estado de situación de los erechos económicos, sociales y culturales en Bolivia al año 2005

D estado de situación de los erechos económicos, sociales y culturales en Bolivia al año 2005 Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Informe de la sociedad civil al Comité del PIDESC de las Naciones Unidas

2 ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN BOLIVIA AL AÑO 2005 Informe de la sociedad civil al Comité del PIDESC de las Naciones Unidas Es una publicación del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo CBDHDD y la Comunidad de Derechos Humanos - CDH Lic. Vladimir Sánchez Coordinador Nacional CBDHDD Lic. Fernando Rodríguez Ureña Secretario Técnico CBDHDD Dra. Mónica Bayá Camargo Secretaria Técnica CDH Responsable de la Sistematización y Publicación: Tania Nava Burgoa Responsable de exigibilidad y justiciabilidad DESC CBDHDD Depósito Legal: Impresión: Editora PRESENCIA 2334210 Impreso en Bolivia julio 2005 Esta publicación se ha realizado con la asistencia financiera de la Comunidad Europea y la Acción Ecuménica Sueca. Los puntos de vista que en ella se exponen reflejan exclusivamente la opinión del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y, por tanto, no representan en ningún caso el punto de vista oficial de los financiadores.

I ndice 3 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL TRABAJO EN BOLIVIA...........................................................7 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD EN BOLIVIA..........................................................65 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA EN BOLIVIA.......................................................111 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA......................................................137 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN BOLIVIA...........................................181 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.................................................189 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS EN BOLIVIA Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES....................................215 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS MUJERES EN BOLIVIA.........................235 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE TIERRAS BAJAS EN BOLIVIA...............................287 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PUEBLOS INDÍGENAS, AFECTADOS POR LAS INDUSTRIAS DE LA MINERÍA, GAS Y PETRÓLEO Y EL CASO DE LAS FAMILIAS CAUTIVAS EN EL CHACO BOLIVIANO................307 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LOS AFRODESCENDIENTES EN BOLIVIA................323 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS/OS JÓVENES EN BOLIVIA......................333 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LOS MIGRANTES EN BOLIVIA......................347

4 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LOS REFUGIADOS EN BOLIVIA.....................363 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA....................................................369 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH Y SIDA EN BOLIVIA............................................383 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA COMUNIDAD GLBT EN BOLIVIA...................387 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN BOLIVIA.................................................389 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN BOLIVIA..............................................395 INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN BOLIVIA..............................................405

Presentación 5 Informe Alternativo de la sociedad civil de Bolivia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. El presente, constituye el segundo Informe Alternativo de la sociedad civil ante el Comité del PI- DESC. El primero, resultó una novedosa experiencia pues hasta ese momento, las organizaciones de la sociedad civil, no habían hecho uso de los mecanismos de seguimiento de los tratados de las Naciones Unidas. Las Observaciones y Conclusiones y Recomendaciones del Comité del Pacto al Estado boliviano que se lograron a partir de ese Primer Informe, motivaron a las organizaciones para hacer seguimiento a las mismas, lo cual redundó en la fundamentación de la demanda social (vgr. temática de tierras), leyes (vgr. Ley del Trabajo Asalariado del Hogar) y propuestas de políticas públicas (vgr.políticas de Salud Sexual y Reproductiva). Estos logros, nos llevaron diseñar un proyecto de elaboración del Segundo Informe Alternativo, entendiendo a este informe como una oportunidad para: a) la investigación especializada en DESC; b) la realización de acciones educativas con los colectivos a los cuales se les presentaba el informe c) y la difusión que permitió una importante participación de organizaciones al momento de presentar el informe en nueve seminarios taller de presentación y discusión del documento en las capitales departamentales de todo el país. El diseño y las investigaciones especializadas se ll e va ron a cabo durante el segundo semestre del 2003. En esta etapa participaron elaborando sus documentos de seguimiento a las recomendaciones del Primer Informe, instituciones especializadas en DESC: a) Centro de Desarrollo Laboral Agrario CEDLA - Derecho al Trabajo b) Red Habitat - Derecho a la Vivienda c) Acción Internacional para la Salud (AIS-Bolivia) - Derecho a la Salud d) Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa CEBIAE - Derecho a la Educación e) Católicas por el Derecho a Decidir CDD - Derechos sexuales y reproductivos y lucha contra la violencia hacia las mujeres f) Defensa de Niños/as Internacional DNI - Bolivia. Derechos de niños/as y adolescentes g) Asociación de Instituciones de Promoción y Educación AIPE - Derecho a la alimentación El resultado de las investigaciones de estas instituciones expertas, se llevó a una publicación que denominamos Informe de Medio Término Seguimiento a las recomendaciones al Estado boliviano por el Comité del PIDESC. Esta publicación a su vez se convirtió en el material de base para la discusión de estos informes en las nueve capitales de departamento, en las que los especialistas, denominados por el Capítulo Boliviano como Relatores de la Sociedad Civil, exponían sus conclusiones. En muchos casos se incorporaron al Informe Intermedio, nuevos datos y apreciaciones que enriquecieron el trabajo iniciado por los siete Relatores de la Sociedad Civil.

6 El documento que llega a sus manos entonces ha implicado la participación de 445 personas, 186 hombres, 259 mujeres de 236 Instituciones de la sociedad civil, lo que hace de los participantes una muestra significativa de la sociedad civil en la discusión de los datos del Segundo Informe Alternativo. Cabe resaltar que este proceso duró diez y ocho meses, desde el diseño de las investigaciones hasta la conclusión del Informe Final. Por otra parte el proceso generado, llevó a que actores sociales específicos como: a) Privados de libertad b) Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales c) Migrantes y Refugiados d) Personas que viven con discapacidad e) Jóvenes f) Personas viviendo con vih y sida g) Pueblos Indígenas h) Afrodescendientes i) Trabajadores y trabajadoras del hogar j) Adultos Mayores k) Mujeres decidieran incorporarse en el informe. Estos actores tuvieron como puntos focales a las siguientes instituciones: a) Capacitación y Derecho Ciudadano CDC b) Adesproc Libertad c) Mesa Técnica de Migraciones d) Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad COBOLDI e) Colectivo Juvenil Decide f) Fundación + Vida g) Centro de Estudios Sociales y Agrarios CESA h) Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social CEJIS i) Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia FENATRAHOB y Fundación Solón j) Interacción y Desarrollo k) Coordinadora de la Mujer De esta manera, 11 actores sociales decidieron participar en el Segundo Informe Alternativo ante el Comité del PIDESC presentando el Estado de Situación de la realización de sus Derechos enriqueciendo con sus aportes el mencionado Informe. Cabe destacar que también para el caso, la elaboración de estos informes estuvo acompañada por procesos de difusión y capacitación. Ponemos en vuestra consideración el producto de este esfuerzo que sin duda dejó importantes aprendizajes. Esperamos que las nuevas recomendaciones que emerjan del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Estado boliviano, sirvan -como ocurriera con el Primer Informe Alternativo- como un nuevo acicate para la vigilancia de la realización de los DESC en Bolivia. Firman todas las instituciones participantes

INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL TRABAJO EN BOLIVIA 7 Autor: CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO (CEDLA) INTRODUCCIÓN El presente informe tiene el propósito de mostrar la situación del ejercicio del derecho humano al trabajo en Bolivia durante el período 2000-2004. El informe tiene como marco las recomendaciones planteadas por el Comité de Seguimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI- DESC) al Estado boliviano. Las recomendaciones tienen relación con las oportunidades de em - pleo, la reducción del desempleo, el mejora - miento de las condiciones laborales de las traba - jadoras del hogar, la supresión del trabajo for - zoso, el derecho a una remuneración justa y el derecho a la huelga. Este informe contiene dos partes: en una primera se analiza la situación reciente del empleo y las condiciones laborales en Bolivia como marco necesario para comprender el estado del derecho humano al trabajo y en una segunda parte, se describen los retrocesos y avances en la normativa y las políticas públicas vigentes con relación al ejercicio de los derechos señalados en las recomendaciones. Las premisas que guían este informe son las siguientes: El derecho humano al trabajo comprende aquel principio universal por el que todas las personas, hombres y mujeres, tienen acceso a un empleo pleno que les permita una existencia digna, vale decir, un empleo protegido y con todos los derechos laborales vigentes. Los derechos laborales constituyen el conjunto de derechos individuales y colectivos que garantizan las condiciones adecuadas de trabajo en las que se desenvuelven los trabajadores. Los derechos individuales comprenden el ejercicio de una jornada de trabajo de 8 horas diarias, una remuneración justa, acceso a la seguridad social, jubilación, cobro de aguinaldo, ropa de trabajo y otros derechos propios de todos los trabajadores. Los derechos colectivos a su vez se refieren a la libre conformación de sindicatos, la afiliación sindical, fuero sindical, el derecho a la huelga y la negociación colectiva. El informe fue elaborado con base en la información estadística disponible y estudios realizados fundamentalmente por el CEDLA. Cabe mencionar el rezago significativo en que recae la información oficial, impidiendo contar con datos actualizados. 1. SITUACIÓN DEL EMPLEO Y LOS DERECHOS LABORALES EN BOLIVIA El programa de ajuste estructural y las reformas al Estado aplicadas desde 1985 no promovieron las condiciones para el desarrollo de la actividad económica y la mejora de la productividad en el país. Contrariamente, tuvieron efectos negativos sobre las condiciones de trabajo y de vida de la población. En el país, la ausencia de una visión de desarrollo, la persistencia de políticas restrictivas dirigidas a mantener la estabilidad de precios, los caminos bajos que ha seguido la reestructuración productiva y la concentración de las inversiones en sectores que no conducen a un crecimiento económico de base amplia, configuraron una estructura y funcionamiento del mercado laboral que mantiene un escenario restrictivo para el empleo, la mejora de los ingresos laborales y otras condiciones de trabajo en el mediano y largo plazo 1 1 Escobar de Pabón, Silvia. Dossier estadístico de empleo, condiciones laborales y dimensiones de género. CEDLA, 2004

8 La situación actual del empleo en Bolivia refleja las tendencias señaladas. El contexto actual está marcado por una aguda crisis económica y productiva, una creciente liberalización de los mercados y flexibilidad laboral, así como por la acelerada integración comercial global en un entorno desfavorable. Este conjunto de procesos han generado la disminución del ritmo de creación de empleos asalariados estables y la sistemática pérdida de derechos. La flexibilidad creciente, estimulada desde el Estado por las políticas de libre contratación y la ausencia de fiscalización en el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley General del Trabajo vigente, ha supuesto la desregulación de facto del mercado laboral, proceso que está asentado en la amplia difusión de estrategias empresariales de reducción de costos laborales. Este proceso ha intensificado el riesgo del desempleo y los grados de explotación de los t ra b a j a d o res en todos los sectores del merc a- do de tra b a j o, donde el subempleo por ingresos afecta a dos tercios de la población ocupada. Así también, el fuerte crecimiento del t rabajo por cuenta propia ha reducido el ing reso medio de los tra b a j a d o res no asalariados; lo que ha inducido a comerciantes minoristas, pequeños pro d u c t o res urbanos y tra b a- j a d o res independientes en servicios a aumentar sus niveles de autoexplotación, en busca de umbrales de ingreso necesarios para su sob re v i vencia. Estas condiciones afectan tanto a hombres como mujeres trabajadoras, sin embargo, persisten fuertes desigualdades entre los géneros, por efecto de la profundización de los procesos de segregación y discriminación laboral en contra de las mujeres, quienes son marginadas cada vez más en trabajos de poca calidad, mal pagados y desprotegidos. Como rasgo característico de esta época, al deterioro creciente de las condiciones laborales, lo denominamos precarización del empleo. Este se expresa en el crecimiento del subempleo, la ampliación de jornadas de trabajo por encima de las condiciones reguladas legalmente, incremento del trabajo a tiempo parcial involuntario, cambios en las formas de contratación que generan inestabilidad laboral o trabajo domiciliario, aplicación de formas de pago a destajo o realización de contratos por obra y bajas remuneraciones que tienen como consecuencia cambios regresivos en la distribución de los ingresos. Además, este proceso de precarización está acompañado por una creciente disminución de prestaciones sociales de corto y largo plazo (salud, seguridad social), la pérdida sistemática del derecho a la libre asociación, el derecho a la huelga y el fuero sindical y la constante amenaza del desempleo abierto. En esta primera parte se analizan los rasgos principales de los cambios en las condiciones del mercado laboral boliviano, durante el período 2000 2004 sin perder el horizonte de un período más largo que comienza el año 1985. 1.1.Características del empleo 2000 2004 2 Características y composición de la oferta laboral La oferta laboral o la población económicamente activa en el período de re fe rencia experimentó un acelerado cre c i m i e n t o, manteniendo una tasa similar a la década de los años 90 que fu e del 6% anual en pro m e d i o. En particular, la o ferta laboral femenina creció en 7,6%, develando uno de los rasgos centrales del tra b a j o contemporáneo en Bo livia, cual es la incorporación casi masiva de la mujer a los mercados de t ra b a j o. Siguiendo esta tendencia, la tasa de participación laboral de la mujer en el 2001 ll e- gó a 47%, con relación al 38% del año 1992. Esta mayor participación se debe esencialmente a la contra cción de los ingresos fa m ili a re s por efecto del desempleo y/o inestabilidad lab o ral de los jefes de hogar hombres, en un contexto de pro fundización de la crisis económica que, desde 1999, re p e rcutió en un ajuste del m e rcado de trabajo por el lado del empleo y los s a l a r i o s. 2 Acápite elaborado con base en La situación del trabajo y género en Bolivia en: Berger, Silvia (Coord). Inequidades, pobreza y mercado de trabajo: Bolivia y Perú. Proyecto Género, pobreza y empleo en América Latina, OIT, Lima, 2003 y Escobar de Pabón, Silvia. Dossier estadístico de empleo, condiciones laborales y dimensiones de género. CEDLA, 2004.

