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Transcripción:

ORALIDAD Providencia: Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de junio de 2013. Radicación No: 66001-31-05-001-2012-00130-01 Proceso: Demandante: Demandado: Juzgado de origen: Magistrado Ponente: Tema a tratar: Ordinario Laboral. Ligia Galvis Marín Instituto de Seguros Sociales, Sucedido Procesalmente por COLPENSIONES. Primero Laboral del Circuito de Pereira. Pedro González Escobar Régimen de Transición Pérdida de Beneficios: Es claro entonces que aquellas personas que cumplen el requisito de la edad para ser beneficiarios del régimen de transición (40 años para los hombres y 35 años para las mujeres) pero se trasladaron al sistema de ahorro individual con solidaridad administrado por fondos de carácter privado pierden los beneficios de transición; sin embargo la Corte Constitucional la sentencia de unificación 130 de 2013, indicó que algunas de las personas amparadas por el régimen de transición, pueden retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media, cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse con las normas anteriores a la ley 100 de 1993, siempre y cuando acrediten los siguientes requisitos:(i) Tener a 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados, (ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual, (iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. AUDIENCIA PÚBLICA: En Pereira, a los seis (6) días del mes de junio de dos mil trece (2013), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 am), día y hora previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio del Magistrado Julio César Salazar Muñoz con quien integra la Sala de decisión y de la secretaria ad hoc, dejando constancia que no comparece la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, por ausencia justificada, en la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra de la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por LIGIA GALVIS MARÍN contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sucedida procesalmente por COLPENSIONES, radicación 66001 31 05 001 2012 00130 01. Se hace 1

constar que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la recurrente, para sí a bien lo tienen, presenten alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) minutos, -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES LIGIA GALVIS MARÍN demandó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que tiene derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988; en consecuencia pide que se le condene a reajustarle la pensión de vejez que viene recibiendo, al valor que le corresponde; pague la diferencia de retroactivamente, y las costas del proceso. Como fundamento de esas pretensiones expuso, que el ISS en la Resolución 11344 del 21 de noviembre de 2007, le reconoció la pensión de vejez bajo las normas de la Ley 100 de 1993, por tener 55 años de edad y 1.176 semanas de cotizaciones, pero dejó en suspenso el pago hasta cuando le acreditara el retiro del sistema; que mediante la Resolución 00167 del 14 de enero de 2008, modificó la resolución antes mencionada, indicando que tenía 1.185 semanas cotizadas y ordenó 2

su inclusión en nómina a partir del 31 de diciembre de 2007; que en Resolución 4475 del 16 de mayo de 2008, resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de dicho acto y determinó confirmar la Resolución 00167 de 2008; que en varias ocasiones solicitó a esa entidad que le reliquidara la prestación y le aplicara el régimen previsto en el Decreto 546 de 1971, por ser exfuncionaria del Rama Judicial, petición que le fue negada por no contar con 15 años de servicios al 1º de abril de 1994 y por ello le aplicó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; que el IBL se calculó con el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, arrojando $668.733,00 que al aplicarle una tasa de reemplazo de 66.23% obtuvo un valor inferior al salario mínimo mensual legal y por ello se la reconoció en cuantía mínima; que el 24 de noviembre de 2010, presentó reclamación administrativa ante el ISS, tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, por serle más favorable que la reconocida en la Resolución 00167 de 2008; finalmente indica que el IBL según lo previsto en la Ley 71 de 1988, asciende a la suma de $863.043,00 que al aplicarse la tasa de reemplazo del 75% da cómo resultado una pensión de $647.282,00 El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contestó la demanda, aceptando como ciertos los hechos relacionados con que la accionante es pensionada por vejez a su cargo, que la pensión se reconoció conforme las previsiones de la Ley 100 de 1993, que la inclusión en nómina se hizo desde el 31 de diciembre de 2007, que le negó la aplicación del Decreto 546 de 1971, por no tener más de 15 años de servicios antes del 1º de abril de 1994, y que está pagando la pensión en cuantía mínima; de los demás dijo que no eran ciertos unos y no le constaban otros. Se opuso a las pretensiones y planteó como excepciones las de inexistencia de la obligación y prescripción Fls. 29 a 32, 39 y 40-3

