PLAN PARA ERRADICACIÓN DE LA MOROSIDAD REGULADO EN EL REAL DECRETO LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO (artículos de 1 a 7 y de 14 a 19)

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1 PLAN PARA ERRADICACIÓN DE LA MOROSIDAD REGULADO EN EL REAL DECRETO LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO (artículos de 1 a 7 y de 14 a 19) CUESTIONES DESTACADAS Y CONTESTACIONES REMITIDAS ÍNDICE DE CUESTIONES Sobre el ámbito subjetivo de aplicación (apdo. I; página 2) Sobre la remisión de documentos y accesos a las aplicaciones (apdo. II; página 5) Sobre las deudas entre administraciones públicas (apdo. III; página 11) Sobre las facturas y obligaciones que se pueden incluir (apdo. IV; página 15) Sobre las relaciones entre las mancomunidades y los municipios que las integran (apdo. V; página 22) Sobre los planes de ajuste (apdo. VI; página 23) 1

2 I. Sobre el ámbito subjetivo de aplicación 1. En el caso de las mancomunidades, se incluyen las sociedades mercantiles dependientes cuyo capital social pertenece en un 100% a aquéllas? Contestación: Las sociedades que son entidades dependientes de una mancomunidad y están clasificadas por la IGAE como administraciones públicas también estarían incluidas dentro del ámbito subjetivo de la ampliación del mecanismo de pago a proveedores aprobado por el Real Decreto-ley 8/2013, si bien, el órgano responsable de la remisión de la información de los certificados individuales aceptados de aquellas sociedades sería el órgano de control interno de la mancomunidad, la que tendría que acceder con su certificado digital a la aplicación habilitada al efecto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 2. Un Consorcio de Residuos Sólidos está constituido exclusivamente por entidades locales, diversos ayuntamientos y la diputación provincial, podría entenderse incluido en el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto-ley 8/2013, asimilándose a una mancomunidad, si se tratase en ambos casos de entidades locales de cooperación territorial, conforme a una Ley autonómica? De no entenderse así, la prestación de servicios que realiza dicho consorcio para los diversos municipios consorciados, podría entenderse incluida en el ámbito objetivo de aplicación del Real Decreto-ley y, por tanto, la deuda acumulada por los ayuntamientos con el consorcio podría ser incluida en esta fase del mecanismo de pago a proveedores? Contestación: El artículo 14 del Real Decreto-ley 8/2013, que regula el ámbito subjetivo de la norma cita a las entidades locales del País Vasco y Navarra que estén incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado, a las mancomunidades y a las entidades locales a las que resultan aplicables los modelos de participación en tributos del Estado, a las que se refieren los Capítulos III y IV, de los Títulos II y III del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y los consorcios cuya composición sea íntegramente local y respecto de los que no se haya iniciado un procedimiento de disolución, por lo que los consorcios si están incluidos en este mecanismo de financiación. 2

3 El artículo 3 excluye del ámbito de aplicación de la norma las obligaciones que las entidades locales tuvieran con otras administraciones públicas, consideradas así a efectos de la contabilidad nacional, salvo que la entidad local tenga obligaciones que deriven: A) De transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales que cumplan con las exigencias previstas en el apartado j) del artículo 3.1 las del RDL 8/2013. B) De relaciones jurídicas referidas a las encomiendas de gestión, los conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios siempre que, en estos casos, el ente acreedor no sea considerado Corporación Local en términos de Contabilidad Nacional. 3. El artículo 14 del RD-ley 8/2013, de 28 de junio, contempla que el mecanismo de pago a proveedores podrá ser de aplicación a las mancomunidades de municipios, sin especificar si dentro del mismo se incluyen a los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de aquéllas. En el supuesto de que una mancomunidad cuente organismos autónomos y alguna sociedad mercantil pendiente de clasificar como de mercado o no por parte de la IGAE, se les considera dentro del ámbito subjetivo de aplicación del procedimiento y por tanto las obligaciones pendientes de abono a la fecha de referencia que tengan contraídas? Contestación: El artículo 14.1 del RD-ley 8/2013, de 28 de junio, define el ámbito subjetivo de aplicación de este procedimiento de pago a proveedores de las entidades locales, incluyendo a las mancomunidades de municipios. Además, el apartado 2 del mismo artículo 14 dispone que se entenderá por Entidad Local, la Administración de la Entidad Local y el resto de Entidades, organismos y entes dependientes de aquélla incluidos en el sector Administraciones Públicas, subsector Corporaciones Locales, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de Por todo ello, si las obligaciones vencidas, líquidas y exigibles son de entes que dependen de la Mancomunidad, en términos de contabilidad nacional y están 3

4 clasificadas como administraciones públicas por la IGAE, entrarán en el ámbito de aplicación del RD-ley 8/2013, de 28 de junio, siempre que concurran las demás condiciones de carácter objetivo incluidas en el mismo. 4. Las entidades que forman parte del presupuesto general de la entidad local en tanto pertenecen íntegramente a ésta, deben incluir sus obligaciones pendientes de pago en este plan? Contestación: En este punto, y a diferencia de lo que ocurrió con los Reales Decretos-ley 4/2012 y 4/2013, sólo podrán incluirse las obligaciones pendientes de pago de las entidades que sean dependientes de las entidades locales y estén clasificadas como administración pública. En consecuencia, una entidad dependiente que no esté clasificada de esta forma, aun cuando pertenezca íntegramente a una entidad local, no podrá incluir sus obligaciones pendientes de pago. Nota explicativa sobre la dependencia: Se pueden incluir las obligaciones de las entidades dependientes de las entidades locales, siempre que estén clasificadas por la IGAE como administraciones públicas y dichas obligaciones estén incluidas en el ámbito objetivo de aplicación del Real Decreto-ley 8/2013. Es decir, entidades que consolidan a efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Las deudas que tengan las entidades dependientes clasificadas como sociedades no financieras y no como administraciones públicas, por obtener del mercado la mayor parte de sus recursos, no se incluirán en este procedimiento. Como contrapartida las deudas que tengan aquéllas (las entidades locales y sus entes dependientes clasificados como administraciones públicas) con entidades que estén clasificadas como sociedades no financieras se incluirían en este procedimiento de pagos a proveedores, ya que estas últimas están actuando como cualquier otra sociedad de mercado. 4

