Vicepresidencia de la República

Transcripción

1 Vicepresidencia de la República ALGUNOS INDICADORES SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CHOCÓ En la actualidad el departamento de Chocó es escenario de una disputa territorial puesto que su territorio representa un elevado valor estratégico para los actores armados irregulares. Por un lado, por ser un corredor entre la costa, la frontera con Panamá y el interior del país, el Chocó es propicio para el tráfico de armas y drogas. Por otro lado, al ser una zona selvática de difícil control y acceso, se ha convertido en una zona de refugio y adiestramiento para los grupos armados ilegales y de cultivos ilícitos. A su vez, el hecho de que el departamento esté habitado por comunidades afrocolombianas e indígenas que hacen uso colectivo de la tierra, ofrece a los grupos armados un escenario que facilita la utilización de medios de intimidación y el consecuente desplazamiento masivo de comunidades. Cabe destacar que en la última década la confrontación armada se ha intensificado en el departamento del Chocó y paulatinamente ha ido cubriendo prácticamente todas sus regiones. 1

2 Desde mediados de la década de los setenta, la región cuenta con la presencia de las FARC y el ELN, no obstante hasta hace poco constituía más un escenario de retaguardia que de confrontación. En la década de los ochenta aumentó la conflictividad como consecuencia del fortalecimiento de los aparatos armados de las guerrillas, al tiempo que se produjo en el litoral la compra de tierras por parte de narcotraficantes. Pero es sólo a partir de 1996 que la presión de los grupos de autodefensa se incrementó notablemente en el Atrato, lo que ocurrió paralelamente al desarrollo de intensos operaciones militares contra los frentes 57 y 34 de las FARC. Adicionalmente, desde 1998 se vienen registrando enfrentamientos directos entre las guerrillas y las autodefensas, hechos que ponen en grave riesgo a la población civil. En la actualidad los frentes 57, 34 y la compañía Aurelio Rodríguez de las FARC tienen presencia en la región, el primero se ubica principalmente en el Bajo y Medio Atrato y los dos últimos en el Alto Atrato entre Quibdó, El Carmen, Lloró y Bagadó. Por su parte el ELN se encuentra en la región con los frentes Ernesto Che Guevara, Manuel Hernández el Boche y el Benkos Biohó. El ERG actúa cerca de los municipios de Carmen de Atrato y Bagadó mientras que las autodefensas hacen presencia en el Bajo y Medio Atrato a través del bloque Élmer Cárdenas al mando de alias El Alemán y en el sur del departamento a través del frente Pacífico que integra el bloque conjunto Calima dirigido por alias Adolfo Paz 1. Por último, se debe destacar que, en las comunidades de Chocó, el impacto de la pugna entre guerrillas y autodefensas por el territorio se traduce en la ocurrencia de homicidios selectivos, masacres, desplazamientos masivos, restricciones a la libre movilización de personas y bienes, ataques a bienes civiles y amenazas. A su vez, el territorio, considerado reserva natural y de ecosistemas que no se encuentran alterados, está amenazado por procesos de colonización espontánea que han propiciado los grupos armados ilegales, en particular por la ampliación de la frontera agrícola debido a la siembra de cultivos de coca y los cultivos de palma africana 2. 1 Cabe anotar que el frente Héroes del Chocó se integró al frente Pacífico comandado por Gordo Lindo. 2 Si bien el cultivo de palma africana es un cultivo lícito, un informe presentado por INCODER después de una visita de verificación en el primer trimestre de 25 afirmó que para la implementación del cultivo de palma se ha hecho uso o aprovechamiento de las tierras de comunidades desplazadas sin su consentimiento. A su vez, organizaciones no gubernamentales han denunciado que la presencia del bloque Élmer Cárdenas es notoria en las zonas donde se cultiva la palma. 2

