DICTAMEN Nº. 231/2008, de 5 de noviembre. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 231/2008, de 5 de noviembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a instancia de D. X como consecuencia de los daños producidos por conejos en una plantación de olivos limítrofe con el embalse del río Jabalón, en el término municipal de Granátula de Calatrava (Ciudad Real). ANTECEDENTES El 17 de febrero de 2006, D. X formuló reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida a la Ilma. Sra. Delegada de la Consejería de Medio Ambiente de Ciudad Real solicitando el abono de una indemnización que haga frente a los daños ocasionados por conejos, así como a la cesación de las causas que producen estos daños. Relata en el cuerpo de su escrito que su esposa es dueña de unas tierras con plantación de olivos, limítrofes al embalse del Jabalón, hoy refugio de caza. Estas tierras, al no estar ahora cubiertas por las aguas tienen mucha vegetación, lo que ha dado lugar a una gran proliferación de esos animales. Estos roedores han dañado los troncos de los olivos, plantados en la campaña 96/97, y los secos totalmente, que calcula en 50, y han tenido que ser reemplazados por almendros, que tienen un crecimiento más rápido. Relata en su escrito que Según los expertos, se suelen perder aquellos olivos que han sido roídas las cortezas de sus troncos en su totalidad. Los demás, afectados en parte de los troncos, se salvarán, produciéndose un gran retraso en su proceso vegetativo. Para evitar futuros daños de este tipo, se señala que se han colocado protectores alrededor de los troncos. Esos mismos animales han producido daños igualmente en el sistema de riego superficial que había instalado, por lo que se ha procedido al cambio de las gomas y a su enterramiento. Añade en el escrito de reclamación que su preocupación en ese momento se centraba en la posibilidad de que los roedores cruzaran el camino que dividía la parcela y atacaran a los 4000 olivos que se encontraban al otro lado de dicha separación. Para la comprobación de los daños, presentes y posibles, se personaron en la parcela, el guarda forestal y el guarda del coto de caza y que mantuvo contacto con D. Z, de Medio Ambiente, que le animó a formular su reclamación por escrito, sugiriendo soluciones. Por ello, para evitar futuros daños en los almendros plantados y en los olivos, insta a la Administración a poner soluciones que podrían, a su juicio, consistir en la instalación de una valla con 0.50 cm de altura y en la concesión de un permiso especial de caza en la zona del refugio de caza con escopetas y perros que limite la población de conejos que existe en la zona. Acompañan al escrito las cédulas catastrales de las parcelas afectadas, plano de situación y plano indicando la ubicación. Con fecha 15 de noviembre de 2006, se presenta ante la Oficina de Correos, nuevo escrito por parte de D. X, en el que hace un resumen de los daños producidos y de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración, que se han centrado en la instalación de una valla y las llevadas por él mismo, como son los protectores para los troncos de los olivos afectados y el enterramiento de las gomas del sistema de riego superficial. Como señala que * Ponente: Enrique Belda Pérez-Pedrero 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha las medidas anteriores, y algunas más, han contribuido a no aumentar los daños, pero no a corregirlos, encargó a un técnico la personación en el lugar para que hiciese una valoración de los daños y que sirviese de cuantificación de la indemnización solicitada. Acompaña el escrito con el informe técnico de los daños que arroja un total para los 198 olivos de 8.870,4 euros. En el curso del procedimiento, la Secretaria General Técnica solicita a la Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, en cumplimiento del artículo 10 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, informe en el que se haga constar el origen de los animales causantes de los daños y la valoración de éstos, así como cualquier otra circunstancia que pudiera facilitar la resolución de la reclamación. Este informe es remitido valorando los productos perdidos, según las facturas aportadas en 1.997,46 euros. A la vista del informe remitido, la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, remite al reclamante copia del informe elaborado y modelo en el que expresar su conformidad o disconformidad con la valoración de los daños propuesta por la Administración. El reclamante muestra su disconformidad por lo que finalmente se formula propuesta de resolución en sentido estimatorio por una cuantía de 1.997,46 euros, por entender que la relación causal entre los daños producidos y el funcionamiento de la Administración es indubitada a la luz del artículo 51 de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha, y el artículo 59 del Reglamento que la desarrolla, pues para los refugios de caza se establece un sistema de aprovechamiento que atribuye a la Administración Regional la competencia para regular la actividad cinegética, mediante la aprobación de los correspondientes planes técnicos, siendo además según dispone el artículo 17 de la Ley, responsables de los daños causados los titulares cinegéticos. Para determinar la cuantía, señala el instructor que se ha estado a la suma de las facturas aportadas por el reclamante, pero no al informe técnico que hace referencia a unas producciones futuras de los olivos afectados, que no dejan de ser meras expectativas, por tal motivo en la valoración de los daños, únicamente se tienen en cuenta las facturas que el reclamante aportó. Remitido el expediente al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, éste