5 II. Sobre la remisión de documentos y accesos a las aplicaciones 1. Cómo van a facilitar las mancomunidades sus estatutos? En la AEAT solo hay un enlace para incluir la participación de los Ayuntamientos. Contestación: Los estatutos de la mancomunidad deben remitirse a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las EELL. Bajando con el cursor se encontrarán con una tabla denominada Aplicaciones de captura (ejercicio actual). Se selecciona el apartado de: Base de datos General de Entidades Locales y se pincha en ese apartado. Debajo de usuario y contraseña tienen una dirección de correo electrónico: a través de la cual deben mandar los estatutos escaneados. Además entrarán en esa aplicación y grabarán la información relativa a los porcentajes de los ayuntamientos que las integran. Sin perjuicio de lo anterior, al entrar en la aplicación de la AEAT deben introducir el dato de los porcentajes de participación, si bien en este caso a 31 de diciembre de Las mancomunidades y consorcios tienen que introducir las facturas de los proveedores que soliciten el certificado individual de reconocimiento de deuda o tienen que presentar una relación con todas las facturas? Contestación: En esta nueva fase, las mancomunidades y consorcios que no hayan iniciado ningún proceso de disolución deberán incluir una relación certificada de todas las facturas pendientes de pago, cuando se den las circunstancias establecidas en los artículos 3 y 15 del Real Decreto-ley 8/2013. Además, a instancia del proveedor, deberán emitir, en caso de que no estén incluidos en la relación inicial, un certificado individual por las facturas que se puedan incluir en la ampliación del ámbito subjetivo de la norma de aceptación del procedimiento y comunicar dicho certificado a la plataforma de la AEAT.. 5

6 3. Va a haber opción de eliminar aquellas facturas que se paguen antes de la elaboración del plan de ajuste? Contestación: Está habilitada hasta la fecha en la que se cierre la aplicación de la AEAT una opción que permitirá señalar como pagadas, aquellas facturas que habiendo sido introducidas en la relación inicial o que se hubieran introducido por la emisión de certificados individuales, sean posteriormente abonadas por la entidad local. En todo caso, como se establece en el artículo 16.5 del RDL 8/2013, hasta el 20 de septiembre de 2013 el Interventor comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, una relación completa certificada de las facturas, que cumpliendo los requisitos previstos en este título I del Real Decreto-ley, hayan sido aceptadas por los proveedores, incluyendo las solicitudes aceptadas de certificados individuales. La citada fecha será la fecha límite hasta la que se podrán hacer los cambios que resulten procedentes. Una vez cerrada la aplicación de la AEAT no será posible añadir, modificar ni eliminar facturas. 4. Al acceder a la plataforma de la AEAT ya no aparecen las facturas que estaban incluidas con motivo de la aplicación del RD-ley 4/2012, de 24 de febrero, Existe la posibilidad de cargar las facturas pendientes de aceptación y de pago, de los anteriores procedimientos, en la nueva relación certificada de facturas previamente a la solicitud del interesado de la aceptación a la inclusión en este mecanismo de pago? Contestación: En el procedimiento aprobado por el reciente Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, se vuelve a recoger la fase que existía en el procedimiento establecido en el Real Decreto-ley 4/2012, que exigía el envío de una relación inicial de facturas, por parte del interventor local, donde se deben volver a incluir las facturas pendientes de aceptación y que continúen pendientes de pago siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 15 del RDL 8/2013, en cuanto a la contabilización, y del artículo 14 del mismo RDL en lo referente al ámbito subjetivo de aplicación. 5. En cuanto al procedimiento de aceptación, ésta debe realizarse a instancia de parte mediante solicitud del proveedor al efecto o el proveedor tendrá la 6

7 posibilidad de aceptar sus facturas de forma telemática mediante la aplicación web de la AEAT? Contestación: El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, establece que desde el 25 de julio hasta el 6 de septiembre de 2013, los proveedores podrán consultar la relación inicial y aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través de este mecanismo. La aceptación la podrán solicitar a la entidad local deudora, que podrá comunicarla directamente a través de la aplicación habilitada en la AEAT. 6. Si por parte de los contratistas, en el plazo previsto hasta el 6 de septiembre de 2013, no se solicitase ningún certificado individual o los solicitados se rechazasen por parte de la Entidad Local, se considera, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto-Ley 8/2013 (se refiere expresamente a certificados individuales admitidos), que no es necesaria la remisión de ninguna relación certificada y por tanto no se hace necesaria efectuar comunicación alguna por parte del Interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas? Contestación: Es correcta la conclusión recogida en la pregunta formulada. En esta fase del procedimiento de pago a proveedores no se contempla la remisión de certificados denegatorios ni de las solicitudes de certificados no contestadas por las entidades locales. 7. A tenor de lo recogido en el apartado D) de la Nota sobre el desarrollo de la tercera fase del mecanismo de pago a proveedores en el ámbito de las Entidades Locales, de 1 de julio de 2013, cabe entender que, si en las obligaciones pendientes de pago que fueron incluidas en la relación certificada que se remita hasta el 19 de julio de 2013 por las Entidades locales, no está incluida la factura de un proveedor es necesario que éstos soliciten a la Entidad Local la emisión de un certificado individual al amparo del artículo 16.3 del Real Decreto-Ley 8/2013? Contestación: Si la factura no está incluida dentro de la relación inicial remitida por la Entidad local, los proveedores podrán solicitar hasta el 6 de septiembre de 2013 a la Entidad Local, al amparo del artículo 16.3 del Real Decreto-Ley 8/2013, un certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago, que reúnan los requisitos previstos en el artículo 3. 7

8 8. En relación del envío de las certificaciones a las que se refiere el artículo 16.5 del RD-ley 8/2013, de 28 de junio, se debe realizar de una vez o se pueden hacer envíos paulatinamente? Contestación: El RD-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, establece en su artículo 16.5 que, hasta el 20 de septiembre de 2013, el interventor u órgano de control interno de la entidad local comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, una relación completa certificada de las facturas, que cumpliendo los requisitos previstos en el título I del RD-ley, hayan sido aceptadas por los proveedores, incluyendo las solicitudes aceptadas de certificados individuales. También que, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 16, el certificado individual se expedirá por el interventor, u órgano de control interno en el plazo de diez días hábiles desde la presentación de la solicitud. La única restricción que establece el citado artículo es su envío por vía telemática y con firma electrónica, por lo que puede remitirse en cualquier momento antes del día 20 de septiembre de No obstante, es aconsejable realizar los envíos con la misma secuencia con la que se expiden los citados certificados. 9. En relación al derecho de consulta de los proveedores, tienen derecho a conocer la información según se vayan generando los certificados individuales, o una vez se tenga la relación certificada para enviar al Ministerio? Hasta cuándo tendrían derecho los proveedores a consultar esta información? Contestación: El RD-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, establece en su artículo 16.6 la obligación a cargo de las entidades locales de permitir a los contratistas consultar su inclusión en la información actualizada y en caso de estar incluidos podrán conocer la información que les afecte con respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal. A su vez, el apartado 7 del mismo artículo, dispone que los Presidentes de la Entidades Locales dictaran las instrucciones necesarias para garantizar la atención 8

9 a los proveedores en sus solicitudes, en la emisión de los certificados individuales y en el acceso a la información remitida. En consecuencia, es competencia de los Presidentes de la Entidades Locales dar cumplimiento a las normas anteriores. 10. Cuando se emita un certificado positivo, debe también dirigirse al Ayuntamiento solicitando su adhesión al mecanismo de financiación o se entiende que con la emisión de éste certificado individual es suficiente? De la relación certificada se debe dar cuenta al Pleno? Contestación: Con la solicitud del certificado por parte del contratista se considera aceptado el presente procedimiento de pago a proveedores de las entidades locales, por lo que no es precisa ninguna otra declaración de voluntad por parte de aquél. El RD-ley 8/2013, de 28 de junio, en su artículo 16.3 establece que La solicitud de este certificado implica la aceptación del proveedor en los términos señalados en el apartado anterior En consecuencia, con carácter previo a la presentación del plan de ajuste no es necesario que se dé cuenta al pleno de las certificaciones positivas emitidas, lo que no impide, que, si se considera pertinente, se facilite esa información, o que, si se requiere por miembros de la corporación local, no deba facilitarse. 11. Los porcentajes de participación de los ayuntamientos en las mancomunidades se pueden introducir telemáticamente mediante la aplicación, pero el consultante no ha visto que haya opción de enviar el archivo pdf de los estatutos, se debe enviar telemáticamente la copia de los estatutos?, si es así, en qué aplicación? Contestación: Para que una determinada mancomunidad pueda registrar las facturas que se incluirán en la nueva fase del mecanismo de pago a proveedores, posibilitando que los contratistas de la mancomunidad materialicen su derecho de cobro, será necesario que la mancomunidad conste en la Base de Datos General de Entidades Locales y del Inventario de Entes del Sector Público Local. De no figurar, deberá solicitar su inclusión y remitir los Estatutos dirigiéndose a: 9

10 Además será preciso que la mancomunidad haya enviado a través de la plataforma de la AEAT el porcentaje de participación de los ayuntamientos a 31 de diciembre de Proveedores que se incluyeron en el anterior plan de pago de 2012, pero que renunciaron al cobro por esta vía, o cuando el proveedor solicitó el certificado individual y ya se había pasado el plazo, y ahora se plantea su inclusión de nuevo cómo proceder? Contestación: En esta fase del mecanismo de pago a proveedores pueden incluirse de nuevo, tanto las obligaciones pendientes de pago que fueron certificadas por las entidades locales en la relación remitida el 15 de marzo de 2012, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, y respecto de las cuales los proveedores no manifestaron su voluntad de acogerse al mecanismo de pago y los certificados solicitados por los proveedores fuera de plazo. En estos casos, o bien la entidad local los incluye en la relación inicial que establece el artículo 16.1 o el proveedor deberá dirigirse a la entidad local y solicitar certificado individual, en aplicación del artículo 16.3 pudiendo, de este modo, quedar incluidas en esta fase, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Real Decreto-ley 8/2013 y que se corresponda con deudas de entidades que están incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 14 de esta misma norma. Por otro lado, aquellos proveedores que durante la primera fase solicitaron la expedición de un certificado y este fue rechazado por la entidad local, podrán solicitar uno nuevo si la obligación pendiente de pago cumpliera los requisitos exigidos por los artículos 3 y 15 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, y se encontrara comprendida en alguna de las modalidades contractuales contempladas en la norma. 10

