Informe FP curso 2014/2015 Wert deja pasar la oportunidad de relanzar la Formación Profesional La Federación de Enseñanza de CCOO pone en evidencia las contradicciones del Ministerio de Educación, que, con la implantación del fiasco de la Formación Profesional Básica y una oferta insuficiente de plazas de FP de Grado Medio y Superior, pierde la oportunidad de dar un verdadero impulso a estas enseñanzas. 6 de octubre de 2014 Mientras la FP Básica, una de las medidas estrellas de la LOMCE, fracasa estrepitosamente, miles de alumnos y alumnas siguen sin poder acceder a unos estudios de Formación Profesional que respondan a las necesidades de nuestro mercado laboral; las nuevas titulaciones de FP, más adaptadas a los actuales requerimientos del mercado, son paralizadas; y se mantienen otros problemas de calado, como las tasas elevadas y la reducción de becas, pérdida de empleo docente, déficit de formación permanente del profesorado, etc. En definitiva, para CCOO existe un abismo entre lo que es y lo que debería ser la Formación Profesional en nuestro país: 1. Lo que tenemos La Formación Profesional Básica (FPB) El Ministerio de Educación ha argumentado que se está incrementando de manera "sustancial" la matriculación en Formación Profesional, y que se ha pasado de 615.079 alumnos matriculados en el curso 2011/2012 a 793.034 en el actual 2014/2015, lo que representa un crecimiento del 28,9%.
El Ministerio relaciona el aumento de alumnado con la extraordinaria campaña de dignificación de FP que han realizado. Todo lo contrario: además de paralizar la aplicación del Real Decreto-ley de desarrollo de la FP de 2011, presenta datos engañosos, puesto que se contabiliza como incremento global de FP las 59.346 plazas de matriculación estimada de Formación Profesional Básica: En el curso 2013/2014, había 58.630 alumnos en Programas de Cualificación Profesional Inicial (módulos obligatorios) que no contabilizaban en FP. En el presente curso, las estimaciones de FPB (59.346), que es la enseñanza equivalente previa a la implantación de la LOMCE, son prácticamente iguales y se contabilizan en FP, por lo que no suponen un aumento respecto al curso anterior, reduciendo considerablemente el incremento real para este año. Para que los datos resulten comparables, ambos tipos de alumnos, de PCPI y de FP Básica, deben computarse en el mismo apartado. La previsión sobre la matrícula en FP Básica, que se ha comenzado a impartir este mismo curso, se ha hecho durante los primeros días de septiembre. Estas enseñanzas están vinculadas a una ley que ha suscitado un gran rechazo en la comunidad educativa y sin financiación específica para 2014, por lo que no era fácil aventurar que fueran unas previsiones arriesgadas. Durante el escaso mes que ha transcurrido desde entonces, se han producido problemas en su implantación -que CCOO denunció en su momento-. Estas incidencias tienen unos efectos perversos, principalmente, para el alumnado y sus familias, pero también para la calidad de los programas. Las Administraciones educativas han intentado, en numerosos casos, evitar la presencia de las organizaciones sociales en las comisiones de escolarización, dificultando así el acceso a los datos, pero, con todo, puede afirmarse lo siguiente: Varias comunidades están a la espera de conocer el modelo de financiación, que ha aparecido en el proyecto de Presupuestos para 2015 (es decir, ya empezado el curso). En diversas autonomías las solicitudes no han cubierto las plazas que se ofrecían, muy similares en número a las de PCPI (módulos
obligatorios). En Andalucía, la Junta estima que hay en torno a un 20% de vacantes sin cubrir y un 41% menos de solicitudes que respecto al año pasado. En la Comunidad de Madrid, las solicitudes recibidas representan la mitad de las plazas (6.600). En la mayoría de las comunidades autónomas, el currículo se ha aprobado muy tarde, incluso después de los procesos de admisión, por lo que no ha habido tiempo material para que el profesorado elaborara los programas y se formase ni para organizar los recursos necesarios en los centros. Muy pocos territorios implantarán estas enseñanzas en todas las titulaciones aprobadas por Educación. Poco más de la mitad de los títulos se implantarán, por ejemplo, en Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En algunas comunidades se han ideado fórmulas para sortear la aplicación formal de la etapa educativa para este curso. Se han producido deficiencias graves en los procesos de admisión (plazos, acreditación formal de requisitos para acceder, establecimiento de criterios de admisión adicionales distintos para cada administración; por ejemplo, la situación de los alumnos en 4º de ESO, etc.). Además, con la LOE, era relativamente corriente que la decisión por la que el alumno iba a PCPI se terminara de adoptar o asumir en septiembre. Ahora, la FP Básica exige una propuesta en junio. Sin ella, en septiembre no cabe posibilidad de optar a una plaza en esta nueva enseñanza. Existe una falta de correspondencia entre la oferta actual de PCPI y la oferta disponible de FPB, a lo que hay que añadir la escasa información disponible, lo que ha facilitado los desajustes entre plazas vacantes y solicitudes. Las familias desconfían de una etapa educativa que se imparte en la Secundaria Obligatoria pero que no permite obtener dicha titulación (salvo a efectos laborales), limitando las posibilidades académicas del alumnado. Por todo ello, podemos estimar que se están produciendo el cierre de numerosos grupos de alumnos, por encima del 20%; es decir, se han eliminado cerca de 1.000 grupos respecto de la oferta de PCPI anterior, lo que deja en evidencia el fracaso de la LOMCE en una de sus iniciativas estrella. La consecuencia de este desastre será una reducción del número de alumnos de
FP Básica en comparación con los de PCPI. Pero como el alumnado con ese perfil (el anterior de PCPI) no ha desaparecido, o no está escolarizado, o está cursando unas enseñanzas (repitiendo 2º de ESO o estudiando 3º con muchas materias pendientes de cursos anteriores) en las que no se atiende su perfil y necesidades educativas. Las plazas ofertadas en FP de Grado Medio y Superior El mapa de Formación Profesional del Ministerio de Educación, último cálculo oficial disponible, fija en 200.000 las plazas de FP necesarias en España en los próximos 5 años; es decir, necesitamos crecer a un ritmo de 40.000 plazas anuales. Sin embargo, el comportamiento de la oferta no se corresponde con esas necesidades, resultando deficiente y estática, incapaz de dar respuesta a los requerimientos más inmediatos. Así, entre el año 2003/2004 y 2013/2014, el crecimiento del número de centros públicos que ofrecen plazas de FP de Grado Medio ha sido de tan solo el 13,3%, cuando el alumnado, en ese periodo, se incrementó en un 50,6%, pasando de 167.692 a 252.546. Las cifras demuestran que las administraciones educativas llevan una década sin ampliar la oferta de forma adecuada y suficiente. La insuficiente oferta pública de plazas, junto con el incremento de tasas, tiene como resultado directo el crecimiento del negocio privado de la Formación Profesional. Algunas consejerías autonómicas, directamente responsables de mejorar la oferta en sus territorios, han concedido autorizaciones a universidades privadas para ofertar, ya en este curso, diversos títulos de FP, lo que supone, a falta de un marco estratégico claro de relación entre la FP y la universidad, una grave irresponsabilidad para el sistema en su conjunto. Al margen del aumento del alumnado matriculado en las familias de Sanidad y Servicios a la Comunidad, donde existe una clara relación con la necesidad de acreditar oficialmente titulaciones (ley de dependencia, por ejemplo), o la de Informática, por el obvio crecimiento exponencial del sector, sigue habiendo una gran concentración de alumnado matriculado, desde hace prácticamente una década, en las mismas familias profesionales: Administración, Electricidad y electrónica y Mantenimiento de vehículos autopropulsados -mecánica, en términos coloquiales- fenómeno debido, fundamentalmente, a que no se han hecho esfuerzos reales por adaptar la oferta de plazas a la demanda socio laboral. Entre las tres todavía suponen un 30% del total. Cada vez son más los
