ÍNDICE AI: ASA 57/04/00/s Servicio de Noticias 162/00 Embargado hasta el 29 de agosto del 2000 Documento público Timor Oriental: UNTAET, la justicia y los refugiados un año después del referéndum En un nuevo informe sobre la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET), Amnistía Internacional afirma que la ONU debe observar los más elevados principios de derechos humanos en Timor Oriental. La ONU debe aplicar las mismas normas de derechos humanos que espera que los gobiernos apliquen en otros países. «Al acudir a las urnas para pronunciarse en favor de la independencia, enfrentados a la intimidación masiva, los ciudadanos de Timor Oriental demostraron su resolución de reivindicar sus derechos humanos y determinar su propio destino. No es justo que tengan que seguir esperando a que se les permita disfrutar de estos derechos», afirma la organización de derechos humanos. Uno de los factores decisivos para el éxito de la misión de la UNTAET será la creación de las condiciones necesarias para que los timoreses participen plenamente en la construcción de su país. El papel de la ONU no consiste en crear un país y un sistema para los timoreses sino en habilitarlos para que decidan por sí mismos qué clase de país quieren tener. Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción las medidas adoptadas recientemente para incrementar la participación de los timoreses en el gobierno, pero ha expresado su preocupación por el hecho de que aún no se ha desarrollado plenamente ningún proceso significativo de consulta popular y participación de la sociedad civil. La falta de un sistema de justicia penal en pleno funcionamiento se traduce en un vacío de orden público. Esto tiene repercusiones preocupantes para la seguridad de los refugiados que regresan, el derecho de los detenidos a un juicio con garantías y el derecho de las víctimas a que se haga justicia. Durante los últimos meses, Amnistía Internacional ha venido recibiendo informes sobre hostigamiento, intimidación, palizas, tortura y detenciones no autorizadas por parte de grupos paramilitares contra personas a las que imputan haber apoyado a Indonesia en el referéndum del año pasado, así como contra miembros de minorías étnicas y religiosas. «Pasan los meses y los tribunales siguen sin funcionar plenamente y la policía aún no cuenta con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficaz. La gente está empezando a tomarse la justicia por su propia mano ha afirmado Amnistía Internacional. Se trata de un fenómeno peligroso que la UNTAET debe abordar directamente antes de que llegue a institucionalizarse.» La UNTAET debe garantizar que sus propias operaciones se ajustan a las más elevadas normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Además de impartir formación en materia de normas internacionales de derechos humanos a sus funcionarios incluidos los miembros de la fuerza policial civil internacional y de la fuerza de mantenimiento de la paz, la UNTAET debe establecer sistemas de vigilancia independientes. La reparación «Un año atrás, el mundo vio con horror cómo las fuerzas armadas indonesias y las milicias partidarias de Indonesia descargaban su venganza contra la población de Timor Oriental por haber rechazado el dominio indonesio. Pese a la indignada protesta internacional por los homicidios, la
tortura y las expulsiones, nadie ha sido obligado a rendir cuentas de sus actos ante la justicia», ha señalado Amnistía Internacional. Las matanzas, las expulsiones y otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de seguridad indonesias y las milicias partidarias de Indonesia en el contexto del referéndum del año pasado siguen impunes. Las investigaciones emprendidas por Indonesia y la UNTAET suponen un paso importante para asegurar que los perpetradores rendirán cuentas de sus actos. Sin embargo, Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la lentitud de las investigaciones y por el hecho de que las deficiencias del sistema legal y judicial indonesio podrían poner en peligro la administración de justicia y hacer posible la celebración de juicios que distaran de cumplir las normas internacionales. «Una de las piedras angulares de un futuro basado en el Estado de derecho en Timor Oriental debe ser que se aborde la cuestión de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Debe procederse sin dilación a realizar investigaciones y enjuiciar a los responsables para que la población de Timor Oriental pueda tener confianza en la administración de justicia.» Los refugiados Unos 100.000 refugiados que abandonaron Timor Oriental o fueron expulsados del territorio durante el reino de violencia que rodeó el referéndum siguen alojados en campos de refugiados de Timor Occidental, en Indonesia. Durante