11 III. Sobre las deudas entre administraciones públicas 1. Un Consejo Comarcal tiene delegados distintos servicios de los ayuntamientos de la comarca, por ejemplo: recogida de residuos, servicios sociales de atención primaria, contratación de obras, limpieza de calles, etc. Para la realización de estos servicios han suscrito convenios de delegación de competencias con los ayuntamientos y el citado Consejo Comarcal tiene deudas pendientes de cobrar. Como dato adicional se indica que los servicios se prestan en dicho ámbito comarcal en última instancia por una empresa contratista o concesionaria. La consulta está relacionada con el ámbito objetivo de aplicación, artículo 3 del Real Decreto, al referirse a obligaciones pendientes de pago a contratistas derivadas de convenios de colaboración. Podrían tener los consejos comarcales la consideración de beneficiarios del mecanismo en el sentido de solicitar al ayuntamiento la emisión de un certificado individual de reconocimiento de la deuda? Contestación: El artículo 3 excluye del ámbito de aplicación de la norma las obligaciones que las entidades locales tuvieran con otras administraciones públicas, consideradas así a efectos de la contabilidad nacional, salvo que la entidad local tenga obligaciones que deriven: A) De transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales que cumplan con las exigencias previstas en el apartado j) del artículo 3.1 las del RDL 8/2013. B) De relaciones jurídicas referidas a las encomiendas de gestión, los conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios siempre que, en estos casos, el ente acreedor no sea considerado Corporación Local en términos de Contabilidad Nacional. 2. Se pueden incluir en aplicación del reciente RD-ley 8/2013, de 28 de junio, las facturas procedentes del sistema de concierto entre un ayuntamiento y una empresa municipal dependiente de otra corporación? 11

12 Contestación: El artículo 3 excluye del ámbito de aplicación de la norma las obligaciones que las entidades locales tuvieran con otras administraciones públicas, consideradas así a efectos de la contabilidad nacional, salvo que la entidad local tenga obligaciones que deriven: A) De transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales que cumplan con las exigencias previstas en el apartado j) del artículo 3.1 las del RDL 8/2013. B) De relaciones jurídicas referidas a las encomiendas de gestión, los conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios siempre que, en estos casos, el ente acreedor no sea considerado Corporación Local en términos de Contabilidad Nacional. 3. Con fecha anterior al 1 de enero de 2012 un ayuntamiento sólo tiene pendientes de abonar las liquidaciones trimestrales del servicio de recogida de basuras que presta una comarca. Contestación: El artículo 3 excluye del ámbito de aplicación de la norma las obligaciones que las entidades locales tuvieran con otras administraciones públicas, consideradas así a efectos de la contabilidad nacional, salvo que la entidad local tenga obligaciones que deriven: A) De transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales que cumplan con las exigencias previstas en el apartado j) del artículo 3.1 las del RDL 8/2013. B) De relaciones jurídicas referidas a las encomiendas de gestión, los conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios siempre que, en estos casos, el ente acreedor no sea considerado Corporación Local en términos de Contabilidad Nacional. 4. Están incluidas en dicho ámbitos las obligaciones reconocidas a 31/12/2012 derivadas de las aportaciones anuales correspondientes a ayuntamientos como miembros de distintos consorcios y patronatos? 12

13 Contestación: El artículo 3 excluye del ámbito de aplicación de la norma las obligaciones que las entidades locales tuvieran con otras administraciones públicas, consideradas así a efectos de la contabilidad nacional, salvo que la entidad local tenga obligaciones que deriven: A) De transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales que cumplan con las exigencias previstas en el apartado j) del artículo 3.1 las del RDL 8/2013. B) De relaciones jurídicas referidas a las encomiendas de gestión, los conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios siempre que, en estos casos, el ente acreedor no sea considerado Corporación Local en términos de Contabilidad Nacional. 5. Están incluidas en dicho ámbitos las obligaciones reconocidas a 31/12/2012 derivadas de las relaciones con otras administraciones como por ejemplo la compra de agua a Confederaciones Hidrográficas? Contestación: El artículo 3 excluye del ámbito de aplicación de la norma las obligaciones que las entidades locales tuvieran con otras administraciones públicas, consideradas así a efectos de la contabilidad nacional, salvo que la entidad local tenga obligaciones que deriven: A) De transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales que cumplan con las exigencias previstas en el apartado j) del artículo 3.1 las del RDL 8/2013. B) De relaciones jurídicas referidas a las encomiendas de gestión, los conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios siempre que, en estos casos, el ente acreedor no sea considerado Corporación Local en términos de Contabilidad Nacional. 6. Un ayuntamiento tiene concedida por parte del entonces Ministerio de Política Territorial (cofinanciado por el Fondo Social Europeo), el Pacto Local por el Empleo, en el que participa como beneficiario junto con las asociaciones firmantes del mismo. El ayuntamiento actúa como coordinador reconociéndoles obligaciones 13

