El MONITOR Diario de la Coalición por la Corte Penal Internacional Mejorando la cooperación, un desafío clave para la Corte en vísperas de la Conferencia de Revisión Slobodan Milošević. Charles Taylor. Radovan Karadžić. Líderes políticos que muchos pensaron que nunca enfrentarían a la justicia. Pero, tarde o temprano, cada uno de ellos fue llevado ante un tribunal penal internacional gracias a que los gobiernos y las organizaciones regionales e internacionales cooperaron con las cortes. Muchas personas han señalado que el arresto y la entrega de estos sospechosos de alto rango son el desafío clave a nivel político y legal para el fortalecimiento de la justicia internacional. Esto aplica de igual modo a la Corte Penal Internacional (CPI) y a los Estados Partes que han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte. Pero el desafío va más allá del arresto y de la entrega; la CPI necesita de todos los Estados y organizaciones multilaterales para concretar prácticamente cada uno de los pasos que realiza. Es por lo tanto, la comunidad internacional quien debe decidir si transforma a la CPI en un eslabón débil o en un fuerte aliado en la lucha global en contra de la impunidad. La parte nueve del Estatuto de Roma, específicamente del artículo 86 al 102, define el papel fundamental de los Estados en relación con las investigaciones y los juicios de la Corte. Además del arresto y de la entrega, cooperar con la Corte también implica proveer evidencia, identificar personas, entrevistar testigos, hacer rastreos, congelar y confiscar bienes y proteger a los testigos y a las víctimas. Pero el papel de los Estados no termina aquí. La parte nueve sólo define el papel técnico y legal de los Estados, pero la historia ha demostrado que la justicia internacional también requiere de apoyo político, e incluso diplomático. La Corte necesita un pleno compromiso de parte de líderes políticos, militares y negociadores de paz para poder así prevenir estos crímenes. El alcance y la urgencia de los desafíos relacionados con la cooperación y el apoyo a la Corte son cada vez mayores debido a la crítica coyuntural que ha alcanzado el trabajo de la misma luego del dictado de ocho órdenes de arresto pendientes de ejecución. Entre estas se destaca una orden contra del líder del Ejército de Resistencia del Señor, Joseph Kony de Uganda, quien presuntamente ha cometido nuevos crímenes en la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana luego de la solicitud de la orden de arresto en su contra. Dentro de las ocho órdenes también se incluye el primer pedido de arresto contra un líder de Estado en funciones, Omar Hassan Ahmad al-bashir, Presidente de Sudán. edición No. 38 El 14 de julio de 2008, varios manifestantes exigieron cooperación con la Corte y justicia para Darfur frente a la Embajada de Sudán en Londres. Créditos: Shaun Curry/AFP/Getty Images La Corte necesita un pleno compromiso de parte de líderes políticos, militares y negociadores de paz para poder así prevenir estos crímenes, declaró Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la CPI. Mientras los fiscales y los abogados desempeñan su rol en los tribunales, los líderes políticos, en cambio, tienen la responsabilidad de asegurar que todos los actores involucrados respeten la ley. Esto implica un apoyo activo y consistente, poniendo en práctica todas las decisiones de la Corte. Perfeccionando las prácticas: ejecutando las órdenes de arresto y embargando bienes El arresto y la entrega de sospechosos a la CPI es esencial para cumplir con el mandato principal de responsabilizar a quienes hayan cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sin arrestos, no podría haber juicios ni justicia para las víctimas. Una vez que la Corte libra una orden de arresto, la responsabilidad del arresto y de la entrega de sospechosos de la CPI a La Haya recae en los Estados. Teniendo en cuenta la naturaleza de los crímenes de la CPI y la antigüedad y la influencia política de varios de los sospechosos, es probable que órdenes de arresto de este calibre sean muy a menudo controversiales. La única respuesta a dicha controversia es el apoyo político consistente en combinación con procedimientos legales sólidos. A nivel nacional, los estados deben favorecer procedimientos que faciliten la entrega de sospechosos en lugar de procesos que demoran mucho más tiempo. Asimismo, continúa en p. 5
Sección Editorial 2 El Monitor Diario de la Coalición por la Corte Penal Internacional Edición No. 38: mayo - octubre 2009 Las opiniones aquí expresadas pertenecen a sus autores y no representan necesariamente los puntos de vista del Secretariado de la CCPI, de nuestros miembros o patrocinadores. Los artículos que se presentan sin incluir el nombre del autor han sido redactados por el personal del Secretariado de la CCPI. Secretariado de la CCPI William R. Pace Coordinador General, Nueva York y La Haya Tanya Karanasios Directora del Programa, Nueva York Brigitte Hamadey Asociada de Enlace para Membresía y de Programa, Nueva York Maaike Matelski Asistente del Programa y Tecnologías de la Información, La Haya Área de Comunicaciones Anaga Dalal Jefa de Información y Comunicaciones, Nueva York Linda Gueye Oficial Principal de Comunicaciones en Francés, Nueva York Spencer Lanning Consultor Técnico, Austin Oriane Maillet Oficial de Comunicaciones, La Haya Kattia Ninahuanca Desarrollo del Portal Internet y de Bases de Datos, Nueva York Mariana Rodríguez Pareja Oficial Principal de Comunicaciones en Español, Buenos Aires, Argentina Sasha Tenenbaum Oficial de Comunicaciones, Nueva York Peony Trinh Coordinadora del Portal Internet y Publicaciones, Nueva York Área de Desarrollo Gabrielle Mertz Kirsten Meersschaert Daniel Rees Sarah Freuden Directora de Desarrollos, Nueva York Oficial de Desarrollo y Políticas, La Haya Asociado de Desarrollo, Nueva York Asistente de Desarrollo, Nueva York Área de Administración y Finanzas Joseph Bahar Asociado de Contabilidad, Nueva York Casey Schepp Asistente de