las últimas semanas, las actividades de los grupos paramilitares en estos campos han sido causa de frecuentes suspensiones de los programas de repatriación. Las autoridades indonesias han declarado que resolverán el problema clausurando los campos, lo cual obligará a los refugiados a decidir si van a regresar a Timor Oriental o a permanecer en Indonesia. «Indonesia sigue actuando de una manera irresponsable con los refugiados a los que obligó a huir a Timor Occidental y está incumpliendo sus obligaciones internacionales. Al permitir que los grupos paramilitares actúen en los campos de refugiados, Indonesia está multiplicando el sufrimiento de los refugiados e impidiéndoles decidir libremente si desean regresar a su tierra o permanecer en Timor Occidental.» Información general El 30 de agosto de 1999 se celebró en Timor Oriental un referéndum supervisado por la ONU en el que el 78.5 por ciento de los votantes rechazaron la propuesta de que el territorio continuara formando parte de Indonesia. El 25 de octubre de 1999, Indonesia transfirió a la ONU la autoridad sobre Timor Oriental. El Consejo de Seguridad de la ONU estableció la UNTAET como autoridad provisional responsable de la administración de Timor Oriental durante el periodo de transición a la independencia. Durante los meses previos al referéndum, los grupos paramilitares partidarios de Indonesia, respaldados por las fuerzas de seguridad de este país, libraron una campaña de terror contra la población en un intento de obligar a ésta a votar a favor de que Timor Oriental continuara integrado a Indonesia. Tras la votación, la violencia experimentó una escalada espectacular. Centenares de civiles timoreses fueron víctimas de homicidios ilegítimos, más de 200.000 personas fueron expulsadas del territorio y cientos de miles más quedaron internamente desplazadas. Sólo comenzó a restablecerse la seguridad cuando se desplegó en el territorio una fuerza multinacional. Cuando las fuerzas de seguridad indonesias y las milicias pro-indonesias se retiraron de Timor Oriental a finales de septiembre de 1999, prácticamente la totalidad de la infraestructura de
Timor Oriental había quedado destruida y todas las instituciones del gobierno y de la administración pública habían dejado de funcionar. **************************************** Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro ÍNDICE AI: ASA 57/04/00/s Servicio de Noticias 162/00 Embargado hasta el 29 de agosto del 2000 Documento público Timor Oriental: UNTAET, la justicia y los refugiados un año después del referéndum En un nuevo informe sobre la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET), Amnistía Internacional afirma que la ONU debe observar los más elevados principios de derechos humanos en Timor Oriental. La ONU debe aplicar las mismas normas de derechos humanos que espera que los gobiernos apliquen en otros países. «Al acudir a las urnas para pronunciarse en favor de la independencia, enfrentados a la intimidación masiva, los ciudadanos de Timor Oriental demostraron su resolución de reivindicar sus derechos humanos y determinar su propio destino. No es justo que tengan que seguir esperando a que se les permita disfrutar de estos derechos», afirma la organización de derechos humanos. Uno de los factores decisivos para el éxito de la misión de la UNTAET será la creación de las condiciones necesarias para que los timoreses participen plenamente en la construcción de su país. El papel de la ONU no consiste en crear un país y un sistema para los timoreses sino en habilitarlos para que decidan por sí mismos qué clase de país quieren tener. Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción las medidas adoptadas recientemente para incrementar la participación de los timoreses en el gobierno, pero ha expresado su preocupación por el hecho de que aún no se ha desarrollado plenamente ningún proceso significativo de consulta popular y participación de la sociedad civil. La falta de un sistema de justicia penal en pleno funcionamiento se traduce en un vacío de orden público. Esto tiene repercusiones preocupantes para la seguridad de los refugiados que regresan, el derecho de los detenidos a un juicio con garantías y el derecho de las víctimas a que se haga justicia. Durante los últimos meses, Amnistía Internacional ha venido recibiendo informes sobre hostigamiento, intimidación, palizas, tortura y detenciones no autorizadas por parte de grupos paramilitares contra personas a las que imputan haber apoyado a Indonesia en el referéndum del año pasado, así como contra miembros de minorías étnicas y religiosas. «Pasan los meses y los tribunales siguen sin funcionar plenamente y la policía aún no cuenta con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficaz. La gente está empezando a tomarse la justicia por su propia mano ha afirmado Amnistía Internacional. Se trata de un fenómeno peligroso que la UNTAET debe abordar directamente antes de que llegue a institucionalizarse.» La UNTAET debe garantizar que sus propias operaciones se ajustan a las más elevadas normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Además de impartir formación en materia de normas internacionales de derechos humanos a sus funcionarios incluidos los miembros