3 Homicidios Tasa de homicidios departamental y nacional departamental nacional Fuente: CIC de la Policía Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República Entre los años 2 y 24 la tasa de homicidios del departamento de Chocó se encontró muy por debajo de la tasa nacional, de hecho desde el año 2 la tasa de homicidios del departamento presenta un descenso prolongado hasta el año 24, cuando vuelve a aumentar en 1 puntos como consecuencia de un incremento notable en las tasas de homicidio de San José del Palmar, Novita, Itsmina y Medio Atrato. El comportamiento del homicidio en Chocó está íntimamente relacionado con el desenvolvimiento de la confrontación armada, ya que, tanto grupos de autodefensa como de guerrilla, han usado a la población civil como medio y objetivo de la misma. Por tal razón, las victimas de la violencia que ejercen estos grupos son principalmente civiles. En el año 2 se registraron 169 homicidios concentrados en los municipios de Quibdó (68), Tadó (25) y Carmen de Atrato (17); aunque en el año 21 se registró una reducción de 17% con respecto al año anterior, los municipios de Quibdó (61), Tadó (17) y Carmen de Atrato (1) continuaron siendo los más afectados por la ocurrencia de homicidios, a su vez la situación de mayor impacto del homicidio se extendió a los municipios de Ungía (8) y Acandí (7), en la región del Bajo Atrato. En 22 y 23 se registran disminuciones del 12% y 24% respectivamente y es en Quibdó, Tadó y San José del Palmar donde se mantiene el mayor número de homicidios. En 24 se registra un aumento de 34% en los homicidios, concentrados principalmente en los municipios de Quibdó (64), San José del Palmar (14), Itsmina (14) y Atrato (1). Son de especial consideración, las amenazas de homicidios y los homicidios a los que han estado expuestos los miembros de las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan esta región, debido, a la disputa que libran los grupos armados ilegales por territorios, corredores de movilidad y recursos. 3

4 Cabe anotar que tanto grupos de guerrilla como de autodefensas han recurrido a las amenazas como medio para que las comunidades no denuncien las acciones que estos grupos cometen, entre ellas el homicidio, por lo cual es previsible un subregistro sobre esta variable; sin embargo, los datos antes mencionados proporcionan la tendencia del homicidio en los municipios de Chocó. Masacres 5 Masacres en Chocó Fuente: CIC de la Policía Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República Entre el año 2 y 24 se registraron 5 masacres que dejaron 142 víctimas. En el año 2 se registraron dos masacres, una en Riosucio que dejó 6 víctimas y otra en Carmen de Atrato en la que se presentaron 5 víctimas; en 21 se registró una masacre en Tadó, en la cual murieron 7 personas, en 22 ocurrió la masacre de Bojayá que dejó 119 victimas mortales 3. Y aunque en 23 no se registraron masacres, en 24 se volvió a registrar una masacre en Novita que dejó un saldo de 5 víctimas. Las FARC fueron responsables de la masacre de Bojayá, las autodefensas de la masacre en Riosucio, el ERG fue el presunto autor de la masacre de Tadó y se desconocen los autores de las masacres ocurridas en Carmen de Atrato y Novita. Es importante mencionar que entre 2 y 24 el número de masacres disminuyó con respecto al período comprendido entre 1995 y 1999, puesto que es al finalizar la década de los noventa cuando los grupos de autodefensa incursionan en el territorio chocoano, utilizando la masacre como medio para eliminar las bases sociales de la guerrilla y facilitar el 3 El 2 de mayo de 22 en enfrentamientos entre las FARC y las AUC en la cabecera municipal de Bojayá, las FARC lanzaron varios cilindros de gas, uno de los cuales estalló en la capilla en la que se había refugiado gran parte de la población. En el hecho murieron 119 personas, 95 más quedaron con heridas leves y 19 con heridas graves. 4