Más mujeres y jóvenes en el mercado de trabajo Gran parte de la oferta laboral está constituida por población joven (10 a 35 años). Junto al aumento de la Población Económicamente Activa se produjo un significativo crecimiento de la población menor a 15 años que, por lo general, tuvo como espacio de trabajo, las actividades informales que se caracterizan por la oferta de empleos desprotegidos. En este sentido, el trabajo infantil actualmente es una expresión dramática de las estrategias familiares de generación de ingresos y de los riesgos de deserción escolar y de inserción laboral precaria que amenaza el futuro de los niños y adolescentes en el área urbana y rural. Crece el desempleo estructural El crecimiento de la oferta laboral contrasta con el ritmo lento de generación de empleo en la economía, agravado por la recesión económica que vive el país y la adopción de medidas empresariales dirigidas a la reducción del número de trabajadores permanentes. Este desequilibrio, acentuado por la pérdida de dinamismo de las actividades que hacen uso intensivo de mano de obra (industria, agropecuaria y construcción) se tradujo en un crecimiento alarmante del desempleo. En el período de referencia, la tasa de desempleo urbano se elevó a niveles de dos dígitos. Según proyecciones del CEDLA, el año 2004, la tasa de desempleo urbano llegó hasta el 13,9% en contraste con el 9,24% registrado el año 2001. En términos absolutos, 362 mil personas no pudieron acceder a un puesto de trabajo en el último año. En general, este fenómeno afecta más a la población joven comprendida entre los 15 y 29 años, a las mujeres (ampliándose en este caso hasta los 34 años), a la población con mayor grado de instrucción (desempleo ilustrado) y a la población masculina mayor a 40 años que afronta mayores dificultades para encontrar un nuevo empleo. Un rasgo central del desempleo urbano en la actualidad, es el crecimiento de la tasa de cesantía. El subempleo se amplía La situación del desempleo urbano en el país a d q u i e re connotaciones más críticas si se cons i d e ra los niveles de subempleo que afectan a un porcentaje importante de la población ocupada. La información disponible para el año 2001, muestra que un 36% de la población ocupada se encontraba subutilizada tomando en cuenta el número de horas de trabajo (j o r- nada involuntaria inferior a las 35 horas semanales. A su vez, el subempleo por ingresos se amplía al 62%, y comprende a todos aquell o s t ra b a j a d o res que perciben un monto inferior al costo de la canasta normativa alimentaria (Bs. 8 0 0 ). Más empleo en el sector informal El bajo ritmo de crecimiento de la economía b o liviana, su composición centrada en sectores intensivos en capital y la ausencia de políticas de desarro llo pro d u c t i vo, se traduce en la reducida generación de nuevos empleos fo r- males y estables. Esto ha ll e vado a la población a desplegar estrategias de sobre v i ve n c i a y en particular, estrategias fa m ili a res de tra b a- jo que se expre s a ron en una mayor incorporación de miembros de la fa m ilia en el sector info r m a l. En el año 2001, 65 de cada 100 nuevos empleos fu e ron creados por las actividades económicas informales y 32 por el sector empresarial y estatal. De los empleos generados en el sector informal, 57 corre s p o n d i e ron a las unidades económicas fa m ili a res y 8 a unidades s e m i e m p resariales. La característica esencial de estos empleos es su precariedad y desprot e cción legal, que se traducen en bajos ingresos, largas jornadas de tra b a j o, eve n t u a lidad y la ausencia casi absoluta de ejercicio de derechos laborales. En este panorama, el empleo femenino re s u lta más afectado por cuanto 75 de cada 100 mujeres ocupadas desarro ll a ro n su trabajo en el mundo informal. En perspectiva, esta situación define la tendencia hacia una m ayor segregación de la mujer en el acceso al e m p l e o. 9

10 CUADRO 1: Bolivia, ciudades capitales (1), estructura de la población ocupada por sector del mercado de trabajo, según sexo. 1992-2001 Menos empleo productivo y más empleo terciario Con el aumento del empleo informal se aceleró la terciarización del empleo en el país, es decir, la presencia de un mayor número de ocupados en el comercio y los servicios, particularmente en pequeñas unidades económicas. En el año 2001, el 54% de la población ocupada estuvo ligada al c o m e rcio y los servicios en contraste a una disminución paulatina del empleo en la manufa c t u- ra que en ese año, descendió hasta el 15% en el caso de los hombres y el 12% entre las mujere s. El empleo en la construcción, experimentó también una aguda contra cción en el 2001 (7%) y m u e s t ra cifras negativas hasta el 2004. El trabajo asalariado disminuye Otro rasgo del empleo urbano tiene relación con la disminución del empleo asalariado que para el año 2001 llegó a 46%, luego de haber mostrado una participación del 54% en el año 1992. En el caso de las mujeres, la participación se mantuvo en torno al 32%. De este porcentaje, 7 de cada 10 asalariadas se encontraban en actividades terciarias, ubicadas principalmente en los servicios públicos del Estado y los servicios personales directos; lo que indica las dificultades de acceso de las mujeres a empleos productivos. En general, menos empleo asalariado en un contexto de uso flexible de la fuerza laboral, significa una preocupante reducción de las condiciones para el ejercicio de derechos laborales, con la consiguiente ampliación del trabajo precario y desprotegido asentado esencialmente en el mundo del trabajo independiente y por cuenta propia. Más trabajadores no calificados Un aspecto que refuerza el carácter precario del empleo en Bolivia, es la creciente concentración de trabajadores en las ocupaciones que exigen menos calificación en su desempeño. Justamente en el año 2001, el 75% de la población ocupada se encontraba desempeñándose en tareas de escasa calificación, expresando la consolidación de una estructura ocupacional esquiva a procesos de movilidad ocupacional y la mejora de las condiciones laborales. Este recuento de los rasgos sobresalientes de la situación del empleo en Bolivia, revela una situación crónica de inseguridad en el empleo y/o en los ingresos y una mayor desprotección social de los trabajadores que da lugar con más fuerza que antes a situaciones de desintegración social, en un movimiento constante de inclusión y desafiliación que ha llevado al empo-