de la fuerza policial civil internacional y de la fuerza de mantenimiento de la paz, la UNTAET debe establecer sistemas de vigilancia independientes. La reparación «Un año atrás, el mundo vio con horror cómo las fuerzas armadas indonesias y las milicias partidarias de Indonesia descargaban su venganza contra la población de Timor Oriental por haber rechazado el dominio indonesio. Pese a la indignada protesta internacional por los homicidios, la tortura y las expulsiones, nadie ha sido obligado a rendir cuentas de sus actos ante la justicia», ha señalado Amnistía Internacional. Las matanzas, las expulsiones y otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de seguridad indonesias y las milicias partidarias de Indonesia en el contexto del referéndum del año pasado siguen impunes. Las investigaciones emprendidas por Indonesia y la UNTAET suponen un paso importante para asegurar que los perpetradores rendirán cuentas de sus actos. Sin embargo, Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la lentitud de las investigaciones y por el hecho de que las deficiencias del sistema legal y judicial indonesio podrían poner en peligro la administración de justicia y hacer posible la celebración de juicios que distaran de cumplir las normas internacionales. «Una de las piedras angulares de un futuro basado en el Estado de derecho en Timor Oriental debe ser que se aborde la cuestión de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Debe procederse sin dilación a realizar investigaciones y enjuiciar a los responsables para que la población de Timor Oriental pueda tener confianza en la administración de justicia.» Los refugiados Unos 100.000 refugiados que abandonaron Timor Oriental o fueron expulsados del territorio durante el reino de violencia que rodeó el referéndum siguen alojados en campos de refugiados de Timor Occidental, en Indonesia. Durante las últimas semanas, las actividades de los grupos paramilitares en estos campos han sido causa de frecuentes suspensiones de los programas de repatriación. Las autoridades indonesias han declarado que resolverán el problema clausurando los campos, lo cual obligará a los refugiados a decidir si van a regresar a Timor Oriental o a permanecer en Indonesia. «Indonesia sigue actuando de una manera irresponsable con los refugiados a los que obligó a huir a Timor Occidental y está incumpliendo sus obligaciones internacionales. Al permitir que los grupos paramilitares actúen en los campos de refugiados, Indonesia está multiplicando el sufrimiento de los refugiados e impidiéndoles decidir libremente si desean regresar a su tierra o permanecer en Timor Occidental.» Información general El 30 de agosto de 1999 se celebró en Timor Oriental un referéndum supervisado por la ONU en el que el 78.5 por ciento de los votantes rechazaron la propuesta de que el territorio continuara formando parte de Indonesia. El 25 de octubre de 1999, Indonesia transfirió a la ONU la autoridad sobre Timor Oriental. El Consejo de Seguridad de la ONU estableció la UNTAET como autoridad provisional responsable de la administración de Timor Oriental durante el periodo de transición a la independencia. Durante los meses previos al referéndum, los grupos paramilitares partidarios de Indonesia, respaldados por las fuerzas de seguridad de este país, libraron una campaña de terror contra la población en un intento de obligar a ésta a votar a favor de que Timor Oriental continuara integrado a
Indonesia. Tras la votación, la violencia experimentó una escalada espectacular. Centenares de civiles timoreses fueron víctimas de homicidios ilegítimos, más de 200.000 personas fueron expulsadas del territorio y cientos de miles más quedaron internamente desplazadas. Sólo comenzó a restablecerse la seguridad cuando se desplegó en el territorio una fuerza multinacional. Cuando las fuerzas de seguridad indonesias y las milicias pro-indonesias se retiraron de Timor Oriental a finales de septiembre de 1999, prácticamente la totalidad de la infraestructura de Timor Oriental había quedado destruida y todas las instituciones del gobierno y de la administración pública habían dejado de funcionar. **************************************** Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro