Departamento de Banca y Finanzas Newsletter, Agosto 2011 Temas de interés Proyecto de ley de regulación del sistema de tarjeta de crédito

Transcripción

1 Departamento de Banca y Finanzas Newsletter, Agosto 2011 Temas de interés Proyecto de ley de regulación del sistema de tarjeta de crédito Recientemente ha tomado estado público un proyecto de ley para la regulación del sistema de tarjeta de crédito. Dicho proyecto, si bien recoge algunas disposiciones contenidas en la ley de usura Nº , en la ley de defensa al consumidor Nº y en la normativa bancocentralista vigente, introduce una serie de medidas que resultan innovadoras y que regulan aspectos que actualmente se encuentran librados a la voluntad de las partes. Si bien el proyecto debe aún transitar por las etapas de discusión y aprobación en ambas cámaras del Poder Legislativo, siendo factible su modificación en el proceso, resulta relevante destacar los principales cambios introducidos en el proyecto de ley con su actual redacción: 1. Cada contrato a ser suscrito entre el emisor de la tarjeta de crédito y el proveedor o comercio adherido al sistema (en adelante ambos el Proveedor), deberá ser aprobado por el BCU. 2. Se prohíbe que los contratos impidan al Proveedor realizar promociones por pago contado o efectivo. Se entiende que habrá promoción toda vez que el Proveedor ofrezca sus servicios a un precio menor al de lista durante un tiempo determinado o en coincidencia con algún evento. 3. Se prohíbe fijar aranceles que determinen un cobro superior al 3% sobre las liquidaciones presentadas por los Proveedores (por concepto de comisiones y otros cargos), y la prohibición de fijar aranceles diferenciados en un mismo sector de actividad. 4. Se prohíbe fijar un arancel superior al 1%, por todo concepto, para las operaciones con tarjetas de débito. 5. Se prohíben los acuerdos comerciales promocionales que excluyan a determinados Proveedores de un mismo sector de actividad o que resulten perjudiciales para la libre competencia entre los comercios ad-

2 Proyecto de ley de regulación del sistema de tarjeta de crédito heridos al sistema. Se prevé que el BCU deberá avalar este tipo de acuerdos promocionales. 6. Los emisores deberán abonar a los Proveedores las liquidaciones dentro de un plazo de 30 días hábiles de ser presentadas por éstos. Se prevé que en caso de atraso, correrán intereses a las mismas tasas cobradas por las emisoras a los tarjetahabientes. Asimismo, se establece un procedimiento judicial ejecutivo para su reclamo. Novedades normativas Decreto 213/011 A través del Decreto 213/011, el Poder Ejecutivo aprobó el Reglamento General de Requisitos de Seguridad que deben observar las Instituciones de Intermediación Financiera a los efectos de obtener la habilitación de sus locales. En este sentido, para obtener la habilitación de sus locales, las Instituciones de Intermediación Financiera deberán presentar un Plan de Seguridad que cumpla con los requisitos básicos de seguridad, los que se detallan en el Reglamento General de Requisitos de Seguridad que se anexa al Decreto y que se encuentra disponible en el sitio web A tales efectos, las Instituciones deberán presentar el mencionado Plan de Seguridad para su aprobación ante el Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Afines (RE.NA.EM.SE.) Se dispone que las habilitaciones de seguridad otorgadas con anterioridad a la emisión del presente Decreto mantendrán su vigencia, debiendo las Instituciones de Intermediación Financiera presentar ante RE.NA.EM.SE. en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente Decreto, una declaración jurada del pleno cumplimiento de las disposiciones contenidas en la nueva reglamentación. Asimismo, se establece que las solicitudes de habilitación de un nuevo local y/o autómata bancario que se encuentren en trámite y no revistan observaciones, pasarán a estar habilitadas en forma provisoria conforme a la reglamentación anterior. Por último, la nueva reglamentación faculta al Ministerio del Interior para proponer la sustitución, ampliación o modificación del Reglamento General de Requisitos de Seguridad, y faculta a RE.NA.EM.SE. en su carácter de entidad técnica para que proponga al Ministerio del Interior las sustituciones, ampliaciones o modificaciones que estime necesarias. Estas disposiciones están vigentes y son obligatorias para las Instituciones de Intermediación Financiera a partir del 11 de julio de 2011.

