Modernización del sector agropecuario Araujo de la Torre, Hernández y Puente, Valencia Confederación Nacional Campesina La modernización del sector agropecuario como estrategia para enfrentar la situación de estancamiento y deterioro de las condiciones de vida del medio rural se ha iniciado tomando en consideración cuatro grandes lineamientos: a) Reformas de políticas hacia el sector rural, que implican una modificación sustancial de la política agropecuaria; y que ha reconocido en la movilización y el cambio social la necesidad de revertir las tendencias de deterioro productivo y social, para colocarlo en condiciones de apoyar la recuperación económica (estabilidad de precios). b) Reformas institucionales, que han llevado a la revisión del papel desempeñado por las instituciones que operan en el agio y a la necesidad de su reestructuración. Se trata de refuncioanalizarlas para ponerlas al servicio de los productores rurales por medio de la aplicación de verdaderas políticas de fomento a la producción. c) Reformas al marco jurídico, que implican también enfrentar el carácter tutelar de la legislación vigente para trasladar a las organizaciones la responsabilidad de las principales decisiones que les afcctan. En otras palabras, se 31
ARAUJO, HERNANDEZ Y PUENTE, VALENCIA trata de la modernización del marco jurídico que rige las relaciones sociales en el campo. d) Reformas de los participantes sociales que a nuestro juicio son las más importante porque deben ser la fuerza social que articule las otras reformas, son las que tienen que ver con la modernización de los participantes sociales, con la modernización de las organizaciones de productores, sea cual fuere su signo ideológico y su militancia política. Se trata, en este sentido de convertir a esas organizaciones en verdaderos protagonistas del cambio en el medio rural. La reforma rural que está en marcha y que se sustenta en estos cuatro lineamientos no es gratuita. Parte del reconocimiento de realidades históricas concretas y de que hasta la fecha, es en esos frentes donde más se ha concentrado el anquilosamiento responsable de que el campo esté estancado. La reforma institucional que se ha propuesto abarca prácticamente a todos los organismos gubernamentales con incidencia en el medio rural: SARH, SRA, BANRURAL, ANGSA, CONASUPO entre otras, y buscaría, desde un punto de vista óptimo, la necesidad de reestructurar todo el dispositivo institucional para garantizar el desarrollo autónomo de las organizaciones de productores sobre la base de la apropiación del excedente económico como mecanismo que haga posible satisfacer las necesidades sociales de la población rural y al mismo tiempo que promueva un tipo de crecimiento con equidad. Como se ve estamos ante un programa global de reformas y -vale la pena subrayarlo- toda auténtica reforma institucional se traduce en una mayor o menor modificación de las estructuras de poder. Puesto que el campo está urgido de modificaciones profundas y no de simples adecuaciones administrativas, deberemos reflexionar acerca del sentido y peso, de los agentes y regiones, de la forma orgánica en que debe cristalizar la modificación de las estructuras de poder. Detrás de toda acción institucional en el campo ha existido una idea tutelar que ubica a los 32
MODERNIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO campesinos más como objetos que como sujetos activos. Quienes hemos vivido la experiencia del trabajo regional constatamos que esa inercia institucional aleja de los protagonistas campesinos toda posibilidad de apropiarse de su proceso, con lo que las dependencias gubernamentales se han constituido también en fortaleza de poder que distorsiona el desarrollo de la sociedad civil. De este programa global de reformas se derivan dos vías esenciales para transitarlo: a) Las instituciones involucradas en el fomento a las actividades agropecuarias que deberán circunscribir su ámbito al de ser exclusivamente instancias de regulación, es decir, fijación de normas y reglas para el establecimiento de apoyos financieros, técnicos y de servicios, estableciendo líneas directas con las organizaciones de productores, habilitadas como verdaderos instrumentos de programación, presupuestación y operación de los programas que determine el desarrollo rural específico de cada región. Lo anterior implica, en primer término, desmantelar todo el pesado andamiaje del personal de campo, fuente infinita de componendas y eslabón básico