LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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1 LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Director: Carlos Franco E. Coordinador Área de Políticas y Coordinación Interinstitucional: Tomas Concha Coordinadora Observatorio de Derechos Humanos: Ana Silvia Linder Diseño carátula: Patricia Lora Diagramación: Patricia Lora

3 TOLIMA El departamento del Tolima[1], es probablemente una de las zonas más afectadas por el conflicto armado interno debido a la constante pugna por el poder territorial entre los actores armados más representativos: el ELN, las FARC y los grupos de autodefensas. Sin embargo, los dos últimos han experimentado una aguda confrontación llevando a una escalada del conflicto como consecuencia del incremento de su poderío militar al igual que por el cambio en la dinámica del mismo, puesto que territorios antes ocupados por las FARC han pasado al mando de las AUC. El diagnóstico del departamento de Tolima que a continuación se presenta, demuestra que la violencia en el conflicto armado colombiano tiene carácter estratégico. De tal suerte, la dinámica de la violencia desencadenada en este departamento por los grupos de autodefensas y las FARC, muestra la forma secuencial, consecutiva en que cometen asesinatos y masacres para lograr el apoyo forzado de la población y la homogenización del territorio, indicando que la intensidad, difusión y persistencia de la violencia se explica ante todo por la acción de estas organizaciones armadas ilegales. En definitiva, habrá que insistir que la violencia asociada al conflicto tenderá a ser cada vez mayor en la medida en que las respuestas de los actores armados que compiten para lograr el control sobre el territorio, los recursos y las poblaciones, se centrará cada vez más en la población civil. [1] El departamento del Tolim a se encuentra situado en el centro del país, limita por el norte con el departamento de Caldas, por el este con el departamento de Cundinamarca, por el sur con los departamentos de Huila y Cauca y por el oeste con los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. El departamento se divide en 47 municipios, 30 corregimientos, 217 inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios poblados.

4 Antecedentes El departamento del Tolima fue uno de los principales escenarios de La Violencia de los años cincuenta signada por el fenómeno del bandolerismo. Así mismo se localizaron hacia el sur del departamento los núcleos de autodefensas campesinas de orientación comunista que fueron la base para la creación de las FARC en 1964.[1] Igualmente, existieron grupos de autodefensa integrados por comunidades enfrentadas a las guerrillas comunistas, que poco tienen que ver con las que operan hoy día. La presencia de la guerrilla en la actualidad se registra en municipios de minifundio de la región andina y en los de campesinado acomodado. En el noroccidente del Tolima con una importante influencia paisa, operan el ELN, las FARC, el ERP y los grupos de autodefensa. El oriente, que posee estrechas relaciones con Cundinamarca, y en donde las FARC han sido el grupo armado ilegal preponderante, las autodefensas registran en los últimos años, presencia que se expresa en algún grado de actividad. En el sur coinciden la presencia de las FARC y los grupos de autodefensa. En esta zona se concentra la mayoría de la población con gran influencia indígena, que ha mantenido una relación muy conflictiva con los grupos armados, en particular con los grupos que se localizan en los resguardos de Gaitania del grupo étnico Páez y Tinajas, del grupo Coyaima- Natagaima.[2] Los problemas que durante los años noventa afectaron al sector agropecuario se expresaron en esta región del país en la fuerte contracción de la agricultura comercial, como de la economía campesina que generó un alto índice de desempleo rural.[3] Esta circunstancia contribuyó a que los cultivos ilícitos se constituyeran en una alternativa a la crisis económica. Así, ocurrió con los cultivos de amapola que se comienzan a extender sobre la Cordillera Central que atraviesa el departamento. La guerrilla y los grupos de autodefensa jugaron un papel importante en este proceso, en la medida en que propiciaron la movilización de colonos y campesinos de zonas cocaleras para organizarlos en torno a la producción de amapola y recolección del látex. Hacia 1993, se detectó en Tolima el mayor número de hectáreas sembradas del conjunto de departamentos productores. En los municipios con este cultivo ilegal se presenta un fenómeno de colonización, de vertiente presencia de una población trashumante atraída principalmente por las bonanzas ofrecidas por los cultivos ilícitos y una agricultura campesina deprimida. La dinámica de la violencia en los años, noventa se relaciona con el negocio de la amapola. De tal suerte que en los años de la bonanza ilegal, en el sur del departamento se produjo el incremento de la delincuencia, de los homicidios y del tráfico de armas. Así mismo, la zona indígena donde se produce amapola, registra los niveles más altos de conflicto agrario. En estos municipios, el problema agrario ha contado con la interferencia de la guerrilla y los grupos de autodefensa, que ha aportado una importante cuota de violencia a este conflicto con raíces muy profundas. Paralelamente al conflicto agrario, en muchas localidades del departamento se ha registrado la compra acelerada de tierras por parte de narcotraficantes, amparada por grupos armados

5 ilegales. Sobre este particular el sociólogo Alejandro Reyes[4], identifica claramente dos regiones afectadas por este fenómeno: las tierras bajas situadas en el Valle del Magdalena, donde se ha concentrado la mayor inversión de los narcotraficantes, el piedemonte de la Cordillera Central, en la zona sur, donde las compras obedecen a la expansión de los cultivos de amapola. Los municipios donde las compras han sido especialmente notables son Honda y Mariquita hacia el norte del Tolima. [1] Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos, El Áncora Editores, Bogotá, [2] En total se encuentran en el departamento cuatro resguardos con un total de indígenas que ocupan hectáreas. [3] La principal actividad económica del departamento es la agricultura, dentro de la cual los cultivos más importantes son arroz, sorgo, algodón, soya, maíz, yuca y frutales. [4] Alejandro Reyes, La compra de tierras por narcotraficantes. Drogas ilícitas en Colombia. Ministerio de Justicia- PNUD. Bogotá, Planeta, 1997.

