T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA

Transcripción

1 T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA SENTENCIA: 00701/2014 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN 2ª PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚMERO /2012 EN NOMBRE DEL REY La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la siguiente NOTIFICADO 17/09/14 SENTENCIA ILMOS. SRS. Don José Antonio Méndez Barrera Doña Cristina María Paz Eiroa Doña Azucena Recio González En la ciudad de A Coruña, a once de septiembre de dos mil catorce. Vistos los autos de procedimiento ordinario seguidos ante esta Sala con el número /2012, sustanciados por el procedimiento ordinario regulado en el Capítulo I del Título IV de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción

2 Contencioso-administrativa, que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha promovido el procurador don José Amenedo Martínez, en nombre y representación de la FUNDACIÓN PARA A ORIENTACIÓN PROFESIONAL, A INVESTIGACIÓN E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO, EMPREGO E FORMACIÓN EN GALIZA (Forga), en relación con la resolución de la Consejería de Trabajo y Bienestar de 25 de noviembre de 2011 por la que se decidió Non conceder os cursos de formación profesional para o emprego solicitados por esa entidade. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El procurador don José Amenedo Martínez, en nombre y representación de la FUNDACIÓN PARA A ORIENTACIÓN PROFESIONAL, A INVESTIGACIÓN E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO, EMPREGO E FORMACIÓN EN GALIZA (Forga), presentó ante esta Sala escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo en relación con la resolución de la Consejería de Trabajo y Bienestar de 25 de noviembre de 2011 por la que se decidió Non conceder os cursos de formación profesional para o emprego solicitados por esa entidade, por medio de escrito de 1 de febrero de 2012, que se tuvo por interpuesto por decreto de 28 de febrero de 2012 por el que se acordó requerir a la Administración la remisión del expediente administrativo en la forma y plazos determinados en el artículo 48 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y ordenarle que practicase los requerimientos previstos en el artículo 49 de la misma. SEGUNDO.- Habiéndose recibido y examinado el expediente, por diligencia de fecha 13 de abril de 2012 se acordó la entrega de copia a la recurrente para que dedujese demanda en el plazo de veinte días; habiéndose presentado por el procurador don José Amenedo Martínez, en la representación dicha, escrito de demanda con fecha 28 de mayo de 2012 por el que, después de consignar los hechos y los fundamentos de Derecho que estimaba convenientes, suplicaba ditar sentenza pola que se declare a nulidade da resolución impugnada ou, subsidiariamente, a súa anulabilidade, consonte co exposto no apartado de FD deste escrito, así como a recoñecer o dereito da forga a obter as axudas peticionadas, na solicitude formulada ante a Consellería de Traballo e Benestar, pola vía de programación do artigo 15º.2 (Convenios) da Orde da Convocatoria, para a execución dun curso de Montaxe e Mantemento de Infraestructuras de Telecomunicacións, no Centro de Formación da forga no Concello de Oleiros ; y habiéndose acordado, en virtud de auto de 31 de mayo de 2012, el traslado de la misma a la parte demandada comparecida, para que la contestase en el plazo de veinte días.

