Informe sobre la Proposición no de ley sobre el desarrollo de una nueva regulación para la gestión del agua, para su debate en la comisión de agricultura, alimentación y Medio Ambiente. Presentada por ciudadanos. Desde el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la resolución A/RES/64/292, reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como Derecho Humano esencial. Como tal, su acceso debe ser garantizado a todas las personas. El pasado 8 de Septiembre, el pleno de la Eurocámara ha respaldado la iniciativa ciudadana 'Right2Water', que busca garantizar el derecho al agua para todas las personas y la trasposición a la legislación de los estados miembros del derecho humano al agua y al saneamiento, dejando claro que el agua no debe de tratarse como un bien comercial. Así, el agua se queda fuera de los acuerdos de libre comercio (TTIP) y de las normas del mercado interior, y se hace un llamamiento a la Comisión para que deje de impulsar su privatización. En aplicación de este derecho humano, la gestión del suministro del agua debe guiarse mediante criterios de equidad social sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social. Para ello resulta fundamental, entre otras cuestiones, garantizar una dotación mínima y el compromiso de no efectuar cortes por razones económicas o administrativas. Igualmente, el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados. En este sentido, desde hace varios meses diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil de todo el estado vienen reclamando la necesidad de blindar el
suministro de agua ante los intereses de las empresas privadas por hacer negocio con este servicio, así como un cambio de modelo de gestión del agua urbana para que sea pública, democrática y participativa. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país, y persigue tres objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en muchos municipios, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado. Paralelo a la creación de un nuevo modelo de gestión del agua hay que poner freno a la visión especulativa del agua en España. En España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia y donde, además, el alcalde va a obtener un préstamo que él va a poder utilizar para enjuagar las cuentas municipales. El dinero que se destina al agua (y que va a consistir en dejarle a una empresa privada más de 25 años de concesión), se oculta tras ese préstamo a un solo alcalde que va a tener unas elecciones muy vanas, que va a poder pagar determinadas nóminas política y que va a poder hacer unas cuantas rotondas más dentro de su pueblo: eso es lo que estamos debatiendo; eso y entregar, a dos grandes multinacionales, el control de un recurso tan vital para la vida como es el agua.
El canon concesional es absolutamente indecente y debería estar perseguido. El canon es también una puerta a la corrupción. En estos momentos distintos Ayuntamientos del estado están siendo investigados por casos importantes de corrupción y agua como el Pokemon.. Casos similares llevaron a Francia a prohibir el canon concesional a través de la denominada Ley de Transparencia y Anticorrupción. Por todo ello, desde Aeopas creemos muy necesario crear una ley de aguas del ciclo urbano que incluya las siguientes medidas de urgencia: REGULADOR Urge poner en marcha de un Regulador que controle "su salud", supervise los concursos de privatización y vigile la calidad de los servicios prestados tanto por los operadores públicos, como por los privados. Es necesario política de gestión del ciclo integral del agua, incluida la tarifaria, regulada, transparente y participativa favorecería la gestión de nuestros servicios públicos y minimizaría los conflictos ambientales, sociales y territoriales. En este sentido sería deseable la creación de un ente técnico independiente que auditara una serie de indicadores que describan la bondad del servicio (desde el interés del usuario) y garantice que los ciudadanos están disfrutando de una gestión pública sostenible desde una perspectiva social, económica y medioambiental. Esta propuesta debe estar inspirada en la Directiva Marco del Agua (DMA) que señala como objetivo mantener el buen estado de los ecosistemas acuáticos a través de la minimización de impactos ambientales, la recuperación de los costes y la participación pública, lo que significa reconocer la necesidad de contar con las diferentes administraciones y con la ciudadanía para buscar las soluciones a los actuales problemas del agua. Esta participación debe ser real y basada en la transparencia. Defendemos que el peso de los Ayuntamientos -órganos
competentes en esta materia- debe ser hegemónico en el regulador junto al de consumidores y usuarios, además de las empresas públicas que suponen más del 50% de las gestoras de los servicios en España. En este sentido, Se insta a que el nuevo Gobierno ponga en marcha de forma urgente de un Órgano regulador. Las atribuciones del Regulador en lo referente al ciclo urbano del agua principalmente debe contemplar tres vertientes, económica, operacional y medioambiental: En lo que se refiere a la primera, el Regulador debe tener como misión garantizar que las tarifas aplicadas sean únicas para todo el territorio es decir, que se contemplen los mismos conceptos (no los mismos costes), transparentes socialmente aceptables y económicamente sostenibles para las entidades gestoras. Regule los criterios básicos de tarificación para conseguir una facturación homogénea y basada en el número de personas que habitan en la vivienda. Tal como señala recientemente el informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz para el Parlamento sobre Servicios de suministro. Garantías y derechos en Las tarifas, según el defensor, deben tener como objetivo y límite la autofinanciación del servicio y debe impedir la inclusión de costes que no estén asociados al servicio de agua, prohibiendo taxativamente que los ingresos sirvan para sufragar gastos municipales ajenos. En lo que se refiere a la segunda, el Regulador debe realizar un control de la calidad del servicio que se presta a los consumidores, atender las quejas de estos y ayudar a fiscalizar el comportamiento de las entidades gestoras. Además, el Regulador tiene que tener componentes ambientales, ya que debería de monitorizar en tiempo real el estado de las aguas de uso doméstico. Otras funciones complementares deben ser la divulgación de la información relativa al desempeño de las entidades gestoras. Finalmente debería ser un auxilio a los ayuntamientos y diputaciones, con capacidad de asesoramiento (e iniciativa en materia de propuestas legislativas.
Por otro lado, desde los movimientos sociales, para se exige a los operadores que adopten las siguientes medidas contempladas en la #iniciativagua2015: Investigación. El acuerdo también fija la necesidad de establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua en colaboración con las universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales. Responsabilidad. El pacto también implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, a los Ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en los ámbitos medioambientales, económicos y de infraestructuras. De esta forma, los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Finalmente, también los Ayuntamientos tienen la obligación de ejecutar las inversiones necesarias. Control Social. Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar el "control social" del recurso, con transparencia y "participación ciudadana efectiva", previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea (Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003), y en la española (Ley 27/2006, de 18 de julio). Un REGULADOR nunca está diseñado para la garantía jurídica del operador sino para garantizar la calidad del servicio público. Además debemos recordar que la DMA no señala que el agua ha de ser gestionado como un bien económico escaso de creciente valor" sino que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal Eliminación del Canon concesional porque favorece la especulación e incluso es una puesta abierta a la corrupción
Muchos creemos que si la legislación simplemente prohibiera que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos al simple enjuague de las cuentas municipales (p.e a la mejora de las infraestructuras hidráulicas) los procesos de privatización serían en España algo muy residual. No hacer esto es fomentar una burbuja hídrica basada en la utilización de la tarifa del agua como mecanismo de recaudación no transparente para financiar a los municipios y cuyo resultado no muy lejano será la ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano lo que conducirá a su insostenibilidad y, quizás, a su posterior rescate público, para volver a garantizar el agua-vida. Paralelo a la creación de un nuevo modelo de gestión del agua hay que poner freno a la visión especulativa del agua en el Estado. En España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia y donde, además, el alcalde va a obtener un préstamo que él va a poder utilizar para enjuagar las cuentas municipales. El dinero que se destina al agua (y que va a consistir en dejarle a una empresa privada más de 25 años de concesión), se oculta tras ese préstamo a un solo alcalde que va a tener unas elecciones muy vanas, que va a poder pagar determinadas nóminas