Recursos Humanos y Contabilidad, Nueva York Hugo Strikker Oficial de Finanzas y Administración, La Haya Área Legal Cecilia Nilsson Kleffner Isabelle Olma Asesora Oswaldo Zavala Giler Área Regional Brigitte Suhr Ata Hindi Stephen Lamony Francesca Varda Jefa de la Oficina de la Haya y Asesora Legal Principal, La Haya Asesora Legal -Enlace CPI-AEP, La Haya Asesor Legal- Enlace ONU-AEP, Nueva York Directora de Programas Regionales, Los Angeles, EE.UU. Oficial de Enlace para Medio Oriente, África del Norte y Europa, Nueva York Oficial de Enlace para África y Asesor de situaciones, Nueva York Coordinadora Regional para América Latina y Caribe; Oficial de Enlace para Asia y el Pacífico, Nueva York Área Regional Descentralizada África Annie Rashidi Mulumba Enlace para las situaciones en África, Kinshasa, República Democrática del Congo Fátima da Cámara Asesora de Campaña Lusitana, Londres, Reino Unido Francis Dako Coordinador Regional para África Francófona, Cotonou, Benin Asia y el Pacífico Evelyn Balais Serrano Coordinadora Regional para Asia y el Pacífico, Manila, Filipinas Rebecca Lozada Asociada de Programa en Asia, Manila, Filipinas Marcelina Valderrama Asistente de Oficina, Manila, Filipinas Europa Luisa Mascia Coordinadora Regional para Europa, Bruselas, Bélgica Virginie Amato Asistente del Programa en Europa, Bruselas, Bélgica Medio Oriente y África del Norte Abeer Al-Khaisha Coordinadora Regional para Medio Oriente y África del Norte, Amman, Jordania Comité Coordinador Informal de la CCPI Acción Mundial de Parlamentarios Amnistía Internacional Asociación pro Derechos Humanos Centro de Documentación y de Desarrollo de Recursos Civiles Comisión Andina de Juristas Federación Internacional de Derechos Humanos Foro Asiático por los Derechos Humanos y el Desarrollo Human Rights First Human Rights Watch Iniciativas de la Mujer por la Justicia de Género Movimiento Federalista Mundial No Peace Without Justice Red de Derechos Humanos Uganda The Redress Trust Carta del Coordinador General Era lógico pensar que la comunidad de activistas iba a reaccionar con júbilo o, al menos, con satisfacción cuando la Sala de Cuestiones Preliminares libró la orden de arresto contra el Presidente Al-Bashir el 4 de marzo de 2009. Esto no fue así. A partir del anuncio de la orden, dicha comunidad ha estado a las corridas, tanto literal como figuradamente. Al mismo tiempo que el gobierno de Sudán lanzaba una fuerte medida en contra de las ONG, activistas y cualquier otra voz independiente, éste puso en marcha una ofensiva retórica que intentaba mostrar un gobierno unido y sin temor a la hora de enfrentar la presión en aumento. Inmediatamente después de la decisión, todas las acciones se centraron en responder a los ataques del gobierno lo cual ha dejado muy poco espacio para considerar las implicaciones que esta decisión pueda tener a largo plazo. Olivia Bueno, de la Iniciativa Internacional por los Derechos de los Refugiados, resumió en un párrafo las reacciones y los dilemas que surgieron a nivel e internacional como consecuencia de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Omar Hassan Ahmad al-bashir, Presidente de Sudán (consulte Las ONGs de Sudán piden justicia a pesar de las amenazas y las intimidaciones, página 8). La CCPI debe estar muy atenta a los ataques contra sus miembros, las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, la Unión Africana (UA) y el personal de paz de la ONU. Al mismo tiempo, debemos esforzarnos para ejercer presión sobre los gobiernos, los organismos internacionales - incluyendo a la UA - y los medios para que la atención se centre en las implicaciones que podría tener a largo plazo el hecho de no continuar con la lucha contra la impunidad. La campaña y las amenazas en contra de la CPI llevadas a cabo por el gobierno de Sudán, entre otros adversarios de la CPI y de la justicia internacional, son más peligrosas que las realizadas por Milošević, Taylor y sus seguidores en contra de los tribunales ad hoc y de los tribunales especiales. Estos acusados también eran líderes de estado en el momento en el que se emitieron las órdenes de arresto. Pero en el caso de Sudán, los peligros humanitarios, de derechos humanos, regionales y geopolíticos son mucho mayores y, a la vez, el gobierno de Sudán tiene muchos más recursos y muchos más aliados. La CCPI, los gobiernos y los oficiales de la ONU deben cooperar cuidadosamente por varios meses para poder evitar una catástrofe legal internacional que luego necesitaría años para ser reparada. Esta edición de El Monitor presenta varios artículos que muestran el escenario a largo plazo : en relación con las víctimas, con la Conferencia de Revisión, con las elecciones, con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Quizás el artículo más importante es la nota de tapa sobre el Informe sobre cooperación a la AEP del año 2007, que, según muchos de los miembros de la CCPI, constituye un plano esquemático para lograr la complementariedad. Sobre la Coalición por la CPI La Coalición por la Corte Penal Internacional incluye a 2.500 organizaciones de todo el mundo, que trabajan en conjunto para fortalecer la cooperación internacional con la CPI; garantizar que la Corte sea justa, efectiva e independiente; hacer que la justicia sea tanto visible como universal; y avanzar en la adopción de leyes nacionales más fuertes para brindar justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El Monitor es la publicación más importante de la Coalición y es distribuida en todo el mundo en inglés, francés y español. Contáctenos c/o WFM, 708 3rd Ave, 24 Fl Nueva York, NY 10017 EE.UU. Teléfono: + 1 212-687-2863 Fax: +1 212-599-1332 Email: cicc@iccnow.org Website: http://www.iccnow.org William R. Pace, Coordinador de la CCPI Bezuidenhoutseweg 99A, 2594 AC La Haya, Países Bajos Teléfono: +31-70-363-4484 Fax: +31-70-364-0259 Email: cicc-hague@iccnow.org Juntos por la Justicia: La sociedad civil en más de 150 países trabajando por una CPI justa, efectiva e independiente.