3 Decreto 224/011 A través del Decreto 224/011, el Poder Ejecutivo resolvió la creación del Comité de Estabilidad Financiera (CEF), el que estará integrado por el Ministro de Economía y Finanzas, el Presidente del Banco Central del Uruguay, el Superintendente de Servicios Financieros y el Presidente de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario. En este sentido, los cometidos principales del CEF serán: Intercambiar información y visiones acerca de la situación y perspectivas del sistema financiero; promover estudios que contribuyan a identificar y medir los riesgos sistémicos que afecten al sistema financiero; Proponer estrategias para los riesgos identificados y contribuir a que cada organismo desempeñe de mejor manera su mandato; apoyar instrumentos para prevenir y gestionar eficazmente las crisis, incluyendo planes de contingencia y sistemas de alerta temprana; y propiciar la coordinación con organismos regionales o internacionales en temas vinculados a la estabilidad financiera, intercambiando información o conformando equipos de trabajo. Además, el CEF contará con una Comisión Técnica que se encargará de elaborar los informes requeridos, y que estará integrada por un representante designado por cada uno de los miembros integrantes del CEF. Asimismo, se dispone que el CEF se reúna al menos una vez al año y que sus miembros aprueben el reglamento básico de funcionamiento. Decreto 282/011 A través del Decreto 282/011, el Poder Ejecutivo aprobó el procedimiento a través del cual los contribuyentes titulares de información amparada por el secreto bancario, podrán relevar del mismo a las Instituciones de Intermediación Financiera (IIF) comprendidas en los artículos 1º y 2º del Decreto Ley a favor de la Dirección General Impositiva (DGI) En este sentido, el Decreto establece que previamente a iniciar un procedimiento judicial para el levantamiento del secreto bancario, la DGI deberá solicitar a los contribuyentes, su autorización expresa y por escrito a los efectos de que releven voluntariamente a las IIF su deber de guardar el secreto bancario, confiriéndoles vista por un plazo de cinco días hábiles expresando los motivos por los cuales solicita la referida autorización. El contribuyente podrá otorgar su autorización voluntaria para el levantamiento del secreto bancario a favor de la DGI dentro de los cinco días hábiles de notificado. La referida autorización deberá otorgarse en un documento exclusivamente

4 destinado a esos efectos y donde conste el período por el cual se concede dicha autorización. En este contexto, la DGI deberá enviar al Banco Central del Uruguay (BCU) copia de la autorización otorgada por el contribuyente para el levantamiento del secreto bancario y la información requerida conteniendo los siguientes datos: i) identificación del contribuyente, ii) clase de información, operaciones, productos y valores sobre los que solicita la información, iii) períodos comprendidos. Asimismo, el BCU deberá notificar a las IIF de la solicitud cursada por la DGI, y a su vez, las IIF notificadas deberán proporcionar al BCU la información requerida en un plazo de quince días hábiles desde la referida notificación. El BCU dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para reenviar la información recabada de las IIF a la DGI. El Decreto dispone que la autorización voluntaria no será aplicable en los siguientes casos: i) contribuyentes sin domicilio constituido ante la DGI, ii) responsables tributarios, iii) otras personas físicas y jurídicas que pudieran ser utilizadas con fines instrumentales, iv) intercambio de información en el marco de convenios o acuerdos internacionales en relación a personas o entidades no contribuyentes de tributos administrados por la DGI. En los casos en que el contribuyente no hubiese otorgado la autorización voluntaria para el levantamiento del secreto bancario, la DGI podrá solicitarlo ante la Sede Judicial competente. Por último, se dispone que toda la información obtenida por la DGI tendrá carácter secreto, y que a las IIF que incumplan con proporcionar la información solicitada se les aplicarán las sanciones previstas en el Decreto-Ley Circular A través de la Circular el Banco Central del Uruguay pone en conocimiento de las Instituciones de Intermediación Financiera las modificaciones introducidas a la normativa sobre topes de posición de operaciones activas y pasivas a plazos mayores a 3 años y tope de riesgos crediticios con el sector público nacional y por operaciones con el sector financiero no residente a plazos no superiores a 90 días. A continuación resumimos las principales modificaciones introducidas por la nueva Circular: 1. La modificación relativa a la posición de operaciones activas y pasivas a plazos mayores de tres años, estableciéndose que la posición activa a plazos residuales mayores a tres años, no podrá superar en 1,5 veces la responsabilidad patrimonial contable ajustada. 2. En lo que refiere al tope de riesgos crediticios con el sector financiero privado y el tope de riesgos crediticios con partes vinculadas, la Circular dispone que los riesgos crediticios a plazos no superiores a 90 días asumidos con instituciones no residentes calificadas en una cate-

5 goría igual o superior a A o equivalente tendrán los siguientes límites: i) para instituciones calificadas en categorías comprendidas entre A y AA o equivalentes, hasta el 150% de la responsabilidad patrimonial neta cuantificada de acuerdo a lo establecido para el tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado y ii) para instituciones calificadas en categorías AA+ y AAA o equivalentes, hasta el 200% de la responsabilidad patrimonial neta cuantificada en la forma referida anteriormente. Para el caso en que el conjunto económico estuviera integrado por instituciones con diferente calificación, la institución que cuente con la mejor calificación determinará el tope aplicable a la suma de riesgos crediticios a plazos no superiores a 90 días asumidos con ese conjunto económico, pudiendo la institución acceder a dicho límite solamente por la suma de los riesgos asumidos con las instituciones que cuenten con tal calificación. Además, las instituciones deberán respetar los límites individuales para cada institución que conforma el conjunto económico. 3. En cuanto al tope de riesgos crediticios con el sector público nacional, la nueva Circular modifica el límite del mismo, estableciéndose que las instituciones podrán asumir riesgos crediticios con dicho sector (financiero y no financiero), por hasta 200% de su responsabilidad patrimonial neta cuantificada de acuerdo a lo establecido para el tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado. Las instituciones no podrán asumir riesgos crediticios superiores al 200% cuando se trate de valores emitidos por el Gobierno Nacional. 4. Entre los riesgos comprendidos a que refieren los artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1, 70 y 71 de la RNRCSF, además de los créditos directos y contingentes y las inversiones en valores, netos de previsiones, se incluyen las colocaciones a la vista en instituciones financieras. 5. Para las entidades organizadas como sucursales que no cuenten con calificación de riesgo, se utilizará la calificación de riesgo de su casa matriz, limitada por la calificación de riesgo del país donde las mismas se encuentren instaladas. Estas disposiciones estarán vigentes a partir de su publicación en el Diario Oficial, con excepción de lo dispuesto por la normativa sobre tope de riesgos crediticios para operaciones con el sector financiero no residente a plazos no superiores a 90 días (artículo 64.1 de la R.N.R.C.S.F.), en lo relativo a las instituciones calificadas en categorías A y hasta AA o equivalentes. En este caso, el tope será del 200% de la responsabilidad patrimonial neta hasta el 31/12/2011 y posteriormente se adecuará progresivamente al límite previsto por la nueva Circular, de la siguiente manera:

6 Desde Tope 01/01/ % 01/01/ % Circular Nº A través de la Circular el Banco Central del Uruguay pone en conocimiento de los Intermediarios de Valores las modificaciones introducidas a la normativa sobre requisitos de autorización para funcionar e información sobre socios, accionistas, y personal superior. En lo que refiere a los requisitos de autorización para funcionar, la Circular introduce las siguientes modificaciones en lo que hace a la documentación que los Intermediarios de Valores deben suministrar junto con la solicitud de autorización. En este sentido, al momento de solicitar la autorización para funcionar, los Intermediarios de Valores deberán acompañar, además de la documentación ya exigida por la normativa, la siguiente: Plan de negocios que deberá contener como mínimo las siguientes descripciones: i) la evaluación realizada para solicitar la instalación en Uruguay, ii) descripción de las operativas a desarrollar y las plataformas operativas a desarrollar, iii) perfil de los clientes a quienes se orientan las operativas, iv) declarar si se actuará por cuenta propia o ajena, v) productos o servicios a ofrecer, vi) identificación de los canales de comunicación vii) detalle de las instituciones financieras nacionales o extranjeras contrapartes y viii) capital inicial y flujo de fondos proyectados a 3 años; Descripción detallada de la estructura organizativa e informática y de los procedimientos establecidos para realizar las actividades de intermediación de valores; Descripción de los servicios a tercerizar que sean imprescindibles para la entrada en operación de la empresa y los modelos de contratos a ser firmados. La norma también dispone que de ahora en más, la nómina de integrantes del conjunto económico debe incluir una descripción de las actividades desarrolladas por dichos integrantes y las vinculaciones operativas y comerciales con el intermediario de valores. Cabe destacar que la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), no dará trámite a ninguna solicitud de autorización que no venga acompañada de toda la documentación requerida, y que la autorización no se otorgará si no se ha acreditado el depósito y la constitución de garantías reales a favor del Banco Central del Uruguay (artículos y de la RNMV)

7 Asimismo, se dispone que los Intermediarios de Valores que hayan obtenido la autorización para funcionar, deberán suministrar a la SSF la siguiente información: i) descripción de los sistemas de información; ii) plan de continuidad de las operaciones; iii) descripción del sistema de control interno a implementar; y iv) descripción de las políticas y procedimientos establecidos para la gestión del capital requerido en función de la operativa. Esta información deberá ser suministrada dentro del plazo de 60 días hábiles siguientes a la obtención de la autorización. Por último, se introducen modificaciones en lo que refiere a la información que los Intermediarios de Valores deben enviar a la SSF sobre socios, accionistas y personas que ejercen el control del paquete accionario, así como la información complementaria sobre el personal superior. En este contexto, además de la información ya exigida sobre los socios, accionistas y personas que ejercen el control del paquete accionario, la norma establece que se deberá presentar la siguiente información según se trate de personas físicas o jurídicas: Para las personas físicas la información requerida para el personal superior (artículo de la RNMV). Par las personas jurídicas, deberá presentarse: i) detalle del objeto de la sociedad y legislación que la regula, ii) breve descripción de las actividades desarrolladas por la empresa, iii) descripción detallada de la actividad principal, iv) informe del síndico correspondiente al último balance, v) calificación de riesgo, vi) identificación del órgano competente para la toma de decisiones con información sobre sus integrantes (artículo 122 lit.b y de la RNMV), en el caso que la persona jurídica que ejerce el efectivo control tenga su paquete accionario atomizado de tal forma que ningún accionista posea más de un 5% del mismo. De ahora en más, se exige que la memoria, estados contables consolidados y estados contables individuales vengan acompañados con un informe de Auditoría, y que en los casos que no se exija dicho informe en el país de origen, se presenten con un informe de Compilación. Toda la información referida a socios, accionistas y personas que ejercen el control del paquete accionario deberá presentarse en las siguientes ocasiones: i) al momento de solicitar la autorización para funcionar, ii) cuando se solicite autorización para realizar nuevos aportes de capital, transferencia de acciones o certificados provisorios de acciones o cesión de cuotas y iii) cuando se modifique el sujeto que ejerce el efectivo control, dentro del mes siguiente de que haya ocurrido tal modificación. En cuanto a la información complementaria sobre el personal superior, se introducen ciertas modificaciones en lo que hace a la información ya exigida por la normativa. En este sentido, se dispone que el certificado de antecedentes judiciales o documento equivalente para los no residentes tiene que serlo de todos los países en que haya estado radicada la persona en los últimos 5 años, y que la declaración jurada sobre la situación patrimonial no podrá tener una antigüedad mayor a tres meses.

8 Estas disposiciones están vigentes a partir de su publicación en el Diario Oficial, excepto en lo que refiere a la información que deba presentare una vez obtenida la autorización, la que será aplicable para los Intermediarios de Valores que se autoricen a partir de dicha fecha. Circular Nº A través de la Circular el Banco Central del Uruguay pone en conocimiento de las Administradoras de Fondos de Inversión y Fiduciarios Financieros las modificaciones introducidas a la normativa en materia de síndico e informes de auditores externos, y se deroga el artículo 173 de la RNMV. En lo que refiere a las modificaciones relativas a la información contable y de gestión que las Administradoras de Fondos de Inversión deben enviar a la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), se dispone que los estados contables de cada uno de los fondos administrados, así como el original o testimonio notarial del informe del síndico u órgano de fiscalización, se deberán enviar a la SSF solamente en el caso que los hubiere. Asimismo, se establece que para los Fideicomisos Financieros de oferta pública, la SSF podrá requerir la presentación de informes adicionales sobre los Fideicomisos Financieros administrados, atendiendo al diseño y características propias de cada Fideicomiso. Por último, la referida Circular dispone que las denuncias al Banco Central del Uruguay que deben realizar los síndicos o miembros del órgano de fiscalización de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión sobre las irregularidades en que pudiera haber incurrido la sociedad, también deberán ser realizadas por los Auditores Externos o firmas de Auditores Externos. Comunicación Nº 2011/094 A través de la Comunicación 2011/094, el BCU pone en conocimiento de los Bancos, que a partir del cierre del segundo trimestre de 2011, deberán responder una encuesta referida a las condiciones de crédito que operaron al cierre de cada trimestre calendario. En este sentido, el encargado del Área de Riesgos intervendrá como responsable primario en la elaboración de las respuestas, o en su defecto, el Gerente General de la institución. La información deberá enviarse a la Superintendencia de Servicios Financieros en formato Excel a través del portal electrónico para el envío de informaciones, dentro de los 8 días hábiles del segundo mes posterior al cierre de la información. Los formularios para el envío de la información se encuentran disponibles en el sitio web La primera información a presentar será la correspondiente al período

