Para: Colegas Centroamericanos De: Personal WOLA Asunto: La Iniciativa Mérida Fecha: 29 de Julio de 2008 INTRODUCCIÓN

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1 Para: Colegas Centroamericanos De: Personal WOLA Asunto: La Iniciativa Mérida Fecha: 29 de Julio de 2008 INTRODUCCIÓN Este documento busca proporcionar información más detallada sobre la Iniciativa Mérida, la propuesta de la administración Bush para un paquete de asistencia para un período de tres años para combatir el narcotráfico y la criminalidad en México, Centroamérica, Haití y la República Dominicana. Provee específicamente más información sobre el primer año de asistencia para Centroamérica y comienza a sentar las bases de una estrategia de incidencia encaminada a influenciar la implementación de la Iniciativa. Como el documento adjunto Antecedentes de la Iniciativa Mérida indica, WOLA apoya la cooperación entre el gobierno estadounidense, el gobierno mexicano y los gobiernos centroamericanos para fortalecer la seguridad ciudadana en la región. En principio la Iniciativa Mérida es un reconocimiento importante de la necesidad de dicha cooperación. En nuestra opinión, la propuesta de asistencia para Centroamérica en materia de seguridad de la administración Bush contenía elementos tanto positivos como negativos. Dentro de los elementos positivos está el reconocimiento de que la inseguridad ciudadana es el resultado de una pluralidad de factores y que la respuesta a esta inseguridad debe ser comprensiva e ir más allá del abordaje a la problemática del narcotráfico. Asimismo, el enfoque dado tanto a la problemática de la violencia de las pandillas como del narcotráfico es un elemento positivo. En lo concerniente al narcotráfico, la propuesta para Centroamérica contiene muy poco financiamiento para esfuerzos militares antinarcóticos, lo cual es a su vez positivo. El énfasis en la violencia de las pandillas incluye financiamiento para la prevención de la violencia juvenil, otra medida positiva e importante. No obstante, en el lado negativo, la propuesta sobreenfatiza un enfoque policial, proporciona fondos insuficientes para la prevención, financia la creación de unidades policiales especializadas para combatir las pandillas y el narcotráfico sin prestar debido apoyo a planes nacionales comprensivos de reforma policial, y sobreenfatiza los aspectos transnacionales de la violencia de las pandillas sin brindar suficiente reconocimiento a los aspectos locales y nacionales que se deben abordar. El congreso estadounidense aprobó el financiamiento para el primer año del paquete, llegando a un acuerdo sobre el lenguaje legislativo a finales de junio de El Congreso aprobó un total de 465 millones de dólares. 400 millones dólares fueron destinados para México, 60 millones para Centroamérica y 5 millones para Haití y la República Dominicana.

2 La Administración Bush había formulado una propuesta de tres años. El Congreso consideró esta propuesta, y destinó financiamiento para algunos elementos de esta propuesta para el primer año. El paquete aprobado por el Congreso refleja algunas suposiciones compartidas con la Administración Bush, pero algunas diferencias también. En particular, el paquete de un año aprobado por el Congreso refleja una mayor preocupación del récord en materia de derechos humanos de las fuerzas armadas y policiales mexicanas y centroamericanas. También refleja una preocupación que el financiamiento estadounidense no sea utilizado para capacitar unidades policiales y militares con antecedentes de abusos contra los derechos humanos, y un deseo de garantizar que el financiamiento estadounidense sea utilizado para promover avances en materia de derechos humanos, el debido proceso y la profesionalización de las fuerzas de seguridad en la región. Como verán en nuestra crítica, WOLA considera que el congreso debió haber hecho más para modificar la propuesta de la administración. No obstante, el paquete aprobado por el congreso es claramente mejor que el paquete de la administración, y deja abierta la posibilidad de que la próxima administración y el próximo congreso puedan hacer más para cambiar el plan en los próximos años. Esto dado que, en teoría, la Iniciativa Mérida y los fondos solicitados son el resultado de discusiones entre el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos centroamericanos, y por lo tanto, la posibilidad de modificar el paquete incrementaría significativamente si los gobiernos de Centroamérica solicitaran diferentes montos y tipos de asistencia. Al examinar