Cartas Después de todo era posible: la Corte Penal Internacional (CPI) ha librado una orden de arresto contra un jefe de Estado en funciones, el Presidente sudanés Omar Hassan Ahmad Al-Bashir. El abierto desinterés hacia la Corte y las continuas violaciones que aún siguen llevándose a cabo en Darfur han dejado a la luz una comunidad internacional sosegada y complaciente con el abuso, probablemente por el temor de perder su propia impunidad. El Secretario General de la ONU, al igual que muchos otros países, no ha llamado por el arresto de Al-Bashir. En el mundo islámico las reacciones fueron rotundamente negativas o ambivalentes. En nuestro país, algunos líderes religiosos condenaron la decisión y emplearon la típica retórica de la existencia de un plan antiislámico articulado por Occidente. Los partidos laicos y los intelectuales no se sumaron a las voces de condena que retumbaron en el mundo árabe. Aquí mismo, el ex General que se convirtió en Presidente, Pervez Musharaf, también podría ser llevado ante los tribunales nacionales. Lo único que podría asustar a aquellos que piensan que pueden salir impunes por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales escudándose sin sinceridad bajo los conceptos de la verdad y la reconciliación es un apoyo decidido a la orden de arresto de la Corte en contra de Al-Bashir. Poner menos en juego podría poner en riesgo la lucha contra la impunidad en nuestro propio hogar. Iqbal Ahmed Detho Coordinador de la Coalición por la CPI de Pakistán Karachi, Pakistan Desde que el 4 de marzo de 2009 la CPI solicitara una orden de arresto en contra del Presidente sudanés Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, algunos Jefes de Estado y varias organizaciones internacionales se han enfrentado a la Corte. En un paralelo a medio mundo de distancia, el 7 de abril, la fuerza de la lucha mundial en contra de la impunidad se hizo visible cuando un panel especial de tres jueces de la Corte Suprema de Justicia del Perú encontró culpable al ex Presidente peruano Alberto Fujimori por dos cargos por homicidio y lesiones graves que constituyen crímenes de lesa humanidad. En el año 2000, Fujimori huyó al Japón, desde donde renunció a su cargo de Presidente de la República. Permaneció en Japón por varios años y sus víctimas debieron soportar una larga batalla para lograr justicia, pensando por momentos que nunca serían restituidos. Pero la historia cambió. Fujimori viajó a Chile desafiando los cargos y fue luego extraditado al Perú. La decisión del 7 de abril le ha probado al mundo entero que existe un creciente movimiento que busca la rendición de cuentas y que tarde o temprano la impunidad será vencida, y que incluso ex jefes de Estado podrán ser llevados ante la justicia. Francisco Soberón Director, Asociación Pro Derechos Humanos del Perú Miembro del Comite Ejecutivo Informal de la CCPI Estimado Sr. Presidente (Edición 37) captura muchas de las esperanzas y preocupaciones que tienen los defensores de derechos humanos desde que los Estados Unidos dieron inicio a esta nueva etapa eligiendo a Barack Obama como Presidente. Cuando el Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Maxime Verhagen, visitó Washington a mediados de abril, su contraparte en los Estados Unidos, la Secretaria de Estado Hillary Clinton, le dijo oficialmente a los periodistas: Tengo un nuevo amigo. De hecho, existen signos de una verdadera amistad. Ambos países estuvieron (desafortunadamente) unidos en el boicot a la Conferencia de Revisión de Durban sobre Racismo ese mismo mes y, recientemente, trabajaron en conjunto en la organización de una conferencia internacional sobre Afganistán en La Haya. Pero también existen desencuentros. El gobierno holandés considera que La Haya es la ciudad internacional de la paz y la justicia. Sin embargo, para el gobierno de EE.UU., La Haya sigue siendo un eventual objetivo militar de acuerdo con el Ley de Invasión a La Haya. Es una ley de antaño. Invadir el país de tu amigo para interferir en la administración de la justicia internacional no es amigable. Es momento de que el Presidente de EE.UU., la Secretaria de Estado y el Congreso cambien esa ley sin más demoras. Lars van Troost Jefe de Asuntos Políticos y de la Oficina de Prensa, Sección holandesa Amnistía Internacional, La Haya EN ESTE NÚMERO Portada Una mirada en profundidad sobre cómo los Estados Partes de la CPI y las organizaciones multilaterales pueden mejorar su cooperación con la Corte. Asamblea de los Estados Partes 4 Perspectiva general sobre los preparativos para la Conferencia de Revisión del año 2010; resultados de las elecciones judiciales y del CPF del año 2009 7 Casos y situaciones Actualizaciones acerca de los casos y situaciones ante la Corte con contribuciones especiales de Carla Ferstman de REDRESS y Olivia Bueno de Iniciativa Internacional por los Derechos de los Refugiados. 13 ONU-CPI Avances clave con respecto a la CPI en las Naciones Unidas incluido recientes actividades llevadas a cabo por la CCPI 14 Regionales El apoyo por parte de nuestros miembros en África, Asia, Europa y Latinoamérica y la cobertura del Día Internacional de la Mujer y del Día Internacional Contra el Uso de Niños Soldados 20 EE.UU.- CPI Declaraciones oficiales de funcionarios de la Administración de Obama sobre la CPI Sección Editorial 3 Actualmente, las principales contribuciones financieras a la CCPI son provistas por la Unión Europea, la Fundación Ford, la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur y por los gobiernos de Bélgica, Finlandia y los Países Bajos. La CCPI también recibe un importante financiamiento de la Fundación Open Society Institute (Zug) y de los gobiernos de Dinamarca, Irlanda, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza, así como de contribuyentes individuales. Este documento ha sido desarrollado con la asistencia financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es exclusiva responsabilidad de la CCPI y, bajo ninguna circunstancia refleja la postura de la Unión Europea.