6 Evolución del conflicto armado La información estadística sobre la evolución del conflicto armado en el Tolima, que se presenta en los gráficos y cuadros anexos, pone de presente el incremento de la presencia territorial de la insurgencia y de su poder de fuego adquirido durante los años noventa, particularmente por las FARC. Durante estos años las acciones propias de la confrontación, como los hostigamientos, emboscadas y los actos terroristas, aumentaron ostensiblemente en el conjunto de acciones armadas, mientras que las formas típicas de financiamiento (asaltos a poblaciones, entidades y vehículos de transporte) disminuyeron. Estos cambios evidencian la mayor capacidad militar con que cuentan hoy la guerrilla, resultado en buena medida de haber desarrollado economías de guerra a partir de recursos que, como en el caso de los cultivos ilícitos, ligan lo local y lo internacional. INTENSIDAD DEL CONFLICTO Fuente: Boletines de orden publico diarios DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

7 Reseña histórica de los grupos al margen de la ley Establecido el Frente Nacional y desautorizados los grupos violentos y las guerrillas por los directorios políticos, toda manifestación armada fue calificada como bandolera, sin entrar en consideraciones de los posibles matices políticos o de sus orientaciones partidistas.[1] De algunas de estas organizaciones en desarrollo político y reagrupamiento, surgió una clara intención de canalizar las acciones bandoleras hacia la lucha política.[2] En el sur del Tolima, grupos de guerrillas liberales se acercan al Partido Comunista, mientras que otros deciden enfrentarlas. Así mismo, comunidades agrarias e indígenas no sólo sirvieron como guías, sino que se convirtieron en parte del conflicto, en desarrollo de operaciones contra los núcleos guerrilleros comunistas del sur del Tolima y Río Chiquito.[3] Esta estrategia, que fue de fácil implantación especialmente en el sur del Tolima, sin embargo, no es razón suficiente para establecer continuidad con el fenómeno de los grupos de autodefensa que aparece a partir de los años ochenta con el escalamiento del conflicto y el auge del narcotráfico. Terminado el periodo de la pacificación de Guillermo León Valencia, eliminados gran parte de los focos del bandolerismo tardío, y circunscrita la guerrilla a zonas de periferia de poca importancia económica, social y política, la dinámica de las autodefensas campesinas pierde importancia. Guerrillas La implantación y posterior desarrollo de la guerrilla en el Tolima han tenido a su favor las características geográficas del departamento. De manera que las grandes unidades geográficas que atraviesan longitudinalmente el departamento han sido funcionales a la logística insurgente. Gran parte de la cordillera Central, la cual se halla fuertemente fracturada en un sistema de fallas y un relieve escarpado con alturas superiores a los m. sobre el nivel del mar y vertientes profundas, le ha permitido a los frentes guerrilleros establecer zonas de repliegue y corredores vitales en los desplazamientos hacia el piedemonte y los departamentos del Valle, Quindío, Risaralda y Caldas. El piedemonte de la Cordillera Central, sobre el cual se ubica gran parte de la población y se desarrollan las principales actividades productivas, es la zona donde la guerrilla ha buscado ampliar su influencia, concentrando buena parte de su accionar armado. El piedemonte occidental de la Cordillera Oriental es otra zona estratégica para la guerrilla en [1] Gonzalo Sánchez y Donny Meertens calculan que en 1964 había,más de 100 bandas activas constituidas por campesinas armados. Fue claro el apoyo de gran parte de estas bandas armadas al MRL, como lo hizo expreso Sangrenegra. [2] Se afirma que en octubre de 1962 Pedro Brincos, quien había organizado y dirigía un grupo armado en el norte del Tolima y trabajaba en pos de la generación de una organización que aglutinara algunas de las bandas que allí operaban, se reunió con Sangrenegra y Desquite para proponer la unión de los grupos bajo el ideario comunista, pero éstos no aceptaron. Pedro Brincos desarrollaba un amplio trabajo de fomento revolucionario, con el fin de poner en marcha una estrategia nacional y coordinar las acciones. Gonzalo Sánchez Donny Meertens. Op. Cit. [3] Uno de estos grupos fue el que bajo el mando de Mariachi no sólo sirvió de fuerza en contra de las guerrillas comunistas, sino que se convirtió en garante de privilegios políticos en la región, como lo narra en entrevista personal el historiador Álvaro Muñoz Olarte.

8 el Tolima, por cuanto le permite, por medio del relieve, establecer corredores hacia Cundinamarca, Huila, Meta y Caquetá. Por otra parte, la existencia de variedad de pisos térmicos ha permitido a la insurgencia constituir importantes fuentes de financiamiento a partir de los cultivos ilegales de coca y especialmente de amapola. Los recursos de la guerrilla se obtienen a cambio de que ésta evite los abusos de los comerciantes e imponga el orden en las zonas donde se producen las bonanzas económicas derivadas de la producción y comercialización de amapola y coca. La guerrilla presente en las zonas de cultivos ilícitos, impone su ley a sangre y fuego, recurre a la intimidación o a la convicción para lograr ejercer un control social en las zonas productoras y brindar seguridad impidiendo la acción de delincuentes comunes, sicarios y delatores; establece la prohibición del uso del bazuco como forma de pago o artículo de consumo; y fija los salarios para los raspadores. En algunas zonas también estableció la obligación de cultivar otros productos diferentes a los ilegales para evitar los efectos inflacionarios en los momentos de bonanza. Estas normas se añaden a las que ya se venían aplicando en las zonas bajo su influencia y que se expresaban en la organización de la comunidad, prestación de servicios (educación, salud, crédito, etc.), monopolio de la fuerza y aplicación de justicia. La intermediación entre productores y comerciantes le permite a la guerrilla obtener importantes recursos para el financiamiento de sus operaciones militares y el mejoramiento ostensible en su dotación. La economía de guerra en Tolima no se limita a la territorialización de los frentes guerrilleros en las zonas rurales. También tiene dimensiones menos territoriales en la aplicación de la extorsión y el secuestro. En estas dos grandes fuentes de financiamiento que han comenzado a registrarse con mayor frecuencia en los principales núcleos urbanos del departamento, afectando la actividad industrial y comercial[1], la base territorial no es necesariamente primordial para la obtención de recursos por parte de los grupos alzados en armas. Actualmente, Tolima hace parte de la zona de influencia del comando conjunto central de las FARC, al mando de alias Iván Ríos. Las estructuras armadas que tienen presencia en el departamento son: el frente 21 La Gaitana con 250 hombres que opera en los municipios de Cañón de Las Hermosas, Ortega, Ríoblanco, Chaparral, Roncesvalles, San Antonio, Ataco y Rovira, Coyaima, Cajamarca; el frente 25 Armando Ríos con 170 hombres, que opera principalmente en Icononzo, Villarica, Dolores, Prado, Purificación, Natagaima, Alpujarra, Guamo, Cunday, Melgar; el frente 50 Cacique Calarcá, con 60 hombres, que opera en los municipios de Cajamarca y Coello; el frente Joselo Lozada con 120 hombres, que opera en Ataco, Chaparral, Río Blanco, Natagaima, Dolores, Alpujarra, Planadas; el frente Tulio Varón con 40 hombres, que opera en Santa Isabel, Anzoátegui, Alvarado, Venadillo, Ibagué, Mariquita, Fresno, Honda, Falan, Casabianca, Herveo, Armero, Villa Hermosa, Líbano, Lérida, 1] En la actividad industrial se destacan la molinera, textil, de productos alimenticios y licores. El sector comercial ha presentado incremento en los últimos años; los municipios de mayor actividad comercial son Ibagué, Chaparral, Espinal, Honda, Líbano y Mariquita.

