INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HAITI 1993 EXTRACTO CAPITULO III: LOS REFUGIADOS

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1 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HAITI 1993 EXTRACTO CAPITULO III: LOS REFUGIADOS 102. A partir del golpe de Estado del 29 de septiembre de 1991, miles de haitianos huyeron del país, lanzándose al mar en pequeñas e inseguras embarcaciones. Uno de los factores que contribuyeron al éxodo masivo de haitianos ha sido la grave represión desatada en contra de los grupos que apoyan al Presidente Aristide, que fue especialmente grave en ciertos barrios de la capital. Otra causa del desplazamiento masivo ha sido la ya deteriorada situación económica, agravada por las previsibles restricciones provenientes del embargo económico La represión y la degradación de la situación política y económica, forzó a un gran número de personas a huir del país, muchos de ellos atravesaron la frontera con la República Dominicana y otros abordaron pequeñas embarcaciones con destino hacia los Estados Unidos. Algunas de las embarcaciones se dirigieron a Belice, Cuba, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago y Venezuela en busca de asilo. La guardia costera estadounidense interceptó un gran porcentaje de esas embarcaciones. Se estimó que muchas de ellas habían naufragado y que sus ocupantes murieron ahogados Con anterioridad al golpe de Estado en Haití, el Gobierno de los Estados Unidos basado en un acuerdo bilateral con Haití, mantenía la política de interceptar las embarcaciones de haitianos en aguas internacionales del mar Caribe y regresarlos a su país de origen. Durante diez años (septiembre de septiembre de 1991) aproximadamente 20,000 haitianos fueron interceptados en virtud de dicho acuerdo. Desde el golpe de Estado hasta la fecha, se considera que alrededor de 40,000 nacionales haitianos han sido interceptados por la guardia costera, de los cuales 30,000 fueron devueltos a Haití Una vez interceptados los barcos, los haitianos eran llevados a la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, donde eran entrevistados por representantes del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, para determinar si, de acuerdo con el derecho internacional, calificaban para obtener el status de refugiados El Gobierno de los Estados Unidos había señalado que las causas por las cuales los haitianos huían de su país, eran en su mayoría de índole económica y no política, por lo cual era necesario realizar un proceso de selección para otorgar el asilo. El 18 y 19 de noviembre de 1991, las autoridades estadounidenses devolvieron a Haití a más de 500 personas que habían solicitado asilo. Estos acontecimientos trajeron como consecuencia un gran número de demandas ante las Cortes Federales de los Estados Unidos en Florida, las que fueron presentadas por organizaciones no gubernamentales en representación de los refugiados "boat people". Las reclamaciones se basaban en el posible peligro físico a que serían expuestas esas personas si se les forzaba a regresar a su país de origen. 1

2 107. El Juez de la Corte del Distrito emitió una orden en esos casos para la suspensión de las devoluciones forzadas. Al mismo tiempo, los medios de comunicación y los abogados de los "boat people" fueron autorizados a visitar Guantánamo. Señalando que el porcentaje de casos de personas que podrían obtener el status de refugiado era aproximadamente de un 33% El 31 de enero de 1992, el Procurador de Justicia solicitó la suspensión de la orden emitida por la Corte del Distrito y ésta fue concedida por la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado en dos ocasiones al Gobierno de los Estados Unidos que suspendiera, por razones humanitarias, las devoluciones de los haitianos Ante el continuo éxodo masivo de haitianos, el 24 de mayo de 1992, el Gobierno de los Estados Unidos promulgó el Decreto "Interdiction of Illegal Aliens", el cual revocaba y sustituía el decreto de 1981.El decreto del 24 de mayo permitiría que los haitianos que fuesen interceptados en el mar por el Servicio de Guardacostas fueran devueltos inmediatamente a Haití. De acuerdo con ese decreto el Ministerio Público requirió que los haitianos que buscaran asilo en los Estados Unidos, tendrían que solicitarlo a través de la Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe. Se señaló que el decreto tenía como fin proteger las vidas de los haitianos que se aventuraban a llegar a los Estados Unidos en inseguras embarcaciones Algunas fuentes opinaron que el decreto se basaba en que el principio de la prohibición de expulsión y devolución de personas contenido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados no incluía a las personas que se encontraran fuera del territorio de los Estados Unidos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indicó que de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 33 de la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados, el principio de la prohibición de expulsión y devolución de personas se aplicaba tanto dentro como fuera del territorio de los Estados Unidos El 29 de julio de 1992, la Corte Federal de Apelaciones declaró que las leyes de los Estados Unidos prohibían al Gobierno devolver a los haitianos que huían del país en embarcaciones, sin determinar primeramente si eran perseguidos. Asimismo, la Corte agregó que la actual política de los Estados Unidos de interceptar todas las embarcaciones que parecían llevar refugiados haitianos, les impedía buscar asilo en otros países como Bahamas, Jamaica o Cuba. El 1 de agosto, después de que el Gobierno apelara esa decisión, la Suprema Corte, por un voto de siete contra dos, suspendió la orden, permitiendo al Gobierno continuar su política de interceptar y devolver a los refugiados haitianos La Suprema Corte fijó el día 24 de agosto de 1992 como plazo para que el Gobierno sometiera la causa y los representantes de los haitianos tendrían hasta septiembre para argumentar sus puntos. No se ha conocido aún el resultado del procedimiento jurídico. Es posible que el proceso continúe hasta que se agoten todas las instancias, lo cual indica que los refugiados haitianos seguirán siendo devueltos a su país de origen, sin ser sometidos a una investigación que les permita calificar para obtener el asilo Anteriormente se había anunciado que las instalaciones de los refugiados en la base naval de Guantánamo habían llegado a su capacidad máxima. El Servicio de Inmigración informó que 10,736 haitianos habían sido trasladados a los Estados Unidos para que siguieran tramitando sus solicitudes, excepto 274 personas que resultaron ceropositivos (HIV), permanecerían en las instalaciones de la base naval y de allí continuarían tramitando sus solicitudes de asilo La primera semana de enero de 1993, cuarenta y cinco refugiados haitianos iniciaron una huelga de hambre, en el centro de detención Krome (ubicado en las cercanías de Miami), en señal 2

3 de protesta a la política de inmigración, la cual, según ellos, daba preferencia a los refugiados cubanos. La huelga de hambre comenzó dos días después de haber puesto en libertad a cuarenta y ocho cubanos que habían llegado el 29 de diciembre de 1992, a Miami, abordo de un avión de línea comercial que fue desviado En vísperas del 20 de enero de 1993 se reanudaron las partidas de refugiados y se temía un éxodo masivo de 200,000 refugiados ante el cambio del Gobierno estadounidense. El 14 de enero el Presidente electo Bill Clinton difundió un mensaje por radio, invitando a los haitianos a permanecer en su país, e informándoles que después de su investidura, los "boat people" continuarían siendo interceptados y devueltos a Haití. El nuevo Gobierno anunció un plan global para restaurar la democracia en Haití y obtener el retorno del depuesto Presidente Aristide. También informó que la operación "Able Manner", en la que participarían veinte unidades navales y diez naves aéreas de los Estados Unidos, había sido puesta en práctica frente a las costas de Haití para evitar que cientos de haitianos perecieran en el mar. Tal afirmación fue rechazada por los grupos de derechos humanos que representan a los refugiados haitianos, quienes además señalaron que esa acción violaba el derecho internacional y las propias leyes estadounidenses, que prohibían devolver y exponer al peligro de represalias a los refugiados sin darles oportunidad de probar los méritos de su petición de asilo Doscientos treinta y seis haitianos fueron interceptados y llevados directamente a Haití durante la primera semana de enero de Ciento dos refugiados, entre ellos ocho sobrevivientes del naufragio del "Vierge Mirage" que transportaba 400 haitianos, regresaron de Cuba por el puente aéreo entre Cuba y Haití. Ese puente fue establecido por iniciativa del Alto Comisariado de las Naciones Unidas con la colaboración de la Cruz Roja de ambos países. Algunas fuentes han señalado que el número de refugiados que había decidido repatriarse voluntariamente, desde el 12 de enero, ascendía a mil doscientos noventa y ocho Una vez que los refugiados son devueltos a Haití, son recibidos por las autoridades aduanales, quienes les toman huellas digitales, datos generales y son fotografiados. Miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos han señalado que los refugiados no son víctimas de maltratos a su llegada. Sin embargo grupos de derechos humanos han indicado que la práctica exhaustiva de identificación de cada uno de los refugiados ha generado cierto temor de lo que les pueda ocurrir posteriormente En ciertos casos se señaló que varios de los haitianos repatriados fueron arrestados en sus domicilios y más tarde algunos de ellos fueron encontrados muertos. Otros fueron golpeados en público por los militares, quienes los forzaban bajo amenazas de armas, a identificar a otros repatriados. En otros casos, se señaló que algunos repatriados fueron conducidos al Centro Penitentiario Nacional, donde se les sometía a torturas y no se les alimentaba. 3

4 CONCLUSIONES 119. Durante el período que comprende este informe, la situación de los derechos humanos en Haití ha sufrido un grave deterioro. Las violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, extorsiones y la represión contra los medios de comunicación se incrementaron en un gran número. La mayoría de esas violaciones se generaron dentro de un contexto político propiciado por el Gobierno de facto en su empeño por consolidar el poder Las violaciones a los derechos humanos, perpetradas de múltiples maneras por el Gobierno de facto, han pasado a formar parte de la vida cotidiana de los haitianos, provocando un estado de irregularidad y de total indefensión en la población, frente a las medidas que puedan adoptar en su contra los agentes del Estado. La práctica del Gobierno de facto ha consistido en detener a los opositores políticos y a todos aquellos que se sospeche de apoyar el retorno de la democracia. La acusación de "terrorismo" ha sido particularmente utilizada por los militares, para justificar ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y registros intempestivos y violentos La práctica institucionalizada e impune de la violencia y la corrupción, originada por los integrantes del ejército y la policía, cuya función es, precisamente, proteger las garantías de los ciudadanos, ha generado una serie de abusos en contra de la población haitiana. Las antiguas estructuras represivas de los jefes de sección y sus adjuntos, que fueran reinstaladas por las autoridades de facto, han excedido ampliamente sus funciones en tanto que agentes de policía, atemorizando a la población rural, quien se encuentra totalmente indemne y a su merced. Por otra parte, las autoridades judiciales no han mostrado eficiencia ni decisión en resolver las investigaciones sobre esas violaciones La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirma que en el Estado haitiano, independientemente de la situación política imperante, continúa vigente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, quienes ejercen el poder, aunque sea de facto tienen no solamente la obligación de respetar los derechos contenidos en la Convención sino también de garantizar su pleno y libre ejercicio La Comisión ha sostenido que dentro de las alternativas que el Derecho Constitucional reconoce a variadas formas de gobierno, el marco de un régimen democrático debe ser el elemento preponderante para que dentro de una sociedad puedan ejercerse plenamente los derechos humanos, y como se ha demostrado, la negación de los derechos políticos o la alteración de la voluntad popular conduce a una situación de violencia. La Comisión está consciente de que mientras no exista, entre las partes interesadas, una verdadera voluntad política de buscar una solución a la crisis haitiana, la situación de los derechos humanos continuará agravándose Por ese motivo, la Comisión espera que los esfuerzos realizados por la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas contribuyan a buscar una solución política que permita el establecimiento de un régimen democrático, donde se puedan respetar plenamente los derechos humanos La Comisión continuará observando la situación de los derechos humanos en Haití, en cumplimiento de sus deberes, tal y como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 4

5 ANEXO I COMUNICADO DE PRENSA Nº 1/93 Desde hace más de tres meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido solicitando reiteradamente la anuencia del Gobierno de facto de Haití para visitar ese país y poder constatar in situ las numerosas denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos atribuidas a las acciones represivas de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de grupos de civiles auxiliares que operan bajo sus órdenes. La CIDH transmitió al Gobierno su intención de realizar dos visitas: una primera exploratoria prevista para ser cumplida durante los días 13 al 15 de diciembre de 1992 y una visita in loco que debió llevarse a cabo durante los días 11 al 15 del corriente mes de enero. El Gobierno de facto no ha otorgado aún la correspondiente anuencia. Por el contrario, el 8 de diciembre, la CIDH recibió comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití, en la cual se informaba que la fecha para llevar a cabo dichas visitas sería comunicada en los días siguientes, sin embargo no fue hasta un mes más tarde que las autoridades de facto respondieron que "la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le parecía necesaria al Gobierno haitiano". Las denuncias presentadas por las propias víctimas y las informaciones provenientes de fuentes fidedignas indican que numerosas personas han sido ejecutadas sumariamente, detenidas ilegalmente, maltratadas y torturadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En la mayoría de los casos las víctimas han sido partidarios del depuesto Presidente Jean Bertrand Aristide y en otros casos se trata de gente que simplemente se sospecha de apoyarlo. Las manifestaciones y reuniones han sido suprimidas violentamente y no se ha permitido a los periodistas dar a conocer los hechos. Muchas de las víctimas de estas violaciones son líderes o miembros de organizaciones populares y de derechos humanos, estudiantes, periodistas, comerciantes, campesinos y miembros de la Iglesia Católica. En las áreas rurales, la represión y la violencia se ha agravado con el restablecimiento de los "Jefes de Sección", quienes actúan con la aquiescencia de los militares y en completa impunidad. Tanto en la capital del país, como en la provincia, la población es víctima de la corrupción ejercida por las autoridades de facto, así como de las extorsiones practicadas por los militares a los civiles, quienes les exigen sumas de dinero para evitar ser detenidos o maltratados, o simplemente para mejorar las condiciones en que se encuentran en los centros de detención y algunas veces hasta para obtener su libertad. El clima de temor y de inseguridad que existe en el país ha propiciado que una gran parte de la población, especialmente aquella que apoya el retorno del Presidente Aristide, se desplace buscando refugio hacia el interior del país, viéndose así obligada a abandonar sus hogares y a esconderse en forma permanente. Esta situación ha forzado también a un gran número de haitianos a huir del país en inseguras embarcaciones para pedir asilo en los Estados Unidos. La práctica de la "represión preventiva" dirigida contra la población civil y la degradación de la situación política, han propiciado las continuadas violaciones a las garantías individuales, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad individual, a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de reunión y de asociación; todas ellas protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual la República de Haití es Estado parte. La Comisión debe recordar, que independientemente de la situación política imperante en un Estado parte, continúa vigente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 5

6 consecuencia, la Comisión enfatiza que quienes ejercen el poder en un Estado, aunque sea de facto, están obligados a respetar los derechos individuales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó el día 13 de diciembre de 1992 la Resolución "Restablecimiento de la Democracia en Haití" (MRE/RES.4/92), mediante la cual decidió "Encomendar al Presidente de la Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores y al Secretario General de la OEA, que cooperen en las gestiones del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta las graves y persistentes violaciones a los derechos humanos en Haití, y ante la negativa de las actuales autoridades de facto, para que la Comisión pueda efectuar una visita "in loco" a la mayor brevedad." La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa firmemente decidida a trasladarse a Haití a fin de investigar sobre el terreno las graves violaciones denunciadas, y ante la negativa del Gobierno de facto de cooperar con la Comisión, reitera su llamado a todos los organismos no gubernamentales de derechos humanos, particularmente los que operan en Haití, así como a las víctimas y sus familiares y en general a todos aquellos que con motivo de la crisis política hayan sufrido alguna violación a sus garantías individuales, para que tramiten sus denuncias ante la CIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado al Gobierno de facto y especialmente a las Fuerzas Armadas para que cesen sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de la que es víctima la población haitiana. Washington, D.C., 8 de enero de