resolvió la devolución del expediente por graves defectos en la instrucción que le impedían pronunciarse con objetividad sobre la cuantificación del daño, por lo que se instaba a la Consejería solicitante el completo pronunciamiento de la instrucción sobre las cuantías indemnizatorias apoyándose en el informe técnico correspondiente. Este nuevo informe es emitido el día 3 de junio de 2008 y en él se recoge básicamente la confirmación del informe emitido con anterioridad. A resultas del mismo, el instructor del expediente realiza una nueva propuesta de valoración de daños el día 28 de julio de 2008, en el que se aceptan nuevos elementos resarcibles, elevando la indemnización propuesta a 8.179,17 euros. EXTRACTO DE LA DOCTRINA -Entrando a analizar los elementos configuradores de la responsabilidad patrimonial, se debe principiar por los daños alegados por el reclamante, consecuencia de la acción de los conejos sobre los troncos de los olivos, pues al ser roídos en profundidad se secan produciendo la muerte de la planta. En concreto, de los más cercanos al embalse del Jabalón, 2

3 106 se han perdido y otros 92 han rebrotado, lo que le va a suponer una grave ralentización en su fase de crecimiento y desarrollo productivo. Estos daños son tenidos por efectivos por la Administración, que en primer lugar instala una malla conejera para proteger los arbequinos de la acción de los roedores y posteriormente trata de llegar a una terminación convencional del procedimiento abonando la cantidad de 1997,4 euros al reclamante, tal y como recoge el Jefe de Sección de espacios naturales protegidos en su informe al instructor del procedimiento. Tenido por cierto el daño en los árboles, es evidente que el daño principal (muerte del árbol) apareja un daño derivado que es el afectar a la finalidad para la que los mismos fueron plantados y cuidados, que no es otra que la de producir aceituna para su comercialización y venta. No se está tratando en este supuesto concreto de árboles plantados con una finalidad de ornato, en cuyo caso los perjuicios económicos se limitarían al coste de arranque y nueva plantación, incluyendo en su caso un hipotético daño moral, sino que se refiere el daño en una plantación productiva de más de arbequinos con finalidades obvia y lícitamente lucrativas. Por tanto, una vez admitido como efectivo el daño en los árboles por la Administración, no se entendería que se rechazase el daño consiguiente que apareja, que es la pérdida de las cosechas que los olivos arrojarían durante los años sucesivos, pues la segunda es consecuencia directa e indisolublemente unida a la primera por las mismas leyes de la naturaleza. Como más tarde se dirá en la cuantificación económica, cosa distinta es determinar el precio de años sucesivos. Una vez admitido el daño como real y efectivo, evaluable además económicamente, hay que examinar a continuación la relación de causalidad que se erige en elemento fundamental para basar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al ligar de manera directa y eficiente su funcionamiento con los daños sufridos por particulares. En este caso concreto, los animales proceden del Refugio de Fauna del Valle del Jabalón, por lo que hay que tener en cuenta su régimen jurídico establecido en el artículo 47 de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha y en su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 141/1996, de 9 de diciembre que, a tal efecto, señala en su artículo 55 que son terrenos sometidos a un régimen cinegético especial los refugios de fauna. En dichos refugios los derechos y obligaciones en relación con la actividad cinegética corresponden a sus titulares y como señala el artículo 59 en el decreto de declaración se determinarán las condiciones que han de regir el funcionamiento del refugio y se asignará la titularidad del mismo conforme a la propuesta que realice la Consejería. En este supuesto, dicho refugio fue creado por Decreto autonómico 56/1998, de 9 de junio, que declara Refugios de Fauna los embalses de Gasset, el Vicario, la Vega del Jabalón, Puerto de Vallehermoso y La Cabezuela en Ciudad Real y ya en su artículo 2 dispone: Encomendar la administración de estos Refugios de Fauna, a la Dirección General del Medio Ambiente Natural de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que dispondrá los créditos precisos para atender los trabajos de conservación y restauración del hábitat de las especies que lo pueblan. Teniendo por cierta la gestión autonómica del aprovechamiento cinegético de dicho refugio, ya que por aplicación del artículo 51.4 de la Ley de Caza En los refugios de fauna el ejercicio de la caza estará prohibido con carácter permanente. No obstante, cuando 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha existan razones de orden biológico, técnico o científico que aconsejen la captura o reducción de piezas cinegéticas, la Consejería de Agricultura podrá conceder la oportuna autorización fijando las condiciones aplicables en cada caso, se presenta como necesaria la aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, que en el artículo 17 dispone: Los titulares cinegéticos serán responsables de los daños causados en las explotaciones agrarias por las piezas de caza que procedan de sus acotados. Subsidiariamente serán responsables los propietarios de los terrenos que conforman el coto. Así lo amplía posteriormente el Decreto que contiene el Reglamento de desarrollo de la Ley, 141/1996, de 9 de diciembre que particulariza para los refugios de caza, que se estará a lo dispuesto en su norma de creación y en su defecto, por lo dispuesto en la legislación civil ordinaria. Así pues, de lo expuesto se deduce la