3 TERCERO.- El Letrado de la Xunta de Galicia, en la representación de la demandada que legalmente ostenta en este recurso, presentó ante esta Sala escrito de contestación con fecha 13 de julio de 2012 por el que, después de consignar los hechos con los fundamentos de derecho que estimaba oportunos, suplicaba que se dite sentenza pola que se desestime a demanda e se confirme a resolución administrativa impugnada. CUARTO.- Por auto de 4 de septiembre de 2012 se acordó recibir el pleito a prueba; habiéndose practicado la propuesta y declarada pertinente, con el resultado que obra en autos. Por diligencia de 31 de octubre de 2012 se ordenó el trámite de conclusiones escritas; habiéndose presentado escrito de conclusiones por las partes que fue unido a los autos, que, por providencia de 28 de enero de 2013, se declararon conclusos para sentencia pendientes de señalamiento para votación y fallo, que se efectuó por providencia de 22 de julio de 2014 señalando el día 4 de septiembre del mismo año para la votación y fallo. QUINTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales. Es Ponente la Ilma. Sra. Doña Cristina María Paz Eiroa. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El demandante pretende la anulación de la resolución de la Consejería de Trabajo y Bienestar de 25 de noviembre de 2011 por la que se decidió Non conceder os cursos de formación profesional para o emprego solicitados por esa entidade. Pide ditar sentenza pola que se declare a nulidade da resolución impugnada ou, subsidiariamente, a súa anulabilidade, consonte co exposto no apartado de FD deste escrito, así como a recoñecer o dereito da forga a obter as axudas peticionadas, na solicitude formulada ante a Consellería de Traballo e Benestar, pola vía de programación do artigo 15º.2 (Convenios) da Orde da Convocatoria, para a execución dun curso de Montaxe e Mantemento de Infraestructuras de Telecomunicacións, no Centro de Formación da forga no Concello de Oleiros suplico de la demanda-. En justificación de la pretensión, en el escrito de demanda se alega, en primer lugar, Ausencia de motivación e falta de causa da resolución desestimatoria impugnada. Infracción do artigo 24 da Constitución Española, en relación co artigo 54 da Lei 30/1992, de 26 de Novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Porcedimento Administrativo Comuún ( ) una cousa é que a administración fique habilitada

4 pola Orde da Convocatoria para levar a instrucción polos trámites do sistema abreviado e outra ben distinta que poide deixar sen motivar a decisión que adopta, aínda por tais trámites abrviados. / No caso que nos ocupa, a única explicación dada pola Administración, na parte dispositiva da resolución, tivo a ver co proposto, previamente, pola Subdirección Xeral de Formación e coa dispoñibilidade orzamentar, mais sen motivar, mínimamente, nen na Resolución denegatoria, nen na Proposta de Resolución, a situación de dispoñibilidade orzamentar mencionada ( ). El motivo ha de ser estimado. SEGUNDO.- La Orden de 30 de diciembre de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública para la programación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas en la Comunidad Autónoma de Galicia correspondiente al ejercicio de 2011, en su preámbulo, dice que La Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, establece en su artículo 5º.2 que la concesión de ayudas y subvenciones se ajustará a los principios de publicidad y transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, a los que se ajusta esta disposición. La misma Orden, en su artículo 3º.4, establece que La obtención de la subvención quedará condicionada a la existencia de crédito disponible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31º.4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia ; el artículo 31.4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (de aplicación supletoria según la disposición adicional sexta de la Orden) dispone que Cuando el procedimiento administrativo establecido no lleve consigo el agotamiento del crédito en un sólo acto de concesión, sino que su disposición se realice en actos sucesivos, el órgano gestor deberá publicar, en la forma que reglamentariamente se establezca, el agotamiento de la partida presupuestaria asignada y la inadmisión de posteriores solicitudes destinadas a participar del mismo, salvo que proceda lo previsto en el apartado 2 de este artículo ; y el artículo 31.2 de la misma ley dispone que No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria sin que se realice una nueva convocatoria, salvo que se produzca el incremento de los créditos derivado de: / a) Una generación, ampliación o incorporación de crédito. / b) La existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, el órgano gestor debe publicar el agotamiento de la partida presupuestaria asignada y la inadmisión de posteriores solicitudes destinadas a participar en el mismo cuando la disposición del crédito se realice en actos sucesivos si no se produce el incremento del crédito derivado de una ampliación (generación o incorporación). Ello es coherente con la salvaguarda de los derechos de los

5 solicitantes afectados por el agotamiento definitivo, término de nuestra sentencia de 11/04/2013 dictada en el recurso 4652/2012- del crédito presupuestario. La Constitución garantiza (...) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (...) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (...) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican artículos 9.3, y de la Constitución Española. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo, y contendrá la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el art. 54 artículo 89, números 1 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: /a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos ( ) los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa./ 2. La motivación de los actos que pongan fin a los procesos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen su convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-. Es jurisprudencia reiterada y conocida que El deber de motivación de los actos administrativos que establece el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que impone el artículo 103 de la Constitución, se traduce en la exigencia de que los actos administrativos contengan una referencia precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que para el órgano administrativo que dicta la resolución han sido relevantes, que permita conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitando el control judicial por la tribunales de lo contencioso-administrativo. / El deber de la Administración de motivar sus decisiones es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos, que se garantizan en el artículo 9.3 de la Constitución; y puede considerarse como una exigencia constitucional que se deriva del artículo 103, al consagrar el principio de legalidad de la actuación administrativa, según se subraya en la sentencia de esta Sala