en la estructura de opresión política de los campesinos. En segundo lugar, limitar expresamente la intervención institucional en la asistencia técnica, comercialización de productos agrícolas o en la compra-venta de insumos, actividades que deberán ser asumidas directamente por las organizaciones de productores. b) En el desarrollo de este programa de reformas se han utilizado argumentos que descalifican los avances de la organización de productores para asumir el reto de la modernización rural con su participación protagónica. Esos argumentos buscan acotar que las organizaciones tienen límites para asumir los contenidos de la reforma: me refiero, específicamente, a la transferencia de empresas, funciones y recursos. Considero que no podemos exigir a los campesinos, en las condiciones de subordinación y sustitucionismo en que han 33
ARAUJO, HERNANDEZ Y PUENTE, VALENCIA estado, que de la noche a la mañana tengan la madurez necesaria para asumir en forma inmediata el peso absoluto que implica la transformación estructural del campo, pese a la premura que el mismo reclama. Esa es la paradoja. En consecuencia, es indispensable plantearnos un esquema gradual para la transición, que permita identificar los programas, regiones y organizaciones que están ya en condiciones de asumir funciones superiores a causa de su mayor grado de consolidación. Pero para que este esquema no se convierta en gradualismo como imperativo institucional, sino como autodeterminación de las organizaciones de productores, es indispensable que sean las propias organizaciones, con el apoyo medido y transparente del Estado, quienes determinen, de acuerdo a su propio programa y peso específico el ritmo en la asunción de funciones y su propio papel protagónico. Desde el terreno de la organización campesina puede ubicarse un conjunto de distorsiones derivadas del papel asignado durante décadas al sector rural campesino. La gestión como principio de articulación social ligada al logro de los objetivos: reparto de tierras, proyectos productivos, créditos y asistencia técnica les dio una cohesión inicial que, sin embargo, al proyectarse en la trama institucional implicó, esencialmente, un desapego respecto a las necesidades de sus bases, lo que tuvo como principal resultado el desprendimiento de los dirigentes y el control de parte de las instituciones. No se trata de proponer la no intervención del Estado en la economía, sino de caracterizar y calificar esa intervención. Hacer de la rectoría estatal el instrumento principal para movilizar todo el aparato institucional o garantizar el desarrollo autónomo de las organizaciones de productores, sustentando una base propia de acumulación que se expresa en la apropiación de su proceso productivo y comercial, en la autonomía técnica y económica, como instrumento privilegiado para hacer compatibles las 34
MODERNIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO demandas sociales de la población rural, con las del crecimiento global de la economía. Hasta aquí hemos apuntado los principales lineamientos de la reforma institucional, el papel que debe seguir cumpliendo el Estado y la importancia de la mayor presencia de la organización campesina. Sin embargo, el fortalecimiento de la participación campesina en el desarrollo rural no es un hecho nuevo, ni sólo un dato aislado, en la última década se puede documentar un creciente protagonismo de nuevas y variadas formas de participación campesina, expresado en el surgimiento de nuevos liderazgos más apegados al mandato de sus bases, pero también en la articulación de sus demandas, pasando de la lucha por la tierra a las demandas de carácter productivo, con una lección esencial : han colocado por delante sus coincidencias en el espacio económico y disminuido la resistencia derivada de la confrontación ideológica y política. Es necesario reconocer que ese protagonismo en fechas recientes ha encontrado nuevos cauces que antes no existían plenamente ; nos referimos específicamente a los convenios de concertación entre el Ejecutivo Federal y la organización campesina para la ejecución de proyectos puntuales con un claro signo productivo y social. Los convenios de concertación representan la figura jurídica, pero también de manera sustantiva y potencial, el pacto político entre el Estado y la sociedad civil, para crear los espacios a la recapitalización de las unidades de producción social y crear nuevas formas de acumulación en el medio rural que permitan alcanzar, en el horizonte cercano, el bienestar social y la distribución equitativa del ingreso. Es necesario que para la mayor comprensión de este proceso relativicemos los alcances que hasta ahora han tenido los convenios de concertación. Es un dato ilustrativo el que hasta el mes de septiembre pasado del total de recursos aprobados por la SARH para ser ejercidos en 35