política y que va a poder hacer unas cuantas rotondas más dentro de su pueblo: eso es lo que estamos debatiendo; eso y entregar, a dos grandes multinacionales, el control de un recurso tan vital para la vida como es el agua. El canon concesional es absolutamente indecente y debería estar perseguido. El canon es también una puerta a la corrupción. En estos momentos distintos Ayuntamientos de El Estado como Nava, Pola de Siero, Pravia, Cangas de Narcea, Tineo, Avilés, Oviedo), A Coruña (Arzúa, Oroso, Ortigueira, Santiago, Valdoviño, Cedeira, Bergondo, Padrón, Betanzos), Pontevedra (Ponte Caldelas, Pontevedra), Lugo (Chantada, Ribadeo) y Ourense (Punxín, Barbadás, Ourense) están siendo investigados por casos importantes de corrupción y agua. La jueza instructora de la denominada trama del Aquagest ha resaltado que los directivos de la concesionaria privada han urdido un plan organizado y preconcebido destinado a saltarse las barreras de las Administraciones Públicas. Andalucía no está exenta
de estos casos por ejemplo tal como se recogió en el diario El Pais sabemos que el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, informó de que va a pedir a sus representantes en la mancomunidad de municipios de Huelva Mas, de la que depende Giahsa, que emprendan las acciones jurídicas por presuntas irregularidades administrativas de trascendencia penal, en función de lo establecido por el informe del catedrático de Derecho Administrativo Javier Barnés sobre los procesos de adjudicación de servicios de aguas. En este sentido, el texto legal concluye que la concatenación de secesiones del servicio mancomunado para la adjudicación mediante procesos similares, de emergencia u ordinarios, es un fin ilegal conseguido con medios ilegales. Casos similares llevaron a Francia a prohibir el canon concesional a través de la denominada Ley de Transparencia y Anticorrupción. Que prohíbe estos canones, crea indicadores de gestión y un regulador que supervisa la calidad de los servicios. Acciones para ayudar a que el agua vuelva al grifo público: En este sentido creemos que sería importante crear un servicio dependiente de l Ministerio de Medio Ambiente capaz de auxiliar a los entes locales que se encuentran en esta situación. Este servicio, entre otras cosas debe contemplar la creación de una central de compras comunes; espacios para el desarrollo formativo. El Estado debería de crear un Manual Técnico de Remunicipalización para que los municipios conozcan las posibilidades reales de esta opción. Paralelamente es necesario impulsar de forma decidida la creación de los Entes supramunicipales del agua establecidos por la Ley de aguas para España, esto podría suponer el mayor impulso para la gestión pública del agua en España que ha habido nunca. Actuaciones para Planificar de forma responsable:
El proceso de renovación de la política de aguas en España (2000 2014) resulta frustrante. En la primera generación de planes hidrológicos no hubo ocasión para la innovación debido a la premura final para aprobarlos antes de agotar su periodo de vigencia teórico (2015), manteniendo en líneas generales la orientación de los planes (de 1998) anteriores a la DMA. En este sentido si queremos un cambio de rumbo se deberán tomas las siguientes medidas: a) condición imprescindible de partida: fortalecer el compromiso político con los objetivos de la DMA, claridad de objetivos y liderazgo en cada uno de los niveles de la Administración responsable; b) consolidar un equipo técnico especializado de calidad, experimentado y con los recursos suficientes; c)fortalecer los mecanismos de participación social y garantizar que los resultados de la participación se van a integrar en las decisiones finalmente adoptadas (en el programa de medidas y en el PHC) y asumir el compromiso de devolución de resultados a los agentes sociales participantes. Soluciones a la Depuración (te presentamos un documento para que pueda tramitarse en forma de ley) En urgente promover un plan de inversiones en saneamiento y depuración. Promover inversiones de 638 millones de euros y crear puestos de trabajo en la construcción y gestión de depuradoras de aguas residuales. Las empresas privadas quieren participar de este proyecto por lo que, según un informe y defienden que la mejor opción es la privatización (o la colaboración con el sector público). Sin embargo, numerosos informes o experiencias cuestionan la participación del sector privado en un plan donde, según defienden, no debe haber más beneficios que el medioambiental y la creación de puestos de trabajo. El agua y el