6 de 30 de noviembre de / El deber de motivación de las Administraciones Públicas se engarzar (sic) en el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, que es consustancial a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión Europea, que ha logrado su refrendo normativo como derecho fundamental en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, al enunciar que este derecho incluye en particular la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección 3ª, de 15 de noviembre de 2011, dictada en el recurso 71/2010, reiterando otras anteriores-. Es fundamento de la resolución objeto de impugnación que ( ) Vista a proposta de resolución realizada pola Subdirección Xeral de Formación para o Emprego prevista no artigo 4º da Orde do 30 de decembro de 2010, e a dispoñibilidade orzamentaria, en virtude do establecido na citada Orde, / RESOLVO / Non conceder os cursos de formación profesional para o emprego solicitados por esa entidade ( ) (la propuesta decide la denegación con igual fundamento). Se decidió denegar la subvención por agotamiento del crédito presupuestario (así lo entiende la demandante). El agotamiento del crédito presupuestario es el hecho al que se aplicó el Derecho que fundamenta la resolución. El hecho del agotamiento del crédito ha de quedar acreditado en el procedimiento, al menos por certificación del órgano correspondiente. Y, la existencia de solicitudes anteriores o con mejor derecho si al formularse la del expediente no se había producido el agotamiento del crédito, también debió formar parte de la instrucción, al menos por certificación comprensiva del momento del agotamiento así como del número peticiones preferentes e importe de sus ayudas o listado de éstas cuando el criterio de preferencia no fuera la fecha de la solicitud, con posibilidad de alegaciones y puesta de manifiesto antes del dictado de la resolución. Ya hemos dicho en nuestra sentencia de 11/04/2013 dictada en el recurso 4652/2012 que Aunque la Orden no sigue un sistema de concurrencia competitiva, es obvio que para la concesión de las subvenciones tiene que seguirse algún criterio. Por lo tanto para que un interesado pueda conocer las razones por las cuales a él no se le concede la interesada y a otros sí, y para que pueda combatirlas si no está de acuerdo con ellas, es preciso, si el motivo de la denegación es el agotamiento del crédito asignado, que se manifieste por qué se agotó, es decir, cuáles fueron las solicitudes aceptadas, y de qué modo se ordenaron las presentadas. Este orden podría ser, por ejemplo, el de la fecha de su presentación ( ). Ello, por más que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Orden de aplicación, fuese el abreviado el procedimiento a seguir en la tramitación. Procede la estimación, parcial, de la impugnación.

7 TERCERO.- 1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones ( ) artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa-. No procede la imposición de las costas. Por lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación: FALLO Estimamos parcialmente el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el procurador don José Amenedo Martínez, en nombre y representación de la FUNDACIÓN PARA A ORIENTACIÓN PROFESIONAL, A INVESTIGACIÓN E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO, EMPREGO E FORMACIÓN EN GALIZA (Forga), en relación con la resolución de la Consejería de Trabajo y Bienestar de 25 de noviembre de 2011; y declaramos que el acto administrativo recurrido no es conforme a Derecho, y lo anulamos por falta de motivación, ordenando, en consecuencia, la retroacción del procedimiento para que el órgano administrativo competente, previos los trámites que considere oportunos, dicte nueva resolución sobre la solicitud formulada por la demandante dando cumplimiento a la obligación de motivación a que se refiere el razonamiento jurídico segundo de esta resolución; sin imposición de las costas. Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que no es susceptible de recurso ordinario. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

8 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado Ponente Dª Cristina María Paz Eiroa, al estar celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el día de su fecha, de lo que yo, Secretaria, certifico.