Aborto: los expertos proponen una ley que combine plazos con indicaciones

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1 Aborto: los expertos proponen una ley que combine plazos con indicaciones _f-303+iditem-3596+idtabla-4+tipo Marzo 2009 Carlos del Águila. Madrid El Comité de Expertos está formado por 6 profesionales sanitarios y 3 juristas. Esta nueva legislación garantizaría la posibilidad de abortar libremente durante las 14 primeras semanas de gestación, complementada por 2 indicaciones que permitirían hacerlo hasta las semana 22: cuando exista un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. Tras 6 meses de trabajo, el comité de 8 expertos designado por el Ministerio de Igualdad presentó el pasado 5 de marzo su Informe sobre la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en España y las propuestas para una nueva regulación que sustituya a la actual, que contempla el castigo penal del aborto salvo en 3 excepciones, por una ley que combine plazos con indicaciones, similar a la existente en la mayoría de los países de la Unión Europea. Más en concreto, el informe plantea una ley de plazos que permita a las mujeres decidir libremente en torno a las primeras 14 semanas de gestación y hasta la semana 22 sólo en 2 supuestos: cuando exista un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos debe constar un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un especialista distinto del que practique la intervención. Situaciones excepcionales Como regla general, se propone en ambos supuestos un plazo máximo para su aplicación en la semana 22, coincidiendo con el inicio de la viabilidad fetal. Sin embargo, con el fin de atender algunas situaciones excepcionales que pueden plantearse después de ese plazo, se propone la autorización del aborto (en este caso se trataría de un parto inducido) cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, también acreditadas por un especialista distinto del que practique la intervención. En estos casos, según los expertos, no se justifica prolongar el sufrimiento de la mujer hasta el momento del parto. En otros supuestos por encima de las 22 semanas, los expertos recuerdan que el Tribunal Constitucional ha declarado la plena constitucionalidad de la prevalencia de la vida de la madre sobre la del nasciturus el no nacido, por lo que no cabe duda de la legitimidad de esta indicación incluso cuando el aborto ha de ejecutarse en una fase avanzada de la gestación. 16 años y sin permiso paterno Además, el documento recomienda fijar en los 16 años la edad en la que las mujeres podrán decidir sobre una posible IVE sin necesidad de contar con la autorización de los padres o tutores. En este sentido, sus redactores recuerdan que el aborto es un derecho personalísimo que afecta a la intimidad y a la libertad de las mujeres, y el Código Civil

2 sostiene que el ejercicio de los derechos personalísimos de los menores está excluido del ejercicio de la patria potestad. En segundo lugar, que se permite el matrimonio a partir de los 16 años de los jóvenes emancipados y, por otro lado, que el derecho penal reconoce que a los 13 años un menor tiene madurez suficiente para decidir sobre su sexualidad, de donde los expertos deducen que igualmente debería reconocérsele la facultad de tomar decisiones sobre las consecuencias de sus relaciones sexuales. En cualquier caso, y con el fin de garantizar el derecho de la mujer a poder adoptar una decisión libre y plenamente informada, así como también el especial interés del Estado en la vida prenatal, la práctica de la IVE tendría que quedar supeditada, según la propuesta, a 2 requisitos de naturaleza procedimental: por una parte, a la entrega a la mujer de información adecuada, y por otra, al establecimiento de un período de reflexión de al menos 3 días Información neutral La mencionada información que habría de ser neutral debería contener al menos los siguientes datos: aspectos médicos de la intervención y las condiciones para su cobertura por la sanidad pública; ayudas públicas disponibles para las embarazadas y cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto; derechos laborales y de protección social vinculados al embarazo y la maternidad; prestaciones y ayudas públicas para el cuidado de los hijos; beneficios fiscales y cualquier información relevante sobre incentivos y ayudas por nacimiento; información sobre los centros en los que la mujer puede recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la IVE, y la información sobre anticoncepción, métodos y centros de asesoramiento disponibles. El comité también considera que la nueva regulación de la IVE debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, a la reproducción y el acceso a los métodos de control de la natalidad en condiciones de equidad. Para ello, consideran necesario mejorar la calidad de los actuales servicios de atención a la salud sexual como un servicio público disponible para toda la ciudadanía. Fuera del Código Penal Los expertos recuerdan en su informe que el modelo por el que se rige en la actualidad el aborto en España descansa en la regla general de la máxima prohibición, esto es, del castigo penal. La excepción a esta regla general, es decir, los casos de aborto no punibles, fue introducida en 1985 (artículo 417bis) en el Código Penal, derogado menos en este precepto hace más de 10 años. En concreto, el artículo 417bis despenaliza el aborto sólo en 3 supuestos: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada (indicación terapéutica, sin plazo); cuando el embarazo provenga de una violación (indicación ética, 12 semanas de plazo) o cuando se presuma la existencia de graves malformaciones físicas o psíquicas en el feto (indicación eugenésica, 22 semanas de plazo). Conforme a este sistema, la licitud del aborto queda supeditada en todo caso a la intervención de terceras personas distintas de la embarazada, limitándose su papel al de peticionaria de una intervención clínica cuya legalidad han decidido otros. Sin embargo, para los expertos, los más de 20 años transcurridos desde la reforma de 1985 dejan al descubierto importantes defectos del sistema que requieren una urgente revisión. Por una parte, el modelo de indicaciones se ha mostrado incapaz de garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales que participan en

3 una IVE. Por otra, la falta de regulación legal de la objeción de conciencia ha favorecido el recurso masivo a este derecho por el personal sanitario del sector público (el 97,91% se realizan en centros privados), que ha generado importantes desigualdades geográficas y económicas entre las mujeres que se enfrentan a la situación de tener que interrumpir un embarazo no deseado. En este sentido, creen que la regulación de la IVE legalmente autorizada debería incluirse en el contexto de una ley general sobre salud sexual y reproductiva, dejando exclusivamente en el Código Penal la tipificación del aborto punible. También estiman que la objeción de conciencia no puede suponer un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud, ya sea en la red pública o la concertada. Peligro para la madre? El hecho de que en la actualidad más del 95% de las IVE se produzcan al amparo del supuesto de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada, y sobre todo al peligro para su salud psíquica, ha provocado que nuestro país, que en teoría cuenta con una de las legislaciones más restrictivas de Europa, se haya convertido paradójicamente en un destino para las mujeres extranjeras que desean abortar acogiéndose al supuesto de la salud psíquica, que no cuenta en nuestro país con límite temporal alguno. Todo ello ha llevado a numerosos expertos y organizaciones sociales a reclamar un cambio en la actual legislación que sustituya los motivos por los plazos, lo que también, consideran, daría una mayor seguridad jurídica tanto a las mujeres como a los profesionales que practican abortos. De hecho, el 88% de todas las IVE realizadas en España en 2006 se realizaron antes de las 12 semanas de gestación. La opinión de la oposición Para la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, no se trata de hacer una ley más permisiva, sino más segura. Se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos. También de proteger la vida del no nacido, cuando ya puede, según el criterio científico, vivir con independencia de su madre. Y también de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad. La ministra aseguró ser consciente de que en una cuestión como ésta no puede estar todo el mundo de acuerdo, pero hizo hincapié en que la opción del Gobierno es hacer una ley valiente, sensata, sin fundamentalismos y sin seguir ninguno de los extremos. Y agregó: La irresponsabilidad ha sido mantener durante tantos años una ley que establece claras inseguridades jurídicas y pocas garantías a mujeres y profesionales, la irresponsabilidad es dar la espalda a un problema evidente con una ley que ha presentado lagunas y problemas perfectamente conocidos. Un día después de su presentación, la ministra elevó al Consejo de Ministros el informe elaborado por el comité de expertos. El vicesecretario del Partido Popular (PP), Javier Arenas, considera que hay un debate forzado en torno al aborto, una cuestión que en su opinión no está entre las principales preocupaciones de las mujeres: A las mujeres les preocupa el empleo, su salario, llegar a fin de mes. Desde luego yo nunca presumiría del aborto que siempre es un gran

4 fracaso personal y una tragedia humana, no presumiría nunca de decir que a los 16 años se puede abortar y que esa es la gran conquista social de este Gobierno, frente a los millones de mujeres que están paradas. No a una ley de plazos La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, calificó de aberrante que niñas de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Además, aseguró que esta reforma no es necesaria y avanzó que su formación no descarta presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional cuando la norma esté aprobada. Pero para el PP, la única pega no es que se pueda abortar a los 16 años sin autorización, sino que también está en contra de una ley de plazos. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que el objetivo de esta nueva legislación es dar más seguridad y garantías a las mujeres que abortan y a los profesionales que realizan estas intervenciones con arreglo a la ley, evitar que ninguna mujer o profesional vaya a la cárcel y aproximarse a las experiencias que existen en Europa. Tasas de IVE por mujeres en edad fértil (15 a 44 años) Total 6 6,52 7,14 7,66 8,46 8,77 8,94 9,6 10,62 < 20 5,71 6,72 7,49 8,29 9,28 9,9 10,57 11,48 12, ,13 10,26 11,88 12,86 14,37 15,31 15,37 16,83 18, ,35 7,9 8,66 9,34 10,72 11,3 11,43 12,6 14, ,99 6,37 6,9 7,44 8,1 8,28 8,57 9,07 10, ,65 4,86 5,11 5,42 5,84 6,02 6,12 6,48 7,34 < 40 2,35 2,34 2,35 2,47 2,72 2,69 2,69 2,87 3,05 * Fuente: Aborto por nacimientos (2004) Alemania 183,74 Dinamarca 236,52 España 186,95 Finlandia 193,25 Italia 243,76 Noruega 247,07 Países Bajos 149,96 Reino Unido 278,63 Suecia 341,37 Unión Europea 261,45 * Fuente: Organización Mundial de la Salud (

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