9 Comunicación Nº2011/101 A través de la comunicación 2011/101 el BCU pone en conocimiento de las Instituciones de Intermediación Financiera, las instrucciones que deben considerar los auditores externos a los efectos de cumplir con el informe requerido por el artículo de la R.N.R.C.S.F. Como consecuencia de este cambio se dejan sin efecto las Comunicaciones 2002/50 y 2002/131. En este sentido, se destacan las instrucciones que deberán considerar los auditores externos al momento de realizar el informe antes mencionado, relativas a los siguientes aspectos: i) Objetivo del informe, ii) Naturaleza y alcance de la revisión, iii) Resultados de la revisión, iv) Contenido del informe, y v) Informe anual de seguimiento. Comunicación Nº2011/106 A través de la comunicación 2011/106, el BCU pone en conocimiento de las Instituciones de Intermediación Financiera la sustitución de los formularios para brindar información sobre: i) el régimen de encaje y régimen de liquidación de multas por insuficiencia de encaje a que refieren los artículos y de la Recopilación de Normas de Operaciones), y ii) el pago y liquidación de multas por insuficiencia de encaje en moneda extranjera e insuficiencia de encaje marginal en moneda extranjera (artículo de la Recopilación de Normas de Operaciones) Los nuevos formularios se encuentran disponibles en el sitio web del BCU Comunicación Nº2011/109 A través de la comunicación 2011/109 el BCU pone en conocimiento de los Intermediarios de Valores, que con fecha 7 de julio de 2011 y en relación con el Registro de Órdenes de Clientes, se ha resuelto eliminar la posibilidad de que los clientes emitan órdenes verbales sujetas a confirmación posterior por escrito. Como consecuencia de esta eliminación, los Intermediarios de Valores que deban implementar un registro de órdenes verbales impartidas por vía telefónica, cuentan con un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de esta resolución para llevarlo a cabo. Comunicación Nº2011/110 A través de la comunicación 2011/109 el BCU pone en conocimiento de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, que con fecha 7 de julio de 2011 la Superintendencia de Servicios Financieros resolvió eliminar la posibilidad de que sus clientes emitan órdenes verbales sujetas a confirmación posterior por escrito.

10 10 Además, por medio de la presente Comunicación se modifican las disposiciones del Registro de Clientes que deben llevar los Intermediarios de Valores y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. En consecuencia, se elimina de la Ficha del Cliente (Tipo de Órdenes) la referencia a órdenes en forma verbal, pero sujetas a confirmación posterior por escrito. Además, se dispone que los Intermediarios de Valores y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión cuentan con un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de la presente Comunicación para que los clientes que emitan órdenes verbales sujetas a confirmación posterior por escrito, manifiesten ante la eliminación de tal posibilidad la forma en que impartirán las órdenes, debiendo dejarse constancia del tipo de orden elegido en la ficha correspondiente. Comunicación N 2011/127 A través de la comunicación 2011/127 el Banco Central del Uruguay pone en conocimiento de las Instituciones de Intermediación Financiera, las instrucciones que deben considerar a los efectos de cumplir con los dispuesto en los artículos 57, 357 y de la R.N.R.C.S.F. en lo que refiere a operaciones activas y pasivas a plazos mayores a tres años y su plan de regularización para las situaciones de exceso. Como consecuencia de este cambio se deja sin efecto la Comunicación 2011/124. Contactos: Diego Rodríguez Julie Rothschild Federico Ferri María Maiorano Martín Gómez drodriguez@ferrere.com jrothschild@ferrere.com fferri@ferrere.com mmaiorano@ferrere.com mgomez@ferrere.com