brecimiento de la población en los principales centros urbanos del país. La migración laboral fue persistente Sin duda, la migración interna, impulsada entre otros factores principales por motivos laborales, continuó durante el período de referencia, ratificando la tendencia del proceso permanente de expulsión de habitantes de las áreas rurales en general y de ciudades deprimidas económicamente como Potosí y Oruro hacia las ciudades capitales del eje central urbano del país. Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2001, las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba captaron gran parte de los movimientos migracionales, incidiendo fuertemente en la dinámica de la oferta laboral y en la estructura ocupacional de estos centros urbanos. C o n c o m itante con este pro c e s o, los mov i m i e n t o s m i g ratorios internacionales, de carácter más def i n it i vo que temporal, se acentuaron durante el p e r í o d o, siendo las ra zones laborales y la búsqueda de mejores condiciones de vida, las principales argumentos de la emigración. Algunos datos de las oficinas de migración departamentales dan cuenta que desde el año 2000 hasta la fecha creció considerablemente el número de ciudadanos que efe c t i v i z a ron su salida, a países extra n j e ro s. España, Francia y EE.UU. aparecen como los destinos principales, mientras que Argentina y Bra s il f i g u ran entre los países latinoamericanos donde se dirigen los flujos de más larga data. A su vez, datos de la Dire cción de Asuntos Externos de la Cancillería re ve l a ron que, hasta el año 2 0 0 4, 1.628.821 bolivianos radican en otros países, debido a que muchos perd i e ron la fe en el país, d e c i d i e ron buscar nuevos horizontes y fu n d a m e n- talmente mejorar sus condiciones de vida. Arg e n- tina es el país con mayor número de emigra n t e s b o livianos (947.503) seguido de Bra s il (250 mil) y Estados Unidos (160.323). In formación extra o f i c i a l da cuenta de un mayor número de residentes bolivianos, por ejemplo, en la Argentina habitaría alrededor de 1 millón y medio de connacionales. 1.2 Situación de las condiciones laborales 2000-2004 3 1.2.1. Estabilidad laboral Uno de los principales efectos de la amplia difusión de formas flexibles de uso de la fuerza laboral en el país, fue la disminución constante de la p ro p o rción re l a t i va de los tra b a j a d o res con cont ratos por tiempo indefinido. In formación disponible para el año 2001, muestra que 7 de cada 10 tra b a j a d o res contaba con una seguridad re l a- t i va en el empleo. Al respecto es necesario advertir que no existe una medición adecuada del indicador de estabilidad laboral en las encuestas de hogares. Sin embarg o, el examen de otras variables permite aseve rar que la estabilidad laboral es una de las condiciones que más se ha det e r i o rado con el tiempo. Una de estas va r i a b l e s re vela que de cada 10 tra b a j a d o res, 4 no estaban re g i s t rados en planillas de las empresas emp l e a d o ras, lo que muestra la situación crítica que c a racteriza a la estabilidad labora l. Analizando la estabilidad laboral por sectores, puede constatarse que, en el año 2001, los trabajadores asalariados de los sectores semiempresarial con el 61% de ocupados permanentes y empresarial con el 71%, se perfilan como los más vulnerables a la incertidumbre laboral, en particular en los rubros de la manufactura y del comercio, restaurantes y hoteles. 11 CUADRO 2: Bolivia-Ciudades capitales: Asalariados según estabilidad laboral por sectores de mercado de trabajo. 1992 2001 Total 78.0 72.0 Estatal 92.8 87.1 Empresarial 74.3 70.7 Semiempresarial 66.7 60.8 Fuente: EIH-1992, Mecovi 2001, INE. Elaboración CEDLA. 3 Acápite elaborado con base en el Dossier estadístico de empleo, condiciones laborales y dimensiones de género. Escobar, Silvia, CEDLA, 2004

12 La tendencia a la inestabilidad acentúa a su vez la disminución en la antigüedad media en el empleo reduciendo considerablemente la posibilidad de una vida laboral en ascenso a partir de la promoción por tiempo de servicio y capacidad; de esta manera se configura trayectorias erráticas y vulnerables donde la experiencia y capacidad ya no son apreciadas ante la creciente adopción por parte de los empresarios de una estrategia de ahorro en los costos laborales directos e indirectos, la preferencia por el empleo temporal y la externalización de algunas fases del proceso de producción. Pa ra 1992, la ola de despidos había dejado como saldo una antigüedad promedio muy baja entre los asalariados (6.6 años). Asimismo, en el trabajo independiente, fa m iliar y por cuenta propia, también el promedio de duración en un empleo había disminuido a 7.8 años. Pa ra el año 2001, la sit u a c i ó n tendió a agravarse por cuanto el promedio de antigüedad disminuyó en dos años adicionales, con p e o res re s u ltados para los obre ros que no supera n los 3 años de permanencia en un empleo. El punto de inflexión se sitúa en torno al tramo de 2 a 3 años de antigüedad en todas las categorías de asalariados y en los distintos sectores de la economía, un rasgo que puede estar asociado a las pre s- cripciones de la normatividad laboral en cuanto al carácter indefinido de una contratación que se ren u e va por dos veces consecutivas. Todo esto condujo a la configuración de una tendencia a una m ayor mov ilidad e inestabilidad labora l. En general, durante el período, las dife rencias en el p romedio de permanencia entre hombres y mujeres fu e ron poco re l e vantes, impactando en ellos de m a n e ra similar la incertidumbre que emerge del empleo temporal, en muchos casos, como la única forma de empleo, tal como ocurre con los tra b a j a- d o res más jóvenes para quienes el trabajo permanente es una forma contractual poco fre c u e n t e. 1.2.2. Jornada de trabajo D u rante el período de análisis, el comportamiento de la jornada de trabajo experimentó algunos cambios que parecen mostrar una mejora en este indicador. En los primeros años de la década del 90, las jornadas semanales de trabajo se increm e n t a ron en todos los sectores del mercado laboral elevando el promedio a 48 horas, siendo mayo r en los sectores empresarial y semiempre s a- rial, donde la jornada promedio estaba por encima de las 52 horas. Contrariamente, en el 2001 las jornadas disminuye ron a un promedio de 43 h o ras en todos los sectores y rubros de actividad, re velando de esta manera un aparente pro g re s o en el cumplimiento de la norma laboral en cuanto a la jornada laboral (48 horas semanales en homb res y 40 para mujeres). Sin embarg o, este fe n ó- meno de disminución se expli c a fu n d a m e n t a l- mente por la crisis, la recesión económica iniciada en 1999 y un aumento del empleo a tiempo parcial que disminuye las horas pro m e d i o, ocult a n d o la situación de disponibilidad permanente a la que se somete un alto porcentaje de los tra b a j a d ores. Cuadro 3: Bolivia ciudades capitales: Jornadas semanales promedio según sector del mercado de trabajo y actividad 1992 2001 % ocupados con jornada mayor a la norma Total 48 43 42 Estatal 41 40 10 Empresarial 52 49 40 Semiempresarial 51 47 40 Familiar 46 38 31 S. Doméstico 58 53 90 Total 48 43 Industria Manufac. 48 42 36 Construcción 51 48 43 Transp. y Comunic. 61 56 60 Comercio, Rest. Hot. 50 42 34 Serv. Soc. y comunales 42 39 38 Otras Ramas 48 41 40 Fuente: Elaboración propia con base en EIH-1992, Mecovi 2001, INE.