II. SENTENCIA DEL JUZGADO Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, quien en sentencia del 3 de septiembre de 2012, declaró que la accionante es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con aplicación de lo previsto en el Decreto 546 de 1971, y que la primera mesada pensional para el año 2007, corresponde a $758.250,00, equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada del último año de servicio; y condenó a COLPENSIONES a pagarle $23 675.605,69 por el reajuste pensional entre el 31 de diciembre de 2007 y el 3 de septiembre de 2012. Para ello, consideró, que al ser beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ISS no podía pensionarla con fundamento en el artículo 33 de ese cuerpo normativo; luego procedió a analizar si cumplía con los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988, encontrando que los acreditaba, pues para el 31 de octubre de 2007, contaba con más de 55 años de edad y 23 años de tiempo de servicio en el sector privado y en la Rama Judicial; que el IBL calculado conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 ascendía a la suma de $894.119,00 que al aplicársele el 75% de la tasa de reemplazo arroja una mesada de 670.589,00, que es mayor a la que reconoció el ISS. No obstante lo anterior, estimó que en este caso debe aplicarse el Decreto 546 de 1971, para reconocerle la pensión a la accionante, ello porque aun cuando no fue pedido expresamente en la demanda, está demostrado que en algún 4

momento pidió al ISS que se le aplicara dicha norma; acotando que si bien no es competencia suya reconocer pensiones especiales, pues ello le corresponde al juez contencioso administrativo, en virtud de la ponderación de algunos principios constitucionales, en este asunto permiten que se use dicha norma, y procedió a liquidar la prestación con 75% del salario más alto devengado en el último año, obteniendo una mesada de $758.250,00 para el año 2007. Dicha decisión fue apelada por la parte demandada para que se revoque y en su lugar se le absuelva de todas las pretensiones. En la sustentación argumenta que del material probatorio se infiere que el ISS en su momento negó la aplicación del Decreto 546 de 1971, por cuanto la accionante no era beneficiaria del régimen de transición pues se había trasladado al régimen de ahorro individual y al retornar al de prima media, no acreditó los requisitos exigidos por el Decreto 3800 de 2003; que la accionante demandó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que se le reconociera la aplicación del referido decreto, proceso que culminó con sentencia inhibitoria por no haber agotado la vía gubernativa frente a la Resolución 00167 de 2008, y por ello decidió demandar ante la jurisdicción laboral el reconocimiento de la prestación con fundamento en la Ley 71 de 1988, por serle más favorable. Agrega que la pretensión de la accionante es concreta, de manera que la falladora de primera instancia, en atención al principio de congruencia, debió analizarla de forma exclusiva; que en el fallo no se mencionó que la declaración que se hacía en la sentencia era en virtud a las facultades extra y ultra petita, las cuales sólo pueden usarse cuando se cumplen las condiciones previstas en el artículo 50 del C.P.T y de la S.S.; reitera que la juez debió analizar la historia laboral y el expediente 5

administrativo de la demandante, para ver que ésta se trasladó a régimen de ahorro individual y que cuando regresó al ISS no tenía los elementos necesarios para recuperar el régimen de transición, de manera que esa entidad al reconocer la pensión lo hizo conforme a las normas que regulan el caso y no incurrió en ningún yerro; finalmente señaló que el juez laboral no es competente para conceder la prestación con fundamento en regímenes especiales, pues esa competencia recae sobre el juez contencioso administrativo. III. CONSIDERACIONES No se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, además se advierte que se encuentran plenamente acreditados los presupuestos de la acción, pues esta Corporación es competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que las partes, además de tener capacidad para constituirse como tal, la tienen para comparecer en juicio. Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. Previo a adentrarnos en el análisis del caso, es necesario poner de presente que del contendido de la apelación, se sigue que no son temas de debate en esta instancia, que la accionante nació el 9 de septiembre de 1952 Fls. 123 y 124-, que es pensionada por vejez desde el 31 de diciembre de 2007, con 6

fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 Fls. 11 a 18-. El recurso, como puede verse, pretende que se revoque la sentencia por dos aspectos puntuales; el primero, que la accionante para cuando la entidad reconoció la pensión no era beneficiaria del régimen de transición, porque se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos privados, y el segundo, tiene que ver con que la juez de primera instancia vulneró el principio de congruencia, al decidir aplicar una norma que no le fue pedida en la demanda, sin indicar que esa determinación se hacía en uso de de las facultades extra y ultra petita, cuyos requisitos de aplicación no se encontraban satisfechos en la demanda. Procede entonces la Sala al análisis de los puntos de la apelación, empezando por el relacionado con la pérdida del régimen de transición, precisando que para ser beneficiario de este régimen, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es necesario que quien pretenda beneficiarse de él, acredite antes del 1º de abril de 1994, una de las siguientes condiciones: (i) Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres, (ii) haber cumplido 40 o más años de edad si es hombre y (ii) Tener 15 o más años de servicios cotizados independientemente de la edad. Cuando se es beneficiario del régimen de transición, como en el caso de la accionante, se tiene la posibilidad de que se le apliquen para efectos de la gracia pensional, las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen anterior al cual estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y no cualquiera existente para ese momento. 7

Pero de conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del citado artículo, a las personas quienes satisfacían la exigencia de la edad para ser beneficiarios del régimen transición establecidos en él y pese a ello optaron por trasladarse al régimen administrado por los fondos privados, luego de haber entrado en vigencia la mencionada ley, no se les aplica el régimen de transición dado que lo perdieron; así mismo, dicho sistema tampoco regula la situación pensional de las personas que en primer momento escogieron el régimen de ahorro individual y luego se trasladaron al de prima media con prestación definida. Es claro entonces que aquellas personas que cumplen el requisito de la edad para ser beneficiarios del régimen de transición (40 años para los hombres y 35 años para las mujeres) pero se trasladaron al sistema de ahorro individual con solidaridad administrado por fondos de carácter privado pierden los beneficios de transición; sin embargo la Corte Constitucional la sentencia de unificación 130 de 2013, indicó que algunas de las personas amparadas por el régimen de transición, pueden retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media, cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse con las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, siempre y cuando acrediten los siguientes requisitos:(i) Tener a 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados, (ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual, (iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. 8

En el presente asunto, el ISS manifiesta que reconoció la prestación con fundamento en la Ley 100 de 1993, dado que la accionante no era beneficiaria del régimen de transición por haberse trasladado al RAIS, afirmación que dice se encuentra probada en los documentos que se allegaron al proceso. Pues bien, según copia de la Resolución 11344 de 2007 fls.11 a 13-, en la que le reconoció la pensión, el fondo privado HORIZONTE le trasladó al ISS aportes equivalentes a 1.620 días; y a folios 130 a 136 aparecen algunas comunicaciones por parte de COLFONDOS y HORIZONTE, informando que estuvo afiliada a ambos fondos entre, el 22 de mayo de 1998 y el 15 de enero de 2003, y a folio 149 aparece copia del oficio ODA No. 05-7694 del 30 de septiembre de 2005, en cual se indica que HORIZONTE trasladó un total de $3 772.826,00, de manera que no existe duda que la accionante se había cambiado al RAIS. Esta situación hace que pierda la cobertura que tenía por régimen de transición, pero como ya se explicó, es posible que ella habiéndose retornado al régimen de prima media con prestación definida recupere los beneficios de dicho régimen, para lo cual es necesario que acreditara los requisitos que previó la Corte Constitucional en la sentencia SU-130 de 2013; situación que en el presente caso no acontece, pues revisados los documentos de los folios 101 a 104, 129, 137, se encuentra que la accionante antes del 1º de abril de 1994, había cotizado un total de 3.577 días, conforma al siguiente cuadro: 9

Institución Desde Hasta total días Centro bienestar del anciano (Fls. 129) 15/06/1984 17/01/1991, Se descuenta un día por simultaneidad 2408,00 Rama Judicial Pereira 18/01/1991 31/03/1994 1169,00 TOTAL 3577,00 Esta cantidad de cotizaciones equivale a un total de 9 años 11 meses y 7 días, que es a todas luces inferior a los 15 años establecidos en la sentencia en comento, razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Ligia Galvis Marín no puede aspirar a recuperar los beneficios del régimen de transición, al trasladarse de nuevo al régimen de prima media. De las consideraciones anteriores, se impone revocar la sentencia que se revisa, por cuanto como quedó visto, la accionante no era beneficiaria del régimen de transición y por ello no podía optar por pensionarse con las reglas del régimen anterior aplicable a la Ley 100 de 1993, quedando sometida a las reglas de la norma en comento, siendo correcto el actuar del ISS al momento de reconocer la pensión. Vistas las resultas del recurso hasta este momento, queda la Sala relevada de analizar los demás puntos objeto de la apelación. 10

Las costas de la primera instancia estarán a cargo de la demandante y serán a favor de COLPENISIONES en virtud de la sucesión procesal decretada; sin costas en esta instancia pues no se causaron. En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1. REVOCAR la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por LIGIA GALVIS MARÍN contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sucedida procesalmente por COLPENSIONES, y en su reemplazo 2. ABSOLVER a COLPENSIONES de todas las pretensiones de la demanda. 3. Costas de la primera instancia estarán a cargo de la demandante y serán a favor de COLPENISIONES. Sin costas en esta instancia pues no se causaron. NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 11

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por quienes en ella intervinieron. PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR Magistrado ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN Magistrada -Con ausencia justificada- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ Magistrado MARÍA LILIA PERDOMO LOSADA Secretaria Ad-hoc 12