Así, conforme los trámites explicados hasta aquí, las maniobras ilícitas que se investigan desde ésta Unidad Fiscal son: 1) En primer término, que el solicitante del beneficio declare datos falsos al presentar la solicitud de inicio de trámite de su jubilación (cabe agregar aquí que el término declare es usado no sólo en el sentido estricto de la manifestación verbal efectuada por el peticionante, sino además en un sentido amplio, comprendiendo las manifestaciones escritas, ya sean estas directas o indirectas a través de la presentación de diversos documentos acreditantes), como ser: a) los años trabajados: aquí resulta habitual que, para justificar antigüedad laboral que no tiene la persona, se falsifique la certificación de servicios de la o las empresas u organismos donde trabajó, creando un documento de carácter privado falso, ya que se encuentra inserta información, respecto de los años de desempeño laboral de una persona en una empresa u organismo que en realidad no fueron cumplidos, no son reales. Así, el Decreto 6178/1954, en si artículo 1 refiere que: Los servicios prestados por los afiliados podrán ser acreditados por prueba instrumental, juratoria, testimonial o presuntiva, con arreglo al orden y condiciones que para los distintos casos establecerán los directorios de las cajas en sus respectivos reglamentos, sin perjuicio de exigir las pruebas supletorias que se estimaren necesarias, según las circunstancias particulares de los mismos., lo cual lleva a concluir que son muchos los instrumentos o documentos que se pueden falsificar, ya que los medios de prueba son de amplia variedad.
b) la fecha de nacimiento del solicitante del beneficio: quien realiza esta conducta pretende aparentar la edad que tendría que tener para poder cumplir con la antigüedad de 30 años de servicio. O sea, sumado a lo anterior (ya que también se falsifican los años de servicio trabajados), se adultera en el formulario de solicitud de prestaciones previsionales, y muchas veces también en el Documento Nacional de Identidad, la fecha de nacimiento de quien está pidiendo el beneficio, teniendo ya, en el caso de la adulteración del DNI, una clara falsificación de documento público, y, en el caso del formulario de solicitud de prestaciones también, ya que quien certifica el contenido de dicho formulario es un funcionario público (ver fallos). Asimismo, el art. 2 del Decreto nro. 6178/1954 refiere que: A los efectos de las leyes de previsión social la identidad del afiliado se probará mediante cédula de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica o información sumaria ante la caja respectiva. La edad a los mismos efectos, se probará con la partida del Registro Civil, libreta de enrolamiento, libreta cívica o información sumaria, medio éste último que sólo podrá ser admitido en el supuesto de existir imposibilidad de presentar los documentos mencionados. Esta adulteración, viene acompañada de otra falsedad ideológica, materializada en los efectivos años de aportes previsionales, puesto que quien consigna haber nacido, por citar un ejemplo, tres años antes de su real natalicio, necesariamente consigna en las planillas de la ANSeS, que comenzó a trabajar a la edad de 18 años, a fin de contar con los años de aportes correspondientes, circunstancia ésta que también resulta apócrifa, toda vez que en ese supuesto, el solicitante no contaba con la mayoría de edad necesaria por ley, al
tiempo de iniciar sus tareas laborales, denotándose en ese caso la falsedad en el comienzo de su historiado laboral. Así, es posible observar cuáles son los tipos de documentos e instrumentos más comunes que son susceptibles de falsificación con el objeto de adulterar la edad de la persona que quiere obtener el beneficio jubilatorio: c) la fecha de ingreso al país (en caso de ser extranjero): en estos casos, en primer lugar se debe evaluar si la ANSES tiene convenio firmado con el país de origen de esa persona. Así, cómo suele suceder que al solicitante no le alcancen lo años para cumplir con la antigüedad laboral requerida por ley, deben acogerse a alguna moratoria, de haber alguna en vigencia al momento de iniciar los trámites, las cuales tienen un plazo de vigencia y vencimiento. Por ejemplo: una moratoria que sólo toma años trabajados hasta el año 1993, permite acogerse a personas que quieran justificar años trabajados desde el año 1993 hacia atrás 30 años, lo cual implica que quien ingresa al país haya ingresado treinta años antes de 1993 y con edad para desempeñarse laboralmente. Debido a esto, cómo muchas veces con la fecha de ingreso real al país no les alcanza para comprar treinta años de moratoria y cumplir con la antigüedad necesaria, porque su ingreso es posterior, presentan un Certificado de Ingreso al País, supuestamente expedido por la Dirección Nacional de Migraciones, donde se adultera la fecha de ingreso al mismo, registrando una fecha anterior a la real que se encuentra en el Documento Nacional de Identidad para extranjeros. Esa misma fecha es la que
declaran en el Formulario de Solicitud de Prestaciones Previsionales, y en el Sistema SICAM de la AFIP donde se solicita el acogimiento a la moratoria correspondiente. Se ve claramente aquí que, en los tres casos se configura el delito de falsificación de documento público, ya que todos los documentos, la SPP de ANSES, el formulario de de SICAM de la AFIP, y el certificado expedido por la Dirección Nacional de Migraciones, son librados por organismos públicos, y en consecuencia, por funcionarios públicos que están dando fe de su contenido; 2) que el titular del beneficio haya fallecido y su apoderado (sea pariente o no) continúe percibiendo el mismo ilegítimamente: a) puede darse el caso de que quien se presenta al cobro de esa jubilación simplemente no haya dado aviso de la muerte de su poderdante ni a la ANSES ni al banco pagadero del beneficio. Pero, igualmente, si el mismo se cobra por ventanilla, el apoderado debe necesariamente presentarse con su Documento Nacional de Identidad y el del beneficiario, con lo cual estaría utilizando el DNI de una persona fallecida con el objeto de aparentarla viva, delito que se encuentra previsto en el art. 33, inc. d) de la Ley 20.974, de Identificación del Potencial Humano Nacional. b) puede suceder también, sumado al caso anterior, que quien se presenta al cobro de la jubilación, como es algo que exige la entidad bancaria, que presente un certificado de supervivencia falso del difunto, el cual debe estar firmado por autoridad policial,
con lo cual habría una clara falsificación de documento público, sumado la uso del Documento Nacional de identidad del difunto, ya mencionado en el punto anterior. Puede suceder además, que si la apoderada es la entidad bancaria, es ésta quien debe solicitar de forma directa a la autoridad competente el certificado de supervivencia del titular, con lo cual si no lo solicita o si le es presentado uno apócrifo será responsable por ello el personal del Banco que se debía ocuparse de esos trámites; c) finalmente, es posible también, que se falsifique la partida de defunción del titular del beneficio, ello cuando el beneficio se cobró post mortem hasta una determinada fecha y en estos supuestos se falsea la fecha de fallecimiento insertando en la misma una posterior al último cobro del beneficio, quedando claro aquí también que hay una falsificación de documento público. Resulta evidente que todas las maniobras antes mencionadas son perpetradas con el objeto final de defraudar a la administración pública, lo cual en algunos casos se llega a concretar y en otros queda en grado de tentativa debido a los controles permanentes que ejerce el Organismo Público.