cpi/aep 4 PERSPECTIVA GENERAL SOBRE LA AEP Preparativos para la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en 2010 La Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma se llevará a cabo en el segundo cuatrimestre de 2010 en Kampala, Uganda. Los Estados Partes se reunirán para revisar el tratado fundacional de la CPI y para considerar posibles enmiendas. Para la Coalición por la CPI, la primera Conferencia de Revisión constituirá un hito crucial en la evolución y en la consolidación de la CPI y de la justicia internacional. Con sólo un año para realizar los preparativos para la conferencia, las consultas y las preparaciones se han centrado hasta ahora en definir su alcance y agenda. Las discusiones de la conferencia se centrarán solamente en enmiendas que cuenten con un amplio, y preferiblemente consensuado, apoyo por parte de los Estados Partes. Por lo tanto, las propuestas de enmiendas a considerarse en la Conferencia de Revisión se discutirán en la octava sesión de la Asamblea de Estados Partes (AEP) en noviembre de 2009 con el fin de promover dicho consenso. La posible adopción de una definición del crimen de agresión como parte de la jurisdicción sustantiva de la Corte será uno de los principales temas de discusión. También, el Estatuto de Roma dispone la reconsideración del artículo 124, una cláusula opcional que exime a los Estados de someter a sus ciudadanos a procesamientos por crímenes de guerra ante la CPI por un período de siete años. Tal como fue recomendado en la Conferencia de Roma de 1998, la Conferencia de Revisión también está facultada a considerar el terrorismo y los crímenes relacionados con el narcotráfico. Los Estados también considerarán si se aceptará o no en la Conferencia de Revisión la propuesta de enmienda presentada por Bélgica que busca penalizar el uso de ciertas armas y usos de guerra como crímenes de guerra. Además, la Conferencia de Revisión servirá como una ocasión para hacer un balance de la justicia penal internacional, permitiendo a los Estados Partes y a otros actores importantes compartir de forma constructiva sus experiencias, las lecciones aprendidas y los desafíos enfrentados. Dado su lugar de celebración, la conferencia representará una oportunidad clave para diseminar información pública sobre el sistema del Estatuto de Roma en la región. Hacia una definición del crimen de agresión Durante la segunda reanudación de la séptima sesión de la Asamblea de Estados Partes realizada del 9 al 13 de febrero de 2009 en Nueva York, el Grupo Especial de Trabajo sobre el Crimen de Agresión sostuvo su última sesión, presidida por el Embajador Christian Wenaweser (Liechtenstein). El grupo está intentando finalizar una propuesta de definición sobre el crimen de agresión a tiempo para la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma del año 2010. Las discusiones se seguirán llevando a cabo en el transcurso de los preparativos de la Conferencia de Revisión. En junio, se realizará un encuentro entre sesiones en Nueva York. Los debates en la sesión resumida continuaron girando en torno a cómo podría entrar en vigor la enmienda sobre la agresión, la definición fáctica de dicho crimen y cómo activar la jurisdicción de la Corte. A pesar de que nada ha sido finalizado, existió un apoyo generalizado al borrador inicial de la definición del crimen. Existen más puntos de vista divergentes con respecto a las condiciones del ejercicio de la jurisdicción. Elección de nuevos miembros del CPF La elección de seis nuevos miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) de la Asamblea también se llevó a cabo en el primer período resumido de la AEP. El Sr. Fawzi Gharai beh (Jordania); el Sr. Masud Husain (Canadá); el Sr. Shinichi Iida (Japón); el Sr. Rossette Nyirinkindi Katungye (Uganda); la Sra. Elena Sopková (Eslovaquia) y el Sr. Santiago Wins (Uruguay) fueron elegidos para trabajar en el Comité por un período de tres años. El CPF es un organismo conformado por expertos que aconsejan e informan a la AEP con el fin de ayudarla a atravesar las complejidades que pueden presentarse en el proceso del presupuesto de la CPI. Asumen cinco nuevos jueces de la CPI El Juez Song es el nuevo Presidente de la CPI Del 19 al 20 de enero de 2009, los Estados Partes de la CPI eligieron a los siguientes seis nuevos jueces por un período de nueve años: Joyce Aluoch (Kenia), Sanji Mmasenono Monageng (Botswana), Fumiko Saiga (Japón), Mohamed Shahabuddeen (Guyana), Cuno Tarfusser (Italia) y Christine Van den Wyngaert (Bélgica). El 11 de marzo de 2009, los magistrados prestaron juramento solemne y fue elegido Sang-hyun Song como el nuevo Presidente de la CPI. La jueza Fatoumata Dembele Diarra y el juez Hans-Peter Kaul fueron designados como Primera y Segundo Vicepresidente, respectivamente. El 16 de febrero de 2009, el magistrado Shahabuddeen presentó su renuncia por razones personales y el 24 de abril falleció la magistrada Saiga. La elección para estas dos vacantes se llevará a cabo durante la 8va AEP en La Haya, del 18 al 26 de noviembre de 2009. La Coalición por la CPI ha hecho mucho para lograr unas elecciones justas y transparentes, organizando paneles públicos y cuestionarios para los candidatos. Los cinco nuevos jueces llegan a la Corte en un momento crucial: El primer juicio de la Corte está en proceso, existen varios hitos procesales que están a punto de ocurrir y la Corte está sentando jurisprudencia de manera activa para el futuro. Para Jutta Bertram-Nothnagel, representante de la Unión Internacional de Abogados (UIA) y líder del Equipo de la CCPI sobre el crimen de agresión, las expectativas fueron positivas luego del término de los encuentros de los grupos de trabajo. Esta sesión fue nuevamente una experiencia unificadora y no divisoria, en la cual los estados demostraron un sorprendente compromiso a la hora de lograr una disposición razonable, agregó. El desafío para muchos de los que trabajan en esta cuestión radica en conservar la motivación, sin olvidar el horror de las guerras del siglo XXI y, al mismo tiempo, llevar a cabo todos los pasos necesarios para conseguir una disposición que todos los Estados razonables puedan aceptar. También declaró que espera que las próximas sesiones continúen abiertas a consideraciones creativas, principalmente sobre las condiciones jurisdiccionales del crimen, sin arriesgar el consenso sobre las cuestiones clave.
Mejorando la cooperación (Continúa de la paginá 1) por la particular naturaleza de las operaciones de arresto, especialmente en situaciones en donde el conflicto persiste y de las barreras legales, técnicas y logísticas relacionadas con la transferencia y detención de los sospechosos, resulta de suma importancia facilitar el intercambio de experiencias entre los Estados Partes y la CPI con el fin de perfeccionar las prácticas y desarrollar capacidades. La adopción de una legislación de implementación es el modo más indispensable de hacer que este sistema funcione. Nicolas Burniat cpi/aep Otro ejemplo concreto de cooperación por parte de los Estados que resulta vital para la Corte es el rastreo, el congelamiento y el embargo de los bienes de los sospechosos, que, a su vez, pueden ser utilizados para reparar a las víctimas y para prestar asistencia legal para la defensa. La necesidad de que los Estados generen proactivamente capacidades y reafirmen su voluntad de cooperar con dichos pedidos fue descrita apropiadamente por la Directora de REDRESS Carla Ferstman en un artículo para el Diario sobre Derecho Internacional de Leiden: será un desafío rastrear, congelar y embargar activos dentro del Estado en donde supuestamente se ha llevado a cabo el crimen, ya que éste puede estar en un período de transición de conflicto y/o puede no querer respaldar los procedimientos de la CPI. También será difícil localizar y rastrear los bienes extraterritoriales...[dado que] la asistencia mutua en cuestiones penales es tradicionalmente lenta y representa una gran fuente de frustración para las autoridades demandantes... que los Estados investiguen y juzguen los crímenes bajo la jurisdicción de la CPI y a la vez que permitan una cooperación eficiente con la Corte. Se debe asistir técnicamente a los Estados que experimenten dificultades a la hora de redactar esta clase de legislación. Las ONG han realizado varias campañas en pos de la plena implementación del Estatuto de Roma en las legislaciones nacionales y poseen experiencia en el tema, así como manuales de implementación y leyes modelo. En Roma se creó mucho más que una Corte, dijo Nicolás Burniat. Asociado Senior del Programa de Crimenes de Lesa Humanidad de Human Rights First. Ahi nació un nuevo sistema basado en el principio de complementariedad. La adopción de legislación de implementación es el modo más indispensable de hacer que este sistema funcione. Haciendo eco del pedido de Burniat para adoptar leyes de implementación, Mohammed Ndifuna, Adoptar legislación de implementación complementaria es fundamental para apoyar a la Corte, destacó Diego Camaño Viera del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. En el caso de Uruguay, el primer país latinoamericano en implementar plenamente el Estatuto de Roma en la región, la adopción de esta legislación fortaleció el orden legal del país y nos brindó herramientas para poder reparar crímenes utilizando este nuevo sistema legal. Generando estructuras: acuerdos entre Estados y la CPI Los acuerdos especiales necesarios para ciertas formas específicas de cooperación traen aparejados acuerdos bilaterales entre la Corte y los Estados con el fin de regular las modalidades y las condiciones a través de las cuales se puede proveer cooperación. La protección y el apoyo a las víctimas y testigos implica un amplio rango de medidas entre 5 será un desafío rastrear, congelar y embargar activos dentro del estado en donde supuestamente se ha llevado a cabo el crimen, ya que éste puede estar en un período de transición de conflicto y/o puede no querer respaldar los procedimientos de la CPI. Carla Ferstman empeorada aún más por las complicadas leyes de confidencialidad bancaria de aquellas jurisdicciones en donde suelen estar ubicadas esta clase de bienes. Sin embargo, facilitar el congelamiento y el embargo de los bienes es vital para las víctimas, como se explica claramente en el artículo 57.3 (e) del Estatuto de Roma, ya que el embargo permanente de los bienes de un individuo condenado por cometer graves crímenes beneficiará en última instancia a las víctimas. La importancia de adoptar legislación de implementación La efectividad de la Corte depende de la existencia de legislación nacional sólida que permita Director Ejecutivo de la Red de Derechos Humanos de Uganda, señaló como ejemplo su propio país, en dónde actualmente se está discutiendo este tema Por ser un Estado Parte, Uganda debería apoyar a la Corte, principalmente de tres maneras: implementando a nivel doméstico el Estatuto de Roma, arrestando a los sospechosos de la CPI y llevando a cabo investigaciones a nivel nacional, dijo. También resaltó que en principio, Uganda debería actuar rápidamente para aprobar el proyecto de implementación ya que ante la ausencia de dicha legislación, no es posible perseguir estos graves crímenes a nivel nacional. las cuales la reubicación de testigos figura como una de las opciones más radicales. Los acuerdos de reubicación son cruciales pero difíciles de negociar, normalmente debido a la naturaleza compleja y de largo plazo de dichos compromisos y a los altos estándares requeridos en términos de estructuras legales y capacidades logísticas estatales. Se necesitan muchos más acuerdos de reubicación para asegurar la protección de los testigos clave, declaró la Secretaria de la CPI Silvana Arbia. Actualmente, se está desarrollando una nueva modalidad de acuerdos tripartitos que tienen el objetivo de promover la cooperación continúa en p.6