relación directa del funcionar de la Administración con los daños producidos, relación además exclusiva, pues aun cuando el Jefe de Sección de Espacios Naturales Protegidos alude a la posibilidad de que los conejos procedan también de otras zonas colindantes, no realiza un esfuerzo probatorio en determinar cuáles puedan ser esas zonas y en qué proporción contribuyen a incrementar el número de conejos que roen los olivos. Por tanto, se debe considerar como un alegato carente de fundamento para modular la relación causal que existe entre la gestión y administración del Refugio de Fauna Valle del Jabalón (pues de su inactividad deriva la sobrepoblación de conejos y la ausencia de medidas para evitarla) y los daños producidos en los olivares cercanos. -La cuestión realmente debatida en este expediente se centraba en la indemnización procedente. La Administración Autonómica se limita a reconocer como efectivos, y por tanto evaluables, aquellos gastos que aparecen recogidos en facturas, a los que luego suma, en base al principio de la restitutio in integrum como señala el instructor, los gastos futuros de los de formación de los olivos, en los que se irá incurriendo de forma acompasada al desarrollo del árbol, sumando un total de 8.179,17 euros y rechazando las cuantías solicitadas que tenían por objeto resarcir al reclamante de las cosechas que dejará de percibir por los árboles dañados. La Administración niega, sin embargo, la pertinencia de la indemnización comprensiva de las rentas que se dejan de obtener por la falta de cosecha en los árboles que han sido objeto de arranque y los rebrotados, pues el mismo está valorando unas producciones futuras de los olivos afectados, que no dejan de ser meras expectativas, [...]. Nos recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 30 de octubre de 2000 ( RJCA 2001\264) que es: [...] doctrina consolidada de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, a partir de la Sentencia de 2 de julio de 1994 (RJ 1994,6673), la que establece que la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos, que hayan sido alegados y probados por el perjudicado hasta conseguir la reparación integral de los mismos, la cual incluirá los posibles intereses económicos o directamente valuables, como el daño emergente o el lucro cesante, art CC. En este caso, resulta innegable que del natural ciclo de la naturaleza, las cosechas, son la consecuencia natural del cultivo de la tierra y que, por tanto, sin la actividad o inactividad de la Administración se ha producido una sobrepoblación de roedores, en forma de conejos, que han malogrado plantas del reclamante. La indemnización no sólo ha de cubrir los gastos para replantar los árboles arrancados y recalzar los dañados, sino que debe comprender el lucro cesante. 4

5 Sentada, por tanto, la procedencia de indemnizar éste, cabe discutir su valoración. A estos efectos, y por inactividad de la Administración a pesar de haberse devuelto por el Consejo este expediente, no contamos con otra estimación que la efectuada, a instancia de parte, por perito agrícola, en informe adjuntado en el expediente hasta tres veces. Por tanto, y siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, a ésta se debe sujetar el parecer de este Consejo, pues, como se señala en la Sentencia de 18 de abril de 2007 en un supuesto similar de daños a cultivos colindantes a un Parque Nacional, sin que haya informe valorativo de funcionario público, el parecer del Supremo se ajusta a la pericial encargada por el reclamante. Así señala: Por lo que se refiere a los daños [...] están perfectamente acreditados por la manifestación que de los mismos hace la parte actora, [...], sin que por la Administración demandada se hayan contradicho los daños, pues en la documentación obrante en el expediente se reconoce que los daños se causaron por los ánsares, sin que se haya practicado valoración por parte de la Administración, en la que de forma especificada, detallada y separada, se atribuyera el importe de los daños causados por las aves y el importe de daños originados por otras causas, como se indicaba en las primeras actuaciones de la Administración. Por ello, ha de aceptarse la valoración de la parte actora, en la medida en que por la Administración no se ha acreditado diferente valoración, por lo que el daño está acreditado, en tanto que fue efectivo, individual y evaluado económicamente. En este procedimiento, el reclamante ha realizado diligentemente todas las actuaciones a él exigibles para lograr el resarcimiento de los daños. Pero en cualquier caso, este Consejo, como ha ocurrido en anteriores resoluciones (12/2007, de 25 de enero) ha de extraer del mismo aquellos datos referidos exclusivamente a la cuantificación del lucro cesante, no siendo posible sumar las estimaciones de cosechas futuras o frutos industriales, sino mas bien aquella cantidad resultante de restar a los rendimientos dejados de percibir, los gastos que se comprometerían para conseguirlos. Así pues, a la cuantía de 8.179,17 euros reconocida por la Administración, habría que añadir el lucro cesante en los términos referidos por este Consejo no siendo posible admitir sin más lo solicitado por la parte de sumar el total de la valoración media de la cosecha dejada de percibir. DICTAMEN Que existiendo relación de causalidad entre la actividad desplegada por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y los daños causados por la población de conejos existente en la zona limítrofe al embalse del río Jabalón a la plantación de olivos propiedad de D. X, procede dictar resolución estimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 5

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