La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica fue invitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Reunión Regional sobre Mujeres Indígenas en las Américas, que se celebró en Washington el día 8 de noviembre de 2014. A esta reunión asistió Roxana Figueroa Calderón, quien tuvo la siguiente intervención. Los derechos de las mujeres indígenas en Costa Rica. Yo soy Roxana Figueroa Calderón, del territorio originario Salitre Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas, en Costa Rica. Soy del pueblo Bribri y del clan Tuariwak. En Costa Rica hay ocho pueblos indígenas: Ngöbes, Bribris, Cabécares, Teribes, Bruncas, Malekus, Chorotegas,Huetares. Estos ocho pueblos nos distribuimos en 24 territorios que fueron demarcados con la Ley Indígena de 1977, La mayoría están en la parte sur de Costa Rica: Conte Burica, Abrojo Montezuma, Casona, Alto San Antonio, Coto Brus, Osa, Rey Curré, Térraba, Boruca, Cabagra, Salitre, Ujarras, China Kicha, en Talamanca, en la zona Caribe Sur, Talamanca Bribri y Talamanca Cabecar, Telire, Këkoldi, Tayni, Bajo Chirripó, Chirripó, Nairi Awairi, Zaptón en el Valle Central y Quitirrisí, en el norte Guatuso, Matambú. Aunque todos somos pueblos originarios, nos diferenciamos por una cultura definida diferente en cada pueblo. Tenemos por ejemplo los bribris una línea matrilineal y los otros no, tenemos idioma diferente y prácticas espirituales diferentes. Pero también tenemos en común, cuidamos la tierra, que todos convivimos con la Naturaleza, en armonía y la hemos protegido. Esta labor de enseñar la relación con la Naturaleza la hacemos fundamentalmente las mujeres, que lo enseñamos a los hijos e hijas a hacer esto. También nos une a todos los pueblos indígenas, de los 24 territorios la situación de discriminación y el irrespeto a nuestros derechos. Por eso los pueblos de los territorios nos hemos reunido y coordinado para pelear porque se apruebe la Ley de Autonomía de los pueblos indígenas que tiene 20 años esperando a ser tramitada en la Asamblea Legislativa y esta es la primera violación a los derechos de los pueblos indígenas que queremos señalar. El Estado costarricense no respeta los derechos de los pueblos indígenas y nos ha impuesto Asociaciones de Desarrollo (ADIS), como gobiernos locales, irrespetando nuestra
cultura y nuestras formas ancestrales de organización, e irrespetando la autonomía. Las ADIS se han convertido en una forma en que el gobierno central controla los territorios. Este irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas se manifiesta permanentemente en la violación al derecho fundamental de los pueblos indígenas a su tierra, y la ocupación no indígena del territorio indígena. Esta situación genera o desencadena en una condición de violencia en la mayoría de los territorios, en algunos con más gravedad que en otros. Con esto atentan contra la vida y contra la paz en los territorios, contra las costumbres y tradiciones, porque se han adoptado costumbres ajenas que van quitando el derecho que tenemos sobre nuestro territorio, a nuestra cultura y a nuestro idioma. Muchas ADIS han permitido la usurpación de nuestros territorios por parte de finqueros, empresarios y transnacionales. Con esto vienen a alterar nuestra forma de vida, y a expulsar a la población originaria y con ello a perder el territorio. Hay territorios que se han reducido como Ujarrás, China Kichá, Zapatón y Quitirrisí, donde hay más gente no indígena que indígenas. Y hay territorios donde se han dado graves hechos de violencia, porque los finqueros no indígenas siguen usurpando tierra y recursos, como en los casos de los territorios indígenas Kekoldi, Térraba y Salitre. El pueblo de Térraba ha venido denunciando la usurpación de su territorio, la destrucción del Río Térraba, la destrucción de lugares sagrados, la alteración de su ambiente y sus recursos con la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, iniciada por el Instituto Costarricense de Electricidad, parte del Estado, sin consulta al pueblo. Este hecho ha requerido la intervención de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de las Naciones Unidas y los gobiernos se hacen los sordos ante estas violaciones y las denuncias. El pueblo Bribri de Këkoldi, ha emprendido acciones judiciales en defensa de una parte de su territorio, la única salida al mar, ya que violenta sus prácticas culturales ancestrales en relación al mar. Esta parte de su territorio ha sido usurpada por empresarios turísticos y de nuevo el Estado ha ignorado la ubicación ancestral del pueblo de Këkoldi. En los juicios sobre la posesión de la tierra los empresarios han contado con nueve abogados y la población indígena con uno y el Estado costarricense ha sido indiferente. En el territorio indígena de Salitre, nos sumamos a la demanda de respeto de los territorios, a la demarcación de la Ley de 1977 y de los derechos del pueblo y solicitamos por muchos años la aprobación de la Ley de Autonomía. Y solo recibimos agresión y maltrato, como cuando fueron arrastradas y golpeadas varias personas de diversos
pueblos indígenas, entre ellas varias mujeres, en la Asamblea Legislativa en agosto de 2010. Por ello desde entonces iniciamos un lento proceso de recuperación de tierras de nuestro territorio usurpadas por finqueros, empresarios y transnacionales. La mayoría de las recuperantes somos mujeres con nuestras familias. Algunos finqueros no indígenas se han negado a salir y han respondido con agresiones a las personas, quemas de los ranchos donde vivimos, persecuciones, amenazas de muerte, bloqueo y ocupación armada de las vías de acceso a las comunidades, con la complacencia de la policía. Y la respuesta del gobierno de Costa Rica ha sido de indiferencia, y ante la denuncia y la presión ha llegado una delegación de la Presidencia de la República que no solucionan nada y su intervención termina siendo una burla para nosotras. Desde julio de 2012 se presentaron las denuncias por las agresiones con piedras y palos que sufrió la indígena Magdalena Figueroa Morales, por parte de una pareja de no indígenas y a la fecha el proceso judicial no ha avanzado. Por eso decimos que hay absoluta impunidad de los agresores. Igual sucede con la demanda del indígena Mainor Ortiz Delgado que fue herido con arma de fuego, con arma blanca, agredido brutalmente con piedras y palos y marcado con hierro como si fuera ganado y Marcos Obando Delgado fue cortado en su mano dejándolo semiamputado, y en ninguno de los casos los agresores todavía ha sido castigado y los autores siguen libres. Recién antier, fueron detenidos por parte de los cuerpos de policía los miembros del gobierno local del territorio de Salitre, bajo la excusa de interrogarlos. En otros casos, a otros sectores de la sociedad se les notifica para que se presenten, en el caso de indígenas se les lleva por la fuerza. El gobierno local ha respaldado la recuperación del territorio y no cabe duda que este trato, aplaudido por los finqueros, pretende intimidar al pueblo Bribri de Salitre. Esta situación violenta todos los derechos del pueblo indígena, y con ello de manera particular a las mujeres indígenas que vivimos en condición de inseguridad, de riesgo constante y afecta todos nuestros derechos: el derecho a la integridad física y sicológica, el derecho a producir tranquilas nuestros alimentos, el derecho a nuestros bienes y recursos, el derecho a desplazarnos porque ni siquiera podemos salir con seguridad al centro de población cercano para buscar un servicio como medicina, trabajo o estudio sin correr peligro.
Toda esta situación de violencia e irrespeto a nuestros derechos como mujeres indígenas se refleja también en los servicios de salud donde somos discriminadas como mujeres indígenas, esperamos horas para ser atendidas en las clínicas y hospitales, En el derecho a la educación, las mujeres educan a los hijos tratando de mantener viva la cultura. Enseñándoles el idioma, a valorarse como indígenas, ya que el sistema educativo del Ministerio de Ecuación nos obliga a aprender otro idioma y nos impone otras prácticas culturales. No se le enseña nada en nuestro idioma, solo se da una hora a la semana de algunas escuelas. Esta violencia de la sociedad contra los derechos de las mujeres indígenas tiene también la manifestación del machismo. Las mujeres indígenas en general, tienen menos oportunidad de estudiar, porque por el machismo, los hombres no dejan que las mujeres asistan a las escuelas y colegios. Se privilegia a los hombres para las oportunidades de estudio. La violencia familiar también se vive en los territorios indígenas, por la aculturación se ha desvalorizado a las mujeres y ahora hay agresiones físicas. Las religiones y las políticas dicen que los hombres son cabeza de hogar y eso ha provocado relaciones de poder y de control de las mujeres y produce agresiones. La aculturación también ha sido promovida por los programas de vivienda, que impone construcciones en contra de cultura no indígena, afectando los espacios domésticos y la vida de las mujeres. En muchas de las comunidades indígenas no hay centros de salud, ni acceso a clínicas y hospitales. Las malas condiciones del acceso y vías de comunicación, falta de puentes, hace que ante una enfermedad las mujeres no pueden salir. Es necesario también señalar que el acceso al agua se ha convertido también en un problema, el desvío de aguas, el uso por parte de finqueros, la deforestación para la plantación de monocultivos ha llevado a la pérdida de aguas y no toda la población tiene agua. Lo que se suma a que se quiere quitar a las comunidades la administración de las aguas. Es preciso dejar aquí mencionado una de las condiciones de las mujeres indígenas de la que poco se habla, y es la gran cantidad de violaciones que sufren las mujeres indígenas, así como la alta presencia de enfermedades de transmisión sexual. En resumen la población indígena en Costa Rica y particularmente las mujeres vivimos las consecuencias de una sociedad machista y racista. Día a día las mujeres indígenas enfrentamos un trato discriminatorio, en la calle, en los comercios, en los centros de
salud, en las escuelas, y lo más grave es que lo vivimos en nuestros territorios y no nos respetan el derecho a construir nuestras propias formas de vida. Desde la Red de Mujeres Rurales hemos venido apoyando el conocimiento de las mujeres indígenas y campesinas sobre sus derechos, para que nos reconozcamos como personas con derechos en primer lugar y la articulación nuestra en defensa de nuestros derechos. Roxana Figueroa Calderón. Bribri, Clan Tuariwak del Territorio Indígena Salitre Junta Directiva de Red de Mujeres Rurales Washington, 8 de noviembre de 2014.