alumnos que optan a la Formación Profesional, pero no en las plazas que desean, sino eligiendo de entre las que el sistema puede ofrecerles. Alumnado de FP de Grado Medio 2003/04 2011/2012 Incremento (%) TOTAL GENERAL 229.005 312.016 36,2 Actividades Agrarias 4.789 6.624 38,3 Actividades Físicas y Deportivas 2.705 6.541 141,8 Actividades Marítimo-Pesqueras 1.218 1.655 35,9 Administración 51.423 51.100-0,6 Artes Gráficas 3.035 3.115 2,6 Química 3.048 2.976-2,4 Comercio y Marketing 13.842 13.140-5,1 Sanidad 29.038 56.383 94,2 Comunicación, Imagen y Sonido 2.847 3.254 14,3 Servicios socioculturales y a la comunidad 269 15.925 5.820,1 Edificación y Obra Civil 715 662-7,4 Textil, Confección y Piel 651 714 9,7 Electricidad y Electrónica 36.398 32.494-10,7 Vidrio y Cerámica 117 24-79,5 Fabricación Mecánica 12.432 11.388-8,4 Hostelería y Turismo 12.178 15.472 27,0 Imagen Personal 16.323 19.830 21,5 Industrias Alimentarias 1.332 3.307 148,3 Informática 1.954 25.956 1.228,4 Madera y Mueble 3.108 2.798-10,0 Mantenimiento y Servicios a la Producción 9.959 11.792 18,4 Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados 21.624 26.866 24,2 Por otro lado, la implantación de las nuevas titulaciones, más adaptadas a los actuales requerimientos del mercado laboral, está paralizada a causa del RD 4/2012 de racionalización del gasto educativo, que suspendió la aplicación de las medidas previstas en el RD 1147/2011 de ordenación de la Formación Profesional. La paralización debería haber expirado para el próximo curso, pero
el Gobierno la ha ampliado por otro año más a través del RD 127/2014, de desarrollo de la FP Básica. 2. Lo que necesitamos Mejorar la tasa de abandono educativo temprano En 2013, el 23,6% de los jóvenes españoles abandonaron sus estudios tras finalizar la educación obligatoria o incluso antes de graduarse, el doble de la media europea. Estamos ante un gravísimo problema del sistema educativo español que tiene una incidencia directa en el acceso a los estudios de formación profesional y que carece del diseño de políticas educativas adecuadas. Nuestro sistema no sabe retener a los alumnos tras su paso por la escolaridad obligatoria y no mejora su capacidad para orientarles correctamente académica y profesionalmente. Así lo demuestran los datos relativos al Abandono Educativo Temprano del año 2013, que confirma que más de la mitad de alumnos que abandona el sistema educativo ha obtenido la ESO y, sin embargo, no continúan en el sistema: 2013 Total Con título de ESO Sin título de ESO AMBOS SEXOS 23,6 12,9 10,7 Andalucía 28,4 13,9 14,5 Aragón 18,8 9,3 9,5 Asturias (Principado de) 18,7 11,3 7,4 Balears (Illes) 29,7 16,0 13,7 Canarias 28,3 14,2 14,1 Cantabria 11,8 8,7 3,2 Castilla y León 18,8 10,1 8,7
Castilla-la Mancha 26,6 13,2 13,4 Cataluña 24,4 15,8 8,6 Comunitat Valenciana 22,3 12,3 10,1 Extremadura 28,5 13,5 15,0 Galicia 20,4 12,2 8,2 Madrid (Comunidad de) 20,2 11,7 8,5 Murcia (Región de) 26,9 13,2 13,8 Navarra (Comunidad Foral de) 12,8 6,1 6,7 País Vasco 8,8 6,7 2,2 Rioja (La) 21,3 13,2 8,1 Ceuta y Melilla 35,3 19,1 16,3 Teniendo en cuenta el coste medio de una plaza escolar en el sistema educativo español, la financiación prevista en el Plan para la disminución del abandono escolar temprano podría cubrir, por cada curso, aproximadamente, a unos 5.000 alumnos de los casi 800.000 que se encuentran en esta situación, lo que supone, efectivamente, un nivel de financiación pírrico para abordar la magnitud del problema. Los 6.500 millones que supondría escolarizar un año entero a los 800.000 jóvenes en situación de abandono educativo temprano y -en la mayoría de los casos- permitirles continuar sus estudios, es menos que la cantidad en que se ha reducido el gasto público educativo. Si estos recursos se distribuyen en varias anualidades, situarnos en la media de la UE se convertiría en un objetivo realista y razonable. Todo depende de la voluntad política y un relativo saber hacer: en coordinación con las comunidades autónomas, con los agentes sociales, contando con los centros públicos, etc. Aumentar el nivel de formación de la población adulta El último informe de la OCDE ( Panorama de la educación, indicadores de la OCDE 2014 ) sigue revelando un gravísimo desequilibrio estructural en los niveles medios de cualificación de la población adulta de nuestro país (22%) respecto a los de los países de la UE (48%), sin mostrar mejora alguna con respecto al informe anterior:
Nota: la Segunda etapa de la Educación Secundaria y post-secundaria no Terciaria en España corresponde a las enseñanzas de Bachillerato y de FP de Grado Medio. De ese 22%, solo un 9% corresponde a estudios de FP de Grado Medio, frente al 33% de países de la OCDE. La diferencia en números absolutos es tan abismal que solo puede empezar a resolverse con una importante inyección estratégica de plazas en el sistema. Para poder afrontar con una expectativa de éxito razonable las exigencias del mercado laboral de los próximos 5 años, España necesita aumentar su tasa de titulados en FP de Grado Medio más de un 20%. Crear las condiciones adecuadas es una absoluta prioridad. Este es uno de los datos más relevantes del informe si tenemos en cuenta que los países tradicionalmente considerados como los más competitivos mantienen un porcentaje alto de titulados de FP de Grado Medio, con independencia del itinerario académico posterior del alumnado (Alemania, 55%; Finlandia, 38%; Suecia, 33%).
Nota: la Segunda etapa de la Educación Secundaria y postsecundaria no Terciaria con orientación general en España corresponde a las enseñanzas de Bachillerato. Estos indicadores revelan claramente que no se están aplicando las medidas adecuadas, y que los proyectos estrella que se improvisan con carácter coyuntural no son una solución porque no tienen ningún efecto relevante en relación a los problemas nucleares que presenta el sistema. Los errores en la regulación, planificación y diseño del sistema de FP Dual, por ejemplo, ya muestran signos evidentes. El impacto en la creación de empleo de los jóvenes -recordemos que la tasa de paro juvenil es del 53,1%- es prácticamente inexistente, por lo que, a día de hoy, la FP Dual no está siendo ni una pequeña parte de la solución. Hace falta hacer lo que no se ha hecho: adquirir un compromiso serio con la implantación de este sistema, evaluando las condiciones óptimas para su desarrollo en las empresas y en los centros docentes de nuestro país y diseñando y planificando su funcionamiento con los agentes sociales. La falta de conexión entre el mundo del trabajo y el educativo debe resolverse definitivamente. No vale cualquier relación: no se trata de que las empresas hagan el papel de los centros educativos ni de que les fijen las prioridades. Se
trata de que ambas instituciones (centros educativos y de trabajo) colaboren para una mejor formación del alumnado. La estrategia de empleo y garantía juvenil está yendo por derroteros erróneos, ya transitados sin éxito, al dar los recursos a las empresas, bonificando una formación sin garantía de éxito académico ni empleabilidad. Estos fondos siguen ausentes de la gestión pública, como si no tuviéramos un problema en este sector. Otros problemas graves que se mantienen La imposición de altas tasas y la reducción de las becas. La reducción del profesorado, del que no se dan cifras desagregadas específicas de FP, salvo los 1.124 profesores técnicos de FP de centros públicos que se han perdido en solo un curso. La reducción del horario que el profesorado puede dedicar a tutorizar la formación en centros de trabajo. El incremento general de la carga lectiva del profesorado. El déficit de formación permanente. La falta de financiación afecta a las propias medidas del Gobierno, siendo el ejemplo más claro el de la FP Básica, a la que en los presupuestos para 2015 se le asignan los fondos del Programa de Compensatoria (suponiendo la mitad del total de los recursos de FP Básica), todos ellos anticipos bajo la modalidad de activos financieros destinados a las comunidades autónomas. Esta debilidad en la inversión educativa lastra cualquier iniciativa. Más información. Pedro Badía. Secretaría de Comunicación, Información y Cultura 629 947 909.