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10 Ambalema, Murillo; la columna móvil Héroes de Marquetalia con 120 hombres, que se encuentra principalmente en los municipios de Planadas, Ataco y Río Blanco; la columna móvil Jacobo Prias Alape con 160 hombres, que opera en Santa Isabel, Murillo, Anzoategui, Río Blanco, Ataco, Coyaima y Natagaima y la columna móvil Daniel Aldana con 100 hombres que operan en Gaitana, Planadas, Mesitas, Cóndor, Herrera, Paujil, Santiago Pérez, Pole, La Palmita, para un total de guerrilleros de las FARC en el departamento. El ELN también tiene presencia a través de la cuadrilla Bolcheviques del Líbano (con aproximadamente 60 hombres) que opera en los municipios del Líbano, Herveo, Casabianca, Villahermosa, Palocabildo, Falan y que se encuentra compuesta por tres comisiones: Guillermo Ariza (Militar), Armando Triviales (Líbano) y Héroes 20 de Octubre (Cafetera). Adicionalmente en el área urbana de Ibagué operan la regional Gilberto Guarín del ELN y las milicias bolivarianas del las FARC. A partir de 1999 se advierte la presencia del ERP, por su participación creciente en la realización de secuestros en municipios del norte del departamento, con el frente José Rojas que cuenta con 50 hombres. Autodefensas El origen de los grupos de autodefensas ilegales tal y como se conocen hoy, se remontan a los años ochenta, estando asociados a la protección de cultivos ilícitos y a un fenómeno de compra de tierras por parte de narcotraficantes.[1] Hacia finales de los años noventa en el sur del Tolima se constata un gran operativo de parte de las FARC en Rioblanco, Chaparral, Ataco, Coyaima y Planadas afectando a los grupos de autodefensa históricos de la región y reduciendo notablemente su operatividad. Durante el año 2001 se registra la presencia de estos grupos sobre el piedemonte occidental de la Cordillera Oriental y hacia el valle del Magdalena. Las organizaciones de autodefensa, particularmente las que han actuado en los municipios del sur de Tolima, participan en el negocio de la amapola y han propiciado la movilización de colonos y campesinos de zonas cocaleras para organizarlos en torno a la producción y recolección del látex del cual se obtiene la heroína. Estas organizaciones al margen de la ley se han financiado en parte con los ingresos provenientes de los cultivos ilícitos, teniendo como objetivo impedir la incursión guerrillera y la infiltración en las zonas bajo su influencia de personas cercanas a la guerrilla o que así lo parezcan. Las autodefensas, que han contado con menor cohesión que la guerrilla, han tenido dificultades ante el rápido enriquecimiento de sus miembros, que se disputan el control del aparato armado, a fin de tener pleno dominio sobre los cultivos ilícitos. De acuerdo con los estudios de Alejandro Reyes, en el departamento se ha registrado la más reciente expansión territorial de narcotraficantes de Antioquia y Valle, así como de agentes locales vinculados con cultivos de amapola. Hacia finales de los años ochenta los [1] A la amapola se puede atribuir la reactivación de uno de los grupos con tradición desde los años ochenta conocido como Roja Atá.

11 hermanos Ochoa habían comenzado a comprar fincas grandes y de buena calidad. Para inicios de la década del noventa, narcotraficantes del Valle iniciaron compras en varios municipios. Se calcula que las compras se localizan en dos tercios de los municipios del departamento, aunque han tenido una incidencia moderada en la mayor parte de ellos. La región de Ortega y Coyaima ha disuadido la inversión de los narcotraficantes, por el temor a enfrentar los ancestrales conflictos de tierras con las comunidades indígenas. En Natagaima y Chaparral han comprado moderadamente. En la Cordillera Central las inversiones se registran en Ibagué, Chaparral, Líbano, Rioblanco, Roncesvalle, Rovira y San Antonio. En el norte, afectado por la avalancha del volcán Nevado del Ruiz en 1985, se presentó un rápido incremento de los precios de la tierra, como resultado de grandes compras efectuadas por Víctor Carranza y varios narcotraficantes de Antioquia, que introducen seguridad a través de grupos armados a su servicio, con lo cual se evidencia la puesta en práctica de una estrategia económica aplicada en otras regiones del país. En efecto, se ha visto cómo los narcotraficantes adquieren tierras desvalorizadas por la inseguridad creada por las prácticas de obtención de recursos por parte de la guerrilla, para una vez en sus manos, hacer que el precio se incremente mediante la introducción de grupos armados que se encargan de neutralizar la acción de la insurgencia. La expansión reciente de los grupos de autodefensa, que se presenta a nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en Tolima ha priorizado la zona del Valle del Magdalena donde se localizan las mayores inversiones del narcotráfico por su elevada importancia económica y para las comunicaciones. En la zona de agroindustrial del Valle del Magdalena que posee excelentes vías que comunican con Bogotá, Cali, Medellín y la vía a Honda, que une el norte del Tolima con los departamentos de Caldas, Risaralda y Cundinamarca, las compras de tierras por narcotraficantes se registran en Alvarado, Ambalema, Guayabal, Carmen de Apicalá, Coello, Cunday, Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Natagaima, Piedras, Saldaña, Suárez, Venadillo y Villarrica. Actualmente las AUC hacen presencia a través del bloque Tolima que opera en San Luis, Valle de San Juan, Ortega, Guamo, Ambalema, Espinal e Ibagué, con aproximadamente 120 hombres, y del frente Omar Isaza que hace parte de las autodefensas del Magdalena Medio, comandadas por Ramón Isaza, que operan en los municipios de Honda, Fresno, Mariquita, Lérida, Armero-Guayabal, Ambalema, y Venadillo, con cerca de 150 hombres.

12 Acciones armadas Acciones de los grupos armados irregulares El mayor poderío militar de las FARC frente a los otros grupos guerrilleros que operan en el departamento, se expresan en el hecho de que el 70 % del total de las acciones armadas entre las que se encuentran hostigamientos, emboscadas, ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, actos terroristas y asaltos a poblaciones, registradas entre 1998 y junio de 2003, se relacionan con esta guerrilla. Para un total de 146 acciones registradas durante este periodo, los municipios que han registrado acciones por parte de este grupo subversivo son: Alpujarra, Anzoategui, Carmen de Apicalá, Coyaima, Herveo, Ibagué, Natagaima, Purificación, Ríoblanco, San Antonio, Santa Isabel, Ataco, Cajamarca, Chaparral, Cunday, Dolores, Falan, Icononzo, Lérida, Líbano, Prado, Coello, Murillo, Ortega, Planadas, Roncesvalles, Rovira, Venadillo y Villarrica. En segundo lugar se encuentra el ELN con 27 acciones registradas durante este periodo, que equivalen al 13% del total departamental. Los principales municipios de actividad son: Casabianca, Lérida, Falan, Mariquita, Murillo, Ortega, Palocabildo, San Luis, Santa Isabel, Venadillo y Villahermosa. Los grupos de autodefensas registran el 1% de las acciones realizadas, pues han realizado solo 2 acciones. Los municipios donde se registraron fueron Icononzo y San Luis. El 12% de las acciones fueron realizadas por desconocidos, principalmente en los municipios de Ataco, Ortega, Ibagué, Guamo, San Isabel, Rovira, Melgar, Lérida, Mariquita, Fresno, Flandes, Chaparral y Cajamarca. El 5% restante se explica por acciones cometidas por guerrillas no identificadas, que actuaron principalmente en Venadillo, Purificación, Saldaña, Coello, Murillo, Ataco, Alvarado y Ambalema.

13 Fuente: Boletines de orden público diarios DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República Emboscadas Desde 1998 a junio de 2003, los grupos armados ilegales han cometido 22 emboscadas contra la Fuerza Pública. Las FARC 16 emboscadas así, 4 en 1998, 3 en 1999, 1 en el 2000, 1 en el 2001, 3 en el 2002 y 4 a octubre del Los municipios donde se llevaron a cabo estas acciones fueron: Anzoategui, Cajamarca, Dolores, Ibagué, Icononzo, Natagaima, Planadas, Prado, Rovira, San Antonio y Santa Isabel. El ELN ha realizado 3 emboscadas, 2 en 1999 y 1 en el 2002, en Casabianca, Líbano y San Luis; desconocidos han realizado 2 emboscadas en Ibagué y Ortega, y guerrilla no identificada realizó 1 en Alvarado. Hostigamientos Durante los años 1998 a junio de 2003, de 81 hostigamientos contra miembros de la Fuerza Pública realizados por los actores armados ilegales, las FARC han cometido 58, es decir, el 72% del total departamental. Los siguientes municipios sufrieron hostigamientos por parte de este grupo subversivo: Anzoategui, Ataco, Cajamarca, Chaparral, Coello, Coyaima, Cunday, Dolores, Ibagué, Icononzo, Natagaima, Orega, Piedras, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel y Venadillo. Se destacan Villarrica, Alpujarra y Murillo que han sufrido 4 hostigamientos, Ríoblanco 9 y Planadas 10. Los años de mayor acciones de hostigamiento fueron 1999 y el 2002 con 11 cada año. El año 2003 registra un incremento sustancial, con 18 hostigamientos realizados por las FARC.

14 Por su parte, el ELN ha realizado 12 hostigamientos durante este periodo: 6 en 1998, 3 en 1999, 2 en el año 2000 y 1 en Líbano y Villahermosa registran el mayor número con 3 hostigamientos, Casabianca y Murillo 2, y Santa Isabel, Venadillo 1. Las autodefensas han realizado 2 hostigamientos, en Icononzo en el año 2000 y en San Luis en el Desconocidos han realizado 2 hostigamientos, en Guamo en el 2000 y en Ataco en el Guerrillas no identificadas han cometido 6 hostigamientos en Ambalema, Ataco, Coello, Murillo, Purificación y Saldaña. Fuente: Boletines de orden público diarios DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

15 Fuente: Boletines de orden público diarios DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República Ataques a instalaciones de la Fuerza Pública Ante la expansión de la capacidad de inteligencia y el fortalecimiento de la movilidad de las tropas del Ejército, que han permitido reducir la iniciativa insurgente mediante la detención, identificación y ataque de objetivos guerrilleros, la estrategia de la insurgencia está sufriendo un cambio, el cual ha sido denominado en la literatura internacional sobre conflictos irregulares aproximación indirecta (Liddell B.H. Hart, 1954). Aplicando esta perspectiva al estado actual del conflicto en el Tolima se puede suponer que, mientras compensa deficiencias, la guerrilla ha optado por seccionar sus objetivos, los cuales estarían centrados en la Policía y en su otro enemigo los grupos de autodefensa, mientras que el enfrentamiento directo con el Ejército es dejado de lado, limitándose a evaluar su capacidad de reacción. El énfasis que las FARC han puesto en el ataque a las instalaciones de la Fuerza Pública a partir de 1998 y que se ha convertido en todo un propósito estratégico a nivel nacional, se expresa en forma elocuente en el Tolima. Este comportamiento, por otra parte, corresponde al desarrollo de planes de guerra dispuestos a lograr el control de zonas específicas cada vez más amplias que se constituyen en núcleos de expansión del control de la insurgencia. Como se constata en las estadísticas que aquí se presentan, entre 1998 y junio de 2003, de 19, las FARC ha atacado en 15 oportunidades municipios que por su ubicación definen un patrón geográfico que pone al descubierto el interés de crear un

16 corredor entre los municipios del suroriente colombiano y la Costa Pacífica, pasando de manera obligada por municipios del sur y oriente de Tolima. La sistematicidad con que han sido atacados estos municipios revela el propósito de las FARC de consolidar esta salida al mar por el sur del país. El primer ataque a un municipio se produjo en 1990 en Chaparral, un año después fue San Antonio, en 1993, Rovira, en 1995 Ríoblanco y en 1996 Dolores. A partir de 1998 el objetivo de golpear los municipios del sur y oriente del departamento se convierte en una prioridad para los frentes de las FARC con presencia en estas zonas. En el sur, Dolores, Ataco, Ríoblanco y Natagaima han sido blanco de las acciones ofensivas del frente 21. Hacia el oriente la estrategia ha estado a cargo del frente 25 que ha dirigido los ataques sobre Cunday y Alpujarra. En el norte, a partir de 1999 Venadillo, Villahermosa y Anzóategui registran ataques cometidos por el frente Tulio Varón. En el 2000, 1 ataque en Alpujarra. Durante el 2001, las FARC cometieron 5 ataques en Ibagué, Anzoategui, Natagaima, San Antonio y Santa Isabel. Durante el 2002 cometieron un ataque en Coyaima y en lo que va corrido del año 2003 ha realizado 4 ataques en Ibagué, Carmen de Apicalá, Herveo y Ríoblanco. Por su parte, el ELN ha realizado 3 ataques, 1 en 1999 en Murillo, 2 en Villahermosa, 1 en el 2001 y 1 en el En este último año, desconocidos activaron un artefacto explosivo frente a las instalaciones del Comando de la VI Brigada del Ejército Nacional. Los grupos de autodefensas no registran este tipo de acciones. Ibagué es el municipio que mayor número de ataques registra. Le siguen Anzoategui, Villahermosa y San Antonio. Fuente: Boletines de orden público diarios DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

17 Fuente: Boletines de orden público diarios DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República Actos terroristas Durante el periodo estudiado, los actores armados ilegales han cometido 66 acciones terroristas, que equivalen al 32% del total de acciones armadas ocurridas en este departamento. Las FARC son responsables del 61% es decir, han realizado 40 actos terroristas, entre los que se encuentran la activación de cargas explosivas contra vehículos de transporte público y privado, peajes y viviendas de presuntos colaboradores de las AUC. Ibagué fue el municipio con mayor registro por parte de esta guerrilla con 6. Le siguen Natagaima con 5, Cajamarca y Alvarado con 4 cada uno, y Ortega con 3. Durante el año 2002 cometieron el 25%. El año de mayor registro es el 2003, con el 35% del total. Por su parte, el ELN ha cometido 5 actos terroristas, de los cuales la mayoría fueron incineración de vehículos públicos en Falan, Lérida, Mariquita y Líbano. Durante el 2002 no se registraron actos de este tipo por parte de esta guerrilla. Es importante resaltar la voladura de las torres eléctricas el 5 y 6 el 20 de marzo del 2000 en los municipios de Palocabildo y Casablanca, dinamitadas por este grupo subversivo. Durante estos 6 años, desconocidos han cometido 20 actos terroristas, cometiendo el mayor número durante el año Los municipios afectados por estas acciones son: San Isabel, Rovira, Melgar, Ibagué, Mariquita, Lérida, Flandes, Fresno, Chaparral y Cajamarca. Un grupo guerrillero no identificado cometió un acto terrorista durante el año 1998 en el municipio de Venadillo. Los grupos de autodefensa no registran ningún acto terrorista.

18 Asalto a población Las FARC y el ELN han realizado 21 asaltos a población durante el periodo comprendido entre 1998 y el Las FARC son responsables del 81%, es decir, han cometido 17 acciones de este tipo. En 1998 cometieron 3 asalto, en , en el 2000 realizaron 3, durante el 2001 y el 2002 llevaron a cabo 4 asaltos a población cada año, y a octubre de 2003 han realizado 1. Los municipios afectados son: Alpujarra, Anzóategui, Ataco, Cunday, Dolores, Murillo, Natagaima, Ríoblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y Venadillo. El ELN han realizado 4 asaltos a población, 2 durante el año 1999 y 2 en el año 2002 en Casablanca y Venadillo respectivamente. Municipios o regiones más afectados o vulnerables La evolución de la geografía del conflicto en Tolima, muestra la forma en que éste se ha ido ampliando con el paso de los años y el fortalecimiento de la guerrilla, en especial de las FARC, agrupación que durante los años noventa logró avances importantes en sus principales objetivos de carácter estratégico: acumular recursos, ampliar su presencia territorial y aumentar su influencia a nivel local. El conflicto armado, que hacia comienzos de la mencionada década se manifestaba de manera exclusiva en municipios situados sobre la Cordillera Central y el piedemonte occidental de la Cordillera Oriental, se va ampliando con el paso del tiempo. En efecto, la parte norte y el valle del Magdalena, que no registraban mayor actividad armada, en el momento actual son, al igual que las otras regiones geográficas del departamento, escenarios del conflicto. Los principales focos de la confrontación armada se ubican en el norte, sur y extremo oriental. Hacia el norte sobresalen por su elevada concentración de acciones armadas Líbano, Anzóategui, Venadillo, Santa Isabel, Villahermosa y Casablanca; en el sur el conflicto ha sido persistente en todos los municipios, destacándose Ríoblanco, Chaparral, Ataco y Planadas; en el extremo oriental aparecen Alpujarra, Villarrica, Natagaima y Dolores. Acciones militares de la Fuerza Pública Presencia de las Fuerzas Militares En el Tolima opera el Comando de la VI División y el Comando Departamento de Policía de Tolima ubicados en el municipio de Ibagué. En Melgar se encuentra el Comando Aéreo de Combate No.4, y desde Bogotá opera el Comando de la V División. Las unidades del Ejército en el departamento son: Batallón de Infantería No.16 Patriotas en Honda; Batallón de Infantería de Montaña No.17 Caicedo en Chaparral; el Batallón de Infantería No.18 Rooke, el Batallón de Servicios No.6 Francisco Antonio Zea, el Batallón de Contraguerrillas No.6 Pijaos y Grupo Gaula del Tolima, ubicados en Ibagué. El Tolima cuenta con efectivos del Ejército Nacional, 938 de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, para un total de efectivos en la zona.

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20 Fuente: Boletines de orden público diarios DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República Contactos armados Durante el periodo comprendido entre 1998 y el año 2003, se han llevado a cabo 223 contactos armados entre la Fuerza Pública contra los actores armados ilegales. Es preciso destacar que el porcentaje de acciones de la Fuerza Pública en contra de la insurgencia a partir de 1999 comienza a ser superior al promedio histórico, comportamiento que se inscribe en la serie de resultados favorables al Estado en su enfrentamiento contra la insurgencia, que define un cambio radical con respecto a la situación que se vivía cuando las FARC, entre 1996 y 1998, se habían propuesto demostrar su poderío en las zonas con presencia histórica, a través de acciones de gran contundencia militar. [1] [1] En agosto de 1996 en el departamento de Putumayo fue atacada la base de Las Delicias; en septiembre la base militar de La Carpa en el departamento de Guaviare fue atacada; en diciembre la ofensiva se dirigió contra la base militar de Patascoy en el departamento de Nariño. En 1998 los ataques continuaron, en marzo la Brigada Móvil No.3 del Ejército fue atacada en el caño El Billar en el departamento del Caquetá; en agosto, la guerrilla volvió a atacar a la Policía en Miraflores Guaviare y Uribe- Meta y al Ejército en Pavarandó en la región de Urabá. Por último, en el mes de noviembre, en momentos previos a la creación de la zona de distensión para adelantar las conversaciones de paz entre el gobierno del Presidente Andrés Pastrana y las FARC, esta guerrilla tomó por asalto Mitú, capital del departamento de Vaupés en el suroriente colombiano.

21 Durante el periodo comprendido entre 1998 y junio de 2003, los combates entre la Fuerza Pública y las FARC, equivalen al 72% del total, es decir, se registraron 158 contactos armados con este grupo insurgente. Los principales municipios que tuvieron contactos armados son: Ibagué con 18, Planadas con 17, Dolores con 16, Chaparral con 10, Santa Isabel, Cajamarca y Ríoblanco con 9, Natagaima con 8, Anzóategui con 7, y Ataco, Líbano, Ortega, Prado y Venadillo con 6. Es importante resaltar el incremento en el número de contactos armados con esta guerrilla desde el año Con el ELN se registraron 29 contactos armados. 12 en Líbano, 4 en Villahermosa, 3 en Murillo y Falan y 2 en Casabianca. En Lérida, Mariquita, Ortega, Palocabildo y Venadillo se registraron 1 contacto armado respectivamente. Con los grupos de autodefensas se tiene conocimiento de 27 contactos armados en Ambalema, Armero, Casabienca, Chaparral, Fresno, Guamo, Herveo, Ibagué, Lérida, Líbano, Mariquita, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Prado, Rovira, Saldaña, San Luis, Valle de San Juan y Venadillo. El 2003 fue el año con mayor número de contactos entre la Fuerza Pública y estos grupos. Con desconocidos se registraron 3 contactos armados en Fresno, Rovira e Ibagué. Con guerrillas no identificadas 2 contactos armados en Falan y Saldaña, y con otros grupos guerrilleros 4 en Lérida, Líbano y Venadillo. Es importante resaltar el incremento en el número de contactos armados desde 1998 hasta junio de 2003, especialmente en la zona norte y centro- occidente del departamento, esta última sobresaliendo en el último año. Fuente: Boletines de orden público diarios DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

22 Violaciones a los DDHH e infracciones al DIH La expansión territorial de los protagonistas del conflicto armado, orientada hacia la conquista de objetivos estratégicos, se expresa en el incremento del recurso al terror que, a diferencia de lo que se piensa comúnmente, no es una demostración de pérdida de control por parte del actor violento, sino más bien del desarrollo de planes cuidadosamente dirigidos hacia fines precisos. La violencia que se desencadena en la competencia entre los grupos de autodefensas y la guerrilla más allá de suscitarse por desacuerdos ideológicos, resulta de la disputa por el control del territorio y los recursos, donde el apoyo de la población civil se consigue por medio de la intimidación. Persiguiendo estos objetivos, los grupos armados ilegales imprimen al conflicto una dinámica local amigo- enemigo, que es aplicada en las zonas de gran disputa, donde los protagonistas del conflicto actúan con especial intensidad golpeando civiles inermes por medio de asesinatos selectivos y matanzas que incrementan los índices de homicidio. El carácter estratégico de la violencia producida en el conflicto armado se constata plenamente en el Tolima, a través de la insistencia en el asesinato y la masacre que tienen por fin afectar las redes o posibles redes de apoyo de los actores armados en competencia, o el simple hecho de amedrentar a la población y someterla bajo terror. Homicidios En términos del comportamiento de los asesinatos que recaen sobre los civiles, si bien la tasa de homicidios se encuentra por debajo de la tasa nacional, se registra un alto número por año desde 1990 hasta el año Tolima es uno de los departamentos con tasas de homicidios considerablemente altas durante los años de La Violencia. Posteriormente en la gran escalada nacional de homicidios, desde 1984, en el departamento se observa un comportamiento discreto, pero asciende hasta 1993 alcanzando una tasa de por cada habitantes. Durante los siguientes años, se mantiene un promedio, el cual aumenta desde 1999 como consecuencia de la intensificación del conflicto armado por parte de los actores armados ilegales. Desde el año 2001 la tasa de homicidios presenta un descenso.

23 Fuente: Policía Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República - * Cifras proyectadas a diciembre de 2003 Dividiendo el departamento en cuatro zonas, la norte es la que mayores tasa de homicidios registra durante el periodo estudiado, la cual comprende Mariquita, Honda, Fresno, Falan, Herveo, Líbano, Villahermosa, Armero, Lérida, Ambalema, Venadillo, Santa Isabel, Palocabildo, Anzóategui, Alvarado, Casablanca y Murillo. La centro oriente (Flandes, Espinal, Guamo, Coyaima, Natagaima, Alpujarra, Dolores, Villarrica, Iconozo, Melgar, Cunday, Prado, Purificación, Suárez, Carmen de Apicalá y Saldaña) registra un aumento en la tasa de homicidios del año 1993, la cual sufre un descenso hasta 1997, año en el que tiene un leve aumento. A partir de ese año se mantiene un promedio. La centro occidente, comprendida por Ortega, San Luis, Coello, Piedras, Ibagué, Cajamarca, Roncesvalles, San Antonio, Rovira y Valle de San Juan, se mantiene por debajo de estas dos zonas, aunque en el año 1995 va en aumento, sobrepasando la tasa de la centro oriente en el La sur, comprendida por Planadas, Ríoblanco, Ataco y Chaparral, es la que mantiene un bajo registro durante estos 13 años. Los principales municipios con mayores tasas de homicidios en el departamento son: Alvarado, Anzóategui, Armero, Herveo, Roncesvalles, Rovira, Santa Isabel, Casabianca, Planadas, Murillo Coyaima, San Antonio, Dolores, Venadillo, Valle de San Juan, y Chaparral.

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25 Fuente: Policía Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República - * Cifras proyectadas a 2003 Masacres Los actores armados ilegales cometen asesinatos y masacres para lograr el apoyo forzado de la población y la homogenización del territorio. Las matanzas pueden ser indiscriminadas u orientadas a personas específicas, pues más allá del interés de eliminar al apoyo del actor armado, está el demostrar a la población afectada o que ha convivido con uno de ellos, que no la puede defender y que, en consecuencia, puede ser mejor plegarse al otro que termina imponiéndose por medio de la violencia. Durante el año 1993 se registraron 5 casos de masacres que dejaron 31 víctimas, en los municipios de Cundía, Ibagué, San Antonio y Santa Isabel. A partir de 1995 hasta el año 2000 el número de casos disminuye, aunque se mantiene alto. Durante 1995 se cometieron masacres en: Anzóategui, Mariquita, Melgar y Villahermosa,; en 1996 ocurrió 1 en Fresno. En 1997 ocurrieron 3 masacre. Durante el año 1998 ocurrieron masacres en Chaparral que dejó 13 víctimas y en Coello que dejó 4 víctimas. En el año 2001 se cometieron el mayor número de masacres registradas en este departamento, pues se tiene conocimiento de 8 casos que dejaron 40 víctimas. Durante el año 2002 no se registraron masacres. Sin embargo, durante el año 2003, se tiene conocimiento de 24 víctimas de masacres. Una de ellas ocurrida en el municipio de Guayabal, la cual dejó 18 víctimas y otra ocurrida en Lérida que dejó 6 víctimas.