Mejorando la cooperación (Continúa de la paginá 5) cpi/aep 6 Uganda debería actuar rápidamente para aprobar el proyecto de implementación ya que ante la ausencia de dicha legislación, no es posible perseguir estos graves crímenes a nivel nacional. Mohammed Ndifuna en esta cuestión. Aquí, la Corte tiene un acuerdo con un Estado que está dispuesto a pagar y a asistir técnicamente a otro Estado para que se encargue de reubicar testigos. También es importante generar medidas que aseguren la protección y el apoyo a los intermediarios, a la defensa y a los representantes legales debido al peligro que enfrentan por estar vinculados al trabajo de la Corte. Existen otros tipos de acuerdos de cooperación bilateral relacionados con la ejecución de las sentencias y la liberación provisional de detenidos. Garantizar dichos acuerdos ha constituido un continuo desafío para las cortes y los tribunales internacionales, incluyendo a la CPI. Construyendo el apoyo político El apoyo político es un aspecto importante de la cooperación con la Corte y va más allá de apoyar las actividades de la CPI en La Haya; también implica apoyar de forma continua el mandato judicial de la Corte y comunicar abiertamente el compromiso del Estado con la CPI en los medios, en contactos bilaterales y a través de foros regionales e internacionales, principalmente en las Naciones Unidas. Una forma eficaz de favorecer esta clase de apoyo es a través de la designación de puntos focales nacionales de la CPI que puedan diseñar y dirigir una perspectiva pro-cpi a través de todos los niveles del gobierno y evitar declaraciones y decisiones políticas contradictorias. Otros ejemplos de apoyo político son las declaraciones públicas, como las emitidas por la Unión Europea y por algunos Estados Partes en relación a la orden de arresto contra el Presidente Al-Bashir de Sudán. Según el Director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch, Richard Dicker, en vistas de los ataques a la credibilidad de la CPI llevados a cabo por los simpatizantes del Presidente Al-Bashir, los Estados miembro de la CPI deben alzar sus voces para apoyar a la Corte y a su papel clave en la lucha en contra de la impunidad. En los encuentros bilaterales con las autoridades sudanesas, los Estados miembro de la CPI deben exigirle a Sudán que coopere plenamente con la Corte. El Fiscal Moreno Ocampo también destacó la importante relación entre los compromisos políticos y los arrestos, En el caso de la última orden de arresto emitida en contra del Presidente Al-Bashir, no se puede seguir haciendo más de lo mismo. En la práctica, los Estados deberían abstenerse de mantener contactos no necesarios con Al-Bashir, limitar sus relaciones diplomáticas y evitar concurrir a cualquier ocasión ceremonial a la que él esté invitado. Los bienes personales de Al-Bashir deben ser rastreados y expuestos. De este modo, la comunidad internacional podría aislarlo, marginarlo y, finalmente, arrestarlo. El papel de la AEP En el año 2007, en su sexto encuentro anual en La Haya, la Mesa de la Asamblea de Estados Partes (AEP) presentó un importante proyecto esquematico relacionado con la cooperación. Junto con el Plan de Acción de la AEP para lograr la universalidad y la completa implementación del Estatuto de Roma, este informe constituye una lista de control comprehensiva que puede ser utilizada por los Estados a la hora de implementar el sistema del Estatuto de Roma y como apoyo al mismo. El informe detalla una serie de recomendaciones clave 66 en total que ayudan a generar un marco de acción concreto. De todos los documentos recientes de la AEP, el informe de cooperación es el más significativo para cualquier funcionario gubernamental que tenga que lidiar con la Corte, declaró Cecilia Nilsson Kleffner, Directora de la CCPI de La Haya y Jefa de la Sección Legal. Los estados deben empezar a trabajar teniendo en cuenta las claras recomendaciones del informe, teniendo como objetivo a corto plazo la cooperación constructiva y efectiva y como objetivo a largo plazo la completa evaluación de las cuestiones de cooperación de la Conferencia de Revisión. En esta etapa de la vida de la Corte, los Estados deben enfocar sus esfuerzos en la cooperación para con ésta, facilitando así su correcto funcionamiento, declaró el Embajador Yves Haesendonck, facilitador de la Mesa de la AEP sobre Cooperación y representante permanente de Bélgica ante las instituciones internacionales en La Haya. Para el Embajador Haesendonck, En el caso de Uruguay la adopción de esta legislación fortaleció el orden legal del país y nos brindó herramientas para poder reparar crímenes utilizando este nuevo sistema legal. Diego Camaño Viera el apoyo político y diplomático es importante a todos los niveles. Por otro lado, la Corte debería comunicar más claramente sus necesidades actuales de cooperación y designar sistemáticamente un punto focal en la AEP; esto ayudará a garantizar la continuidad del trabajo de la AEP en cuanto a cooperación. En última instancia, el sistema del Estatuto de Roma con sus 108 Estados Partes se extiende más allá de la misma Corte. Incluye a 108 gobiernos, fuerzas policiales, grupos de fiscales, jueces, códigos penales y equipos de diplomáticos. No se les está pidiendo a todos ellos que cooperen hoy con la Corte, pero cada uno tiene el potencial de convertirse el día de mañana en el eslabón débil del sistema. La CCPI continuará llevando a cabo su trabajo fortaleciendo los eslabones débiles con el objetivo de ayudar a asegurar que la CPI reciba el apoyo y la cooperación necesarios para su completo y correcto funcionamiento.