14 a favor de las distintas organizaciones en función de las gastos ejecutados y pagados por ellas, en al ámbito de dicho pacto. Estos gastos ejecutados y pagados son justificados ante el Ministerio solicitando el reembolso de la parte cofinanciada (80%) derivando dichos reintegros una vez cobrados a las entidades. Podrían acogerse a este mecanismo estas obligaciones reconocidas? Contestación: No cabría admitir la inclusión de las obligaciones que el ayuntamiento, en el marco del Pacto Local por el empleo, refleja en su contabilidad a favor de las otras entidades firmantes del pacto en tanto que no se trataría de obligaciones propias del ayuntamiento sino de obligaciones que derivan de una actuación de intermediación que se ven posteriormente compensadas con la financiación estatal. 7. Un ayuntamiento ha formalizado con la Tesorería General de la Seguridad Social un acuerdo de aplazamiento y fraccionamiento con una duración de cinco años, en el que se incluían deudas por obligaciones imputadas al presupuesto y no pagadas desde Octubre 2010 a Junio de Se puede incluir el pendiente de pago actual con la citada Tesorería derivado de este convenio en esta segunda fase del pago a proveedores? Contestación: El artículo 3 excluye del ámbito de aplicación de la norma las obligaciones que las entidades locales tuvieran con otras administraciones públicas, consideradas así a efectos de la contabilidad nacional, salvo que la entidad local tenga obligaciones que deriven: A) De transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales que cumplan con las exigencias previstas en el apartado j) del artículo 3.1 las del RDL 8/2013. B) De relaciones jurídicas referidas a las encomiendas de gestión, los conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios siempre que, en estos casos, el ente acreedor no sea considerado Corporación Local en términos de Contabilidad Nacional. 14

15 IV. Sobre las facturas y obligaciones que se pueden incluir 1. Se pueden incluir las facturas prescritas atendiendo a la existencia de un expediente de prescripción? Contestación: Correspondería al interventor determinar si procede o no la inclusión de una factura en función de lo que indica el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria. Es cierto que la prescripción ganada no hay que declararla pero parece lógico que para apreciar la posible existencia de la prescripción de una obligación deba tramitarse un expediente que así lo acredite con su correspondiente baja en contabilidad. 2. Qué ocurriría con las obligaciones pendientes de pago que cumpliendo los requisitos objetivos exigidos en el Real Decreto-Ley 4/2012 y no tratándose de ninguna de las modalidades contractuales contempladas en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 8/2013 y que por error no fueron incluidas en la relación remitida el 15 de marzo de 2012? Si los contratistas solicitasen la emisión de un certificado individual, al amparo del artículo 16.3 del Real Decreto-Ley 8/2013, habría que aceptar su emisión o se rechazaría al no quedar incluida la obligación dentro del ámbito objetivo de aplicación del artículo 3 del Real Decreto-Ley 8/2013? Contestación: Debería rechazarse en la medida que la obligación no está incluida dentro del ámbito objetivo del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/ , Entraría en el ámbito objetivo de aplicación la ejecución de una sentencia en la que se establece un justiprecio para una expropiación forzosa, teniendo en cuenta que dicha sentencia es de enero de 2012; aunque trae causa de un Procedimiento Ordinario de 2007? Contestación: De acuerdo con el artículo 3.1.i) del Real Decreto-ley 8/2013, se incluyen en el mecanismo las indemnizaciones por expropiaciones siempre que 15

16 haya recaído resolución judicial firme por el concepto ya liquidado judicialmente, en los casos en que la Administración sea la beneficiaria de la expropiación. No obstante, resultan de aplicación las reglas sobre contabilización de las obligaciones recogidas en el artículo 15 del Real Decreto-ley 8/2013, por lo que la ejecución de la sentencia de 2012 referida en la consulta será susceptible de ser incluida en el mecanismo siempre y cuando la correspondiente obligación de pago se haya contabilizado y reconocido con cargo a los presupuestos de la entidad con anterioridad a , En el caso de sentencias que no estén aplicadas a presupuesto, sería obligatorio aplicarlas a presupuesto y por lo tanto incluirlas en la nueva fase de pago a proveedores? Contestación: Según el artículo 15 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, las facturas no contabilizadas ni aplicadas a presupuestos anteriores a 2013 no están incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma. Asimismo, y en aplicación del citado precepto, las obligaciones correspondientes al ejercicio 2013, podrán incluirse en el mecanismo de pago a proveedores en la medida que la obligación esté contabilizada con anterioridad 31 de mayo de 2013 y se aplique al presupuesto antes del 20 de septiembre, pero no en otros casos. Además, sólo pueden incluirse las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por resolución judicial firme por el concepto ya liquidado judicialmente, siempre que la Administración sea la beneficiaria de la expropiación. El resto de resoluciones judiciales o de Jurados de Expropiación no pueden incluirse. 5. Con fecha reciente un ayuntamiento ha sido condenado por un Tribunal al pago de una certificación de obra del año Esta factura fue reconocida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de dicho año, acuerdo anulado con posterioridad (en 2011) por el Pleno del Ayuntamiento por considerar que se había reconocido por órgano incompetente, ya que debería haber sido el Pleno. El Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma dio la razón al Ayuntamiento. El contratista decidió acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, y recientemente ha obtenido sentencia estimatoria, condenando al Ayuntamiento al pago de la factura y a los intereses. 16

17 Puede incluirse esta factura en este Plan de pagos, pese a no estar reconocida con cargo a ningún presupuesto al haber sido anulada por acuerdo de Pleno de 4/03/2011? Contestación: Por un lado debe precisarse que conforme al artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2012, el abono a favor del proveedor del principal de la factura conlleva la extinción del principal, los intereses y cualquier otro gasto accesorio vinculado a ese pago. En consecuencia, la inclusión de una sentencia condenatoria para el ayuntamiento en el mecanismo de pago a proveedores implica en primer lugar la renuncia por parte del proveedor al pago de los intereses y demás gastos accesorios, de lo que deberá darse traslado de dicha decisión al órgano judicial emisor de la sentencia dado el carácter obligatorio de las resoluciones judiciales. Por otra parte, y según el artículo 15 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, las facturas a abonar en el marco del mecanismo de pago a proveedores deben estar contabilizadas y aplicadas a presupuestos anteriores a 2013, o si son obligaciones correspondientes a 2013, tienen que estar contabilizadas y aplicadas a presupuesto con anterioridad a 31 de mayo de 2013, de manera que si no se cumple esta condición las facturas están excluidas del referido mecanismo. 6. Están incluidas en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago derivadas de subvenciones concedidas a Asociaciones derivadas de Convenios de Colaboración, en el marco de la Ley General de Subvenciones? En caso afirmativo, también se entenderían incluidas las subvenciones nominativas concedidas directamente a asociaciones? Contestación: Sí, en el primer caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1.f) del Real Decreto-ley 8/2013 siempre que dicho convenio tenga por objeto la realización de actuaciones determinadas a cambio de una contraprestación. En el segundo caso, habrá de estarse a las dos condiciones previstas en el epígrafe j) del artículo 3.1 del citado Decreto-ley 8/2013, que exige que tales asociaciones o instituciones sin fines de lucro desarrollen sus actividades en el ámbito de los colectivos a que se refieren los artículos 39, 49 y 50 de la Constitución Española, y que además su importe económico tenga como límite las obligaciones pendientes de pago a fecha 31 de diciembre de

18 7. Desde un punto jurídico, por concesiones administrativas hay que entender tanto las que son forma de gestión de servicio público como las demaniales, existe alguna modalidad además de las anteriores? Contestación: También deben considerarse las concesiones de obras públicas. 8. Tiene cobertura dentro del plan de proveedores el pago de una deuda existente con una fundación correspondiente a las aportaciones que como patrono anualmente debía aportar un ayuntamiento? Se puede incluir una deuda de un ayuntamiento con una fundación cultural si participa en esta sólo con el 25%? Contestación: En la medida que las referidas aportaciones tengan como destinatarios a asociaciones o instituciones sin fines de lucro que cumplan las condiciones previstas en el epígrafe j) del artículo 3.1 del Decreto-ley 8/2013, estarían incluidas en el ámbito de aplicación de la norma, pero no en otros casos y que dichas instituciones no tengan consideración de administración pública. 9. Pueden ser incluidos en el mecanismo de pagos a proveedores los convenios firmados con diferentes colectivos y asociaciones (inmigrantes, mujer, mayores, exclusión, etc.)? Contestación: Resultaría admisible la inclusión en este mecanismo de pago a proveedores de subvenciones, cuotas o aportaciones en la medida en que las mismas deriven de las obligaciones adquiridas en la firma de un convenio de colaboración, y éste tenga por objeto la realización de actuaciones determinadas a cambio de una contraprestación (artículo 3.1. f) del Real Decreto-ley 8/2013). 10. Por parte de una sociedad mercantil dependiente (100%) de una mancomunidad de municipios se solicita inclusión de facturas derivadas de encomiendas de gestión realizadas por la propia mancomunidad de diversos servicios (es decir facturas de la sociedad dependiente emitidas a la Mancomunidad por encomienda de gestión de esta) dentro del mecanismo de pago del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, procede su inclusión y por tanto la emisión de certificado de Intervención? 18

19 Contestación: Para que la sociedad de la mancomunidad tenga la condición de medio propio y servicio técnico es necesario, según indica el artículo 24.6 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que venga así definida en sus estatutos o en la norma por la que se creó. Si no se estableciera dicha condición de medio propio o servicio técnico, no procede su inclusión en el mecanismo al no cumplir una de las exigencias previstas en el artículo 3.1.g) del Real Decreto-ley 8/2013 respecto a las encomiendas de gestión. 11. Una sociedad mercantil dependiente (100%) de una mancomunidad de municipios plantea consulta sobre si deudas reconocidas por la entidad a favor de la Agencia Andaluza del Agua (derivada de Canon por Abastecimiento de Agua), se incluyen en el ámbito de aplicación de la norma Contestación: En primer lugar, deberá precisarse si la sociedad mercantil en cuestión está incluida en el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto-ley 8/2013 en términos de contabilidad nacional conforme dispone su artículo 14. Aclarada dicha cuestión y si la respuesta fuera positiva, debe señalarse que en la medida que las obligaciones de pago a que se refiere la consulta no derivan de encomiendas de gestión, de conciertos sanitarios, educativos y sociales, las mismas estarían excluidas del mecanismo de pago a proveedores. 12. Derivada de un contrato de concesión administrativa un ayuntamiento tiene una deuda reconocida, contabilizada y aplicada a presupuesto con anterioridad a 31 de mayo de Con fecha anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, alcanzó un acuerdo con el contratista de fraccionamiento de pago. Cómo se puede incorporar en este mecanismo? Contestación: Siempre que la obligación pendiente de pago cumpla todos los requisitos para su inclusión en el mecanismo de pago a proveedores, deberá certificarse por el total del importe principal pendiente de pago con renuncia a los intereses y demás gastos accesorios. 13. Un ayuntamiento adeuda a diversas asociaciones y organizaciones determinadas cuantías en aplicación de convenios de colaboración. Se trata de 19

20 subvenciones que el ayuntamiento concedía a las asociaciones para la realización de unas actividades. Como justificación de estas actividades no existen facturas sino que se aportaban normalmente una descripción de las actividades realizadas durante el ejercicio. Dichas asociaciones no tienen el carácter de contratista. Estas facturas entran el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 8/2013? Contestación: Tratándose de convenios de colaboración no es preceptivo que exista una factura sino una obligación pendiente de pago que, además de cumplir los requisitos de contabilización previstos en el artículo 15 del Real Decreto-ley 8/2013 esté incluida en el marco de un convenio de colaboración en el que se comprometen actuaciones por ambas partes, siendo una de dichas contraprestaciones el pago de un precio/subvención a la mencionada persona privada suscriptora del convenio (artículo 3.1. f) del Real Decreto-ley 8/2013). Si se tratara de la mera concesión de una subvención no cabe admitir ese supuesto en el ámbito de aplicación de la norma. 14. Un ayuntamiento tiene obligaciones pendientes de pago con una Junta de Compensación, en concepto de derramas por ejecución de obras de un proyecto de urbanización. Considerando que dichas deudas están aprobadas e imputadas al Presupuesto con anterioridad al año 2013, podrían incluirse en el Real Decretoley 8/2013? Contestación: En la medida en que las cuotas de urbanización a pagar por el ayuntamiento no derivan de los contratos previstos en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, no cabría su inclusión en el mecanismo de pago a proveedores. 15. Un ayuntamiento reconoció una deuda con una empresa en el procedimiento establecido en 2012, pero no consta aceptación del contratista. Un Tribunal le exige el pago a esta empresa de un importe en concepto de principal e intereses. El Ayuntamiento informó al Tribunal que estaba vigente el mecanismo de pago a proveedores, pero el Tribunal resuelve que debe hacer efectivo el pago. Debe realizarse al margen del mecanismo y luego dar de baja esa deuda? Contestación: Las facturas que en el anterior mecanismo de pago a proveedores del año 2012 quedaron pendientes de que el proveedor manifestara su voluntad, 20

21 no se consideraron incluidas en el referido mecanismo ya que tales facturas no completaron el procedimiento legalmente establecido para dicha inclusión. En consecuencia, los importes de estas facturas debían haberse pagado por dicho Ayuntamiento con cargo a su propia tesorería, al no formar parte del mecanismo de pago a proveedores, por lo que esa entidad deberá atender el requerimiento del Tribunal al margen del mecanismo, ya que, como se ha dicho, tal factura no formaba parte del mismo. 16. Puede incluirse en el ámbito de aplicación del mecanismo de pago a proveedores del Real Decreto-ley 8/2013 las obligaciones reconocidas en presupuestos de ejercicios anteriores a 2013 y pendientes de pago por resolución de contratos de compraventa de V.P.O que determinadas personas suscribieron con la empresa de vivienda, de capital íntegramente municipal, teniendo en cuenta que la resolución de contratos conllevaba la devolución de los importes entregados a cuenta? Contestación: No se pueden incluir dichas obligaciones pendientes de pago, en tanto los contratos de compraventa de inmuebles no están incluidos en el Real Decreto-ley 8/ Se pueden incluir cuotas de alquiler de bienes inmuebles al a particulares? Contestación: Sí, siempre que se trate de obligaciones reconocidas y aplicadas a presupuestos correspondientes a ejercicios anteriores a 2013, o de obligaciones correspondientes al ejercicio 2013 contabilizadas hasta el 31 de mayo de Un contrato de suministro, instalación y mantenimiento de lámparas para la eficiencia energética de un término municipal, lleva aparejada una subvención. En la primera fase y en la segunda fase del pago a proveedores no se incluyó al contratista en la lista de proveedores y no se recibió por parte de la empresa solicitud de inclusión en dicha lista. En esta tercera fase presentan dicha solicitud. Entraría dentro de esta tercera fase de pago a proveedores? 21

22 Contestación: En esta nueva fase del mecanismo de pago a proveedores del presente año 2013, se pueden incluir las obligaciones pendientes de pago que no fueron certificadas en la primera fase del mecanismo por las entidades locales en la relación remitida el 15 de marzo de 2012 ni aquellas sobre las cuales el proveedor no solicitó ningún certificado individual. Podrán acogerse al nuevo mecanismo del presente año 2013 los proveedores cuyas obligaciones pendientes de pago deriven de las relaciones jurídicas incluidas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, y además se cumplan para dichas obligaciones de pago las exigencias de contabilización que se recogen en el artículo 15 de la citada norma. V. Sobre las relaciones entre las mancomunidades y los municipios que las integran 1. Una mancomunidad gestiona el servicio de recogida de basuras, las cantidades que le adeudan los ayuntamientos que la integran por la prestación de dicho servicio, se pueden incluir en esta fase del procedimiento de pago a proveedores? La mancomunidad a su vez tiene subcontratado el servicio con una empresa privada. Contestación: Las cantidades que los ayuntamientos adeudan a la mancomunidad por su pertenencia quedan excluidas del ámbito del mecanismo de pago a proveedores en tanto son deudas con otras administraciones públicas. Por otra parte, según los artículos 3 y 14 del RDL 8/2013, de 28 de junio, las deudas que la mancomunidad mantiene con el contratista por el servicio indicado sí quedan incluidas en el procedimiento de pago a proveedores. 2. Hasta el año 2012 un ayuntamiento formaba parte de una mancomunidad de municipios para la prestación de los servicios turísticos. Esta mancomunidad se liquidó durante 2012 finalizando el proceso el 30 de septiembre de ese año. Con ocasión de la liquidación el ayuntamiento ha tenido que asumir una serie de deudas reflejadas en facturas anteriores a 31/12/2011. El ayuntamiento puede acogerse al mecanismo articulado por el RDL 8/2013 para el pago de estas facturas? 22

23 Contestación: Considerando que la mancomunidad ha sido disuelta y sus deudas asumidas por los respectivos ayuntamientos que la integraban, cabe entender que tales obligaciones son propias de cada ayuntamiento en calidad de responsables subsidiarios y como consecuencia de la disolución de la mancomunidad de origen. Sentado lo anterior, el ayuntamiento podrá acogerse a esta tercera fase del mecanismo de pago a proveedores en tanto que es una de las entidades locales que se citan en el artículo 14 del Real Decreto-ley 8/2013, al determinar el ámbito subjetivo de la norma, siempre que las obligaciones de pago asumidas con la mencionada disolución estén contabilizadas y reconocidas con cargo a los presupuestos del ayuntamiento anteriores a 2013, y deriven de alguna de las relaciones jurídicas incluidas en el apartado 1 del artículo 3 del citado Real Decreto-ley 8/ Una mancomunidad está formada por nueve ayuntamientos, pero sólo cuatro de ellos están adheridos y son destinatarios del servicio que presta aquélla. En el supuesto, como prevé el Real Decreto-ley 8/2013, de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tenga que aplicar retenciones en la participación en los tributos del Estado, se actuará contra todos los ayuntamientos integrantes de la mancomunidad o sólo contra aquellos que participan de dicho servicio? De qué mecanismos dispone el Ministerio citado para determinar a qué ayuntamientos de la mancomunidad puede aplicar dichas retenciones? Contestación: En caso de incumplir las obligaciones derivadas de la operación de crédito o de no formalizar ésta si la mancomunidad va a satisfacer su deuda con el Fondo de Financiación a Proveedores a través de la retención de la participación en tributos del Estado, se practicará ésta sobre la que corresponda a todos los ayuntamientos que integran la mancomunidad en función de su porcentaje de participación en la misma. El suministro de la información de estos porcentajes es necesaria para que las mancomunidades puedan incluir por vía telemática (que es la única posible) obligaciones pendientes de pago. VI. Sobre los planes de ajuste 1. En el artículo 18 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, se establece la necesidad de que la Entidad Local elabore un plan de ajuste (con las aceptaciones de los proveedores de las facturas que tienen en la relación inicial más los posibles 23

24 certificados individuales incluidos) que debe ser aprobado por el Pleno de la Corporación y remitirse al Ministerio de Hacienda. siguiente: Qué consecuencias se derivan en caso de que se presenten certificaciones individuales y el plan de ajuste no sea elaborado por la Entidad Local, o bien no resulte aprobado por el Pleno? Contestación: Las consecuencias se concretarían en que no podría ser autorizada la operación de endeudamiento en cumplimiento del artículo 7.5 del Real Decretoley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Según dicho precepto: 5. Valorado favorablemente el plan de ajuste se entenderá autorizada la operación de endeudamiento prevista en el artículo 10. Y, por lo tanto, sería de aplicación el artículo 11 del citado Real Decreto-ley 4/2012, que dispone: "En el caso de que las entidades locales no concierten la operación de endeudamiento citada, o en el caso de que la hayan concertado e incumplan con las obligaciones de pago derivadas de la misma, el órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u organismo público competente efectuará las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado, sin que pueda afectar al cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento financiero contempladas en el plan de ajuste. Para ello se aplicará el régimen previsto para los acreedores públicos en la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y lo que, en su caso y en desarrollo de aquélla, dispongan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado." Asimismo, deberá tenerse en cuenta, en lo que se refiere a la aplicación de retenciones en la participación en tributos del Estado, lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden HAP/1465/2012, de 28 de junio, a efectos de concretar los costes financieros que se deberán imputar a la entidad local deudora en aquellos supuestos. 2. Un ayuntamiento no tiene plan de ajuste aprobado y, por tanto, la deuda contraída con el Estado por el pago de obligaciones que se certificaron en 2012, en 24

25 aplicación del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, se compensa mediante retenciones de la participación de aquél en los tributos del Estado. Seguramente el ayuntamiento se verá en la obligación de certificar ahora en 2013 más facturas que incrementarán aquel importe. El ayuntamiento entiende que deberá elaborar un nuevo plan de ajuste. Este plan es para concertar una operación de crédito por el importe de estas últimas facturas, a devolver en 10 años, o se podría acumular a la deuda viva que, desde 2012, tendría que afrontar en el mismo plazo de 10 años? Contestación: La presentación del plan de ajuste es requisito necesario para que la entidad local pueda formalizar la operación de endeudamiento. En caso de que no se presentase el plan, se procedería a aplicar las oportunas retenciones en la participación en tributos del Estado hasta la total cancelación de la deuda con el Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores (FFPP). Es decir, el procedimiento sería el mismo que en el mecanismo aplicado en 2012, por tanto la retención sería la que cada año fije la Ley de Prepuestos Generales del Estado, que para el año 2013 se fija en un 50%. La retención cubriría una parte por la amortización de la deuda comercial y otra parte por los intereses derivados del gasto financiero en que incurre el Estado por la operación de pago a proveedores. La alternativa dependerá de cada caso concreto, esto es, del montante de la deuda abonada y del importe de la PTE de cada Ayuntamiento. La operación de crédito que se pueda concertar en 2013 sólo puede referirse a las obligaciones pendientes de pago comunicadas en este nuevo proceso, sin que se puedan incluir las obligaciones generadas en Son, en definitiva, procesos independientes, no acumulativos. 3. El artículo 18.2 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, establece que aquellos ayuntamientos que se acogieron a la fase inicial del mecanismo de pago a proveedores y que cuenten actualmente con un plan de ajuste valorado positivamente, enviarán una revisión de su plan aprobada por el Pleno antes del 27 de septiembre. En la revisión existe la posibilidad de adoptar nuevas medidas? El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará un modelo a cumplimentar para llevar a cabo la revisión? Contestación: La revisión del plan de ajuste por la inclusión de nuevas obligaciones derivadas de esta fase de ampliación del mecanismo de pago a proveedores, 25

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