ARAUJO, HERNANDEZ Y PUENTE, VALENCIA convenios con organizaciones, solamente se haya ejercido el 17 por ciento. Pero no sólo eso, en la evaluación que hasta la fecha podemos hacer de los convenios de concertación, se revelan vicios institucionales, cotos de poder político y económico, expresados en cacicazgos estatales y regionales, así como la insuficiente madurez de las organizaciones. Pese a todo, y sobre esto quisiéramos ser muy enfáticos, la concertación es un camino que las organizaciones campesinas, cualquiera que sea su identificación política e ideológica debemos seguir y ampliar, porque ofrece la posibilidad de constituir un sector social rural capitalizado que influya de manera determinante no sólo en el crecimiento equitativo de la economía nacional, sino, principalmente, en la posibilidad de que se desarrolle un sector con fuerza propia, capaz de influir y participar en la aplicación de la política agropecuaria. La estrategia de modernización del campo ha estado y está sometida a una verdadera prueba de fuego que consiste en hacer compatible el planteamiento globalizador de la política económica con un modelo rural de definido signo social. En este sentido, la mayor fortaleza del sector social, como aspiración hacia un nuevo tipo de crecimiento, es básica para reducir, o, cuando menos, hacer menos pesadas las consecuencias de una política que privilegia la apertura externa sobre el fortalecimiento de bases internas del crecimiento. Hasta la fecha, el ambiente macroeconómico de la aplicación de esa política es adverso al desarrollo de un modelo rural cuyo eje central sea el proyecto social para el bienestar y la democracia económica. A manera de conclusión, si coincidimos en que la práctica social desde la organización campesina es el eje de las reformas en el campo mexicano, debemos primero reconocer nuestro peso específico y concluir que en el desarrollo y acrecentamiento de la fuerza social del sector social rural está en juego el que logremos revertir este panorama adverso, resultado de la apertura externa y de la 36
MODERNIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO desregulación económica. Con ello, señalar que en la construcción del nuevo proyecto de nación las fuerzas sociales debemos actuar en un verdadero programa de convergencia, afianza y unidad. En esta perspectiva quisiéramos señalar que este conjunto de procesos cruzan, en un sentido de cambio y transformación, a todas las organizaciones nacionales y regionales de los campesinos. Desde la Confederación Nacional Campesina, tratamos de reformular el papel de centmj, con mando vertical y despegado de su base, por el de un proceso organizativo articulador y convergente de la demanda campesina, no como administradores o reguladores de sus efectos corrosivos, sino como instrumento coordinador de nuevas alianzas con otras fuerzas, pero manteniendo la fidelidad y el respeto a las instituciones y a nuestro partido. No en una actitud de defensa a ultranza, sino exigiendo que para la conducción y el liderazgo social del campo es irreversible el encauzamiento y solución a sus principales demandas. Es por ello que asumimos con simpatía la creación del Congreso Agrario Permanente, pues vemos en él la cristalización del nuevo consenso campesino, en el que participan prácticamente todas las fuerzas asistentes en el campo. Es para nosotros el instrumento de la rearticulación de las fuerzas sociales hasta ahora dispersas. Si bien es importante que hayamos llegado a este acto de unidad y convergencia campesina, no es suficiente, pues corremos el riesgo de quedar aislados en el contexto de lo rural; para que la cuña apriete es menester que nuestro programa para la transformación rural se articule al de otros sectores sociales, como los son los obreros, los nuevos movimientos urbano-populares, los jóvenes, las mujeres; grupos del gobierno afines a nuestro proyecto y por qué no, empresarios que estén dispuestos a invertir en el campo reconociendo que si bien debe ser negocio para ellos, lo de debe ser asimismo para los dueños de los recursos del campo. 37