26 Desde 1995, los avances territoriales de los grupos de autodefensa se acompañan de matanzas en zonas de influencia guerrillera hacia el norte del departamento, los piedemontes cordilleranos y hacia el valle del Magdalena. A continuación se describen algunas de estas masacres: en el norte, Mariquita es escenario de dos masacres en el año 2001: la primera en el mes de julio, ejecutada por un grupo de las autodefensas del Magdalena Medio, que asesinaron a cinco personas en la vereda La Parroquia; la otra en septiembre, al parecer cometida por el mismo grupo, que cobró la vida de cuatro campesinos en el barrio El Porvenir. En el piedemonte de la Cordillera Central, la acción criminal de las autodefensas se expresó en dos masacres realizadas en Chaparral; en agosto de 1999 cinco campesinos fueron asesinados en el sitio Yopecador; dos años más tarde, en el mes de junio, se registró la segunda en la vereda El Queso, cuando integrantes de las AUC asesinaron con armas blancas y de fuego a seis personas. Hacia el valle del Magdalena, en Coyaima, se identifica otro foco de la acción violenta de las autodefensas, con dos matanzas: la primera en julio de 1999, costó la vida a seis personas; la segunda en agosto de 2001 en la vereda Buena Vista, aumentó la cifra de asesinatos a diez. En abril de 2001 se produce uno de los hechos más graves en el municipio de Valle de San Juan, cuando integrantes de las AUC asesinaron con armas de fuego al Presidente de la Junta de Acción Comunal y a tres personas más a quienes les incineraron sus viviendas en la vereda El Neme. VÍCTIMAS DE MASACRES POR ZONAS Fuente: Policía Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

27 Hacia el oriente, se presentan recientemente dos masacres: la primera en agosto de 2000, en Icononzo fueron asesinadas cuatro personas en la vereda Meza de Guatimbol; la segunda en abril de 2001 en Prado, fueron asesinadas siete personas en la vereda La Chica. Por su parte las FARC, al recurrir a la masacre, imita el comportamiento de los grupos de autodefensa. Así, esta guerrilla golpea a la población civil a través de asesinatos colectivos en el sur, norte y oriente del departamento. En el sur, cabe destacar los hechos protagonizados en Chaparral por el frente 21 en enero de 1998, que asesinó a ocho campesinos en las veredas Guadual, Moral y El Bosque. Esta misma estructura armada ha recurrido en dos oportunidades más a la masacre en la inspección Santiago Pérez, jurisdicción del municipio de Ataco; la primera se registró en enero de 2000 en la vereda El Pole, cuando un grupo de guerrilleros incineraron ocho viviendas y asesinaron a cuatro personas acusadas de colaborar con grupos de autodefensa, la segunda se produjo en el sitio La Dorada, en noviembre de 2000, cuando integrantes de las FARC asesinaron con armas de fuego a otras cuatro personas. En el oriente, Cunday ha sido escenario de dos masacres cometidas por guerrilleros del frente 25 de las FARC; en agosto de 2000, asesinaron con arma de fuego a cuatro personas; posteriormente en julio de 2001a otros cuatro civiles. Por último en el mes de abril de 2001, se registró en Líbano la muerte de cuatro personas a manos de integrantes del frente Tulio Varón de las FARC en la vereda Santa Rita. Fuente: Policía Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

28 Desaparecidos Desde el año 2000 hasta junio de 2003 se han presentado 55 casos de desaparecidos en el departamento del Tolima. Durante el año casos en todo el país y en este departamento 10, en Villahermosa, Venadillo, Lérida, Ibagué, Saldaña y Alvarado donde la víctima fue el alcalde. Cabe resaltar que en los municipios de Armero y Guamo se presentaron dos casos en cada uno respectivamente. Los autores son desconocidos en todos los casos. En el año 2001 se registraron 22 casos de desaparecidos en Saldaña en donde se registraron 3, en Dolores 6, en Mariquita 2, en Cunday 3, en Purificación, Líbano, Lérida, Piedras, Venadillo, San Luis y Natagaima 2. Entre las víctimas se encuentra un campesino, un líder social y un profesor. En los casos registrados en Mariquita, Dolores y Natagaima se pudo establecer como responsable a las autodefensas. El resto de casos no tiene identificado el responsable. En el 2002, año en el que disminuyeron considerablemente las cifras pues de 560 casos registrados en el país en el 2001, se paso a 253. En Coyaima se registraron 4 casos de desaparición de indígenas por parte de las autodefensas, y se registraron casos en los municipios de Falan, Guayabal e Ibagué. A octubre de 2003, Tolima es el segundo departamento con mayor número de casos de desaparición forzada, registrándose un total de 16, que equivalen al 12% del total nacional. En Lérida se registraron 6 y en el Líbano 7, por desconocidos. En Falan 2 casos y en Coyaima 1, realizados por las autodefensas. Tortura Durante el periodo comprendido entre el 2000 y junio de 2003 se han presentado 38 víctimas de tortura en el Tolima. En el año 2000 se registraron en todo el país 438 casos, y en el departamento 13 casos. En Ibagué se registraron 12 víctimas que tienen como presuntos responsables a la Policía Nacional. En Honda se presentó el caso de una víctima. En el año 2001 se presentaron 7 víctimas de tortura en Falan 2, en Fresno 2 y una víctima en Coello, Cajamarca y Espinal. Solo en el caso de Falan se pudo determinar como responsables a las autodefensas. Todas las víctimas murieron. A nivel nacional, el total de víctimas de tortura fue de Durante el año 2002 se registraron 6 víctimas, 4 de ellas en el municipio de Herveo, 1 en Casabianca y 1 Anzoategui. En todos los casos las autodefensas fueron responsables. Cinco de las seis víctimas murieron, entre las que se encontraba un concejal. En el 2003, se registraron 12 víctimas de tortura. En el municipio de Prado fueron 7 las víctimas por presuntos miembros de las Fuerzas Militares. En Coyaima y Casablanca se registraron una víctima respectivamente en donde se determinó como responsables a los grupos de autodefensas. En Dolores 2 casos y en Planadas 1, sin responsable identificado. Grupos vulnerables En el departamento de Tolima, los líderes políticos están en la mira de los actores armados. De 47 alcaldes 7 alcaldes están amenazados por las FARC: los alcaldes de Alpujarra, Chaparral, Fresno, Natagaima, Planadas, San Antonio y Suárez.

