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Despacho C. Gobierno Nº 09/09 Sin Expte. (dada en el marco de los Exptetes. 0046/05; 0498/06/1 y 0313/07/3.-) Visto: Los Exptes. 0046/05; 0498/06 y 0313/07, todos conteniendo diversas propuestas conducentes a la nominación de calles de la Ciudad de Reconquista, e incluso la iniciativa no contemplada en ningún expediente, para perpetuar la memoria de quien fuera Presidente de los Argentinos, el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín; y Considerando: Que, es necesario nominar calles de la ciudad que no se encuentran con designación expresa y sólo indicada por el numeral oportunamente asignado; Que, ha sido temperamento afianzado de nuestra comunidad, reconocer a personalidades e instituciones, perpetuando su memoria o trayectoria con la nominación de las calles de la ciudad; Por ello: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, SANCIONA CON FUERZA DE: Ord. 6.200/07.-1

O R D E N A N Z A Nº 6.200/09.- Artículo 1º) - IMPÓNESE el nombre de Dr. RAUL RICARDO ALFONSÍN al tramo de la Ruta Nacional A-009, que parte de la intersección con Calle Nº 47, hasta el Kilómetro 0 de la misma vía nacional.- Artículo 2º) - COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.- SALA DE SESIONES, 07 de mayo de 2.009.- Fundamentos: Raúl Alfonsín Foulkes; Nació en Chascomús, Buenos Aires, en 1927. Abogado y periodista, comenzó a participar en política al ingresar en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical apenas llegó al poder creó la CONADEP, (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas). Inició su carrera como concejal de su ciudad natal (1950) y diputado de la Asamblea provincial de Buenos Aires (1952). Tras pasar por la cárcel (1953), llegó a ser diputado nacional en las legislaturas de 1963 y 1973, ambas interrumpidas por los golpes militares de 1971 y 1976. En 1966 fundó el Movimiento de Renovación y Cambio; bajo la dictadura militar de 1976-83 se distinguió en la defensa de los derechos humanos, lo cual le valió la elección como presidente de la Unión Cívica Radical en 1983. En aquel mismo año, terminada la dictadura, fue elegido por amplia mayoría presidente de la República, cargo que ocupó hasta 1989. Los mayores esfuerzos de su mandato los dedicó a consolidar la democracia y garantizar la supremacía del poder civil, juzgando a los responsables de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura anterior. A partir de la dictadura militar de tipo permanente que instaló Onganía; Alfonsín estrechó sus contactos con los sectores de centro-izquierda, Ord. 6.200/07.-2

como el socialismo dirigido por su amigo Guillermo Estévez Boero, y comenzó a desarrollar, desde la Provincia de Buenos Aires, un pensamiento socialdemócrata dentro del radicalismo que tendría un considerable impacto en la juventud. Con la política prohibida y una situación internacional conflictiva, la juventud progresista argentina se vio frente a la opción concreta de sumarse a la lucha armada. Alfonsín rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso social, que adoptaron por entonces algunos grupos, para ofrecer a un amplio sector de la juventud un canal pacífico de militancia de centro-izquierda. El alfonsinismo apoyó la consigna Elecciones libres y sin proscripciones, como alternativa a Ni golpe ni elección: revolución que proponían por entonces los sectores extremos. La actividad política vedada obligó a Alfonsín a expresar su oposición a la dictadura y difundir sus argumentos a través de su actividad periodística: fue columnista de la revista Inédito de Mario Monteverde y escribió artículos en otros semanarios bajo el seudónimo de Alfonso Carrido Lura. Entre 1971 y 1972, los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora y Franja Morada, que habían mantenido una militancia activa contra la dictadura miliar, comienzan a acercarse a Raúl Alfonsín. [] El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio a la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los Derecho Humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la denominada AAA. Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón (fallecida el 7 de marzo de 1997) y asistieron: el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Raúl Alfonsín, Oscar Allende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. [] La APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar, luego apoyó el trabajo de la CONADEP y finalmente luchó contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional. Durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los Ord. 6.200/07.-3

detenidos-desaparecidos, actividad que por sí misma solía significar la muerte. Realizó varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética y Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional Socialista (IS), denunciando la masiva violación de derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina. En 1976 fundó y dirigió la revista Propuesta y Control, única revista política opositora en aquellos primeros años del gobierno militar. Alfonsín, asesorado por un grupo de intelectuales, fue uno de los pocos políticos argentinos que se opuso a la acción militar en las islas Malvinas y sostuvo que su finalidad era lograr el fortalecimiento de la dictadura. Exigió al gobierno militar que proveyera información verídica sobre la marcha del conflicto. Este mismo grupo influyó en la decisión de Alfonsín en promover la caída de la junta militar encabezada por Galtieri, proponiendo que asumiera un gobierno civil de unidad nacional conducido por el ex presidente Arturo Illia con el fin de proceder a la democratización. En la campaña electoral de 1983 Alfonsín buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en los actos, discursos agresivos, etc. Para acentuar la importancia de su mensaje democrático eligió para cerrar sus discursos en los actos el Preámbulo de la Constitución Nacional. Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7% de los votos. El gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado al terrorismo de estado y la guerra. El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del Proceso de Reorganización Nacional del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares. Ord. 6.200/07.-4

También el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada ley de auto- amnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática. El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado Nunca Más '' y concurre a entregarlo al presidente Alfonsín acompañada de una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luís Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica. El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron carapintadas dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección. Millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo al borde de la guerra civil. Alfonsín, anunció al público reunido en la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habría de darse cuenta que Ord. 6.200/07.-5

esas tropas, en los hechos, no existían. Ni una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal, y zonas adyacentes, respondió a esa orden. Sólo el General Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su guarnición en la provincia de Corrientes, y así avanzó con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar contra sus compañeros. El propio Alfonsín ha revelado luego que, fuera de quicio, quiso marchar encabezando a la multitud a Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero que finalmente no lo hizo para evitar la guerra civil. En vez de ello, Alfonsín concurrió personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció, que los amotinados habían depuesto su actitud, en lo que aparentemente había sido una victoria sin concesiones del gobierno democrático. Poco después se haría evidente que este pretendido triunfo no había sido tal. Fue el sábado 30 de abril cuando Alfonsín así lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó una frase que se hizo histórica (con sentido negativo): La casa está en orden, felices Pascuas. Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de Estado, negoció con los líderes militares "carapintadas" la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron en la Ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a defender públicamente la dictadura y la guerra sucia. Desde entonces Alfonsín debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas. Alfonsín se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo: Las medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad, no se compadecían con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los argentinos. Acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los partidos políticos opositores. De modo tal que cuando Menem, posteriormente, realiza el indulto se creyó que era mucho menos grave que lo que yo había hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que había señalado durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes y la tercera, los que Ord. 6.200/07.-6

en ese marco de terror que había, creyeron en la legitimidad de la orden impartida. Entonces, sobre esos yo no quería que recayera la pena. Aún así la Argentina de Alfonsín se transformó en el primer y hasta ahora único país de la Tierra que juzgó y condenó a los responsables de violaciones a los Derechos Humanos en forma autónoma. Desde el punto de vista económico el gobierno de Alfonsín en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida. La situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente negativa, interna y externamente. Externamente, en 1982 estallaba la crisis de la deuda externa latinoamericana, ante la moratoria de México y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los Estados deudores. Internamente, la deuda externa argentina había pasado de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. [] Por otro lado el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5% en 1975 al 37% en 1982, anticipaban grandes presiones sociales una vez reconquistada la democracia. Para América Latina, la década de los años ochenta fue conocida como la década perdida desde el punto de vista económico. En tono jocoso Alfonsín dijo hace pocos meses que si el hubiera recibido el país con la situación económica que existía en Argentina del 2003 todavía estaría en el gobierno. Entre las transformaciones económicas estructurales diseñadas por el gobierno de Alfonsín, merece destacarse la iniciación de un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al MERCOSUR. Esta iniciativa ha sido considerada como el legado más perdurable de toda la política económica del gobierno de Alfonsín. Alfonsín sostuvo una activa política internacional. Las prioridades fueron: fortalecer el sistema democrático en Argentina, evitar que la Guerra Fría regenerara la concepción de la seguridad nacional, impulsar el proceso Ord. 6.200/07.-7

de democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor capacidad negociadora regional frente a las grandes potencias y promover la integración subregional [ Escribió numerosos artículos, y los libros: La cuestión argentina (1981) Ahora, mi propuesta política (1983) Qué es el radicalismo (1983) Democracia y consenso (1996) Memoria Política (2004) Fundamentos de la República Democrática (2007) En los procesos de gobiernos institucionales en la Argentina existe una larga lista de presidentes con actitudes destacables. Pero él es indiscutible. Porque más allá de la convención institucional o del cronograma histórico que lo incluye en la lista, aporta gravitación al papel de Presidente. Lo enriquece. Alfonsín en la democracia es el político que la recrea, que la reivindica y que la sufre. Es el que asume desde el umbral de la desesperanza colmada de muertos, y la convierte en la esperanza de un pueblo que resucita. Pocas veces un presidente instala en su mandato una felicidad popular de tal pluralismo y de tal magnitud cívica. A pesar de sus humanos errores me quedo con Alfonsín: con el del memorable Juicio a la dictadura, con el del memorable preámbulo de sus discursos y también con el que no pudo resistir el embate de los conspiradores económicos. Me quedo con Alfonsín y no con sus negadores. Me quedo hasta con el Pacto de Olivos, porque la política no es un diseño de estereotipo o de molde, sino un devenir de decisiones que se toman sin guantes y con el mango de la sartén al rojo vivo. Siempre me quedo con los políticos antes que con los antipolíticos que dan sermones (*) Alfonsín es un Presidente -y digo Presidente- porque le da rango a la democracia y a la política. Un tipo sin odio; sin impostaciones patrióticas. Y un ciudadano sin fatuidad de palco, ni de retórica de patronal ni de elite. No necesita usar la escarapela para que uno se de cuenta que es argentino. Los fundamentos de la presente Ordenanza fueron aportados por el Ing. Marcelo Schvarzstein, DNI: 10.657.800, agradeciéndose la desinteresada colaboración- (*) Trascripción de cita del colaborador.- Ord. 6.200/07.-8