Minuta de discusión para la Asamblea Ciudadana de Magallanes. Manuel Luis Rodríguez U. PRESENTACIÓN

Transcripción

1 TARIFICACIÓN DEL GAS, MATRIZ ENERGÉTICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MAGALLANES. Minuta de discusión para la Asamblea Ciudadana de Magallanes Manuel Luis Rodríguez U. PRESENTACIÓN Este documento es una minuta de discusión para la Asamblea Ciudadana de Magallanes y contiene algunos elementos críticos y de propuesta a propósito del proyecto de ley del gobierno sobre tarificación del gas para la región. Punta Arenas Magallanes (Patagonia Sin Represas), septiembre de

2 I.- ASPECTOS ESTRATÉGICOS, IDEOLÓGICOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA El proyecto de ley del gobierno tiende a privatizar y mercantilizar aún más todo el proceso de producción y suministro del gas natural en la región de Magallanes. El proyecto de ley de tarificación del gas presentado por el gobierno al Congreso, reproduce, mantiene y profundiza la misma matriz ideológica privatizadora y neoliberal, que ha sido mayoritariamente rechazada por la ciudadanía en temas cruciales como la educación, la salud, la protección del medio ambiente, los proyectos energéticos y el uso del agua. Es necesario reconocer que el proyecto de ley en cuestión constituye un avance en cuanto apunta a la indexación de las tarifas del gas, en el marco de un mercado estructuralmente monopólico y altamente concentrado. El proyecto apunta a debilitar aún más a ENAP como empresa del Estado y a fortalecer y legitimar el rol de los CEOPS y de las empresas extranjeras que operan en el negocio del gas en Magallanes. En la medida en que no hay política pública energética, en que el Estado y el gobierno optan por privilegiar el rol de los privados en la exploración, explotación y distribución del gas natural en Magallanes, el mercado pasa a primar. Mientras la región de Magallanes no defina su matriz energética, con un sentido de política estratégica y prospectiva y mediante procesos político-técnicos y participativos, el uso de los recursos energéticos e incluso del desarrollo de nuevas fuentes energéticas limpias y renovables, seguirá dependiendo de las decisiones que tomen los actores privados en un mercado, además altamente concentrado y monopólico. El debate sobre la matriz energética, las energías futuras, las tarifas y la distribución del gas en Magallanes, es un debate político e ideológico. La tarificación y el sistema de fijación de precios de los combustibles amparados por esta ley deben operar en el largo plazo, es decir, en un horizonte de 20 años. Como consecuencia de esta nueva mercantilización del gas, el proyecto apunta a períodos de vigencia de 5 años, eludiendo el carácter estratégico y de largo plazo que implica la planificación del uso de los combustibles, dentro de una matriz energética sustentable

3 El proyecto apunta a despojar a ENAP y al Estado de los últimos restos de su capacidad operacional para intervenir en el proceso productivo y de distribución del gas natural en Magallanes En efecto, a contrapelo de la norma actualmente vigente (leyes 9618 y ), el proyecto solo define empresas distribuidoras privadas, pero excluye a ENAP de la posibilidad de participar también en la distribución del combustible. En la medida en que el Estado de Chile y la región de Magallanes carecen de una política energética (nacional y/o regional), el proyecto de ley de tarificación avanza en entregar a empresas distribuidoras privadas el negocio exclusivo de la comercialización del combustible. El proyecto de ley del gobierno desconoce y silencia el rol estratégico de ENAP en Magallanes y el carácter geopolítico del poblamiento y del ejercicio de la soberanía en la región austral en la Patagonia chilena al entregar completamente al mercado el suministro del combustible. El proyecto de ley mantiene el secreto sobre el precio al cual ENAP vende el gas natural a empresas como Methanex y Gasco. II.- RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY Se crea una comisión pericial que es completamente privada, ya que la empresa distribuidora financia las remuneraciones de sus integrantes. Acerca del procedimiento de fijación tarifaria El proyecto no precisa los diferentes tramos o sectores tarifarios, necesarios para que el subsidio sea otorgado prioritariamente a determinados tipos de usuarios. Aquí debiera modificarse la fórmula cada cinco años por cada 20 años que es el planteamiento hecho por la Asamblea Ciudadana de Magallanes, durante el paro del gas a fin de otorgar mayor estabilidad en el tiempo a los precios del combustible. Esta propuesta además se encuentra en perfecta coherencia con el primer inciso del Art. 9 del proyecto de ley en cuestión (más adelante) que establece que la estructura, nivel y mecanismo de indexación de las tarifas del VAD operarían sobre un costo total de largo plazo de este servicio, que en este proyecto aparece asociado a un horizonte de planificación de la empresa distribuidora. Luego, si las empresas distribuidoras operan su proceso distribuidor del gas a partir de un horizonte de planificación de largo plazo, entonces tiene perfectamente sentido que los usuarios, ciudadanos habitantes de la región de Magallanes, que - 3 -

4 también la habitamos a largo plazo (los habitantes de la región no vivimos en Magallanes pensando en trasladarnos a vivir a Chile el próximo año ), obtengamos que las tarifas sean calculadas y tengan vigencia por 20 años por lo menos, sin perjuicio de su reajustabilidad. Acerca del subsidio del Estado Sugerimos a este respecto: a) que el subsidio sea establecido por 20 años; b) que se establezcan explícitamente los sectores tarifarios que recibirán prioritariamente el combustible en caso de emergencia del gas, definiendo como tales a: hospitales, jardines infantiles, salas cunas, centros de salud y consultorios, colegios, liceos y establecimientos educacionales en general, clínicas, instalaciones del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, hogares de ancianos y de niños, además de los propios domicilios de los residentes en la región; c) que se establezca que el subsidio cubre a la totalidad de los residentes en la región de Magallanes y no solamente a quienes residen en las comunas de Punta Arenas, Natales y Porvenir. La ley debiera establecer e integrar el régimen tarifario para los usuarios de gas en los servicios de transporte colectivo urbano de la región. Vamos camino a la privatización de la fiscalización del cumplimiento de las leyes? El proyecto de ley no establece adecuadamente los procedimientos de control, de fiscalización y de supervigilancia del cumplimiento de sus normas. Sugerimos se incorporen cláusulas que aseguren la fiscalización por parte de la Superintendencia de Electricidad de Combustible para asegurar que el subsidio otorgado a los habitantes de la región de Magallanes, se exprese real y eficazmente en las cuentas mensuales de éstos. Así también debiera establecerse el procedimiento de apelación de los consumidores/usuarios ante actuaciones de las empresas distribuidoras que aquellos consideren atentatorias a sus derechos. El proyecto crea una comisión pericial que carece de toda regulación y constituye un arbitrio privado dentro de la función pública de fijación de las tarifas. Una comisión pericial que es juez y parte, en tanto en cuanto ella operará financiada por la propia empresa distribuidora? No debiera financiarla la Comisión Nacional de Energía? Se sugiere que la comisión pericial sea directamente constituida por el Ministerio de Energía o la Comisión Nacional de Energía, mediante concurso público de consultores independientes calificados y que aseguren no poseer ningun tipo de - 4 -

5 vínculo profesional, contractual o familiar con los directivos y socios de la empresa distribuidora. A su vez, el proyecto de ley deja al arbitrio del gobierno de turno el proceso de fijación tarifaria. La fijación tarifaria debiera radicarse en una Comisión Técnica Multipartita establecida por el Ministerio de Hacienda o Economía, en la que tengan asiento representantes de las autoridades del gobierno central, un representante de cada una de las empresas distribuidoras del combustibles, representantes de las organizaciones ciudadanas de la región de Magallanes, además de representantes de la Comisión Nacional de Energía, del Ministerio de Minería y de la Empresa Nacional del Petróleo. Los contratos de arriendo o venta de los medidores a los consumidores, no debieran ser revisados y/o autorizados previamente por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el SERNAC o la Comisión Nacional de Energía, para asegurar que sus cláusulas no resulten perjudiciales para los consumidores? Nada dice el proyecto de ley tampoco respecto de la red de cañerías a través de la cual se distribuye el combustible en la región. Sugerimos que la norma establezca que dicha red sea declarada como un bien de uso público. Un nuevo rol de ENAP en el proceso productivo del gas El inciso tercero del artículo N 2 de la ley N 9618 que crea la ENAP (publicada en el Diario Oficial de fecha 19 de enero de 1991) establece que La Empresa Nacional del Petróleo puede, además, sin que ello le esté reservado exclusivamente, ya sea directamente o a través de sociedades en que tenga participación, almacenar, transportar, transformar, tratar, procesar, refinar, vender y, en general, comercializar petróleo o gas Además, el articulo único de la ley N 9618 refundida por la ley N del 20 de diciembre de 1989 de la Junta Militar de Gobierno, establece que: La Empresa Nacional del Petróleo puede, además, sin que ello le esté reservado exclusivamente, ya sea directamente o a través de sociedades en que tenga participación, almacenar, transportar, transformar tratar, procesar, refinar, vender y, en general, comercializar petróleo o gas, así como desarrollar cualquier otra actividad industrial que tenga relación con hidrocarburos, sus productos y derivados. Luego es perfectamente legítimo considerar a ENAP como una empresa que puede cumplir también la función de empresa distribuidora en el marco de esta nueva ley. Tendría sentido entonces proponer una indicación en el proyecto de ley de tarificación del gas enviado por el Gobierno al Congreso, que establezca explícitamente que la Empresa Nacional del Petroleo es también una empresa distribuidora en el marco de esta norma legal. Para ello bastaría agregar en el artículo 1 del proyecto en cuestión, la siguiente frase: El valor del gas a empresas - 5 -

6 distribuidoras, incluyendo la propia Empresa Nacional del Petróleo, que se encuentren en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena ** - 6 -