recientemente. Los expertos advierten de: saneamiento es un derecho humano y no una mercancía, como aprobó el Parlamento europeo Hay riesgos en la incorporación de entidades privadas a infraestructuras de depuración. En este sentido, alertan de que las empresas están interesadas en grandes instalaciones porque suponen mayor beneficio a menor coste. Sin embargo, tal como sostuvieron los propios representantes institucionales no son las más adecuadas para los municipios que se beneficiarán del plan, de menor tamaño que las grandes ciudades, que ya cuentan con estas instalaciones. También alertan de que las empresas privadas, cuando el negocio falla, tienden a endosar el problema a la Administración. Y ponen de ejemplo a las autopistas de peaje sobre las que no se han cumplido las expectativas de uso. Al mismo tiempo, aseguran que la búsqueda de un mayor beneficio suele generar políticas de ahorro en mantenimiento de unas instalaciones muy sensibles que terminan pagando los usuarios y sus municipios. En algunos pueblos, las empresas concesionarias se han beneficiado de la construcción de nuevas instalaciones por el abandono intencionado de las existentes. Por último, creen que la norma establece que la ley de Régimen Local otorga las competencias de suministro, alcantarillado y tratamiento a los municipios, por lo que no entienden que éstas se privaticen. La única opción posible, según los expertos y las asociaciones presentes, son los acuerdos de colaboración Público-Público ya que los operadores públicos tienen capacidad financiera suficiente para ejecutar el plan y garantizan que el objetivo final es el ciudadano y no los intereses de una empresa o grupo de empresas. La financiación está clara, procede del canon de depuración, que solo se puede destinar a estas infraestructuras. Además, sería la garantía ante cualquier entidad financiera, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 99% y el 97%.
Como las empresas públicas del agua obtienen más de la mitad de sus ingresos de fuentes de mercado, es decir, de los usuarios, no computan como entidades públicas a la hora de establecer el déficit, por lo que no añadirían números rojos a las cuentas municipales ni autonómicas. "Hace falta un plan de actuaciones", no entendemos cómo en la situación de crisis que atraviesa el país no se ha puesto en marcha el programa de inversiones. "Incluso la patronal lo apoya, entre otras cosas porque supondría la consolidación de las empresas tecnológicas ". Soluciones a la Pobreza Hídrica Hay que apostar por estrategia global de derecho universal del agua para toda la ciudadanía desde la prestación pública del servicio. Por ello hay que aplicar los criterios de la Iniciativa europea ciudadana el agua es un derecho y no una mercancía a todas las escalas legales (Unión Europea, Estado español, Autonomía andaluza y ayuntamientos). Es necesario aprobar un Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social, que prevea la aprobación de un Plan Extraordinario de Solidaridad para atender tanto los suministros mínimos vitales (agua y electricidad) como las necesidades urgentes y básicas de personas, familias y colectivos que necesitan una protección especial. También creen fundamental la creación de un articulo legal dentro de la Ley de Aguas que reconozca el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento ( como prohibir los cortes, asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado), también debe aumentar la información a las personas usuarias y contratantes del suministro, fortalecer las garantías en materia de reclamaciones y apostar por un servicio de atención al ciudadano gratuito. Finalmente algunos colectivos solicitan entienden que las tarifas de agua son 'tasas', que "nos las están cobrando como precios privados, eludiéndose la normativa tributaria y sin dar debida cuenta del dinero recaudado". Entiende, en este sentido,
que la tasa supone una mayor garantía para los ciudadanos y una protección frente los cortas el agua para las personas con dificultades económicas. Ante este debate, no cerrado, se solicitó a las administraciones que realicen un estudio jurídico sobre la cuestión. El defensor del pueblo andaluz, en el informe anteriormente citado, reclama que se establezca el derecho a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera, prohibición de los cortes a quienes estén en situación de pobreza y ayudas a quienes no puedan pagar el consumo extra que no se garantice con el mínimo vital. Mínimo vital que ya algunas ciudades de gestión pública como Córdoba están aplicando. Pacto Social Por el Agua Desde el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la resolución A/RES/64/292, reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como Derecho Humano esencial. Como tal, su acceso debe ser garantizado a todas