el primer año del paquete aprobado por el congreso, consideramos que el componente centroamericano carece de un financiamiento adecuado. Es decir, muy pocos fondos están disponibles para un apoyo significativo para Centroamérica. Sin embargo, reconocemos que el paquete para la región centroamericana es técnicamente más balanceado que el paquete aprobado para México. Mientras que el financiamiento para México incluye millones de dólares para las fuerzas armadas de ese país para operaciones antinarcóticos tradicionalmente ejecutadas por la policía, el financiamiento para Centroamérica incluye sólo 4 millones de dólares para cooperación naval y seguridad marítima, y ninguna cantidad de fondos es destinado a las fuerzas armadas para que lleven a cabo tareas policiales en la guerra contra el narcotráfico. El segundo año del paquete está siendo negociado actualmente. Entendemos que los Comités de Asignaciones del congreso pretenden aprobar entre 400 y 470 millones de dólares para el segundo año, y pretenden mantener las condiciones de derechos humanos. Sin embargo, es probable que la decisión final no sea adoptada hasta la primavera del ASIGNACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA CENTROAMÉRICA De los 60 millones de dólares aprobados, la legislación desglosa el financiamiento de la siguiente manera. (Hemos incluido en este paquete informativo la traducción de las secciones concernientes a Centroamérica de la legislación aprobada para el primer año junto con el informe legislativo que acompañó el proyecto de ley) 25 millones de dólares (Fondo de Apoyo Económico, ESF ) De este total, 20 millones de dólares serán asignados a USAID en consulta con el Departamento de Estado para establecer un nuevo fondo para promover el desarrollo económico y social y la buena gobernabilidad en determinadas zonas de bajos ingresos, entre las cuales comunidades rurales particularmente vulnerables al narcotráfico, la narcoviolencia y al crimen 2

3 organizado. Estos fondos deberán apoyar programas que enfaticen iniciativas comunitarias y aglomerados público-privados. En la medida de lo posible, los fondos estadounidenses deberán ser igualados con contribuciones de fuentes públicas y privadas. El Senador Robert Menéndez de Nueva Jersey, quien considera que los Estados Unidos ha hecho muy poco para apoyar el desarrollo en Latinoamérica, ha estado impulsando por varios años la creación de un Fondo de Desarrollo Económico y Social para Latinoamérica, con una asignación de 5 mil millones de dólares. El fondo a ser establecido como parte de la Iniciativa Mérida está basado en el proyecto de Menéndez, y probablemente constituye el primer paso para la creación de un fondo similar al que él promueve. A qué temas le dará prioridad el fondo, cómo se definirán los proyectos, entre otros asuntos, todavía están por definirse. Además, 5 millones de dólares serán destinados a la Agencia de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado para intercambios educativos con los países de Centroamérica. Al igual que el Fondo de Desarrollo Económico y Social, esta es una iniciativa del Congreso y no de la administración Bush. Nuevamente, todavía está por definirse qué tipos de intercambios educativos serán apoyados y a quienes participarán. La administración Bush no solicitó estos fondos. El Congreso reemplazó una parte de la solicitud de la administración para el control internacional de narcóticos y la aplicación de la ley con los proyectos mencionados anteriormente millones de dólares (Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INCLE ) Estos fondos proporcionarán entrenamiento a cuerpos policiales especializados y apoyo para la adquisición de equipo no letal para fortalecer las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y la justicia penal para los propósitos del combate al narcotráfico y la criminalidad asociada al mismo, y para aumentar la capacidad y el profesionalismo de las fuerzas policiales centroamericanas. La administración Bush había solicitado inicialmente una cantidad significativamente mayor para llevar a cabo una variedad de actividades antinarcóticos y policiales. Dado que el Congreso aprobó una cantidad menor a la solicitada bajo este rubro, todavía no es claro que programas específicos la administración financiará con estos fondos. Aunque el congreso sí comprometió una parte de este total al reservar un millón de dólares contribución de los Estados Unidos a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El informe del congreso que acompañó esta sección del proyecto de ley menciona que, la impunidad dentro de las fuerzas armadas y policiales de algunos de estos países y la corrupción dentro de sus sistemas de justicia son motivo de preocupación. El Secretario de Estado deberá presentar un informe por escrito sobre los mecanismos puestos en marcha para garantizar la elegibilidad de los recipientes de ayuda estadounidense. (Ver Sección sobre Condicionalidad). 