ONG congolesas piden el arresto de Bosco Ntaganda El 31 de enero de 2009, el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) rompió con la tradición de cooperación constructiva con la Corte Penal Internacional (CPI) al negarse de manera oficial a arrestar y transferir a Bosco Ntaganda a La Haya. Bosco Ntaganda continúa en libertad a pesar del dictado de una orden de arresto en su contra en el año 2006 por crímenes de guerra casos/situaciones 7 Los señores de la guerra congoleses Thomas Lubanga (actualmente en juicio ante la Corte), Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui han sido arrestados y transferidos a la CPI con la cooperación de las autoridades de la RDC. Sin embargo, Bosco Ntaganda, ex-jefe de personal de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC), continúa en libertad a pesar del dictado de una orden de arresto en su contra en el año 2006 por crímenes de guerra relacionados con el enrolamiento y reclutamiento de niños menores de 15 años y su utilización para la participación activa en los enfrentamientos. Posteriormente, Ntaganda abandonó las FPLC para unirse al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) de Laurent Nkunda, un grupo rebelde que opera en la región del Kivu (RDC oriental). En enero de 2009, luego de algunas disidencias dentro de las filas del CNDP, Bosco Ntaganda, quien acusó a Nkunda de bloquear el proceso de paz en Kivu del Norte, lo expulsó de su puesto y tomó su lugar como nuevo líder del grupo armado. Ntaganda anunció su decisión de terminar la lucha contra las fuerzas armadas nacionales de la RDC ofreciendo las tropas del CNDP para luchar junto a las fuerzas armadas con el fin de desarmar a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) de los Hutu de Ruanda. La decisión de Ntaganda impulsó al Presidente de la RDC, Joseph Kabila, a designarlo Comandante Militar Adjunto de las fuerzas armadas congolesas. Las tropas de las fuerzas armadas congolesas (FARDC) ocupan el poblado de Kirumba (en foto) luego de saquearla en un ataque de dos días de duración que destruyó hogares y obligó a muchos civiles a huir. Crédito: Philippe Poupin Durante una entrevista realizada en el mes de abril con el New York Times, el Presidente Kabila remarcó la cooperación de la RDC con la CPI. No hay ningún otro país de África que haya cooperado tanto con la CPI como el Congo. De las cuatros personas detenidas en la CPI, cuatro son congoleses. Eso demuestra lo cooperativos que hemos sido. [ ], explicó. Bosco ha cooperado tanto a la hora de realizar los cambios necesarios para conseguir la paz que se nos impone ofrecerle el [...] beneficio de la duda. [ ] No nos hemos olvidado de que él está siendo buscado por el sistema judicial. Pero al mismo tiempo, estamos diciendo que no puede haber justicia en el Congo si es que estalla la guerra. En vez de darle un puesto privilegiado en las fuerzas armadas congolesas con el supuesto fin de fomentar la paz, muchas ONG insisten en que el Presidente Kabila debería haber arrestado y entregado a Ntaganda a la CPI. En una carta conjunta dirigida al Presidente Kabila, 51 ONG congolesas, incluyendo la Coalición Congolesa por la CPI, pidieron por el arresto de Ntaganda remarcando que permitirle a una persona acusada unirse a las fuerzas armadas congolesas es un insulto a la justicia. También es un insulto a las víctimas que su propio victimario se convierta ahora en su protector. La carta también destacaba que no existe una paz y una seguridad sustentable sin justicia. Para las ONG congolesas, muchas de las cuales fueron testigo de las atrocidades cometidas por Bosco Ntaganda, permitirle al gobierno de la RDC mantenerlo entre sus filas senta un precedente perjudicial. En primer lugar, la situación genera el riesgo de desacreditar a la Corte a largo plazo y, en consecuencia, fortalece a los opositores de la CPI. En segundo lugar, esto podría enviar una señal equivocada a otros Estados Parte de la Corte acerca de su obligación de apoyar el Estatuto de Roma en su integridad. Permitir que un ex-señor de la guerra permanezca impune luego de haber cometido acciones terribles es un insulto vergonzoso a la memoria de estos valientes activistas que luchan contra la impunidad, declaró Eloi Urwodhi, Coordinador Nacional de la Liga por la Paz y los Derechos Humanos (LIPADHO) de Bunia. Una paz duradera requiere de justicia, ésta fue la decisión tomada en Roma por 120 Estados, incluyendo a la RDC: Aquellos que tomaron esta solemne decisión en Roma no deben renunciar a su compromiso de terminar con la impunidad.
casos/situaciones 8 Protegiendo a las víctimas en la CPI: Desafíos no alcanzados y expectativas incumplidas Por Carla Ferstman Un factor clave que distingue a la Corte Penal Internacional (CPI) de otros tribunales penales internacionalizados es que la CPI puede operar, y de hecho lo hace, en el mismo momento que suceden los conflictos. El contexto de conflictos en curso y de inseguridad afecta a la CPI de diversas maneras. Dificulta las investigaciones de la Fiscalía e influye en la elección sobre a quién se debe entrevistar y el modo de llevar a cabo las entrevistas. En relación con la situación en Darfur, la Fiscalía expresó en 2006 que la situación de seguridad continúa siendo tal que resulta poco práctico para la Fiscalía, la cual debe interactuar con testigos que corren graves y distintos riesgos a los que afrontan las organizaciones de derechos humanos, llevar a cabo las investigaciones dentro de Darfur. El desafío de acceder a testigos en Darfur se ha complicado aún más luego del dictado de una orden de arresto en contra del Presidente Omar Hassan Ahmad Al-Bashir. En relación con la República Democrática del Congo (RDC), la Fiscalía decidió suspender las investigaciones sobre otros crímenes presuntamente cometidos por Thomas Lubanga Dyilo. Los conflictos en curso también afectan la habilidad de las víctimas de colaborar e involucrarse con la CPI, así como la habilidad de las organizaciones de base y de otros involucrados de asistir a las víctimas en el terreno. Debido al actual clima de incertidumbre, tanto las víctimas como las organizaciones que las asisten han sido amenazadas, algunas han sido forzadas incluso a reubicarse. El Estatuto de Roma En las afueras de la capital provincial de Goma, los desplazados por los actuales conflictos existentes en el Congo aguardan en línea de distribución comida. Crédito: Les Neuhaus/IRIN deja en claro que no sólo las víctimas y los testigos deben ser protegidos, sino también a cualquier otra persona que esté en riesgo a causa del testimonio presentado por algún testigo. Hasta la fecha la Corte ha tardado a la hora de responder a las necesidades de protección de las organizaciones locales, a pesar del papel fundamental que estos grupos desempeñan a la hora de permitir que las víctimas interactúen con los diferentes órganos de la Corte. De un modo similar, los representantes legales de las víctimas y sus redes locales, especialmente aquellas que provienen de los países con situaciones, están actualmente fuera del mandato de protección de la Corte. La Secretaría ha comenzado un proceso de consulta sobre intermediarios principalmente enfocado en las organizaciones de base que vinculan