Considerando a los ocupados que tienen jornadas semanales superior a la norma se evidencia que el 42% está sujeto a esta condición en los sectores empresarial y semiempresarial, resultado de la adopción de modalidades de remuneración flexible basadas en indicadores de productividad. Esto quiere decir que, los asalariados en estos sectores, trabajan bajo la presión de cuotas de producción que los obliga a extender su jornada, la misma que no es reconocida para el pago de horas extraordinarias (Escobar de Pabón, 2003). A este hecho debe sumarse que el temor al despido se convirtió en el principal factor de disciplinamiento de los trabajadores, posibilitando de esta manera la profundización de la flexibilidad horaria en estos sectores. El comportamiento mostrado por los trabajadores del sector familiar fue diferente. La jornada semanal disminuyó de 46 a 39 horas debido por una parte, al aumento de trabajadores en su mayoría mujeres y jóvenes que participaron en pequeñas actividades con escasos medios o en condición de familiares no remunerados para trabajar en jornadas parciales o por horas. Por otra parte, esta disminución se explica por la caída de la capacidad de compra de los hogares (demanda) que incidió de manera significativa en la reducción involuntaria de las horas promedio de trabajo en este sector. Este panorama quedaría incompleto, si no se menciona a sectores como la construcción, el servicio doméstico o a rubros como el beneficiado de la castaña, el transporte y la agricultura capitalista; donde la jornada promedio semanal supera normalmente las 48 horas y que no tiene como correlato un incremento de los salarios. Asimismo, desde la dimensión del trabajo femenino e infantil, también es fácilmente observable la extensión de la jornada de trabajo, por su mayor inserción en actividades como el servicio doméstico que exigen jornadas superiores a las 50 horas. 1.2.3. Salarios e ingresos A partir de 1993, la información disponible da cuenta de la recuperación de los salarios e ingresos en todos los sectores del mercado de trabajo, efecto principalmente de las bajas tasas de inflación que pasaron a situarse a niveles de un dígito hasta el 2004. Esta recuperación sin embargo, no significó precisamente una mejora en los niveles salariales y la capacidad de compra de los salarios. Para mostrar lo señalado y otros aspectos diferentes de la situación de los salarios e ingresos, acudiremos a dos indicadores adicionales: la mediana (monto promedio que percibe el 50% de la población) y su equivalente en unidades de canasta normativa alimentaria (CNA). La mitad de los trabajadores perciben ingresos inferiores al promedio Tanto en 1992 como en el año 2001, el 50% de la población ocupada percibía un ingreso por debajo del promedio. En este último año, la mediana de ingresos apenas representaba el 60% del ingreso promedio estimado en 1.400 bolivianos, descubriendo de este modo, la extensión e intensidad del problema de los bajos ingresos entre la población ocupada. Este indicador estaría revelando la distancia entre los ingresos que percibe un reducido grupo de trabajadores calificados (16%) y el resto de la fuerza laboral (84%). Nueve de cada diez ocupados tiene un ingre so medio inferior a la canasta básica Habida cuenta de la existencia de 1.7 ocupados por hogar y que el costo de la canasta alimentaria es equivalente al 50% del valor de la canasta de consumo total, se asume que cada preceptor de ingresos debiera contribuir, al menos, con el equivalente a una Canasta Normativa Alimentaria (Bs. 800) para cubrir los costos de una canasta básica de bienes y servicios. Con estos parámetros la situación que se observa ya en el año 2001, es muy crítica. E n t re 1992 y 2001, el ingreso promedio del total de los ocupados apenas aumentó de 0.9 a 1.1 Canastas Alimentarias (CNA). Te n i e n d o en cuenta que el 50% de los tra b a j a d o res percibe un ingreso inferior al pro m e d i o, es posible concluir que con los salarios vigentes, una g ran mayoría de los hogares no está en capacidad de satisfacer sus necesidades básicas 13

14 con el fruto de su tra b a j o. Con excepción del sector estatal, la genera lidad de los salarios p romedio no supera a 2 Canastas Normativa s A limentarias es decir, el equivalente al costo de una canasta total (Bs. 1600). Este hecho i n f l u ye directamente en una re d u cción de la capacidad de los ingresos fa m ili a res, lo que en parte explica el aumento explosivo de la ofe r- ta laboral, en particular entre los hogares que pertenecen a la clase obre ra y a los grupos de t ra b a j a d o res no manuales. Las brechas de ingreso entre hombres y mujeres se mantiene D u rante el período, el ingreso promedio de las m u j e res se mantuvo cercano al 50% del que obtienen los hombres, aunque mostrando una l e ve mejora desde el 2001. Sin embarg o, este dato es engañoso porque antes que re f l e j a r una menor discriminación salarial de las mujeres, oculta el proceso de mayor deterioro del i n g reso de los hombres y la casi masiva presencia de las mujeres en unidades económicas informales donde predomina en las actuales condiciones, el empleo pre c a r i o. Las brechas de ingresos entre hombres y mujeres se explican principalmente por los cambios en la posición de las mujeres en la estructura ocupacional. Así el menor acceso a ocupaciones directivas en el sector estatal redunda en una brecha más signif i c a t i va (65%), en comparación con lo que ocurre en el sector empresarial donde las diferencias tienden a cerrarse (87.3%), como resultado de una cierta selectividad en favor de las mujeres más escolarizadas para el desempeño de puestos de trabajo que antes eran básicamente ocupados por los hombres. C o n t rariamente, las brechas de ingreso en el n i vel ocupacional inferior siguen siendo elevadas, tanto entre los asalariados como entre los t ra b a j a d o res independientes. Entre los asalariados destaca la precaria situación de las obreras y tra b a j a d o ras no calificadas de los servicios que perciben montos infe r i o res a los de los hombres. A su vez, entre los tra b a j a d o res independientes la brecha amplia se mantuvo, debido a la mayor presencia de las mujeres en los r u b ros del comercio y los servicios que ofre c e n los menores retornos a sus ocupadas. Siete de cada diez trabajadores está subempleado por ingresos. En el año 2001, el 62% de los ocupados se enc o n t raba subempleado por ingresos, es decir, que el tiempo de trabajo invertido por esta importante pro p o rción de tra b a j a d o res en los dife rentes sectores no se refleja pre c i s a m e n t e en una mejora sustancial de los salarios. La referencia a que el subempleo era un fenómeno típico de los sectores familiar y semiempresarial se va debilitando sustancialmente, porque durante el período, la información disponible revela que el subempleo fue también patente en el sector empresarial. Es así que en todos los sectores, la proporción de subempleados supera el 55%, evidenciando que el ajuste por salarios ha sido otra de las principales estrategias de las empresas de mayor tamaño para mantener un cierto umbral competitivo en los mercados. Distribución re g re s i va de los ingresos labora l e s. Datos del 2001, denotan que la distribución fu n- cional del ingreso en favor de los empleadore s y la mayor dife renciación salarial entre los trab a j a d o res calificados y no calificados provo c ó una mayor concentración del ingreso entre el 20% más rico de la población ocupada que se a p ropia del 57.9% de la masa salarial, 2 % más que en 1992; mientras que el 20% más pobre redujo su participación del 4.2% al 3,2%. Estas condiciones dife renciadas de apropiación del ing reso acentúan las brechas sociales puesto que la relación entre el quintil superior y el infe r i o r ha pasado a ser 18 veces mayor (5 veces por encima de la re g i s t rada en 1992). 1.2.4. Menor cobertura de las prestaciones sociales 4 Con la reforma del sistema de pensiones y su 4 Apartado basado en el documento Trabajo y Género en Bolivia: 1992 2001 de Silvia Escobar (2003) realizado por encargo de la OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Mimeo e información de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, www/spvs.gob.bo

privatización en 1997, el rol social de este servicio fue desplazado por el interés financiero. El principio de la seguridad social como un derecho desapareció. A 7 años de su aplicación, se puede afirmar que la reforma de pensiones fue un fracaso por cuanto sus objetivos de ampliación de la cobertura de afiliación (en particular de los trabajadores independientes), la elevación y mantenimiento del valor de las jubilaciones y la sostenibilidad financiera basada en el autofinanciamiento, la transparencia y eficiencia de las inversiones y la capacidad de enfrentar las crisis económicas y fortalecer el mercado de valores; derivaron en procesos parciales e inviables. Si bien en términos absolutos, la cobertura hasta fines del año 2004 alcanzó a 878.343 afiliados, mostrando un crecimiento del 179% con relación al número de afiliados del sistema de reparto en 1996; la participación de los trabajadores independientes tuvo un escaso incremento en los 7 años de aplicación de la reforma. Hasta diciembre de 2004, la proporción de afiliados independientes con relación al total representaba tan sólo el 4.3%. La razón para esta baja cobertura se debe esencialmente a que los ingresos de estos trabajadores son bajos (en promedio 127 dólares) y no resulta atractivo para las AFP administrar fondos pequeños que no generan utilidades importantes. Lo más re l e vante en esta evolución es que, el n ú m e ro de aportantes (tra b a j a d o res que cotizan regularmente) fue paulatinamente disminuye n- do de un 17.1% re g i s t rado el año 2001 a 16% a fines del 2004. Estos datos muestran que no se logró un impacto en la ampliación de la cobertura y que por el contra r i o, la re forma ha generado un proceso mayor de despro t e cción social. La perspectiva de la reforma en contribuir a impulsar la actividad económica a través del mercado de valores, tampoco tuvo una trayectoria favorable debido a que, hasta ahora, gran parte de los recursos provenientes de los fondos de ahorro se destinaron a financiar los gastos del Estado (90%), originados por los costos de la propia reforma y un déficit fiscal que hasta fines del 2003 superó el 8%. En este sentido, la rentabilidad de los fondos no esta garantizada, por cuanto la inversión en valores estatales no asegura un retorno adecuado. Por otra parte, la sustitución del sistema de reparto por el de capit a lización individual signif i c ó anualmente para el Estado, la suma de 350 mill o- nes de dólares durante las gestiones de 1997 a 2001, esto es el 4% del PIB. Este costo fue financiado con recursos externos en un 60% y el re s- tante 40% con recursos internos, derivándose una situación de endeudamiento del país. Hasta d i c i e m b re de 2004, la deuda externa ascendía a algo más de 4.600 millones de dólares. A su ve z, la deuda interna hasta la misma fecha, alcanzaba a 2.500 millones de dólares y cuyos intereses y p l a zos son más exigentes con relación a los crit e- rios impuestos por las entidades mult il a t e ra l e s. Desde la perspectiva del derecho de los trabajadores a contar con una renta de jubilación, el panorama se perfila bastante sombrío. En las actuales condiciones, la posibilidad de tener una renta vitalicia implica tácitamente la extensión de la vida laboral del trabajador. La situación de las trabajadoras fabriles de la castaña constituye un ejemplo claro de esta afirmación. Una trabajadora de este rubro si pretende contar con una renta mínima legal del 70% con relación al Salario Mínimo Nacional, deberá trabajar el doble de años que se requerían en el sistema de reparto (38 años). Asimismo, la reforma no asegura el pago de la renta mínima vitalicia, ya que los trabajadores que no hubieran alcanzado el monto suficiente para financiar al menos el 70% del salario mínimo nacional a la edad de 65 años, sólo obtendrían una renta equivalente a ese porcentaje hasta que se agoten los recursos, es decir, un monto por un período temporal que no coincide con su esperanza de vida. Finalmente, información de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros da cuenta de la existencia de varias empresas privadas que son consideradas morosas por no haber depositado oportunamente en las AFP, los aportes retenidos de los trabajadores; infringiendo de esta manera la norma que regula los depósitos y esencialmente, atentando contra los derechos de los trabajadores. 15

16 1.2.5. Accidentes de trabajo y lesiones profesionales La tasa de accidentes laborales en Bo livia aumentó en 1,52% en los últimos 10 años (1993 2003) con un incremento de 2,99% a 4, 5 1 % a ccidentes por cada 10.000 tra b a j a d o res, según datos pro p o rcionados por las empresas al Ministerio de Tra b a j o. Los sectores con mayo r riesgo continúan siendo la construcción y la m a n u fa c t u ra donde se concentran más del 60% de los accidentes anuales. Los gastos debido a p restaciones por riesgo pro fesional en cuatro años (desde 2000) casi se duplican (de Bs 42,8 m illones a Bs 75 millones); ra t ificando la existencia de mayor incidencia de accidentes. En c o n t raste, en La Paz sólo el 41% del total de e m p resas indican aplicar la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (No. 1 6 9 9 8 ) 5, lo que re vela el grado deficiente de atención de los riesgos laborales. Pa r t i c u l a r- mente en el caso de la construcción, los acc i- dentes graves y muertes generalmente no son atendidos por los empleadores, debido a la fig u ra de subcontratación que se presenta en esta rama. Siguiendo esta línea de re fe rencia, la extensión del empleo por contrato temporal ha d e r i vado en que gran parte de las empre s a s formales particularmente, ignoren la atención de accidentes en los tra b a j a d o res. De acuerdo a la Ley General de Higiene, Se g u- ridad Ocupacional y Bi e n e s t a r, la re s p o n s a b ilidad en la pre vención de accidentes de tra b a j o y el control de las condiciones de higiene y seguridad laboral recae en el Ministerio de Tra b a- j o, a través de la Inspectoría de Trabajo y Seguridad Industrial, instancia que tiene la fa c u l- tad de fiscalizar y controlar las condiciones de t rabajo y seguridad en las empresas de todo el t e r r itorio nacional. Sin embarg o, por fa lta de recursos técnicos y humanos y sobre todo por poner en un plano secundario el tema laboral en las políticas gubernamentales, dicha instit u c i ó n se li m itó a re g i s t rar en sus estadísticas la info r- mación proveniente de las empresas, imposibilitados incluso de ve r ificar la autenticidad de los datos. 2. POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DEL PIDESC 2.1 El carácter y contenido de las políticas públicas 2000-2004 En este informe, asumimos que el comportamiento y cambios en los mercados de trabajo, son resultado de las decisiones y de las prácticas, tanto públicas como privadas que se despliegan en la sociedad boliviana. Del mismo modo, los determinantes centrales de la situación del empleo y las condiciones laborales son el crecimiento económico, su composición y la distribución del ingreso. Bajo este enfoque, durante el período de análisis, las políticas públicas continuaron la orientación del proceso abierto desde 1985 en sentido de privilegiar la estabilidad económica con relación al crecimiento económico y encarar reformas y políticas sociales que tuvieron escaso impacto en la distribución de la riqueza y por el contrario, profundizaron la desigualdad social y la pobreza 6. E n t re el 2000 y 2004, las políticas impulsadas por los gobiernos para incidir en la re a c t i vación de la economía y la generación de empleo, fu e ron de corto plazo y diseñadas para actuar sobre las consecuencias y no sobre las causas que originaron los problemas. Específicamente, las políticas de re a c t i vación económica no contemplaron la búsqueda de efectos en el empleo, re m it i é n d o s e sólo a alcanzar re s u ltados aislados en determinado sector de la economía. A su vez las políticas de empleo (si es que podrían llamarse así) cons i s t i e ron en el planteamiento de medidas de alivio a la pobreza extrema y no en la genera c i ó n de nuevos empleos estables y pro t e g i d o s. En este marco, la situación del derecho humano al trabajo y de los derechos laborales en sentido amplio, mostró retrocesos antes que avances por el grado de inseguridad laboral en que se debaten los bolivianos y bolivianas y la imposi- 5 Fuente consultada: entrevista al Ministro de Trabajo, Juan Subirana por El Deber, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, lunes 02 junio de 2003 6 Escobar de Pabón, Silvia. Medidas paliativas para enfrentar el desempleo galopante, en: Economía y sociedad boliviana después de octubre de 2003, CEDLA 2004.

bilidad de gran parte de ellos de acceder a empleos plenos. Veamos a continuación, el estado de estos derechos siguiendo las recomendaciones del PI- DESC. 2.2 Situación de los derechos individuales 2.2.1 Derecho al trabajo Recomendación 32 El Comité recomienda al Estado Parte que adopte y aplique programas para aumentar las oportunidades de formación técnica y profesional y las oportunidades de trabajo y reducir el desempleo. Inicialmente, re v i s a remos bre vemente el estado de situación de la normativa internacional y nacional al re s p e c t o, para luego analizar las oportunidades de trabajo que tiene la población boliviana, el panorama del desempleo y las políticas ejecutadas re feridas a estos aspectos. a) Normativa internacional y nacional Bo livia ha ra t ificado 44 Convenios de la Org a- nización Internacional del Trabajo (OIT), de un total de 140 7 en el período comprendido entre 1954 y 2003; es decir, como Estado, se ha susc r ito el 31% de la normativa internacional lab o ral. Del total de convenios, ocho son considerados fundamentales para la defensa de los derechos de quienes trabajan, ya que contienen los instrumentos necesarios para luchar libremente por la mejora de las condiciones de trabajo individuales y colectivas. De estos convenios, Bolivia no ha signado el Convenio 29 referido al trabajo forzoso, a pesar de haber incorporado a su legislación el Convenio 105, complementario al anterior (Véase el anexo 6 sobre el texto del Convenio.). Asimismo, el Estado boliviano se mantiene sin firmar el Convenio 144 referido a la Consulta Tripartita, pese al antecedente de haber reconocido los convenios 81 sobre la Inspección del Trabajo, el 129 sobre la Inspección del Trabajo Agrícola y el 122 sobre la Política de Empleo (véase anexo 7 sobre el contenido del Convenio 144 y el anexo 8 sobre los documentos ratificados por el país). A partir de la década del 90 hasta nuestros días, las diversas legislaturas en democracia no han demostrado un especial interés en la firma de los convenios de la OIT, adscribiéndose sólo a aquellos que fueron parte de campañas mundiales específicas (por ejemplo la erradicación del trabajo infantil). El siguiente cuadro ilustra las temáticas de los convenios ratificados. 17 Cuadro 4: Bolivia, Convenios de la OIT ratificados entre 1990 y 2003 Año de ratificación Contenido C.105 1990 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso C.138 1997 Convenio sobre la edad mínima para trabajar, fijada en 14 años. C.156 1998 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares C.159 1996 C o nvenio sobre la readaptación pro fesional y el empleo (personas inv á lidas) C.160 1990 Convenio sobre estadísticas de trabajo. C.162 1990 Convenio sobre el asbesto C.169 1991 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. C.182 2003 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. 7 Si bien la OIT cuenta con 185 convenios propuestos a los países, 45 se excluyen porque se trata de convenios que no son pertinentes a la realidad boliviana (sobre todo referentes al trabajo portuario o marítimo) y, en otros casos, el país ha signado los convenios revisados (más actuales), dejando de lado los anteriores.

18 Los convenios suscritos por el Estado boliviano no tienen impacto alguno en garantizar el derecho al trabajo de la población boliviana por cuanto son desconocidos generalmente considerando la permanente violación de los derechos laborales por parte del propio Estado y los empresarios y la desestructuración continua de las condiciones económicas que impiden contar con un empleo pleno. De hecho, el Estado no ha demostrado ningún interés en difundir los contenidos de los convenios pertinentes y menos en desarrollar normativas y acciones de política protectoras del trabajo. Respecto a la legislación laboral nacional vigente, pese a estar vigente una Ley General del Trabajo que respeta en alto grado los derechos económicos y laborales de los trabajadores, el Estado durante el período de referencia, no sólo no ha cumplido con su obligación de exigir su cumplimiento sino que deliberadamente puso obstáculos para transformar la ley, no obstante haber considerado la necesidad de reformarla en un contexto donde la flexibilización laboral se profundizaba sin control. Durante el período, no se produjo reforma laboral alguna en la Ley General del Trabajo ni en el Régimen Social de la Constitución Política del Estado, pese a intentos de los gobiernos de turno en consonancia con los intereses de grupos empresariales y las presiones de los organismos multilaterales para propiciar cambios globales en la ley laboral, orientados por un enfoque de mercados laborales flexibles. Es necesario destacar que la flexibilización se impuso a través de prácticas ilegales contrarias a la normativa vigente, frente a la omisión de deberes y obligaciones legales del Ministerio de Trabajo que adoptó no sólo una actit u d p e r m i s i va sino cómplice en la violación de las normas socio-laborales que, actualmente se p retenden afirmar mediante la legalización de c o nvenios colectivos pactados entre obre ros y e m p l e a d o res donde de común acuerdo establecen condiciones laborales que violan lo establecido por ley. A continuación, mencionaremos los principales aspectos normativos que afectaron los derechos individuales y colectivos de los trabajadores 8 : i) Contratación laboral directa: Desde la emisión del D.S 21060 que vulnera el texto y tenor de la Constitución Política del Estado así como la Ley General del Trabajo y la Legislación laboral, se fue incrementando ilegalmente la eventualización del trabajo, vulnerando los artículos 1 y 2 del D.S 16187 que prohibe los contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de una empresa. Del mismo modo, vulnera los preceptos constitucionales y legales relativos a la estabilidad y permanencia en el trabajo. Por otra parte, en cuanto al período de prueba de la relación laboral en los contratos de trabajo, la legislación laboral boliviana considera que se reputa como tal a los tres meses iniciales de la contratación, sin embargo, cada vez son mas frecuentes las prácticas ilegales de suscripción de contratos sucesivos de 89 días (cuidándose de pasar los 90 días), con la finalidad de evitar las cargas sociales toda vez que se haya cumplido el período de prueba. Otra de las formas de vulneración de la legislación vigente es el despido de trabajadores y su inmediata recontratación, sujetando nuevamente a los trabajadores al período de prueba. Algunos de estos casos fueron correctamente sancionados por la Judicatura laboral, disponiendo la reincorporación de los trabajadores con reconocimiento de su antigüedad o el pago de todos los derechos correspondientes, en forma retroactiva o desde la fecha inicial de la contratación. Con relación a los contratos por tiempo indefinido o permanente, una vez concluida la relación laboral, la ley establece que el pago de beneficios sociales debe efectuarse dentro de los 15 días de producida la ruptura de la relación laboral. Sin embargo, suele pasar mucho tiempo sin que se efectivice el pago 8 Para puntualizar estos aspectos se recurrió al documento sobre la «Matriz de levantamiento de información laboral», elaborado por Rubén Gamarra, en el marco de la Campaña Regional por el Derecho al Trabajo impulsado por la Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2004.

en perjuicio de los trabajadores o en su defecto sujetarse al pago a plazos o en varias partidas, contraviniendo la Ley General del Trabajo y la legislación laboral en general. ii) Intermediación laboral: Pese a la expre s a p rohibición contenida en la legislación laboral, la figura de los enganchadores o intermediarios, continúa aplicándose en las re l a- ciones laborales, fundamentalmente en el t rabajo temporal o estacional del sector agrícola. De la misma manera, con el D. S. 21060 se permite el funcionamiento de las Oficinas de colocación privadas orientadas al tra b a j o d o m é s t i c o, sin que la Inspectoría del Tra b a j o se haya manifestado al re s p e c t o, pese a las permanentes denuncias por abusos o estafa s p resentadas por las tra b a j a d o ras del hogar en dife rentes ciudades del país. Asimismo, existen empresas que contratan trabajadores para que cumplan funciones en otras entidades (por ejemplo, el caso del personal bancario, mayormente cajero s, ujieres, etc.) donde prestan servicios sin relación de dependencia laboral, con el agravante de que las empresas contratantes pagan sumas significativas por el servicio de contratación a las intermediarias. En contraste, los trabajadores perciben montos que bordean el salario mínimo nacional. Estas prácticas de intermediación son ilegales por estar prohibidas expresamente por la legislación laboral, sin embargo, son recurrentes ante la indiferencia del Ministerio de Trabajo a través de sus inspectorías. iii) Subcontratación: Con la permisividad que confiere el D.S 21060 en cuanto a la libre contratación, se han introducido más y nuevas prácticas ilegales que ocultan relaciones típicas de trabajo en contratos de carácter civil como los conocidos contratos de prestación de servicios o simplemente contratos civiles que recurren a la subcontratación, con la única finalidad de soslayar las cargas sociales conforme a la legislación, trasladando la responsabilidad a los subcontratistas - que generalmente son personas sin empresa y sin capital - que contratan a trabajadores cuya labor va en beneficio directo a la empresa contratante, sin responsabilidad subsidiaria con los trabajadores contratados. En el sector empresarial, la figura de la subcontratación toma ribetes de mayor gravedad. Las empresas de este sector, argumentando diferentes razones, se desligan de grupos de trabajadores propiciando la formación de microempresas o de cooperativas de trabajadores a las que se encarga tareas y fases del proceso productivo fuera o dentro del espacio físico de la empresa. En estos casos, la relación laboral se trastoca en una aparente relación civil, por la que, los trabajadores pierden todos los beneficios sociales reconocidos por la legislación laboral y son obligados contrariamente, a emitir factura por los supuestos servicios que prestan. Todo esto ocurre, pese a la vigencia del D.S. 23570 que establece las características esenciales de una relación laboral y que, cuando éstas concurren, los trabajadores gozan de todos los derechos reconocidos legalmente. iv) Convenios colectivos de trabajo: El derecho a la negociación colectiva se encuentra garantizado por la legislación, de manera tal que todo sindicato cuando así lo considere necesario presenta a su empleador un Pliego de Peticiones, planteando con ello un conflicto colectivo que asume el carácter de tal ante la negativa, sea parcial o total del empleador, para luego pasar a la etapa de la conciliación que se inicia con la presentación del Pliego de Reclamaciones al Inspector de Trabajo hasta tratar de lograr un avenimiento que en caso de no darse, se transita hacia la fase final arbitral. Sin embargo, la confusión conceptual en que incurre la legislación boliviana al confundir contrato colectivo con convenio colectivo, ocasionó el cumplimiento parcial de los convenios colectivos en el país, pese a los requerimientos de las organizaciones internacionales como la OIT para cumplir con los convenios suscritos y ratificados. Las presiones internacionales obligaron a algunos go- 19

20 biernos a promover la firma de convenios salariales anuales (con base al incremento establecido para el sector público), sin embargo, no pueden ser considerados negociación colectiva ni menos convenios colectivos de tra b a j o, los cuales esencialmente se orientan al mejoramiento de las condiciones de trabajo y no únicamente al tema salarial. b) Las oportunidades de empleo En la primera parte del informe, señalamos los rasgos principales del empleo urbano particularmente. Considerando estas características queda en evidencia que la población boliviana en la actualidad tiene escasas posibilidades de acceder a un empleo pleno y protegido ante la predominancia de empleos temporales, con bajas remuneraciones, reducidas probabilidades de gozar de seguridad social y estar inscritos mayormente en actividades informales y terciarias. En suma, el empleo de baja calidad y desprotegido constituye en gran medida el único ámbito de posibilidad para encontrar una fuente de trabajo. El hecho de contar con una fuente de trabajo ahora, está impulsado más por las estrategias de sobrevivencia desplegadas por las familias tanto en las ciudades como en el área rural que, por las acciones de las políticas públicas que puedan promover nuevos empleos. Como en un círculo vicioso, las políticas han profundizado los desequilibrios de los mercados de trabajo tanto por su impacto en la contracción progresiva de la demanda agregada y la producción para el mercado interno, como por los efectos en la expansión de la oferta laboral. c) Afrontando el desempleo El incremento del desempleo urbano durante los cuatro primeros años del nuevo milenio, constituyó el hecho más desfavorable para el ejercicio del derecho al trabajo y el goce de los derechos laborales vigentes. En efecto, la tasa de desempleo de casi 14% registrada el año 2004 fue un claro indicio del grado de destrucción de las fuentes de trabajo a tono con el debilitamiento de la economía nacional y del aparato productivo en particular, pese a la ligera recuperación que experimentó el crecimiento económico del país, en virtud de una coyuntura favorable de precios internacionales. El desempleo abierto tiende a agravarse y se ha c o nvertido durante el período, en uno de los problemas sociales más acuciantes que da origen a un mayor empobrecimiento de la población. En Bolivia, una alta tasa de desempleo abierto expresa no solamente la escasa generación de empleos asalariados sino también que, por su saturación, los estratos más atrasados de la economía (cuenta propia, familiar) presentan restricciones para el ingreso de nuevos ocupados. Un desempleo alto se convierte también en una amenaza para aquellos que mantienen sus puestos de trabajo, ya que la inminencia del desempleo los debilita en el momento de negociar los salarios y la defensa de sus derechos. Sin embarg o, es necesario analizar con más det a lle la magnitud del desempleo a partir de sus causas, tomando como contexto el período de refe re n c i a 9. En primer lugar, la lenta re c u p e ra c i ó n del crecimiento económico figura como uno de los fa c t o res que explica el incremento del desemp l e o. En efe c t o, en los primeros años del nuevo m il e n i o, la economía creció a una tasa pro m e d i o de 2.4%, esperándose para el 2004 un incre m e n- to hasta el 3%. En ambos casos, el desempeño m o s t rado re s u ltó insuficiente para frenar el des e m p l e o, considerando el crecimiento ve g e t a t i vo de la población que re p e rcute en el incre m e n t o de la población económicamente activa. En segundo lugar, la volatilidad del crecimiento económico como efecto de la vulnerabilidad fiscal y financiera mostrada por el Estado y la economía, restringió la generación de nuevos recursos orientadas a la creación de nuevos empleos. En términos fiscales, el financiamiento del déficit fiscal basado en recortes del gasto público (por ejemplo, educación y salud), el planteamiento de una mayor presión tributaria sobre 9 Acápite elaborado con base en el artículo Medidas paliativas para enfrentar el desempleo galopante de Silvia Escobar en: Economía y sociedad boliviana después de octubre de 2003, CEDLA 2004.