ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 18 Y 64 DE LA LEY N. 9234, LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN SERES HUMANOS ÓSCAR LÓPEZ DIPUTADO EXPEDIENTE N.º 19.304 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PROYECTO DE LEY DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 18 Y 64 DE LA LEY N. 9234, LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN SERES HUMANOS ASAMBLEA LEGISLATIVA: Expediente N.º 19.304 De acuerdo con el criterio del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Cnree), ente rector en discapacidad en Costa Rica, institución que ha expresado su total oposición a las abismales discriminaciones, aprobadas ya, por esta Asamblea Legislativa en la Ley N. 9234, Ley de Investigación Biomédicas en Seres Humanos, de 7 de abril de 2014, estos criterios discriminatorios se encuentran principalmente en el artículo 18 y en el artículo 64, los cuales permiten a personas, que por las condiciones propias de su discapacidad (discapacidad que afecta su capacidad o facultad mental) no pueden consentir la participación en este tipo de investigaciones, en su defecto la ley establece que este consentimiento lo pueda otorgar un tercero, por esta consideración es que pasamos a citar el criterio del Consejo de Rehabilitación y Educación Especial. La principal preocupación de este ente rector en materia de discapacidad guarda relación, con la reciente aprobación de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica, la cual fue aprobada en segundo debate por el Plenario legislativo el pasado 7 de abril, a partir del proyecto N.º 17.777. La citada ley entró en vigencia desde su publicación en el diario Oficial la Gaceta el viernes 25 de abril, una vez que fue ratificada por la señora presidenta Laura Chinchilla, quien firmó el documento el pasado 22 de abril en la Casa Presidencial. Es menester indicar que durante su paso en la Asamblea Legislativa, el proyecto recibió 138 mociones, que se relacionaban con la ausencia de protección a las personas que participan en los experimentos, principalmente de grupos vulnerables. De la misma forma, este ente rector manifestó su firme oposición contra algunas disposiciones contenidas en el texto normativo, las cuales consideramos absolutamente violatorias a los derechos de la población con discapacidad y a lo establecido en diversos instrumentos jurídicos de orden internacional, principalmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país mediante Ley N. 8661. En ese sentido, este órgano colegiado en sesión ordinaria N. 1040 celebrada el jueves 28 de febrero de 2013, tomó el siguiente acuerdo:
LEGISLATIVOS - 2 - EXP. N.º 19.304 ACUERDO CD-2462-13 Se reafirma la posición vertida en el acuerdo JD-2244-12, en el sentido de que el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial se opone a la aprobación de PROYECTO DE LEY N 17777, LEY GENERAL DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS, en el tanto que sus disposiciones afecten los derechos fundamentales de la población con discapacidad. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que divulgue y publique la posición institucional en los medios de comunicación colectiva y continúe ejerciendo las acciones políticas y sociales necesarias para que esta iniciativa no afecte el interés primordial de este colectivo. ACUERDO FIRME. La oposición del ente rector, y de otros sectores tales como las Organizaciones de Personas con Discapacidad y la Universidad de Costa Rica, se sustenta en las siguientes consideraciones: PRIMERO: La Ley Reguladora de la Investigación Biomédica violenta lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley N. 8661, ya que establece que en el caso de personas que carecen de capacidad para brindar su consentimiento, sea su representante legal el que consienta la participación del individuo en una investigación de esta naturaleza. Esa disposición contenida en el artículo 18 de la ley de mérito resulta abiertamente violatoria a los derechos de la persona con discapacidad, pues para que sea válido este consentimiento, la persona que se someta a una investigación biomédica, debe ser una persona que tenga plena capacidad legal de actuar, y que bajo ninguna circunstancia sea un tercero el que supla esta voluntad. Esto claramente violenta los principios fundamentales de autonomía y autodeterminación. En esa misma línea el artículo 64 de la normativa citada autoriza la realización de investigaciones clínicas en personas sin capacidad volitiva o cognitiva bajo una serie de supuestos que no resultan de recibo para justificar la trasgresión grosera a los derechos fundamentales de esta población. Además del fragante atropello que dichas disposiciones normativas representan para los derechos humanos de las personas con discapacidad, las mismas son además contrarias a los principios del denominado consentimiento informado, el cual es un instrumento vital para la tutela del principio de autonomía y el respeto a la dignidad de las personas. Este concepto resulta esencial y fundamental en materia de bioética, específicamente en lo que concierne a la investigación biomédica en seres humanos, ya que pondera que en este campo, el consentimiento informado no debe entenderse como una mera declaración de voluntad y asentimiento, sino que para ser eficaz, deben concurrir tres criterios sustantivos como lo son: la información, la comprensión y la voluntariedad.