a las víctimas con la Corte o que ayudan a la Corte a operar en el campo. Los grupos de la sociedad civil, incluyendo al Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas le han subrayado a la Secretaría la importancia de abordar la cuestión relacionada con la protección de los intermediarios. Los problemas que enfrentan estos grupos son reales; si en un futuro se rehúsan a cooperar con la Corte, la capacidad de la misma de actuar donde los problemas realmente suceden se vería seriamente imposibilitada y esto podría poner en riesgo los procedimientos de la Corte en su totalidad. La protección de las víctimas es un aspecto clave en el proceso de justicia, tal como se evidenció en el primer juicio de Thomas Lubanga Dyilo por cargos relacionados con el enrolamiento y reclutamiento de niños menores de quince años y su utilización para la participación activa en las hostilidades. Este juicio representó la primera vez que los jueces de la CPI debieron encargarse de las vulnerabilidades de testigos seriamente traumatizados que se dirigen a La Haya a testificar. Sin embargo, el primer testigo que fue citado a declarar se congeló justo después de comenzar su testimonio y luego se retractó. Por qué? Se le recordó justo antes de ser llamado a declarar que su testimonio podría ser potencialmente (aunque muy improbablemente) utilizado en su contra en enjuiciamientos nacionales. Peor aún, se lo hizo testificar frente al acusado su antiguo comandante superior, quien posee un fuerte y leal séquito esperándolo de regreso en la RDC. Los procedimientos judiciales se suspendieron por varios días y se tomaron medidas de protección adicionales. Como parte de las medidas más importantes, se impidió que el testigo vea al acusado y se determinó que el interrogatorio no implique una confrontación...[o] pueda presionar al testigo. El resultado fue una notable mejora en el comportamiento del testigo quien fue así capaz de proveer un relato contextualizado y narrativo de sus experiencias a su propio paso y tiempo. Por ser una institución judicial internacional, la capacidad de la CPI de proteger de hecho a quienes estén en riesgo es limitada, particularmente en el terreno. La CPI debe depender de la cooperación de los Estados y de otros actores, incluyendo a las organizaciones intergubernamentales. Los Estados en donde presuntamente se
Los Estados en donde presuntamente se han perpetrado los crímenes y donde la mayoría de las víctimas y de los testigos están ubicados siguen siendo inseguros en virtud de los conflictos que aún continúan Pueden realmente hacerse cargo de la protección? han perpetrado los crímenes y donde la mayoría de las víctimas y de los testigos están ubicados siguen siendo inseguros en virtud de los conflictos que aún continúan Pueden realmente hacerse cargo de la protección? Algunos testigos pueden y han sido reubicados en otros Estados, pero no todos pueden ser transferidos. La Corte, en cooperación con las comunidades locales, los Estados y otros actores relacionados, debe tomar medidas complementarias de protección para minimizar los riesgos, incluyendo la reubicación temporal a nivel interno. Además de las propias víctimas, las organizaciones de base que ayudan o fueron vistas ayudando a las víctimas enfrentan graves riesgos y la Corte debe hacer más por reconocer su vulnerabilidad. Con dos juicios en proceso, varios casos en camino, cuatro países con situaciones y análisis en curso en varios otros países alrededor del mundo, el trabajo de la Corte avanza a toda máquina. El impacto de este trabajo sobre las víctimas, los testigos y otros actores que trabajan con ellos es real e inmediato. Las soluciones efectivas que incluyan a todos los actores y escenarios deben ser acordadas e implementadas sin demora. Carla Ferstman es la Directora de REDRESS, organización que facilita el trabajo del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas (www.vrwg.org) casos/situaciones 9 Actualización: situaciones bajo análisis Además de las cuatro situaciones que actualmente están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional (CPI), la Fiscalía está analizando información proveniente de varios países alrededor del mundo para determinar si se debe iniciar alguna otra una investigación formal. De acuerdo con las declaraciones oficiales o públicas de funcionarios de la CPI y de funcionarios gubernamentales, la Fiscalía está centrando su atención en presuntos crímenes cometidos en Afganistán, Chad, Colombia, Costa de Marfil, Irak, Kenia, territorios ocupados de Palestina, Osetia del Sur y Venezuela. A continuación, encontrarán la información más reciente acerca de las situaciones que están siendo analizadas por la Corte: Kenia La Fiscalía está siguiendo de cerca los avances de Kenia luego de la violencia post electoral que se desató entre diciembre de 2007 y febrero de 2008. A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia publicó un informe en agosto de 2008 solicitando la creación de un tribunal que fuera capaz de juzgar a los responsables por dicha violencia, todavía no se ha creado ningún tribunal especial. El ex- Secretario General de la ONU, Kofi Annan, Presidente del panel de Personalidades Eminentes de la Unión Africana y mediador en el acuerdo que intenta poner fin a la violencia, declaró que le dará plazo al gobierno de Kenia hasta aproximadamente finales de agosto de 2009 para establecer un tribunal. Si no se cumple con este plazo, él mismo le entregará a la CPI los nombres de los principales responsables por los hechos de violencia, como fue determinado por la Comisión para la Investigación de la Violencia Postelectoral. La decisión sobre si es necesario iniciar una investigación y en contra de quienes debe ser determinado por el Fiscal de la CPI, con aprobación de los magistrados. Palestina/Territorios ocupados de Palestina Para ver el mapa actualizado de las situaciones clave que están siendo analizadas por la CPI, visite http://www.iccnow.org/documents/situationsmap_sp.pdf. Para realizar preguntas a la Corte sobre las situaciones que están siendo analizadas, envíe un correo electrónico a SituationAnalysisSection@icc-cpi.int El 22 de enero de 2009, la Autoridad Nacional Palestina presentó una declaración ante la Secretaría de la CPI sobre los crímenes cometidos a partir del 1 de julio de 2002, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 12(3) del Estatuto de Roma, Esta declaración habilita a los Estados no parte a aceptar la competencia de la Corte. La Fiscalía declaró que examinará cuidadosamente todos los temas relacionados con la competencia de la Corte y determinará si los crímenes recaen en la categoría de crímenes de la CPI, si existen procedimientos relacionados con dichos crímenes y si la declaración de la Autoridad Nacional Palestina que acepta el ejercicio de la competencia de la CPI cumple con los requisitos legales. Mientras la CPI investigaba esta cuestión, la ONU decidió el día 3 de abril de 2009 proceder con la designación de Richard Goldstone, ex- Fiscal Jefe de los Tribunales Penales Internacionales para la Ex Yugoslavia y Ruanda, como líder del equipo de investigaciones que revisará las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza en 2008 y 2009.