6.2 millones de dólares (Programas de No Proliferación, Antiterrorismo, Remoción de Minas y Programas, NADR ): Este rubro proporciona fondos adicionales para actividades policiales y antinarcóticos, pero canaliza los fondos a través de otra del Departamento de Estado, asegurando de esta manera que la oficina INCLE no controle 3

4 todos los fondos. Al igual que mencionamos anteriormente, las prioridades sobre el uso de estos fondos todavía no han sido determinadas. 4 millones de dólares, (Programa de Financiamiento para Fuerzas Militares Extranjeras, FMF ) Estos fondos incrementarán el programa de cooperación naval y de asistencia de seguridad marítima en curso para fortalecer la capacidad de los países de América Central para mejorar su seguridad marítima y capacidades de interdicción, como también para complementar sistemas y programas regionales existentes. CONDICIONALIDAD DE DERECHOS HUMANOS La legislación requiere que el gobierno estadounidense desarrolle procedimientos para implementar la Ley de Leahy la disposición que prohíbe el poder brindar capacitación o asistencia a cualquier unidad militar o policial con antecedentes de abusos a los derechos humanos. Por lo tanto, el gobierno estadounidense deberá desarrollar un procedimiento para vetar los antecedentes de policías y otros que recibirán capacitación bajo la Iniciativa Mérida. La legislación también requiere que el 15 por ciento del financiamiento disponible bajo INCLE y el Programa de Financiamiento para Fuerzas Militares Extranjeras (es decir, el 15 por ciento de 24.8 millones de dólares para INCLE o 3.6 millones, y el 15 por ciento de 4 millones o 600 mil, para un total de 4.2 millones de dólares) sea retenido hasta que el Secretario de Estado informe por escrito a los Comités de Asignaciones que el gobierno de dicho país está: (1) estableciendo comisiones de para la presentación de denuncias de la policía con la autoridad e independencia necesaria para recibir denuncias y para llevar a cabo investigaciones efectivas; (2) implementando reformas para mejorar la capacidad y para asegurar la independencia del sistema judicial; e (3) investigando y procesando miembros de la policía federal y de las fuerzas armadas que han sido acusados legítimamente de haber cometido violaciones de los derechos humanos. El Departamento de Estado, por lo tanto, deberá presentar un informe sobre comisiones para la recepción de denuncias contra la policía, la independencia judicial, y la persecución penal de miembros de la policía y de las fuerzas militares que hayan cometido violaciones de derechos humanos por parte de los gobiernos centroamericanos, para poder recibir los últimos 4.2 millones de dólares. Asimismo, la ley requiere que el Departamento de Estado incluya en el informe el estatus de cualquier otro caso o tema de derechos humanos que haya sido traído a la atención del Secretario por no haber recibido una respuesta adecuada por parte de los gobiernos centroamericanos. Es decir, permite a grupos de derechos humanos expresar preocupación directamente con la administración y utilizar el informe requerido como herramienta de influencia. PLAN DE GASTOS 4

5 El Congreso requiere que la administración someta para revisión un plan detallado sobre cómo pretende utilizar los fondos que han sido asignados, a mas tardar 45 días después de la promulgación de la ley. Bajo los procedimientos habituales, este tipo de plan sería sometido a los Comités de Asignaciones, cuyos miembros y personal pueden revisar el plan, cuestionar a la administración, y presionarles a modificar elementos del paquete. La administración probablemente someterá tal plan a fines de agosto o a comienzos de septiembre de este año. ANÁLISIS WOLA tiene algunas serias preocupaciones sobre la Iniciativa Mérida que hemos hecho públicas y que están resumidas en los documentos adjuntos. No obstante, dado que la legislación fue aprobada, nuestra estrategia es ahora incidir por el uso efectivo de los fondos asignados y sentar las bases para cambios en las prioridades y en el uso de los fondos en los próximos años. Mientras que el primer año de la Iniciativa