LEGISLATIVOS - 3 - EXP. N.º 19.304 En ese sentido, los lineamientos éticos internacionales para la investigación biomédica que envuelve a seres humanos, elaborados por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Servicios Médicos en el año 2002 dispone lo siguiente: Consideraciones Generales: El consentimiento informado es una decisión de participar en una investigación, tomada por un individuo competente quien ha recibido la información necesaria, además de comprenderla adecuadamente y quien además, después de considerar la información ha concluido con una decisión sin estar sujeto a ningún tipo de coerción, debida a influencia, inducción o intimidación. Sin ánimo de ahondar en conceptos teóricos debemos señalar que una persona que por su condición de discapacidad no tenga la posibilidad de comprender los alcances y consecuencias de su participación en una investigación y que no pueda de manera autónoma otorgar su consentimiento, bajo ninguna circunstancia puede participar en dichos estudios y este derecho fundamental no puede ser alienado cediendo a un tercero la potestad de decidir por la persona. La autodeterminación, la dignidad, la salud y la integridad son derechos fundamentales que no son negociables, no se pueden ceder y no se pueden quebrantar por ningún individuo o corporación, y menos aún por el Estado, el cual más bien es el llamado a garantizar la protección de las personas que se encuentran en condición vulnerable. En ese sentido debemos indicar que el Estado costarricense aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley N.º 8661), la cual tiene como propósito: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente y la cual en su artículo 15 literalmente indica: Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento. Bajo esa línea el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la citada Convención es el llamado a analizar los informes de cumplimiento presentados por los Estados Parte y a realizar las sugerencia y recomendaciones que considere oportunas para que el acatamiento de los derechos contenidos en la Convención, mediante informe emitido el pasado 11 de abril de 2014 señaló lo siguiente: Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 15) 1. El Comité lamenta profundamente el avance del trámite legislativo del proyecto de Ley no. 17.777 de investigación biomédica, el cual fue
LEGISLATIVOS - 4 - EXP. N.º 19.304 aprobado por la Asamblea Legislativa en segunda lectura en abril de 2014, autorizando que los tutores de las personas declaradas incapaces puedan decidir sobre la experimentación científica e investigación en sus cuerpos, sin su consentimiento libre e informado; 2. El Comité pide de urgencia al Estado Parte retirar del trámite legislativo el proyecto de Ley no. 17.777 de investigación biomédica. Como se colige de lo anterior, el Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, considera que las disposiciones contenidas en la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica y que se citan en la presente misiva, resultan contrarias a los derechos humanos de la población con discapacidad, por cuanto imponen actos que resultan degradantes y contrarios a la dignidad humana y a la autodeterminación. En conclusión: Es claro que hay personas con ciertas condiciones de discapacidad que no tienen la posibilidad de brindar su libre consentimiento y no existe ninguna facultad legal para que una persona pueda decidir sobre lo que ocurre con el cuerpo o la salud de otra persona. SEGUNDO: El procedimiento de adopción de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica, violentó lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N. 7600, ya que el proyecto convertido en ley no se consultó de manera adecuada a las personas con discapacidad y sus organizaciones. En ese sentido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 4 inciso 2 dispone: En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. Lo anterior es concordante con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N.º 7600, el cual establece que Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad. En ese orden de ideas debemos indicar, que el proyecto de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica, N. 17.777, no les fue consultado a las personas con discapacidad, ni a las organizaciones que les representan, lo cual es abiertamente contrario al derecho de participación de las personas con discapacidad.
LEGISLATIVOS - 5 - EXP. N.º 19.304 En buena medida lo anteriormente indicado, en el sentido de que no es de recibo que el Estado adopte una ley que tiene implicaciones graves para un grupo vulnerable de población sin requerir su criterio al respecto, esta imposición arbitraria y dictatorial pone en riesgo a las personas con discapacidad y representa una regresión en el modelo de derechos humanos que el país se comprometió a adoptar. Entonces es importante hacer relevancia que en este proyecto se busca proteger la dignidad de aquellas personas que por la condición de su discapacidad, no pueden tomar por si mismas una decisión de participar o no en una investigación científica. Con la derogación de los artículos 18 y 64 se corrige esta gran discriminación que la Ley de Investigación Biomédica contiene en su articulado. Además que se cumple con la recomendación que hace el Comité de Expertos de la ONU, como también se reconoce un derecho humano que las personas con discapacidad en esta condición tienen, y que también tienen derecho a que se les proteja y respete. Por estas consideraciones es que someto a las señoras diputadas y señores diputados el siguiente proyecto de ley.
LEGISLATIVOS - 6 - EXP. N.º 19.304 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA COSTA RICA DECRETA: DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 18 Y 64 DE LA LEY N. 9234, LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN SERES HUMANOS ARTÍCULO 1.- Se derogan los artículos 18 y 64 de la Ley N. 9234, Ley de Investigación Biomédica en Seres Humanos, de 7 de abril de 2014 y córrase la numeración respectiva. ARTÍCULO 2.- Rige a partir de su publicación. Óscar López DIPUTADO 4 de setiembre de 2014 NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología.