QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 41 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA La suscrita, Lucila Garfias Gutiérrez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación, al tenor del siguiente Planteamiento del problema Debido a los vertiginosos cambios que sufre la sociedad actual, derivados de la globalización y los avances tecnológicos, la transmisión y adquisición de conocimientos se tornan pieza clave en el desarrollo del sistema económico de cualquier nación, pues éste favorece la productividad, la competitividad, y propicia el desarrollo social, económico y cultural. Hoy día, los individuos se enfrentan a mayores retos al introducirse en el mercado laboral, por lo cual resulta insuficiente sólo cursar la educación básica, pues el mercado demanda cada vez más a personas capacitadas, especializadas y competitivas que posean una formación integral que les permita, ya sea en su modalidad general o tecnológica, cursar estudios superiores o participar en el desarrollo mediante la realización de actividades productivas y de servicios que los incorporen al sector económicamente activo del país. Siendo tal la importancia de la educación media superior y superior, resulta indispensable fortalecer dichos niveles educativos para formar personas capaces de enfrentar los nuevos requerimientos cognitivos y productivos de la sociedad y el mercado. Sin embargo, pese a dicha importancia, resulta relevante establecer que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 8 millones 761 mil 774 jóvenes en edad de cursar la educación media superior, sólo 51.2 por ciento asiste a la escuela, proporción que se reduce a 17.9 por ciento al referirnos a los jóvenes con discapacidad que cursan dicho nivel escolar. Aunado a ello, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2010, de los 5.7 millones de personas con discapacidad en México, 25.8 por ciento se encontraba en condiciones de analfabetismo, situación que obviamente imposibilita su desarrollo integral y el ejercicio pleno de todos sus derechos humanos; además, del total de población con discapacidad antes mencionado sólo 27.9 por ciento se encontraba ocupado en el mercado laboral. Ambas cifras indican claramente la exclusión que, en cuanto a la participación en el desarrollo económico del país, sufre este sector de la población. Ante tal escenario, cobra importancia la presente iniciativa a fin de fomentar la inclusión educativa de las personas con discapacidad en los niveles medio superior y superior, combatiendo con ello la discriminación y fomentando la igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en los servicios educativos. Exposición de Motivos El derecho a la educación como fundamento de la pretensión social de vivir en un mundo pleno de respeto a las libertades e igualdad de las personas; se erige como el cúmulo mayor de todos los derechos humanos. Pues es, a través de él que se vuelve posible materializar el ejercicio pleno de todas las demás prerrogativas al dedicarse a ofrecer a los individuos los conocimientos que permitan comprender y reconocer el significado, alcance, importancia y corresponsabilidad que conllevan per sé los derechos humanos y garantías individuales.
En nuestro país, el derecho a la educación se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley General de Educación. El artículo 3o. de la CPEUM establece: Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado federación, estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias ; partiendo de tal contenido ambos ordenamientos establecen el derecho de todo individuo a recibir educación de calidad que le permita adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; contribuyendo al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, siendo un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. Tal afirmación toma sentido al considerar que según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos por cada año adicional de escolaridad en la población, se incrementa el PIB per cápita de una Nación entre un 4 y 7 por ciento; dichas cifras nos revelan que los recursos destinados son una inversión social y económica prioritaria. La importancia de la educación media superior y superior es indiscutible, ya que mientras la educación básica cumple con su papel formativo, siendo la mejor etapa de aprender a aprender, la dos etapas posteriores son pieza clave en la formación de aspectos esenciales de las personas que permitirán definir su proyecto de vida y participar en el desarrollo de actividades económico-productivas. El objetivo particular de la educación media superior es generar y desarrollar en los jóvenes un digesto personal y social que sirva como herramienta para el acceso a la educación superior, al mercado de trabajo y a la comprensión del ámbito social en el tiempo y espacio. La educación superior, según la UNESCO en la Declaración Mundial de la Educación Superior, es la encargada de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad, mediante la formación de ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos modernos. Es clara la importancia que tiene en el desarrollo económico y en el desarrollo personal de las y los individuos el ejercer plenamente el derecho a la educación; sin embargo, para poder alcanzar la igualdad educativa es imprescindible reconocer que existe una amplia y compleja diversidad entre las personas, diversidad que requiere ser atendida mediante políticas públicas y acciones afirmativas que propicien la máxima inclusión y efectiva atención de los grupos, sectores o regiones con mayor rezago o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja; en este sentido, a pesar de las actuales acciones gubernamentales, uno de los grupos que enfrenta mayores rezagos y desventajas sociales y educativas lo integran las personas con discapacidad. De acuerdo con lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 1 las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 2 establece que el término discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 3 En el mundo, según datos de la UNESCO más de mil millones de personas viven alguna forma de discapacidad; aunado a ello, los estudios de esta organización establecen que una de las tendencias más fuertes de la nueva economía es el aumento de las desigualdades, la segmentación espacial y la fragmentación cultural de la