fue asignado por medio de una solicitud presupuestaria complementaria, se espera que el financiamiento adicional para la Iniciativa sea incluido en las solicitudes presupuestarias de la próxima administración para los años que vienen. Como mencionamos anteriormente, actualmente, la legislación requiere la entrega de un plan de gastos detallado dentro de los primeros 45 días de haberse promulgado la ley y WOLA espera obtener detalles sobre dicho plan. Dado que el financiamiento aprobado es inferior al monto por rubro originalmente solicitado, decisiones difíciles tendrán que ser tomadas. Nosotros consideramos que las siguientes son las áreas principales en las cuales esperamos influenciar la implementación del plan, junto con nuestras contrapartes centroamericanas: 1. Programación y Financiamiento: Podemos tener un papel importante en influenciar las cantidades y prioridades del paquete de asistencia para el segundo y tercer años. Esperamos incidir con el gobierno de los Estados Unidos y también con los gobiernos de la región para fortalecer sus propuestas. 2. Planes de Gastos: Entendemos que los fondos aprobados no han sido asignados y designados todavía, por lo tanto existe una oportunidad para influenciar el énfasis y el diseño de programas y proyectos específicos. Esperamos incidir por la asignación de fondos para programas de prevención de la violencia juvenil y para programas que apoyen planes para la reforma integral de la policía y el sistema judicial al ser presentados los planes de gastos. 3. Consultas con la sociedad civil sobre la condicionalidad de los derechos humanos Dado que el Secretario de Estado está obligado a presentar un informe, grupos de la sociedad civil en Estados Unidos y en la región tiene la oportunidad de traer asuntos importantes a la atención del gobierno estadounidense asuntos que podrían demorar la entrega de fondos, incluyendo la incapacidad de los gobiernos para investigar y procesar a miembros de las fuerzas policiales y militares presuntamente responsables de haber cometido violaciones de los derechos humanos. También tenemos la capacidad para presionar sobre asuntos de abusos policiales y concernientes a la reforma policial y judicial. La manera en que enfoquemos nuestro trabajo en esta área será importante. 5

6 PRÓXIMOS PASOS: Durante los próximos meses el personal de WOLA realizará las siguientes actividades para proporcionar mayor información sobre la Iniciativa Mérida y para empezar a definir una estrategia coordinada de incidencia: Reuniones en la región con organizaciones de la sociedad civil centroamericanas: personal de WOLA estará viajando a Guatemala, El Salvador y Nicaragua en septiembre de este año para reunirse con organizaciones locales de la sociedad civil que trabajan en temas concernientes a la prevención de la violencia juvenil y a la seguridad pública para revisar la Iniciativa Mérida y para empezar a sentar las bases de una estrategia de incidencia a nivel local, regional y también en los Estados Unidos. Actualmente estamos explorando la posibilidad de realizar una reunión similar en Honduras a mediados de Agosto. Paquete Informativo para los Medios de Comunicación: El personal de WOLA estará preparando un paquete informativo dirigido específicamente a los medios de comunicación, para con ello buscar asegurar que periodistas locales interesados en el tema tengan información precisa sobre los orígenes, el estatus y los procedimientos pendientes del paquete de asistencia. Eventos Públicos en la Región: WOLA esta actualmente explorando la posibilidad de organizar eventos públicos en varios países en la región con representantes de organizaciones de la sociedad civil, del gobierno estadounidense y de los gobiernos locales para dialogar sobre la Iniciativa Mérida. Esperamos poder continuar trabajando con ustedes en tan importantes temas. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en contactarnos. ANEXOS: 1. Texto de la Ley de Asignaciones Complementarías del Texto de la Enmienda de la Cámara de Representantes para 2008 y El Proceso Legislativo de la Iniciativa Mérida y Línea de Tiempo 4. Memo de WOLA Antecedentes de la Iniciativa Mérida 6

7 ANEXO 1 H.R.2642 Ley de Asignaciones Complementarías del 2008 (Inscrito como Acordado o Aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos) 1 América Central SEC (a) ASISTENCIA PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL. De los fondos asignados en el subcapítulo A bajo los títulos Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley ( Internacional Narcotics Control and Law Enforcement ), Programa de Financiamiento a Fuerzas Militares Extranjeras ( Foreign Military Financing Program ), Programas de No Proliferación, Antiterrorismo, Remoción de Minas y Programas Relacionados ( Non-proliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related Programs ), y Fondo de Apoyo Económico ( Economic Support Funds ), $ pueden ser puestos a disposición de los países de América Central, Haití y la Republica Dominicana como asistencia únicamente para el combate al narcotráfico, la narcoviolencia y el crimen organizado; y para actividades relacionadas a la reforma del sistema judicial, el fortalecimiento institucional, la anticorrupción, el estado de derecho, y la seguridad marítima: Siempre que, de los fondos asignados bajo el título Fondo de Apoyo Económico, $ sean puestos a disposición de un Fondo de Desarrollo Económico y Social para América Central ( Economic and Social Development Fund for Central America ), de los cuales $ deberán ser disponibles a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y $ deberán ser disponibles a través del Departamento de Estado para programas de intercambio educativos: Y siempre que, de los fondos asignados en el subcapítulo A bajo el título Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, $ sean disponibles para asistir a Haití, $ sean disponibles para asistir a la República Dominicana, y $ sean puestos a disposición de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como contribución de los Estados Unidos: Y siempre que, los fondos no sean puestos a disposición como apoyo presupuestario o para pagos en efectivo: Y siempre que, a más tardar luego de 45 días de la promulgación de esta Ley, el Secretario de Estado informe por escrito a los Comités de Asignaciones sobre los procedimientos puestos en práctica para implementar la sección 620J de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 ( Foreign Asístanse Act f 1961 ). (b) ASIGNACIÓN DE FONDOS. El quince por ciento de los fondos asignados en este capítulo como asistencia para los países de América Central, Haití y la República Dominicana bajo los títulos Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley y Programa de Financiamiento a Fuerzas Militares Extranjeras no podrán ser comprometidos hasta que el Secretario de Estado informe por escrito a los Comités de Asignaciones que el gobierno de dicho país está: 1 Esta traducción comprende únicamente las secciones de la Ley pertinentes a Centroamérica. Esta traducción fue elaborada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). El texto completo de la Ley en inglés puede ser adquirido en la página de Internet del Congreso: 7

8 (1) estableciendo comisiones para la presentación de denuncias de la policía con la autoridad e independencia necesaria para recibir denuncias y para llevar a cabo investigaciones efectivas; (2) implementando reformas para mejorar la capacidad y para asegurar la independencia del sistema judicial; e (3) Investigando y procesando miembros de la policía federal y de las fuerzas armadas que han sido acusados legítimamente de haber cometido violaciones de los derechos humanos. (c) INFORME. El informe requerido bajo la subsección (b) deberá incluir las acciones adoptadas con respecto a cada condición, y con respecto a los casos o temas traídos a la atención del Secretario de Estado para los cuales la respuesta o acciones adoptadas han sido inadecuadas. (d) NOTIFICACIÓN. Los fondos de asistencia disponibles para los países de América Central, Haití y la República Dominicana bajo el subcapítulo A estarán sujetos a los procedimientos habituales de notificación de los Comités de Asignaciones y de la sección 634a de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 (22 U.S.C ) (e)plan DE GASTOS. No más de 45 días después de la promulgación de esta Ley, el Secretario de Estado deberá presentar a los Comités de Asignaciones un plan de gastos detallado de los fondos asignados a o puestos a disposición de los países de América Central, Haití y la República Dominicana bajo el subcapítulo A, el cual deberá incluir una estrategia para el combate al narcotráfico, la narcoviolencia y el crimen organizado, y para actividades relacionadas a la reforma del sistema judicial, el fortalecimiento institucional, la anticorrupción, y el estado de derecho, con metas concretas, acciones a seguir, propuestas presupuestarias y resultados esperados. (f) DEFINICIÓN. Para los propósitos de esta sección, el término países de América Central hace referencia a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 8

