MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 904/2015 Resolución nº 920/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 09 de octubre de 2015. VISTA la reclamación interpuesta por D. D.M.G, en nombre y representación de DMG VIP LIMOUSINES, S.L. contra el acuerdo de 31 de julio del Consejo de Administración de AENA en virtud el cual se procedió a su exclusión del contrato Arrendamiento de espacios destinados a la actividad de alquiler de vehículos con conductor en el aeropuerto de Alicante-Elche y a la adjudicación del mismo a la empresa ARES CAPITAL, S.A., el Tribunal en sesión del día de la fecha ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. AENA AEROPUERTOS, S.A. acordó el inicio del expediente de contratación del expediente de arrendamiento de espacios destinados a la actividad de alquiler de vehículos con conductor en el aeropuerto de Alicante-Elche, que fue publicado en el perfil del contratante el 11 de mayo de 2015. Segundo. Concurrieron a la licitación dos empresas, la ahora recurrente, DMG VIP LIMOUSINES, S.L., y la finalmente adjudicataria, ARES CAPITAL, S.A. Tercero. La Mesa de Contratación en reunión de 31 de julio de 2015 acordó, primero, excluir del proceso de adjudicación la oferta presentada por la empresa ahora recurrente por la existencia de defectos no subsanables y segundo, proponer la adjudicación del arrendamiento a la otra empresa licitadora participante, ARES CAPITAL, S.A. Cuarto. Este acuerdo de exclusión le fue notificado a la ahora recurrente el 4 de agosto de 2015 y contra el mismo procedió a anunciar el 10 de agosto de 2015 ante el órgano de AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA. 28071 - MADRID TEL: 91.349.13.19 FAX: 91.349.14.41 Tribunal_recursos.contratos@minhap.es
2 contratación la interposición de la correspondiente reclamación que fue finalmente interpuesta ante este Tribunal el 17 de agosto de 2015. Quinto. En su reclamación la licitadora excluida plantea que el acto de adjudicación vulnera el pliego para la contratación (punto ocho-anexo I) a tenor del cual El adjudicatario deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación reguladora de la materia teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre y en la Orden FOM/3202/2011 por la que se modifica la Orden FOM 36/2008, así como las normas de desarrollo o modificación de la citada normativa. Y ello porque, a tenor de esta normativa se afirma, las únicas empresas que pueden tener una oficina de contratación en el aeropuerto de Elche-Alicante son aquellas cuyas autorizaciones de transporte tipo VTC-N estén residenciadas en Alicante, requisito éste que ella cumple pero no la adjudicataria, ARES CAPITAL, S.A. Por todo ello se concluye AENA podría incurrir en la infracción tipificada en el artículo 140.1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, consistente en realizar transporte público sin autorización con sanción económica de hasta 6.000 euros. Ninguna referencia se hace en su reclamación a las causas que dieron lugar a que al órgano de contratación le excluyera de la licitación. Sexto. El órgano de contratación ha emitido el oportuno informe en el que señala, en esencia, que el arrendamiento de superficie para la explotación de la actividad de alquiler de vehículos con conductor no tiene la naturaleza de contrato de servicios de los regulados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales normas que, por ello, no resultan de aplicación. Antes al contrario, se trata de un contrato de arrendamiento sometido al Derecho Privado y, en este caso específico, por ser un arrendamiento de superficie, al Código Civil. De igual modo, y en cuanto al concreto motivo de oposición articulado por la recurrente, señala como AENA solo puede solicitar a la empresa adjudicataria las licencias exigidas por la legislación vigente pero el comprobar si dichas licencias son correctas o no es competencia de la Inspección que realice la Administración Local. No obstante, añade,
3 aunque dichas licencias son de adjudicación local su uso puede ser nacional hasta un 20% del total. Ello significa que legalmente una empresa con 100 licencias domiciliadas en otra provincia puede realizar hasta 20 operaciones fuera de esa Comunidad Autónoma. Séptimo. Por la Secretaría del Tribunal se dio traslado del recurso interpuesto a la empresa adjudicataria el 28 de agosto de 2015 para que formulara las alegaciones que convinieran a su derecho habiendo uso de este derecho mediante escrito de fecha 3 de septiembre de 2015. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. Con carácter previo al análisis del recurso interpuesto por la empresa excluida de la licitación se ha de comprobar si el contrato del que dimana el acto recurrida entra dentro de la órbita revisora del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuestión ésta que ha sido ya analizada en anteriores procedimientos como por ejemplo en el recurso 452/2013 en el que recayó resolución de fecha 19 de septiembre de 2013. En ella ya se señalaba como este Tribunal ostenta competencia, conforme al artículo 101 de la Ley 31/2007, para conocer de los recursos que se formulen contra los actos dictados en procedimientos de adjudicación de los contratos regulados en la citada ley que son los contratos de obras, suministros y servicios, tal y como vienen definidos en los artículos 1 y 2 de la misma. No tendría, sin embargo, competencia, para conocer de contratos sujetos al derecho privado. En ese caso el objeto del contrato era el arrendamiento de unos locales para la prestación de determinada actividad dirigida al público que concurre al aeropuerto. No se trataba, por lo tanto, de una actividad o prestación dirigida al ente contratante para que éste proveyera sus necesidades, ni la prestación a terceros de un servicio por el adjudicatario que correspondiera prestar a aquéllos al ente contratante. Propiamente, lo que ocurría era que éste ordenaba sus espacios físicos asignando y especificando los variados destinos de los mismos. Además, para la fijación de la renta a abonar por el arrendatario se utilizaban parámetros de facturación. Asimismo, se exigía, en el caso de que la actividad requiriera
4 alguna autorización de una administración, la acreditación de la misma pues, en caso contrario, no podría darse al local el destino prefijado. Consideraciones que, aplicadas a este caso, han de conducir a la misma conclusión ya que estamos igualmente en presencia de un contrato de arrendamiento de locales en el que se especifica el destino del local, actividad de alquiler de vehículos con conductor en el aeropuerto de Alicante-Elche, por lo que queda fuera del ámbito de competencia del Tribunal, que queda ceñido a los contratos típicos de obras, suministros y servicios. Segundo. Los anteriores razonamientos nos llevan a la conclusión de que procede inadmitir la presente reclamación por no ser de la competencia de este Tribunal. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada el día de la fecha ACUERDA: Primero. Inadmitir la reclamación interpuesta por D. D.M.G en nombre y representación de DMG VIP LIMOUSINES, S.L. contra el acuerdo de 31 de julio del Consejo de Administración de AENA en virtud el cual se procedió a su exclusión del contrato Arrendamiento de espacios destinados a la actividad de alquiler de vehículos con conductor en el aeropuerto de Alicante-Elche y a la adjudicación del mismo a la empresa ARES CAPITAL, S.A. Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición de la reclamación por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 106.5 de la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción
5 de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.