población, 4 tales desigualdades y segmentación conllevan una creciente exclusión social, relacionada con la falta de acceso a bienes y servicios básicos y condiciones mínimas de bienestar social, situación que repercute en el aumento generalizado del número de personas que viven por debajo de los niveles de dignidad e igualdad consagradas como parte de los derechos fundamentales. Particularmente, las personas con discapacidad enfrentan severas limitaciones de carácter físico y social, que los excluyen de la sociedad e imposibilitan su participación activa en el desarrollo de sus países, exclusión que se refleja en la posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la educación; por ello a lo largo del mundo se ha generado una visión integradora que vuelve latente la necesidad de desarrollar sistemas educativos inclusivos que involucren una nueva perspectiva basada en la integración de las y los alumnos con respeto a sus derechos humanos y atención a sus necesidades especiales para adquirir los conocimientos; para lo cual, resulta indispensable admitir que los métodos de enseñanza en las escuelas regulares deben ser adecuados a la diversidad de alumnos y alumnas que atienden, reconociendo las diferencias individuales no como problemas que requieren ser arreglados sino como oportunidades para enriquecer el proceso cognitivo. La Declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las necesidades educativas especiales y su marco de acción establece que las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. 5 Por ello resulta necesaria la transformación del modelo actual de las instituciones educativas a un modelo que responda a las necesidades pedagógicas de cada niño, niña o adolescente en el que se celebren las diferencias y se respalde el aprendizaje individual, garantizando, no sólo el acceso a la educación sino la calidad de ésta tal y como lo establece nuestro marco constitucional. En México, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, 5 millones 739 mil personas presentan alguna forma de discapacidad, de entre las cuales 3.2 por ciento son niñas, niños y adolescentes y 3.8 por ciento son jóvenes de ambos sexos. Resulta por demás evidente la importancia que reviste el pleno acceso de las personas con discapacidad a la educación media superior y superior, que la Ley General de Educación establece en el artículo 41 que la educación especial es una modalidad de la educación, cuyo enfoque es la inclusión, permitiendo reconocer la diversidad de contextos y sujetos inmersos en el ámbito escolar, dicha educación está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo 12 establece el deber de la Secretaría de Educación Pública de impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles educativos, sin embargo, a pesar de dichos mandamientos, datos arrojados por el Inegi en la publicación La discapacidad en México, una visión al 2010-2013, revelan que tan sólo 17.9 por ciento de los jóvenes con discapacidad (15 a 19 años) estudian la educación media superior y 5.8 (19 a 29 años) el nivel superior. Además, de acuerdo con la misma publicación, las personas con discapacidad que presentan una mayor asistencia escolar son los que cuentan con dificultad para ver con 53.2 por ciento, seguidos de los que tienen dificultad para poner atención o aprender con 51.8, escuchar (47.1), hablar o comunicarse (44.8), los que poseen limitación para moverse o comunicarse (39.4), atender cuidado personal (29.4) y mentales con 28.9 por ciento; cifras que evidencian la necesidad de establecer medidas que permitan asegurar el derecho a la educación inclusiva de los jóvenes con discapacidad. Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación
Único. Se reforman y adicionan los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: Capítulo III De la Equidad y la Inclusión En La Educación Artículo 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor inclusión y equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.... Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: I. a IV.... IV Bis. Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad,formándolas para que participen efectivamente en una sociedad libre y pluralista; IV Ter. Promoverán la inclusión de alumnos con discapacidad en el sistema de enseñanza general, facilitando las condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en función de sus necesidades. V. a XVII.... XVIII. Promoverán programas de sensibilización sobre el respeto a los derechos y dignidad humana para asegurar la participación e inclusión plena de los alumnos con necesidades educativas especiales. El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendentes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente, igualdad de oportunidades y con perspectiva de género. Tratándose de menores de edad y jóvenes con discapacidad, esta educación propiciará prioritariamente su integración a los planteles de educación básica y media superior regulares mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, la entrega de los libros de texto gratuitos correspondientes, la prestación del apoyo adicional necesario, así como la adecuación de infraestructura física básica y equipamiento conforme a la ley correspondiente. De no ser posible dicha integración a los planteles de educación regular, las autoridades educativas impulsarán la adopción de acciones afirmativas orientadas a prestar servicios educativos en la modalidad no escolarizada. Para los educandos que, por su tipo de discapacidad no logren esa integración, las autoridades educativas procurarán la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva. Enseñándoles habilidades funcionales que respondan a las demandas sociales y expectativas de la vida adulta, para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios adaptados a las necesidades de las y los alumnos. Las instituciones de educación superior a que la ley otorgue autonomía establecerán convenios con la autoridad educativa federal a fin de establecer planes y programas de estudio y homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación, certificación y transición, dirigidos a alumnos con discapacidad. Dichos
convenios considerarán la asignación de recursos suficientes para dichos fines, de conformidad con la matrícula de alumnos de cada institución. Para la identificación y atención educativa de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos. Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. La educación especial incluye la formación y orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asignará en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente los recursos necesarios para cumplir los compromisos adquiridos para asegurar la inclusión educativa de los jóvenes con discapacidad. Notas 1 Véase el artículo 1o. 2 En el artículo 1o. de esta convención se establece que la discapacidad es una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agraviada por el entorno económico y social. 3 Véase el artículo 2o., inciso a), de la convención. 4 J. C. Tedesco, Igualdad de oportunidades y política educativa, en Políticas educativas y equidad. Reflexiones del seminario internacional, páginas 59-68, Fundación Ford, Universidad Padre Hurtado, UNICEF y UNESCO, Santiago de Chile, octubre de 2004. 5 Véase numeral 2 de la Declaración de Salamanca. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2014. Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica)