RUC El Colegio se encuentra ubicado en Calle Venezuela 320, Urbanización Villa Hermosa, Tacna.

Transcripción

1 PROCEDENCIA : COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA PROCEDIMIENTO : DE OFICIO DENUNCIADO : EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA S.R.L. MATERIA : SERVICIOS EDUCATIVOS DEBER DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN ESCRITA ACTIVIDAD : ENSEÑANZA PRIMARIA SUMILLA: Se confirma la resolución venida en grado que halló responsable a la Empresa de Servicios Educativos Nuestra Señora de Fátima S.R.L. debido a que se constató que no brindaba información de manera escrita. SANCIÓN: Amonestación Lima, 30 de marzo de 2011 ANTECEDENTES 1. Mediante Resolución 1 del 3 de febrero de 2010, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Tacna (en adelante, la Comisión) inició un procedimiento de oficio en contra de la Empresa de Servicios Educativos Nuestra Señora de Fátima S.R.L. (en adelante, el Colegio) 1, por presunta infracción del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor 2, puesto que en la inspección realizada el 21 de enero de 2010 se constató que el Colegio no cumplió con brindar de manera escrita la documentación referida al registro que autorizó su funcionamiento, los requisitos para el ingreso de alumnos nuevos, el plan curricular de cada año de estudios, información sobre la duración, contenido, metodología, sistema pedagógico, sistemas de evaluación y control de estudiantes, número de alumnos por aula y el Reglamento Interno. 2. En sus descargos, el Colegio señaló lo siguiente: (i) Indecopi no era competente para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados, ya que dicha tarea correspondía al Ministerio de Educación; 1 2 RUC El Colegio se encuentra ubicado en Calle Venezuela 320, Urbanización Villa Hermosa, Tacna. Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo PCM. M-SC2-13/1B

2 (ii) (iii) (iv) (v) en el documento Condiciones Económicas Pedagógicas del Servicio Educativo 2010 recabado en la inspección, se consignaba la resolución que autorizó el funcionamiento del Colegio; el monto, número y oportunidad de pago de las pensiones; los posibles aumentos; el monto de la matrícula; el monto y oportunidad de pago de las cuotas de ingreso; el horario de clases; los servicios de apoyo al estudiante, y las principales normas del Reglamento Interno; el número de vacantes figuraba en la publicidad del Colegio y en la hoja de informes que se entregaba a los interesados, se indicaban los requisitos de ingreso, matrícula o traslado, el plan curricular de cada año de estudios, normado por el Ministerio de Educación, y el sistema de evaluación cualitativo en primaria y secundaria; el funcionario de Indecopi no solicitó mayores referencias informativas de manera específica, por lo que sólo se contestaron las preguntas del acta de inspección; y, el Colegio brindó toda la información en forma escrita, veraz, suficiente, apropiada antes de cada matrícula. 3. Mediante Resolución /INDECOPI-TAC del 4 de junio 2010, la Comisión halló responsable al Colegio por infracción de los artículos 5º literal b) y 15º de la Ley de Protección al Consumidor y lo sancionó con una amonestación; le ordenó, en calidad de medida correctiva, que brinde, en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada a todos los padres de familia, la información relevante que fuera omitida durante el proceso de matrícula 2010, y que, en los sucesivos procesos de matrícula cumpla con brindar toda la información relevante. 4. El 2 de agosto de 2010, el Colegio apeló la Resolución /INDECOPI- TAC, reiterando los argumentos de sus descargos. Adicionalmente, señaló que la sanción fue injusta y que no tuvo intención alguna de infringir la norma, lo que se probaría en que proporcionaron toda la información escrita que solicitaron los padres de familia. Indicó que los requisitos de ingreso son informados a los padres, a partir de lo dispuesto por el Ministerio de Educación; y el plan curricular, duración, contenidos, sistema pedagógico y sistema de evaluación eran universales, ya que fueron normados por el ministerio mencionado. Finalmente manifestó que no hubo daño a los usuarios del servicio educativo porque el no proporcionar copia de la resolución de autorización no afectó la decisión de consumo de los padres de familia. ANÁLISIS Cuestión previa: La competencia del Indecopi en materia de servicios educativos 5. En el presente caso, el Colegio argumentó que Indecopi no era competente para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Centros 2/8

3 Educativos Privados, ya que dicha tarea corresponde al Ministerio de Educación. 6. Sobre el particular, este Colegiado considera necesario destacar que en el caso de los servicios educativos, al ser éstos regulados y, por ende, las condiciones que debe cumplir se encuentran definidas normativamente, lo mínimo que espera un consumidor es que al contratar la prestación de dichos servicios, éstos se brinden cumpliendo con el marco legal vigente; ello, a pesar que, lo que se sanciona en estos casos no es el incumplimiento de la legislación sectorial, sino la defraudación de las expectativas del consumidor. 7. La Comisión y esta Sala, en segunda instancia, son los órganos administrativos competentes a nivel nacional para conocer presuntas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, que puedan presentarse en todos los sectores de consumo, salvo excepción establecida en norma expresa de rango legal. Para que las disposiciones contenidas en la Ley de Protección al Consumidor sean de aplicación al presente caso, deben configurarse dos supuestos: (i) (ii) La existencia de una relación de consumo entre el proveedor y el consumidor o destinatario final del mismo, es decir, la existencia de un producto o servicio prestado a cambio de una retribución económica; y, la inexistencia de una norma especial de rango legal que otorgue competencia a un órgano distinto a la Comisión, respecto a los supuestos contemplados en la Ley de Protección al Consumidor. 8. En cuanto al primer supuesto, ha quedado acreditado que el Colegio brinda servicios educativos a cambio de una retribución económica. Respecto del segundo supuesto, en el caso de servicios educativos aún cuando exista un ente rector, como es el Ministerio de Educación, la competencia del Indecopi ha sido reconocida expresamente por las propias normas sectoriales correspondientes a estos servicios. Así, el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación, dispone que son de aplicación a las instituciones educativas particulares las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y demás disposiciones legales que garanticen la protección de los usuarios 3. 3 DECRETO LEGISLATIVO 882. LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN. Artículo 7º.- Son de aplicación en las Instituciones Educativas Particulares las garantías de libre iniciativa privada, propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás que reconoce la Constitución, así como las disposiciones de los Decretos Legislativos 662 y 757, incluyendo todos los derechos y garantías establecidos en dichos Decretos. También son de aplicación a las Instituciones Educativas Particulares las disposiciones de los Decretos Legislativos 701 y 716 y sus normas modificatorias, así como las demás disposiciones legales que garanticen la libre competencia y la protección de los usuarios. 3/8

4 9. Por lo expuesto, corresponde desestimar la alegación de falta de competencia formulada por el Colegio y analizar si en el presente caso se verifica una infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Sobre el deber de información del Colegio 10. El artículo 5º literal b) de la Ley de Protección al Consumidor establece que los consumidores tienen derecho a recibir de los proveedores la información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los mismos 4. Por su parte, el artículo 15º señala que los proveedores están obligados a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible al consumidor o usuario, la información sobre los productos y servicios ofertados En ese orden de ideas, el artículo 14º de la Ley de Centros Educativos Privados, modificada mediante la Ley 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al Pago de Pensiones en Centros y Programas Educativos Privados 6 establece que los centros educativos se encuentran obligados a brindar en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada a los interesados DECRETO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Artículo 5º.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes derechos: ( ) b) Derecho a recibir de los proveedores toda la información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios; ( ) DECRETO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECIÓN AL CONSUMIDOR. Artículo 15º.- El proveedor está obligado a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada muy fácilmente accesible al consumidor o usuario, la información sobre los productos y servicios ofertados. Tratándose de productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes y componentes. LEY LEY DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS. Artículo 14º.- Antes de cada matrícula, los Centros y Programas Educativos están obligados a brindar en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada a los interesados, la siguiente información: a) Documentación del registro que autoriza su funcionamiento; b) El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los posibles aumentos. Las pensiones serán una por cada mes de estudios del respectivo año lectivo, pudiendo establecerse por concepto de matrícula un monto que no podrá exceder al importe de una pensión mensual de estudios. c) El monto y oportunidad de pago de cuotas de ingreso; d) Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos; e) El plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, metodología y sistema pedagógico; g) Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; h) El número de alumnos por aula; i) El horario de clases; j) Los servicios de apoyo al estudiante que pudiesen existir; k) El Reglamento Interno; y, l) Cualquier otra información que resultare pertinente y que pudiera interesar a los alumnos. Asimismo, en caso de discrepancia entre las características del servicio ofrecido y el efectivamente prestado, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 18 de la presente Ley. 4/8

5 12. De la información brindada por el Colegio, en la inspección realizada el 21 de enero de , respecto de las condiciones en que se prestaba el servicio, se dejó constancia que el denunciado no cumplió con brindar, de manera escrita, la documentación del registro que autorizó su funcionamiento, requisitos para el ingreso de alumnos nuevos, el plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, metodología, sistema pedagógico, sistemas de evaluación y control de estudiantes, número de alumnos por aula y el Reglamento Interno. 13. En su defensa, el Colegio señaló que en el documento Condiciones Económicas Pedagógicas del Servicio Educativo 2010,, se consignó la resolución que autorizó el funcionamiento del Colegio; el monto, número y oportunidad de pago de las pensiones; los posibles aumentos; el monto de la matricula; el monto y oportunidad de pago de las cuotas de ingreso; el horario de clases; los servicios de apoyo al estudiante, y las principales normas del Reglamento Interno. Además, el número de vacantes disponibles figuraba en la publicidad del Colegio, y en la hoja de informes que se entregaba a los interesados, indicándose los requisitos de ingreso, matrícula o traslado, el plan curricular de cada año de estudios, normado por el Ministerio de Educación, y el sistema de evaluación cualitativo en primaria y secundaria. 14. De la revisión del documento Condiciones Económicas y Pedagógicas del Servicio Educativo , se advierte que en la esquina superior izquierda se señala: IEP NTRA. SRA. DE FATIMA R.D.D. 109 ; sin embargo, el padre de familia no podría conocer que dicha información se refiere a la autorización de funcionamiento del Colegio. 15. Igualmente, del documento anteriormente mencionado, no se aprecia que el centro educativo informe por escrito sobre los requisitos para el ingreso de alumnos nuevos, el plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, metodología, sistema pedagógico, sistemas de evaluación y control de estudiantes, número de alumnos por aula y el Reglamento Interno. 16. Debe mencionarse que si bien en el documento indicado se da cuenta del número y la oportunidad de pago de las pensiones, así como que éstas son estables a lo largo del año, no se señala el monto correspondiente a cada una de ellas. 17. Finalmente, debe mencionarse que el Colegio no ha presentado ningún medio probatorio que acredite que la información declarada en la inspección sea errónea, con lo que no se ha desvirtuado la presunción de veracidad. 7 8 A fojas 10 del expediente. A fojas 12 (vuelta) del expediente. 5/8

6 18. Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida que declaró responsable al Colegio por infringir los artículos 5º literal b) y 15º de la Ley de Protección al Consumidor, al no haber cumplido con su obligación de brindar información respecto de la documentación del registro que autoriza su funcionamiento, el monto de pago de las pensiones, los requisitos para el ingreso de alumnos nuevos, el plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, metodología, sistema pedagógico, sistemas de evaluación y control de estudiantes, número de alumnos por aula y el Reglamento Interno. De la medida correctiva ordenada 19. Considerando que el Colegio no ha fundamentado su apelación respecto de la pertinencia de la medida correctiva ordenada, más allá de la alegada ausencia de infracción desvirtuada precedentemente, corresponde confirmar dicho extremo de la resolución apelada por resultar accesorio al pronunciamiento sustantivo. Graduación de la sanción 20. En su apelación, el Colegio señaló que la sanción fue injusta y que no tuvo intención alguna de infringir la norma. 21. El artículo 41º A de la Ley de Protección al Consumidor establece que, al momento de aplicar y graduar la sanción, la Comisión podrá considerar la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar 9. 9 DECRETO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Artículo 41º.- Las infracciones a la presente Ley serán calificadas y sancionadas de la siguiente manera: a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta veinte (20) UIT; b. Infracciones graves, con una multa de hasta cien (100) UIT. c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta trescientas (300) UIT. ( ) Artículo 41º A.- La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: a. El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción; b. La probabilidad de detección de la infracción; c. El daño resultante de la infracción y los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado; d. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; e. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento; f. La reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso; y, g. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 6/8

7 22. Las sanciones de tipo administrativo tienen por objeto disuadir o desincentivar la comisión de infracciones por parte de los administrados. Sin embargo, a efectos de graduar la sanción a imponer, la Ley de Procedimiento Administrativo General, recoge dentro de los principios de la potestad sancionadora el de razonabilidad 10, según el cual las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción. 23. Cuando la autoridad administrativa imponga sanciones, debe considerar la proporción entre los medios utilizados y los fines públicos que debe tutelar, a efectos de tener presente el principio de razonabilidad. 24. De esta manera, el mencionado principio implica que el acto administrativo debe tener justificación, en referencia con los hechos que generan la sanción. Este principio necesita de una relación lógica entre el hecho que motiva la sanción, el objetivo que se busca conseguir y el medio utilizado a tal efecto. 25. Esta Sala considera que no cabe amparar el argumento del Colegio referido a que no existió el elemento intencional al momento de infringir la Ley de Protección al Consumidor, toda vez que el artículo 41º de dicha norma señala que los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones en ella contenidas 11. Así, para que haya infracción no se requiere acreditar la existencia de una intencionalidad o dolo por parte del proveedor denunciado, sino sólo haber afectado real o potencialmente a los consumidores mediante la inobservancia de las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. 26. En ese sentido, de acuerdo con lo indicado, esta Sala considera que la amonestación impuesta al Colegio por la conducta verificada en el presente procedimiento, resulta insuficiente para desincentivar conductas como la acreditada en este procedimiento. Sin embargo, no resulta posible agravar la LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...) 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: a. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; b. El perjuicio económico causado; c. La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; d. Las circunstancias de la comisión de la infracción; e. El beneficio ilegalmente obtenido; y f. La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. DECRETO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Artículo 41º.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la presente Ley ( ). 7/8

8 sanción, pues ello vulneraría la prohibición de la reformatio in pejus, de modo que corresponde confirmar la sanción impuesta por la Comisión 12. RESUELVE: PRIMERO: Confirmar la Resolución /INDECOPI-TAC del 4 de junio 2010, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del lndecopi de Tacna, en el extremo que halló responsable a la Empresa de Servicios Educativos Nuestra Señora de Fátima S.R.L. por infracción de los artículos 5 literal b) y 15º de la Ley de Protección al Consumidor, al haber quedado acreditado que el Colegio no brindó por escrito la documentación del registro que autoriza su funcionamiento, los requisitos para el ingreso de alumnos nuevos, el monto de las pensiones, el plan curricular de cada año de estudios, la duración, contenido, metodología, sistema pedagógico, sistemas de evaluación y control de estudiantes, el número de alumnos por aula y el Reglamento Interno. SEGUNDO: Confirmar la Resolución /INDECOPI-TAC en el extremo que ordenó a la Empresa de Servicios Educativos Nuestra Señora de Fátima S.R.L., en calidad de medida correctiva, que brinde en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada a todos los padres de familia, la información relevante que fuera omitida durante el proceso de matrícula 2010, y que en los sucesivos procesos de matrícula, cumpla con brindar la información relevante establecida en el artículo 14º de la Ley de Centros Educativos Privados. TERCERO: Confirmar la Resolución /INDECOPI-TAC en el extremo que sancionó a la Empresa de Servicios Educativos Nuestra Señora de Fátima S.R.L. con amonestación. Con la intervención de los señores vocales Camilo Nicanor Carrillo Gómez, Francisco Pedro Ernesto Mujica Serelle, Oscar Darío Arrús Olivera, Hernando Montoya Alberti y Miguel Antonio Quirós García. CAMILO NICANOR CARRILLO GÓMEZ Presidente 12 LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 237º.3. Resolución. Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. 8/8