las personas. El pasado 8 de Septiembre, el pleno de la Eurocámara ha respaldado la iniciativa ciudadana 'Right2Water', que busca garantizar el derecho al agua para todas las personas y la trasposición a la legislación de los estados miembros del derecho humano al agua y al saneamiento, dejando claro que el agua no debe de tratarse como un bien comercial. Así, el agua se queda fuera de los acuerdos de libre comercio (TTIP) y de las normas del mercado interior, y se hace un llamamiento a la Comisión para que deje de impulsar su privatización. En aplicación de este derecho humano, la gestión del suministro del agua debe guiarse mediante criterios de equidad social sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social. Para ello resulta fundamental, entre otras cuestiones, garantizar una dotación mínima y el compromiso de no efectuar cortes por razones económicas o administrativas. Igualmente, el agua y sus
intereses privados. ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de En este sentido, desde hace varios meses diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil de todo el estado vienen reclamando la necesidad de blindar el suministro de agua ante los intereses de las empresas privadas por hacer negocio con este servicio, así como un cambio de modelo de gestión del agua urbana para que sea pública, democrática y participativa. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país, y persigue tres objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en muchos municipios, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado. El Pacto ya se está llevando y aprobando en muchos municipios como Málaga, Gijón, Compostela, Huelva, Sevilla o el propio parlamento Catalán y Andaluz pero creemos que se debe de adoptar por el Gobierno Central y esta ley debería afrontar de manera clara el problema de la desregulación del sector urbano (falta por ejemplo de unas tarifas homogéneas y del desarrollo del Regulador). Demandas Concretas:
Reconocimiento del derecho al agua como una condición inexcusable para la erradicación de la pobreza hídrica. Instar a las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica. En este sentido resulta esencial prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago, así como asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado. Rescate. Crear un servicio dependiente del Estado central dedicado a auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio del agua. Rechazo a los procesos de privatización de la gestión del agua en Andalucía, por ser un modelo más gravoso para la ciudadanía, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas sobre la gestión de este servicio básico. Desarrollo de Planes de Depuración que contemplen el desarrollo de programa de financiación público-público. Establecimiento de acuerdos de colaboración con los operadores públicos de agua que conlleve la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las obras de interés de saneamiento y depuración contempladas en el Plan de Calidad de las Aguas. En el convenio se encomendará a las Sociedades Gestoras Públicas la realización de determinadas infraestructuras de depuración de interés y se determinarán las modalidades y formas de contratación de infraestructuras, así como el grado de implicación de cada una de las partes en el inicio, control y desarrollo del
expediente de contratación, sin que el papel de los entes locales pueda verse reducido, de plano, a una mera subrogación en un contrato licitado por el Estado. Adhesión al Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015) en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. Rechazó al recién aprobado real decreto sobre autoconsumo, una regulación eléctrica (RD 900/2015) que se ha ido retrasando durante toda la legislatura y que incluye el llamado impuesto al sol. La normativa es un obstáculo al desarrollo de las energías limpias y supone una dependencia exclusiva de las reglas que nos imponen las actuales empresas eléctricas. Creación de un órgano de regulación que garantice un servicio eficaz y justo. El órgano tiene que tener el personal adecuado para llevar esta función y legalmente, tiene que tener capacidad sancionadora en caso de incumplimientos de los contratos. En este sentido, nos negamos a una teatralización de la regulación que otros actores demandan para impedir que afloren instituciones capaces de garantizar un servicio de calidad. Reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido en la factura cuando no exista beneficio industrial (caso del modelo público). La eliminación del denominado canon concesional que permite vender el agua para enjuagar las cuentas municipales y especular con el agua.