Monsalve, Fernando LA REFORMA PROCESAL PENAL Pharos, vol. 8, núm. 2, noviembre-diciembre, 2001 Universidad de Las Américas Santiago, Chile

Transcripción

1 Pharos ISSN: Universidad de Las Américas Chile Monsalve, Fernando LA REFORMA PROCESAL PENAL Pharos, vol. 8, núm. 2, noviembre-diciembre, 2001 Universidad de Las Américas Santiago, Chile Disponible en: Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

2 LA REFORMA LA REFORMA PROCESAL PENAL* The reform of the criminal procedure. Fernando Monsalve ** ABSTRACT The new criminal justice, originated in the Reform of the Criminal Procedure, whose set in motion started in several regions of the country, envisaging the extension to the whole country upon success of this experience. It aims to better conciliate social interests geared to prosecute delinquent behaviours vis-a-vis the need to guarantee citizen's right for a just trial when under criminal persecution. RESUMEN La nueva justicia criminal, que surge a partir de la reforma procesal penal, que ha empezado a aplicarse en algunas regiones del país, para en un futuro cercano involucrar a todo el territorio, pretende compatibilizar mejor los intereses sociales orientados a perseguir las conductas delictuales y garantizar el derecho de los ciudadanos a un juicio justo cuando son objeto de persecusión penal. Razones que hacen imprescindible la reforma. En el actual sistema, las personas que requieren solución de sus problemas por parte de los tribunales que ejercen jurisdicción en lo penal, se enfrentan a situaciones que las lleva a desconfianza y duda respecto de la obtención de la justicia que requiere su caso, por cuanto al concurrir al juzgado, son atendidas por un funcionario denominado actuario, que es quien, en representación del juez, se interioriza del asunto que la aqueja. Las diversas funciones que realiza actualmente el Juez, investigar, acusar y fallar, hacen que las personas duden de la objetividad e imparcialidad. A pesar de creer, de buena fe, que el juez en el ejercicio de su funciones, en la valoración de las pruebas por el mismo recogidas, al dictar sentencia, efectúa el desdoblamiento necesario para no dejarse influenciar en su fallo por los antecedentes previos de la investigación, las partes y la ciudadanía en general, estiman necesario que estas funciones sean ejercidas por diferentes

3 b) Acuerdos reparatorios. Se puede prescindir de la pena cuando se trata de ciertos delitos que involucran bienes jurídicos de carácter más bien privados. Si en determinado delitos, las partes concuerdan en llegar a ciertas convenciones que son satisfactorias para ambas, aparece como innecesario utilizar el proceso penal para seguir persiguiendo la sanción. PHAROS, v.8.n.2, Noviembre-Diciembre entes, a objeto de asegurar la debida imparcialidad que requiere la justicia criminal. Principios de la reforma. 1.- Imparcialidad. El nuevo código, denominado Código Procesal Penal separa claramente las funciones de investigar, acusar y sentenciar. La función de investigar se la entrega al ministerio público, la de acusar también al ministerio público y la de sentenciar a un tribunal colegiado en juicio oral compuesto por 3 jueces. Además está el Juez de Garantía. 2.- Publicidad. Se estructura el Juicio Oral y Público y existe publicidad en las actuaciones dentro del juicio. 3.- Eficiencia. Para conseguirla se ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, prescindir de la persecución penal de un hecho o de hechos que no se considere, relevantes, a efectos de no desgastar los mecanismos del sistema y emplearlos adecuadamente en situaciones de mayor envergadura (Principio de Oportunidad). Además se incorporó los siguientes mecanismos para poner término al proceso penal: a) Suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicional del procedimiento es una medida alternativa que puede decretar el juez, a solicitud del Ministerio Público y con acuerdo del imputado, que importa aceptación de los hechos materia de la persecusión penal y de los antecedentes de la investigación que la fundaren, en virtud de la cual se suspende el procedimiento por un plazo entre uno y tres años en que el imputado debe cumplir una o más de las condiciones establecidas por la ley e impuestas por el juez so pena de revocación en el caso de que no las cumpliere o de que se iniciare o formalizare una nueva investigación en su contra.

4 El procedimiento se puede iniciar por denuncia o por querella. Esta labor la efectúa exclusivamente el Ministerio Público. Durante esta etapa interviene activamente el Juez de Garantía, que es a quien la ley le ha asignado la función de controlar que en las diversas actuaciones de los fiscales se respete debidamente las garantías constitucionales. LA REFORMA está recargando al sistema de causas que no tienen buena probabilidad de éxito y en consecuencia el archivo provisional puede ser entendido como una aplicación del criterio de oportunidad. d) El procedimiento abreviado, que está en los artículos 466, y siguientes, que también puede ser considerado como una forma especial vinculada al criterio de oportunidad. En vez de asumir todos los costos del procedimiento penal y del juicio oral, se busca un procedimiento abreviado en que el imputado comienza por convenir o consensuar que los hechos sobre los cuales se funda la acusación con correctos y se pide al juez la aplicación de una pena. La ventaja que tiene este procedimiento para el imputado es que limita la pena que el juez puede aplicar a la que solicita de común acuerdo con el fiscal del ministerio público. 4.- Concentración e inmediación. La audiencia del juicio oral se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en audiencias sucesivas hasta su conclusión. El principio está en el artículo el juicio debe llevarse a cabo en forma continua - regulado en el artículo 354 con suspensiones de no más de diez días como máximo. Esto porque, si el principio es la inmediación, es decir la presencia ininterrumpida de los jueces en el juicio oral y concluido el debate y la presentación de pruebas se pasa a deliberar de manera de pronunciar de inmediato después de la deliberación la decisión de absolución o condena; para que lo anterior pueda ser real es indispensable que el juicio se desarrolle en un marco de tiempo acotado; no se gana mucho con la oralidad y con inmediación e incluso con publicidad si se eliminan las restricciones de suspensión porque los jueces cuando deliberen no recordarán lo que pasó en el juicio oral y tendrán que recurrir al acta del juicio. Etapa de investigación.

5 d) conocer y fallar las faltas penales de conformidad con el procedimiento PHAROS, v.8.n.2, Noviembre-Diciembre Etapa de juzgamiento. Es la etapa en que se realiza el juicio oral y público en donde intervienen fundamentalmente el Ministerio Público, el abogado defensor, os imputados y testigos, entre otros, y que culmina con una sentencia ya sea esta condenatoria o absolutoria, la que puede ser objeto de recursos. Nuevas instituciones. El Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. No podrá ejercer funciones jurisdiccionales. Defensoría Penal Pública. La defensoría tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputador o acusados por un crimen, simple delito o falta, que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado. Juzgado de Garantía. Los juzgados de garantía estarán conformados por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional, que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento y les corresponderá: a) asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal, de acuerdo a la ley procesal penal; b) dirigir personalmente las audiencias que procedan, de conformidad a la ley procesal penal; c) dictar sentencia, cuando corresponda, en el procedimiento abreviado que contemple la ley procesal penal;

6 LA REFORMA Tribunal de juicio oral en lo penal. Los tribunales orales en lo penal funcionarán en una o más salas integradas por tres de sus miembros. Cada sala será dirigida por un juez presidente de sala. Les corresponderá a los tribunales orales en lo penal: a) conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito; b) resolver todos los incidentes que se promuevan durante el juicio oral; y c) conocer y resolver los demás asuntos que la ley procesal penal les encomiende. El proceso oral se desarrolla en una o más audiencias públicas, en donde intervendrán jueces, fiscal, querellantes, demandantes, acusado, defensor y testigos, rigiendo los principios, de publicidad, contradicción, inmediación y concentración.