, en consecuencia, CONFIRMAR el acto administrativo contenido en oficio SRJG-CyR-V de 10 de febrero del 2009, mediante el cual el Subdirector Regional Jurídico de Guayaquil atendió el reclamo presentado por la recurrente en contra del Banco

8 Página 8 Territorial S.A., indicando que el banco ha informado adecuadamente a los clientes sobre los costos de sus tarjetas de crédito; que se ha atendido su reclamación; y, que por lo tanto ha dispuesto el archivo del expediente. COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito Distrito Metropolitano el ocho de diciembre del dos mil nueve. Ing. Gloria Sabando García PRESIDENTA DE LA JUNTA BANCARIA LO CERTIFICO.- Quito Distrito Metropolitano, el ocho de diciembre del dos mil nueve. Lcdo. Pablo Cobo Luna SECRETARIO DE LA JUNTA BANCARIA