9 ANEXO 2 ENMIENDA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES CONCERNIENTE A LAS ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOS AÑOS FISCALES 2008 Y CAPÍTULO 4 DEPARTAMENTO DE ESTADO Y OPERACIONES EN EL EXTRANJERO ASISTENCIA ECONÓMICA BILATERAL OTRAS FORMAS DE ASISTENCIA ECONÓMICA BILATERAL FONDO DE APOYO ECONÓMICO América Central - La ley enmendada incluye $ para los países de América Central para el año fiscal 2008, además de cualesquiera otros fondos disponibles para asistir a estos países, para un programa llamado Fondo de Desarrollo Económico y Social para América Central ( Economic and Social Development Fund for Central America ), de los cuales $ deberán ser administrados por USAID en consulta con el Departamento de Estado. El propósito del programa es promover el desarrollo económico y social y la buena gobernabilidad en determinadas zonas de bajos ingresos, entre las cuales comunidades rurales particularmente vulnerables al narcotráfico, la narcoviolencia y al crimen organizado. Estos fondos deberán apoyar programas que enfaticen iniciativas comunitarias y aglomerados públicoprivados. En la medida de lo posible, los fondos de los Estados Unidos deberán ser igualados con contribuciones de fuentes públicas y privadas. USAID deberá consultar con los Comités de Asignaciones antes de comprometer estos fondos. De los fondos disponibles, $ deberán ser administrados por la Agencia de Asuntos Educativos y Culturales ( Bureau of Educational and Cultural Affairs ) para intercambios educativos con los países de América Central. ASUNTOS INTERNACIONALES DE NARCÓTICOS Y APLICACIÓN DE LA LEY América Central- La ley enmendada incluye bajo el marco de la Iniciativa Mérida $ de asistencia para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y $ adicionales para Haití y la República Dominicana. Aunque los fondos fueron solicitados únicamente a través de la cuenta Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (Internacional Narcotics and Law Enforcement- INCLE), los fondos para la Iniciativa Mérida provienen de las cuentas que usualmente proporcionan los fondos para tales actividades. La ley enmendada proporciona fondos para el entrenamiento de cuerpos policiales especializados y para la adquisición de equipo no letal para fortalecer a las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y la justicia penal para los propósitos del combate al narcotráfico y la criminalidad violenta relacionada al mismo, y para aumentar la capacidad y el profesionalismo de las fuerzas policiales de América Central. 2 Esta traducción comprende únicamente las secciones del informe explicativo de la Ley pertinentes a Centroamérica. Esta traducción fue elaborada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 9

10 La impunidad dentro de las fuerzas armadas y policiales de algunos de estos países y la corrupción dentro de sus sistemas de justicia son motivo de preocupación. El Secretario de Estado deberá enviar un informe por escrito sobre los mecanismos puestos en marcha para garantizar la elegibilidad de los países como receptores de asistencia de los Estados Unidos. La omisión de Haití y de la República Dominicana de la petición para la Iniciativa Mérida haría aun más posible que estos países vulnerables se conviertan en rutas de tránsito favorecidas por narcotraficantes. La ley enmendada incluye $ para Haití y $ para la República Dominicana como parte de la Iniciativa Mérida para apoyar programas antinarcóticos y de seguridad fronteriza, programas de anticorrupción, reforma judicial, fortalecimiento institucional, y para programas relacionados al estado de derecho. ASISTENCIA MILITAR FONDOS ASIGNADOS AL PRESIDENTE PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FUERZAS MILITARES EXTRANJERAS ( FOREIGN MIITARY FINANCING PROGRAM ) América Central La ley enmendada incluye $ para incrementar el programa de cooperación naval y de asistencia de seguridad marítima en curso para fortalecer la capacidad de los países de América Central para mejorar su seguridad marítima y capacidades de interdicción, como también para complementar sistemas y programas regionales existentes. SUBCAPÍTULO C DISPOSICIONES GENERALES, ESTE CAPITULO AMÉRICA CENTRAL La sección 1407 afirma que $ pueden ser disponibles para los países de América Central, Haití y la República Dominicana, y prohíbe el uso de los fondos para asistencia presupuestaria o para pagos en efectivo. La disposición restringe el 15 por ciento de los fondos proporcionados bajo los títulos Programa de Financiamiento a Fuerzas Militares Extranjeras y Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley para el ejército y las fuerzas policiales hasta que el Secretario de Estado presente un informe por escrito. 1

11 ANEXO 3 EL PROCESO LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE MÉRIDA Al analizar los fondos aprobados por el Congreso de los Estados Unidos para la Iniciativa de Mérida y el contenido de la legislación, es importante tomar en cuenta que toda política es definida por el Congreso a través de un proceso. La asignación final presupuestaria para la Iniciativa Mérida y las directrices legislativas que acompañan dicha asignación fueron el resultado de una serie de discusiones entre oficinas legislativas clave y la Administración, de discusiones entre varias oficinas del Congreso, de la circulación de borradores de proyectos de ley, de la votación en varios comités y subcomités, y de negociaciones finales entre la Cámara de Representantes y el Senado. Es importante entender que esto es un proceso. Es decir, las propuestas inicialmente anunciadas por la Administración no son necesariamente las que el Congreso termina aprobando al finalizar el proceso. Asimismo, las acciones emprendidas por los distintos comités del Congreso o por ambas cámaras durante el proceso influyen en el resultado final, más no necesariamente definen el resultado final del proceso de aprobación del Legislativo. En este caso, la administración Bush, luego de sostener discusiones con los gobiernos de México y Centroamérica, presentó una propuesta inicial para la Iniciativa de Mérida, la cual establecía los montos en las áreas en las que la Administración quería asistir. Hubo varias discusiones dentro y entre ambas Cámaras del Congreso para elaborar el contenido final del paquete de asistencia. En principio y según los procedimientos habituales, los Comités de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes y del Senado debieron haber elaborado y aprobado una ley marco que describiera los términos generales de la Iniciativa de Mérida, respondiendo y modificando la solicitud de la Administración. Estas leyes marco debieron haber sido luego debatidas y aprobadas por los plenos de la Cámara y del Senado; proceso tras el cual cualesquiera diferencias entre los dos marcos tendrían que ser conciliadas. Finalmente, los comités legislativos encargados de las asignaciones presupuestarias debieron haber asignado fondos entre los diferentes elementos de la Iniciativa de acuerdo con lo establecido en la ley marco final. Como podrán notar de la cronología descrita a continuación, el proceso de aprobación de la Iniciativa no siguió las reglas formales. La Administración estaba ansiosa por obtener rápidamente los fondos para la Iniciativa de Mérida, y solicitó al Congreso considerar el paquete fuera de los procedimientos habituales. Los Subcomités de Operaciones en el Extranjero de los Comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y del Senado tomaron sus propias decisiones sobre las prioridades, los niveles de financiamiento y sobre el lenguaje político de la Iniciativa de Mérida. En medio de estas discusiones, el Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes también redactó una ley marco que confirmaba su compromiso político de abordar los problemas de seguridad en la región, la cual jugó un papel importante en el acuerdo final entre la Cámara y el Senado. Dentro del Congreso, los principales miembros que trabajaron activamente en la Iniciativa forman parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (y su Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental), del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes (y 1

12 su Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental) y de los Comités de Asignaciones del Senado y de la Cámara (y sus Subcomités del Departamento de Estado y Financiamiento de Operaciones en el Extranjero). En lo referente a la Iniciativa de Mérida, Los Subcomités del Departamento de Estado y Financiamiento de Operaciones En el Extranjero fueron los más importantes e influyentes debido a que son los responsables de aprobar toda asistencia internacional. CRONOLOGÍA DE LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA MÉRIDA: 22 de Octubre de 2007 El Presidente Bush anuncia una iniciativa de cooperación en seguridad de tres años por $1.4 billones de dólares para México y Centroamérica definido como la Iniciativa de Mérida. Bush solicita $550 millones para el primer año de la