INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA EN EL TALLER SOBRE SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE CALIDAD DE LA COMISIÓN EUROPEA (DCIÓN. GRAL. DE MERCADO INTERIOR) 15 DE OCTUBRE DE 2008 Buenos días, En primer lugar, agradecer la invitación a este taller, pero quiero manifestar que cualquier diálogo se debería haber producido antes de que la Dirección General de Mercado Interior hubiera iniciado procedimientos de infracción en esta materia. Quiero dejar constancia de que en tan breve espacio de tiempo, solo puedo hacer una disertación telegráfica sobre los muchos puntos que avalan la improcedencia del Dictamen Motivado al Reino de España sobre el modelo de Farmacia. A mi juicio, la Comisión, antes de haber iniciado los dictámenes motivados, debería haber convocado reuniones con cada uno de los países afectados para conocer la situación real; constituir grupos de trabajo, en los que todo el mundo, hubiera tenido la oportunidad de exponer sus criterios; consultar a diferentes estamentos fundamentales como el Comité Económico y Social, el Parlamento Europeo, la Agrupación Farmacéutica Europea, la Representación Permanente de los diferentes Estados miembros, las asociaciones de pacientes y consumidores. Y por supuesto las Administraciones de los diferentes países. 1
No existe ninguna razón jurídica para haber procedido con un Dictamen Motivado basándose sólo en el artículo 43 del Tratado de la Unión Europea sin contemplar otros muchos artículos que son claros defendiendo la salud pública como objetivo prioritario y reconociendo que la Sanidad es competencia de los Gobiernos nacionales. Al medicamento no se le debe aplicar las leyes del Libre Mercado, puesto que: El medicamento no es una mercancía, sino un bien sanitario. El destinatario del medicamento no es un consumidor sino un paciente. El medicamento no se promociona, sino que su uso debe ser racional, mediante una dispensación responsable. No estamos, por tanto, en un desarrollo del libre mercado para un mayor consumo, pues sería una aberración sanitaria. Afirmo que no se conoce la realidad profesional del farmacéutico español. La justificación de la propiedad en España, radica fundamentalmente en que según nuestra Ley de Garantías, aprobada en el año 2006 que es la Ley del Medicamento -, las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios plenamente integrados en el Sistema Nacional de Salud. La Farmacia está definida, en la citada Ley, como un Establecimiento Sanitario Privado, de Interés Público y modificar esta condición en aspectos relacionados con la propiedad y la libre concertación, conllevaría - por supuesto a alterar el sistema sanitario español. 2
La Ley española establece para las farmacias, además de la función de custodiar, conservar y dispensar medicamentos, hasta once funciones obligatorias para los farmacéuticos en España. El farmacéutico colabora con el Sistema Nacional de Salud profesional e, incluso, económicamente. Cuando un paciente acude a una oficina de farmacia con la receta del Sistema Nacional de Salud se le dispensa el medicamento, no paga nada si es un jubilado y paga el 40% si es un trabajador en activo. A partir de ese momento, el paciente se despreocupa de cualquier otra cuestión económica o burocrática, ya que es el propio farmacéutico el que factura la receta a través de su Colegio con un sistema de facturación que es una garantía contra el fraude. Además, cobra la receta de la Seguridad Social con una media de 45 días a veces más como ocurre en el momento presente, que puede llegar hasta los tres meses. Según las estadísticas que publica el Instituto Nacional de Consumo, de todas las organizaciones de consumidores, la Farmacia no llega al 0 22% de reclamaciones. Insisto en que las leyes no las hemos hecho los farmacéuticos, son responsabilidad de los Gobiernos. En España hay 17 comunidades autónomas y todas confían en el sistema farmacéutico actual porque no les ocasiona ningún problema. 3
Se cita al modelo navarro de Farmacia como si se hubiese desregulado, cuando la realidad es que, aunque disminuyó el número de habitantes por farmacia y las distancias, mantiene la planificación y la propiedad titularidad de las farmacias, por el farmacéutico. Con el modelo actual de Farmacia se ha conseguido que: El 99% de la población dispone de farmacia en donde habita. Existen 2.149 farmacias en poblaciones de menos de mil habitantes, en la mayoría de las cuales no existe otro tipo de asistencia sanitaria. El número de habitantes por farmacias (2.158) es el más bajo de Europa, sólo superado por Grecia y Bélgica. El 25% de las 21.000 farmacias están en zonas rurales. El precio de los medicamentos, junto con Francia e Italia, es el más barato de Europa. Además, los conciertos suscritos entre las diferentes comunidades autónomas y los farmacéuticos les obligan a todos y contienen servicios importantes, además de la dispensación de los medicamentos. Tanto el Gobierno Central, como las comunidades autónomas, se encuentran satisfechos con el modelo de Farmacia y lo mismo ocurre con las organizaciones de consumidores y los pacientes. 4
CONCLUSIÓN Por todo lo anterior, considero que la Comisión Europea no debería dar un paso más en la tramitación de los diferentes procedimientos de infracción ya que, lo contrario sería ir en contra del espíritu del nuevo artículo 168.7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, derivado del Tratado de Lisboa, próximo a entrar en vigor. La acción de la Unión en el ámbito de la salud pública respetará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de los servicios sanitarios y de atención médica, así como la asignación de los recursos que se destinan a dichos servicios (...). Cualquier informe objetivo que estudie y compare los sistemas liberalizados y los regulados, llegará a la conclusión de que los últimos los regulados ofrecen un mejor servicio al paciente. Para terminar, espero que esta reunión no sea considerada como consulta final de la Comisión, sino como el comienzo de unos trabajos que, estoy seguro, darían como conclusión que los gobiernos son los que tienen la misión de defender el sistema que mejor sirva al ciudadano. Judicializar la Sanidad, en general, y la Farmacia, en particular, es un grave error. El modelo español es más para imitar que para cambiar. Muchas gracias. 5