29 Desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados cuatro alcaldes en el departamento: el 17 de mayo del año 2000 fue asesinado el alcalde de Ataco y el 27 de septiembre del mismo año el alcalde de Rovira. El 4 de diciembre de 2002 el alcalde de Ambalema y el 28 de mayo de este año, el de San Antonio. Tolima es el tercer departamento con mayor número de asesinatos de concejales durante el periodo comprendido entre el año 2002 y junio de 2003, registrando la muerte de doce, pertenecientes a los municipios de San Antonio, Herveo, Chaparral, Ataco, Falan, Venadillo, Guayabal, Purificación, Dolores y Natagaima. Cinco de ellos fueron asesinados en el 2002 y siete en el Al parecer, las FARC asesinaron cuatro concejales, las AUC a uno, desconocidos a seis y no se tiene información de la muerte de uno de los casos. Los líderes sindicales son también un grupo altamente vulnerable en este departamento. Actualmente están amenazados tres lideres pertenecientes a la CUT; dieciséis de ANTHOC; uno de SINDESENA y dos pertenecientes a SINTRACREDINAGRO. Es importante mencionar que en el 2000 y el 2003 fueron asesinados 2 maestros pertenecientes a SIMATOL. Actualmente once miembros de este sindicato están amenazados. Secuestros Fuente: Fondelibertad. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

30 Durante el periodo comprendido entre 1998 y junio de 2003, se tiene conocimiento de 674 secuestros ocurridos en este departamento, que equivalen al 4% del total nacional. Teniendo en cuenta la forma de financiamiento de las guerrillas, las FARC son el actor armado ilegal que mayor número de secuestros ha cometido en este departamento durante el periodo estudiado, con 188, equivalentes al 28% del total departamental. Le siguen el ELN con 151, delincuencia común con 71, el ERP con 60 y las autodefensas con 30. Hay un registro de 171 secuestros cuya autoría aún no se ha establecido. A partir del año 2000 el departamento del Tolima registra un incremento en el número de secuestros cometidos por año. En el año 2001 se registró el mayor número de secuestros con 154, es decir, el 23% del total departamental. Aunque durante el año 2002 y 2003 las cifras disminuyeron, se mantiene un promedio alto. El municipio con mayor número de secuestros es Ibagué con 140 ocurridos durante el periodo estudiado. Le siguen en su orden: Venadillo con 88, Lérida con 49, Mariquita con 30, Fresno con 29, Líbano con 28, Espinal con 26, Cajamarca con 20, Armero con 19 y Chaparral y Ortega con 15. Fuente: Fondelibertad. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

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32 Fuente: Sistema único de Registro - SUR- RSS Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República Desplazamiento forzado Tolima es uno de los departamentos del país que más gravemente se ha visto afectado por el fenómeno del desplazamiento forzado. Desde 1996 hasta el año 2002, se registra un aumento en el número de desplazamientos de hogares y personas[1], como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado en la región, pues los actores armados ilegales generan este fenómeno dentro de su estrategia de control social y territorial. A partir del año 2003 el número de registros ha disminuido. El total de hogares expulsados durante el periodo estudiado es de aproximadamente 6.206, y el de hogares receptados es de Durante los años 2000 y 2001 llegaron mas hogares al departamento de los que salieron. Sin embargo, en el año 2002 y 2003 esta dinámica cambió, pues fueron expulsados más hogares como consecuencia de la violencia desatada por el conflicto armado. El número de personas desplazadas registradas en el periodo estudiado, es de aproximadamente Se calcula que personas fueron recibidas. A partir del año 2001 se incrementó el número de personas expulsadas a tal punto que en durante el año 2003 esta cifra sobrepasa considerablemente el de recibidas. [1] Es importante señalar que existe un alto subregistro.

33 Los principales municipios expulsores durante los años 2000 a 2003 son: Anzóategui, Ataco, Chaparral, Coyaima, Cunday, Dolores, Fresno, Ibagué, Líbano, Natagaima, Ortega, Planadas, Prado, Purificación, Ríoblanco, Rovira, San Antonio y Villarrica. Los principales municipios receptores son: Ataco, Chaparral, Cunday, Ibagué, Líbano, Natagaima, Planadas y Ríoblanco. Minas antipersonales El Observatorio de Minas Antipersonales de la Vicepresidencia de la República ha registrado en este departamento 54 eventos por la acción de minas antipersonales durante el período comprendido entre 1990 y el 20 de noviembre de De ellos 36 han sido incidentes, los cuales representan el 67% y 18 accidentes que equivalen al 34% del total de eventos. Durante el periodo comprendido entre 1990 y mayo de 2003, en donde se habían registrado hasta ese momento 37 eventos, las FARC fueron presuntos responsables de 21 eventos por la acción de minas antipersonales y otros artefactos explosivos abandonados, cifra que representaba el 57% del total hasta ese momento. El ELN había sido el posible responsable de 2 eventos, es decir, el 5%. El segundo registro más alto esta catalogado como presunto autor desconocido con 11 eventos (30%); esta cantidad puede ser atribuida a cualquiera de los actores armados que tienen presencia en la zona. Se registra un evento cuyo presunto responsable son grupos vinculados al narcotráfico. Procesado por el Observatorio de Minas Antipersonales del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República *Cifras hasta noviembre de 2003

34 El Observatorio de Minas Antipersonales de la Vicepresidencia de la República registró que 13 de los 54 eventos ocurridos durante el periodo comprendido entre 1990 y el 20 de noviembre de 2003, se presentaron durante los años 1994 y Otro de los periodos donde aumento el registro fue el 2002, año en el cual se presentaron 27 eventos, es decir, el 50% del total. Si sumamos estos dos periodos tendremos que durante ese tiempo se registraron 40 eventos, llegando al 74% del total registrado durante los trece años estudiados en este departamento. En el Tolima, desde 1990 hasta el 20 de noviembre de 2003 hubo 35 heridos (63%) y 21 muertos (37%). El mayor número de heridos se presentó en el año 2002 con 17, y el mayor número de víctimas muertas en 1995 con 12. Las estadísticas han registrado desde 1990 hasta el 20 de noviembre de 2003, un total de 56 víctimas. De ellas, 51 fueron hombres (91%), 4 mujeres (7%) y un desconocido (2%). Las víctimas militares fueron 38 que equivalen al 68% del total; por su parte, los civiles se contabilizaron en 17 (30%), y los actores armados irregulares con 1 (2%). La mayoría de las víctimas civiles (15 que corresponden al 88% del total de estas víctimas) se registraron en el año El más alto índice se registró en 1995 cuando se presentaron 21 víctimas, que representan el 55% de las víctimas militares.

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36 Procesado por el Observatorio de Minas Antipersonales del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República *Cifras hasta noviembre de 2003 Posiblemente, Tolima tiene presencia de minas antipersonales en 22 de sus municipios. Los que mayor eventos por minas antipersonales han presentado son: Ríoblanco con 8 (14%), Dolores con 7 (13%), Chaparral e Ibagué con 6 eventos cada uno ( 11%) y Anzóategui con 5 (9%).