Iniciativa. Debido a que el paquete de ayuda no concordaba con la línea de tiempo del presupuesto para operaciones en el extranjero, la solicitud fue enviada al Congreso de Estados Unidos como parte de un paquete especial complementario de financiamiento para Irak. El monto total solicitado es de $500 millones de dólares para México y de $50 millones de dólares para Centroamérica. Durante los meses siguientes a la presentación de la Iniciativa de Mérida al Congreso por parte de la administración, se llevaron a cabo varias audiencias en la Cámara de Representantes y en el Senado. El objetivo de estas audiencias fue el entender mejor el contenido de la Iniciativa, sus objetivos o metas, la los problemas que busca atender, y las obligaciones de los Estados Unidos para abordar esos problemas desde el ámbito local, tales como el consumo de drogas y el tráfico de armas. 15 de mayo de 2008 La Cámara de Representantes aprueba el financiamiento complementario para Irak, incluyendo la sección que hace referencia a la Iniciativa de Mérida. Esta versión de la Iniciativa de Mérida incluye algunos requisitos de información y algunas restricciones al financiamiento relacionadas con la fiscalización de la policía y con abusos de derechos humanos en los respectivos países. Esta versión reduce el financiamiento para México a $400 millones de dólares y aumenta el financiamiento para Centroamérica a $65 millones, incluyendo $5 millones para Haití y para la República Dominicana; países que no estaban incluidos en la solicitud original. 22 de mayo de 2008 El Senado aprueba una versión de la Iniciativa de Mérida que contiene algunas diferencias con la versión aprobada por la Cámara de Representantes. Al igual que la versión de la Cámara, la versión del Senado incluye lenguaje relacionado con la fiscalización de la policía y con los derechos humanos, incluyendo fuertes requisitos para que México investigue y sancione en tribunales civiles los abusos de derechos humanos perpetrados por el ejército. Esta versión reduce el financiamiento para México a $350 millones de dólares y aumenta el financiamiento para Centroamérica a $100 millones. Mayo-Junio de 2008 Los Comités de Asignaciones del Senado y de la Cámara de Representantes se reúnen para llegar a un acuerdo sobre la versión final de la Iniciativa de Mérida. 1

13 10 de Junio de 2008 La Cámara de Representantes aprueba la Autorización, la cual autoriza asistencia para la aplicación de la ley y la seguridad, y para el fortalecimiento del estado de derecho y las instituciones civiles de México y los países centroamericanos, entre otros propósitos, sin establecer límites en la asistencia por violaciones de derechos humanos distintas a las limitaciones ya existentes en las leyes que gobiernan la ayuda extranjera de Estados Unidos. Esta Autorización es importante debido a que determina las intenciones de la Cámara de Representantes con respecto a los temas que la Cámara considera que la Iniciativa de Mérida debería apoyar y los montos destinados a los países en cuestión. Más no implica que la versión final de la Iniciativa contenga las mismas características. A diferencia de las dos versiones de los Comités de Asignaciones, esta autorización aumenta el financiamiento para México y para la prevención de la violencia juvenil en Centroamérica. 19 de junio de 2008 La Cámara de Representantes aprueba la versión final del presupuesto complementario para Irak, incluyendo los fondos de asistencia en materia de seguridad para México y Centroamérica. El lenguaje sobre derechos humanos incluido en versiones previas es alterado, pero requisitos importantes de información sobre derechos humanos, investigaciones y fiscalización de la policía se mantienen. En el primer año de la Iniciativa de Mérida, México recibirá $400 millones de dólares, mientras que Centroamérica, Haití y la República Dominicana recibirán $65 millones. 26 de junio de 2008 El Senado aprueba la versión final del presupuesto complementario, incluyendo los fondos del paquete de asistencia México y Centroamérica.. 30 de junio de 2008 El presupuesto complementario es firmado por el Presidente Bush y se convierte en ley. Desde ese momento, el Departamento de Estado tiene 45 días para presentar a los Comités de Asignaciones el plan de gastos para los fondos. Después de la presentación del plan de gastos, los fondos serán entregados a las agencias correspondientes para que puedan comenzar a determinar cómo utilizar los fondos a través de contratistas, procesos de aprovisionamiento, entre otros. 1