5 dominio sobre la población. Entre 2 y 24 disminuye el número de masacres, lo que se podría interpretar como un cambio en el modus operandi tanto de las FARC como de los grupos de autodefensas, que reorientaron su acción violenta a través de la comisión de homicidios selectivos, las amenazas, el desplazamiento forzado y el control de la circulación de bienes y personas. Secuestros Secuestros en Chocó Fuente: FONDELIBERTAD Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República La ocurrencia de secuestros en el departamento se ha visto facilitado por la frecuente instalación de retenes ilegales por parte de las AUC, las FARC y el ELN en múltiples tramos de los ríos Atrato, San Juan y Baudó, en la carretera que conduce de Quibdó a Pereira y sobre el litoral pacífico. A su vez, entre 21 y 22 se había vuelto característico la práctica de secuestros masivos por parte de la guerrilla 4. Así, de acuerdo con datos de FONDELIBERTAD, entre 2 y 24 se registraron 285 secuestros. En el año 2 se presentaron 53 secuestros, 5 en 21, 84 en 22, 63 en 23 y 35 en 24. Los municipios más afectados durante todo el período fueron Quibdó con 88 secuestros, Bahía Solano con 45, Carmen de Atrato con 3 y Tadó con 22. El 68% de los secuestros registrados entre 2 y 24 fueron extorsivos, 8% fueron secuestros simples y sobre el porcentaje restante no está definido el carácter del secuestro. 4 En abril de 21 en un centro turístico cerca de Quibdó, miembros del ELN secuestraron a cinco personas. En el mismo año, en el corregimiento de Capurganá (Acandí) las FARC secuestraron a cinco personas y en Carmen de Atrato, diez técnicos de la empresa eléctrica departamental fueron secuestrados. En agosto de 22 miembros del ELN secuestraron en la ensenada de Utría (Bahía Solano) a 26 turistas. 5

6 Entre 2 y 24 el ELN fue responsable del 64% de los secuestros, actuando principalmente en los municipios de Quibdó con 68 secuestros, Bahía Solano con 35 secuestros y Carmen de Atrato con 15; las FARC fueron responsables del 19% de los secuestros, afectando especialmente a las poblaciones de Quibdó (1) y San José del Palmar (1); el ERG fue responsable de 7% de los secuestros, las autodefensas del 5% y se desconoce el autor del 5% restante. Adicionalmente, se debe destacar que el 1% de los secuestros se produjo contra mujeres mientras que el 9% restante fue cometido contra hombres. En la actualidad se tiene que 57% de los secuestrados fueron liberados, 38% continúan cautivos, 3% fueron rescatados por la Fuerza Pública, 1% fue liberado por presión de la misma y 1% murió en cautiverio. Grupos Vulnerables Alcaldes Según información de la Federación Colombiana de Municipios, entre los años 2 y 24, se registraron dos homicidios de alcaldes en el departamento de Chocó. En noviembre de 2 fue asesinado el alcalde de Ungía, Rigoberto Castro Mora y en enero de 21 fue asesinado el alcalde de Juradó, Henry Antonio Perea Torres. De acuerdo con datos de prensa, grupos de autodefensa habrían sido los presuntos responsables del homicidio del alcalde de Ungía, quien fue secuestrado días antes cuando se desplazaba hacia Turbo por el río Atrato. De otro lado, las FARC habrían sido las presuntas responsables del homicidio del alcalde de Juradó. Cabe destacar que en el año 22 y 23 el Programa de Protección del Ministerio del Interior atendió a 11 alcaldes del departamento de Chocó. En 22 fueron beneficiarios del Programa de Protección los alcaldes de Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Río Iro y San José del Palmar, mientras que en el 23 tuvieron medidas de protección los alcaldes de Medio San Juan, Atrato, Cantón de San Pablo, Certegui, Juradó, Medio Baudó y Ungía. Concejales De acuerdo con datos de FENACON, entre 22 y 24 fueron asesinados 3 concejales en el departamento. En 22 fue asesinado por miembros de las FARC, el concejal Willinton Mosquera del municipio de Bojayá; en 23 fue asesinada la concejala Ludis María Bello del municipio de Acandí, y en 24 se registró el homicidio de Manuel Mosquera, concejal del municipio de Medio San Juan. Se desconocen los responsables de los dos últimos homicidios. 6

7 Cabe mencionar que en el año 23, 1 concejales del municipio de Bagadó fueron beneficiarios del Programa de Protección del Ministerio del Interior. Maestros Según información de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, entre 2 y 24, se registró el homicidio de un docente del departamento. En marzo de 24 fue asesinado Agapito Palacio, docente de Ungía, quien se encontraba afiliado al sindicato de maestros de Chocó (UMACH). Indígenas Con base en fuentes gubernamentales y no gubernamentales, en el período entre 2 y 24, dentro de las violaciones de derechos humanos que se cometen contra los indígenas, el desplazamiento forzado es el fenómeno más frecuente, que ha generado el mayor impacto en la conservación de las comunidades indígenas Embera, Wanana y Cuna que habitan el departamento de Chocó. Entre 2 y 24, se han registrado 2.26 desplazamientos, 44 homicidios, 44 amenazas y 38 secuestros. El 55% de casos de violaciones de derechos humanos contra indígenas que se presentaron en todo el período, se concentraron en el año 24; en 2 ocurrió el 1% de los casos que se presentaron en el periodo, en 21 el 2%, en 22 el 15% y en 23 se registró el 26%. Los municipios en los cuales se presentaron con mayor frecuencia violaciones a los derechos de los indígenas fueron Bojayá, Lloró, Riosucio, Rio Iro y Quibdó. En los años 2 y 23 se registró el mayor número de homicidios del período, 16 homicidios en 2 y 15 en 23. Las autodefensas fueron responsables en el 39% de los casos, desconocidos en el 32%, las FARC en el 16%, el ELN en el 2%. En cuanto al desplazamiento forzado de comunidades indígenas, éste ha venido en aumento a partir de 22, así, mientras que en 2 y 21 no se había registrado ningún caso, en 22 se registraron 328 personas desplazadas, en 23 incrementa 46% al registrarse el desplazamiento de 478 indígenas, en 24 el incremento es de 155% al registrarse 1.22 desplazamientos principalmente en el municipio de Bojayá. Estos desplazamientos parecen ser el resultado del avance de grupos de autodefensas en el departamento y de la consecuente disputa que se produce entre éstos y los grupos de guerrilla que tratan de mantener tanto su dominio sobre el territorio como sobre la población civil. Entre otras violaciones se encuentra que en 21, 6 indígenas fueron secuestrados en Nuquí y en 24 fueron secuestrados 2 en Quibdó y 12 en Ungía. 7

8 Intensidad de la Confrontación Armada 4 Intensidad de la confrontación armada nacional y departamental Intensidad de la confrontación armada en Chocó Nacional Chocó Acciones Armadas Contactos Armados Fuente: Boletines diarios del DAS Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República Para medir la intensidad de la confrontación armada se está teniendo en cuenta por una parte las acciones perpetradas por los grupos armados irregulares, que incluyen actos de terrorismo, asaltos a poblaciones, ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, emboscadas, hostigamientos y casos de piratería terrestre y por otro lado, los contactos armados desarrollados por iniciativa de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales. Como se puede observar en las gráficas, entre 2 y 22 la intensidad de la confrontación en el departamento tuvo una tendencia ascendente, principalmente como consecuencia del incremento en las acciones de grupos armados ilegales, especialmente de las FARC y el ELN. A su vez, en los años 21 y 22, aunque a nivel nacional también se presenta una tendencia creciente, en Chocó el aumento en la intensidad de la confrontación es más pronunciado. A partir de 23 la tendencia de la intensidad de la confrontación en el departamento disminuye. Por último, aunque en 24 la intensidad de la confrontación en Chocó vuelve a crecer, tanto por el incremento en la iniciativa de la Fuerza Pública para combatir a los grupos armados irregulares, como de las acciones armadas de estos grupos. Desagregando las acciones armadas en Chocó por año se tiene que entre los años 2 y 21 crecieron en un 163%, en 22 vuelve a presentarse un incremento de 24% con respecto al año anterior, en 23 se registra una importante reducción de 47% y en 24 se registra de nuevo un incremento de 13% en el número de acciones cometidas por grupos armados ilegales. Así, en 2 se registraron 19 acciones armadas, 5 en 21, 62 en 22, 33 en 23 y 37 en 24. En la evolución de la confrontación se destaca por parte del ELN y de las FARC la ejecución de acciones de piratería, fenómeno que fue particularmente preocupante en los años 21 y 22, ya que para el 8

9 primer año se registró un incremento de 244% y para el segundo de 13%. Durante el periodo analizado, las FARC fueron responsables de 44 acciones de este tipo, el ELN fue el responsable en 43 casos y en 17 fueron guerrillas no identificadas. Los municipios más afectados fueron Quibdó con 37 casos, Carmen de Atrato con 24 y Tadó con 13. Los hostigamientos contra la Policía y el Ejército ha sido también una táctica utilizada recurrentemente durante este período. En los años 21 y 22 se registró el mayor número de hostigamientos en el departamento. Se registraron 1 en 21, afectando los municipios de Lloró con 4 hostigamientos, Carmen de Atrato con 2, Quibdó, Nuquí, Riosucio y Bahía Solano con un hostigamiento cada uno. En 22 se registraron 11 hostigamientos, afectando de nuevo los municipios de Lloró (4), Quibdó (3), Carmen de Atrato (1) y Bahía Solano (1) y extendiendo estas acciones a Carmen del Darién (1) y Medio Atrato (1). Entre 2 y 24 se registró una serie de ataques a poblaciones. En 2, miembros de las FARC dirigieron ataques contra las poblaciones de Bagadó, Carmen de Atrato y Bojayá. En 23, los dos ataques registrados se presentaron en Riosucio a manos de las FARC y en Alto Baudó por el ELN. Los actos de terrorismo también han sido utilizados para amedrentar a la población y lograr objetivos estratégicos en la pugna entre los grupos armados ilegales; es así como en 2 se registraron 4 atentados, en 21 otros 7, 13 en 22, 12 en 23 y 1 en 24. Durante todo el período analizado, los municipios más afectados por estas acciones fueron Carmen de Atrato con 22 actos de terrorismo, Tadó con 1 y Quibdó con 8. En cuanto a los contactos armados desarrollados por la Fuerza Pública, en 2 se registraron 5, en 21 hubo un incremento de 2% ya que el número de contactos pasó a 15; en 22 y 23 se registraron 32 contactos por cada año y en 24 la tendencia vuelve a ser ascendente al registrarse 36 contactos. Entre 2 y 24, el 52% de los contactos se libraron contra las FARC, 29% contra el ELN, 8% contra grupos de autodefensa y el porcentaje restante contra grupos armados sin identificar. La mayoría de los contactos se registraron en Carmen de Atrato (32), Tadó (21), Quibdó (15), Ungía (1) y Lloró (8). Uno de los contactos más representativos se presentó en enero de 22 en Tadó cuando se enfrentaron unidades del Ejército con miembros de las FARC resultando 5 militares y 3 guerrilleros muertos. En febrero de 24 se registró otra importante acción del Ejército contra miembros del frente 34 de las FARC, en el que resultaron muertos 17 guerrilleros, incautados 17 fusiles, munición y material de intendencia. Cabe destacar que entre los años 22 y 24 han vuelto a funcionar 17 estaciones de Policía, algunas de las cuales habían sido destruidas por la guerrilla en años anteriores. A su vez, la Armada Nacional ha propiciado patrullajes por el río Atrato, generando de esta manera, el repliegue de la guerrilla hacia sus afluentes y la disminución de retenes ilegales instalados 9

10 por grupos de autodefensa y de guerrilla. Por su parte, el Ejército Nacional desde agosto de 24 ha desplegado tropas en zonas rurales de Sipí, Itsmina y Medio San Juan, logrando el repliegue de las FARC y las AUC. Desplazamiento Forzado Desplazamiento forzado en Chocó Expulsion Recepción Fuente: SUR. Red de Solidaridad Social Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República Según la Red de Solidaridad, el fenómeno del desplazamiento forzado en la región, con excepción de los años 22 y 24, viene presentando un descenso significativo a partir del año 2, alcanzando su punto más bajo en 23, año en el que disminuyó drásticamente el número de acciones armadas y enfrentamientos entre grupos armados en la región. No obstante, cabe destacar que en el departamento del Chocó el desplazamiento es una de las consecuencias preponderantes de la presencia y acción de los grupos armados ilegales y ha llegado a representar hasta el 7% del total de personas desplazadas en el país 5. Entre 2 y 21, la reducción del desplazamiento fue de 2%, ya que en el primer año se desplazaron personas mientras en el segundo lo hicieron ; en 22 se presenta un incremento de 11% al registrarse el desplazamiento de 2.57 personas; en 23 hubo una pronunciada reducción de 67% con respecto al año anterior dado que fueron desplazadas personas; por último, en 24 crece en un 13% nuevamente, al registrarse el desplazamiento de 7.42 personas. En total, entre 2 y 24 se registraron desplazamientos en el departamento, resultando más afectados los municipios de Riosucio con desplazamientos, Quibdó con 12.24, Bojayá con 9.54, Tadó con 5 En el año 2 los desplazados del departamento de Chocó representaron del 7% de los desplazados del país, en 21 y 22 representaron el 5% en cada año, en 23 representaron el 3% y en 24 volvieron a representar el 5% de los desplazados del país. 1

11 4.577, Alto Baudó con y Carmen del Darién con Cabe resaltar que personas fueron desplazadas individualmente y masivamente. De otro lado, la recepción de personas desplazadas en el departamento ha sido mucho menor que la expulsión. Entre 2 y 24 se registraron 49.9 personas recibidas en el departamento de Chocó, por desplazamiento individual y por desplazamiento masivo. Los municipios que mayor cantidad de personas desplazadas recibieron fueron Quibdó (52%), Riosucio (11%) y Bojayá (8%). Vale la pena decir que la principal causa del desplazamiento forzado en estos municipios son los enfrentamientos entre grupos de autodefensa y de guerrilla, en los cuales es factible el uso de la población civil como escudo humano. Con el antecedente de la masacre de Bojayá en mayo de 22, la población civil se desplaza masivamente con mayor facilidad ante la amenaza de enfrentamientos entre actores armados ilegales. Se debe añadir que la situación para el retorno de comunidades indígenas y afrocolombianas desplazadas resulta difícil, ya que los territorios abandonados son utilizados frecuentemente como zonas de tránsito por parte de los grupos armados ilegales, lo que implica la posibilidad de que los líderes y la comunidad organizada sea nuevamente amenazada. A su vez, no se descarta la posibilidad de la existencia de campos minados y de cultivos ilícitos en estas zonas, lo cual generaría un riesgo adicional a la integridad física de la población civil. Minas Antipersonal Uso de minas antipersonal en Chocó Accidentes Incidentes Fuente: Observatorio de Minas del Programa Presidencial de DDHH y DIH Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República El Observatorio de Minas del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, reporta 28 eventos en el período 2-24, de los cuales 15 fueron 11

12 accidentes y 13 incidentes. Del total de los accidentes que reporta el departamento durante todo el período, 93% corresponde a los casos ocasionados por minas antipersonal y 7% por municiones abandonadas sin explotar. Con respecto a los incidentes, 46% corresponde a desminado militar, 31% a sospecha de campo minado y 23% a incautaciones. En 2 no se registraron eventos por minas antipersonal, en 21 se presentaron siete eventos (3 accidentes y 4 incidentes). En 22 se presentó un incremento de 29% al registrarse 9 eventos (8 accidentes y 1 incidente). En 23 el número de eventos disminuye en un 44% (3 accidente y 2 incidentes), pero en 24 vuelve a crecer en un 4%, al registrarse 1 accidente y 6 incidentes. Entre 2 y 24 el uso de minas antipersonal dejó 27 victimas (11 civiles y 16 militares), de los cuales 21 resultaron heridas y 6 fueron víctimas fatales. En 21 se presentaron 6 víctimas, en 22 y 23 se registran 1 victimas durante cada año y en 24 una persona resultó herida por uso de minas antipersonal. Los municipios más afectados por el uso de minas antipersonal, durante el período analizado, fueron Carmen de Atrato al concentrar el 36% de los eventos, seguido por Riosucio (29%) y Quibdó (1%). Desmovilizados Entre 22 y 24 se registraron 149 desmovilizaciones voluntarias de integrantes de grupos armados ilegales en Chocó. 55 hacían parte de las AUC, principalmente del Bloque Pacífico; 37 de las FARC, 29 del ELN y 28 de las disidencias. El 85% de los desmovilizados eran hombres mientras que 15% eran mujeres. Durante estos tres años el número de desmovilizaciones creció entre 22 y 23 pero empezó a reducirse en 24. Así, entre 22 y 23 se registró un incremento de 69% en el número de desmovilizados, mientras que en 24 se registró una reducción de 24% con respecto al año anterior. Los municipios que mayor número de desmovilizados presenciaron entre 22 y 24 fueron Quibdó con 5 desmovilizados, Juradó con 39, Carmen de Atrato con 2 y San José del Palmar con 1. Situación en el departamento en los tres primeros meses de 25 Al comparar el primer trimestre de 25 con el de 24 se presenta una disminución de 3% en los homicidios, de 1% en los secuestros y de 4% en cuanto a desplazamiento forzado por expulsión. No obstante, la situación de riesgo en la que se encuentra la población del departamento de Chocó continúa siendo preocupante, dado que tanto miembros de las FARC como 12

13 de las autodefensas continúan librando una disputa territorial en el departamento. Cabe anotar que esta situación se confirma con el crecimiento de 11% en el número de acciones cometidas por los grupos armados durante el primer trimestre de 25, lo que a su vez, tiene impacto en el alto número de desplazamientos, ya que, a pesar de la disminución presentada en el primer trimestre de 25 con respecto al primer trimestre del año anterior, el hecho de que se registren desplazados en 3 meses permite inferir que este fenómeno tendrá una incidencia mayor en el futuro, teniendo en cuenta que el 9% de los desplazamientos se produjeron en un solo municipio del departamento, en Bojayá. En cuanto a los homicidios los municipios más afectados entre enero y marzo de 25 fueron Quibdó con 17 homicidios, Itsmina con 3 y Pizarro con 2. En la totalidad de los casos se desconoce el autor de los hechos. De acuerdo con la Red de Solidaridad, entre enero y marzo se registraron desplazamientos individuales. Bojayá fue el municipio más afectado en el departamento ya que en febrero se registraron desplazamientos como consecuencia del incremento de miembros de las FARC en el corregimiento de La Loma y el avance de las autodefensas hacia el río Bojayá, situación que hacía prever la ocurrencia de enfrentamientos entre actores armados ilegales y de acciones de violencia indiscriminada por parte de ambos actores armados contra la población civil. Otros municipios en los cuales también se registraron desplazamientos fueron San José del Palmar con 26 desplazamientos, Novita con 19, Bagadó con 16, Bajo Baudó con 15, Quibdó con 12, Itsmina con 11 y Medio Atrato con 1. En cuanto a la intensidad de la confrontación armada, se registraron 11 acciones de los grupos armados, entre las cuales se encuentran 3 hostigamientos de las FARC contra la Fuerza Pública en Novita (2) y Sipí (1); 4 hostigamientos del ELN contra la Fuerza Pública en Medio Baudó (2), Quibdó (1) y Río Iro (1); 1 acto de terrorismo por parte de las FARC en Tadó; 1 ataque a una instalación de la Infantería de Marina en Carmen de Atrato y un acto de piratería terrestre en Itsmina. A su vez, la Fuerza Pública mantuvo 1 contactos armados contra miembros del ELN (6), las FARC (3) y el ERG (1) en los municipios de Ungía, Quibdó, Condoto, Carmen de Atrato, Bagadó, Alto Baudó, Lloró y San José del Palmar. 13

14 Indicadores de Derechos Humanos y DIH en Chocó Comparativo Enero-Marzo ENE- MAR 24 ENE- MAR 25 Variación porcentual Homicidios % Víctimas de masacres Casos de masacres Homicidios de grupos vulnerables # DIV/! Secuestros 5-1% Acciones de grupos armados % Contactos armados % Desplazamiento forzado (expulsor) Desplazamiento forzado (receptor) Informes de riesgo emitidos Miembros de los grupos de autodefensas desmovilizados Miembros de la subversión desmovilizados % % % % 8 4-5% Eventos por MAP y MASE 2 1-5% Heridos por MAP y MASE 1-1% Muertos por MAP y MASE A finalizar el mes de abril de 25, las diócesis de Quibdó, Istmina-Tadó y Apartadó, la Organización Regional Embera Wounaan, Orewa, y el Consejo Comunitario Mayor del Atrato, COCOMACIA, enviaron una carta abierta al Presidente de la República, denunciando irregularidades en los afluentes del río Atrato, en particular sobre los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá donde tanto las FARC como las autodefensas atentan contra la población civil y sus bienes, provocando el desplazamiento de varios comunidades que habitan en las orillas de los ríos anteriormente mencionados. Por lo anterior, el Presidente, al iniciar el mes de mayo, ordenó a la Fuerza Pública, en cabeza del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares, adelantar las acciones necesarias para remediar la situación y brindar seguridad a las comunidades. Durante el mes de mayo, se creó un canal de comunicación directo entre la Fuerza de Tarea Conjunta del Atrato (FTCA), que opera a lo largo del río y tiene presencia permanente en Bellavista y Vigía del Fuerte, la IV Brigada, 14

15 el Batallón Manosalva Florez y las comunidades indígenas, afrocolombianas y las autoridades locales y departamentales. El 5 de mayo, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en la ciudad de Quibdó que contó además de las organizaciones mencionadas y las autoridades civiles y militares con la participación de la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación. Por otro lado, la Fuerza Pública y la Red de Solidaridad Social procedieron a visitar las comunidades afectadas en Bellavista y sus lugares de procedencia con el objetivo de evaluar los daños provocados por los grupos armados ilegales, en particular en la Loma de Bojayá. A nivel militar se hicieron los ajustes y se mandaron los refuerzos necesarios para que en el futuro se den las condiciones de seguridad que permita el retorno de la población a sus lugares de origen; por lo anterior se están adelantando operaciones ofensivas y de control militar de área por parte de la FTCA sobre los afluentes del río Atrato. Adicionalmente se designó por parte del Comando General de las Fuerzas Militares y la IV Brigada, una comisión especial de investigación de la justicia penal militar para que investigara in situ a lo largo del río Atrató, los hechos denunciados por la comunidad. De otro parte, se logró la firma de un acuerdo entre la Fuerza Pública y las autoridades indígenas para que los gobernadores de los 22 cabildos existentes en la región certifiquen la cantidad de bienes requerida por cada una de las comunidades y que permita su normal abastecimiento, en cuanto a alimentos y combustible. De esta manera se hace un reconocimiento explícito por parte del Gobierno a la autoridad indígena. Igual procedimiento se hará próximamente con las comunidades afrodescendientes. Finalmente las operaciones tendientes a consolidar el control de la Fuerza Pública a lo largo del río Bojayá y los demás afluentes del río Atrato, al propiciar las condiciones de seguridad necesarias, en particular en el corregimiento de la Loma de Bojayá, permitirán igualmente a futuro el reasentamiento de las comunidades ribereñas del río Napipí. 15