Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Transcripción

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA. RECOMENDACIÓN M-01/2017 SOBRE CENTROS DE RECLUSIÓN PENAL QUE DEPENDEN DEL GOBIERNO DEL ESTADO TAMAULIPAS. Ciudad de México, a 17 de abril de 2017 MTRO. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. Distinguido señor Gobernador: 1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 102, apartado B, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracciones VII, XI, XII, XIII y XVI, 15, fracción VII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 61, segundo párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y 3, 17,18, 19 y 20 del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, en octubre de 2015, nueve visitadores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Mecanismo Nacional), en compañía de servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, realizaron visitas a 30 lugares de detención e internamiento, entre los cuales se encuentran los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa. 2. El Mecanismo Nacional tiene como atribución primordial la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a través de la realización de visitas periódicas a lugares de detención, la cual se desarrolla desde un enfoque analítico, a partir de constatar in situ, las causas y factores de riesgo que pudieran generarlos y, en consecuencia, identificar las medidas indispensables para prevenirlos y mejorar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad, consecuentemente, y de conformidad con el referido Protocolo Facultativo que le da origen, surge la facultad de emitir recomendaciones puntuales por parte del Mecanismo Nacional, sobre las situaciones más apremiantes observadas con base en las visitas iniciales y de seguimiento señaladas en los informes realizados al respecto. 1/17

2 3. Como resultado de las visitas iniciales, efectuadas en octubre de 2015, se elaboró el Informe 1/2016 del Mecanismo Nacional sobre lugares de detención e internamiento que dependen del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el que se propusieron medidas para mejorar el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, y prevenir cualquier acto que pudiese constituir tortura o maltrato. 4. El citado informe fue enviado al anterior Gobernador, a quien se le hizo de su conocimiento de manera pormenorizada las situaciones de riesgo de tortura y maltrato detectadas durante las visitas, algunas de las cuales derivan en violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como las carencias en materia de alimentación, las deficiencias materiales de las instalaciones que los alojan, con especial atención a las condiciones de las mujeres y sus hijos menores de edad que viven con ellas, que no garantizan una estancia digna; la sobrepoblación que genera condiciones de hacinamiento, el autogobierno derivado de la falta de control por parte de las autoridades penitenciarias, e insuficiente personal de seguridad, vigilancia y custodia. 5. Para dar seguimiento a las observaciones señaladas en el informe referido, personal del Mecanismo Nacional mantuvo comunicación, vía telefónica y correo electrónico con la Secretaría General de Gobierno, a fin de valorar las medidas pertinentes para prevenir actos de autoridad que vulneran la integridad de las personas privadas de la libertad, y para dignificar el trato y las condiciones en los centros de reclusión, los cuales se encuentran bajo la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 6. Con la finalidad de verificar las acciones reportadas por la autoridad para la atención de las situaciones señaladas en el informe inicial, antes referido, durante octubre de 2016, un grupo conformado por nueve visitadores del Mecanismo Nacional y servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, llevó a cabo una visita de seguimiento a los 2/17

3 30 lugares de detención e internamiento, entre ellos los cuatro centros de ejecución de penas. 7. Mediante el informe de seguimiento del 31 de enero de 2017, fueron hechas del conocimiento nuevamente al Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de su Secretaría General de Gobierno, las situaciones que no fueron atendidas y requieren atención inmediata. 8. Durante estas visitas de seguimiento se constató que en los cuatro CEDES diversas áreas continúan en malas condiciones de mantenimiento e higiene, no obstante la obligación del Estado de garantizar un nivel mínimo de bienestar respecto a las condiciones de alojamiento con las que deben contar las instituciones donde se detiene legalmente a las personas privadas de la libertad. 9. Adicionalmente, en el establecimiento de Altamira, se observaron espacios en desuso debido a su deterioro; en el área varonil y de protección existen celdas sin lavabo ni agua corriente en los inodoros, aunado a que en esta última algunas estancias no tienen planchas para dormir, las regaderas no funcionan y presenta grietas en paredes y techos. 10. En el área varonil del CEDES de Matamoros, el 50% de las celdas carece de colchonetas, lavabos, regaderas y agua corriente en el inodoro; la iluminación artificial es deficiente; los techos y paredes se encuentran en malas condiciones, y se observaron instalaciones eléctricas improvisadas, lo que genera riesgo de incendio. En el área femenil, algunas celdas carecen de lavabo, regadera y agua corriente en el inodoro; las paredes se encuentran en malas condiciones y existen filtraciones de agua en los techos. En el centro de observación y clasificación, algunos inodoros carecen de agua corriente y el drenaje está obstruido; presenta filtraciones en techos y paredes. En la cocina, las paredes, techos y refrigeradores se encuentran en mal estado. 11. En el CEDES de Reynosa, en el área varonil, las celdas carecen de regaderas y suministro de agua; existe humedad y filtraciones en paredes y 3/17

4 techos; la ventilación e iluminación son deficientes. En el área de visita íntima, las estancias no tienen lavabo, regadera y agua corriente en el inodoro; los colchones, las instalaciones hidráulicas y eléctricas están muy deterioradas. El centro de observación y clasificación carece de regaderas y suministro de agua. En la cocina, las paredes, techo, peroles y refrigeradores se encuentran en mal estado. Además, el suministro de agua es deficiente y existen instalaciones eléctricas improvisadas, lo que genera el riesgo de incendio. 12. En el CEDES de Ciudad Victoria, los dormitorios varoniles y femeniles carecen de lavabos, regaderas y agua corriente, y el área de ingreso no tiene lavabos ni ventilación. También se observaron filtraciones y humedad en techos y paredes, así como fugas en los inodoros. En la cocina, las ollas y utensilios para la elaboración de la comida se encuentran en mal estado. 13. En los CEDES de Altamira y Matamoros, los alimentos suministrados a los internos son insuficientes para satisfacer sus necesidades, mientras que en el de Ciudad Victoria son de mala calidad, a pesar de que ello constituye una de las obligaciones básicas de las autoridades responsables de su custodia. 14. Los CEDES de Reynosa y Ciudad Victoria, presentan sobrepoblación y condiciones de hacinamiento, esto último también se observó en el de Matamoros, situación que afecta la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, condiciones que menoscaban el respeto a la dignidad humana y constituyen una forma de maltrato, debido a que el espacio vital y los servicios son insuficientes, lo que también agudiza los conflictos interpersonales que pueden derivar en riñas y otros eventos violentos. 15. En cuanto a las instalaciones para las mujeres privadas de la libertad, este Mecanismo Nacional detectó que dado que los centros fueron construidos para población masculina, las autoridades han habilitado lugares originalmente destinados a otro propósito, para que sean utilizadas por las mujeres con espacios reducidos, menos áreas y escaso personal; específicamente, en el CEDES de Altamira no cuentan con áreas de ingreso, médica, protección, 4/17

5 locutorios, biblioteca, talleres, visita íntima y cocina; el de Matamoros, carece de locutorios, talleres, visita familiar y cocina; en Reynosa, no existen instalaciones para el ingreso, servicio médico, protección, locutorios, biblioteca, talleres, actividades deportivas, visita familiar y cocina, mientras que en el de Ciudad Victoria no hay áreas de ingreso, médica, locutorios, aulas, talleres y cocina. 16. Por otra parte, en los CEDES de Altamira, Matamoros y Ciudad Victoria, se observó que existen grupos de poder que ejercen control sobre otros reclusos, además de realizar diversas actividades propias de las autoridades en estos establecimientos; los internos refirieron la presencia de cobros por protección, asignación de estancia, acceso a la visita familiar, uso de estancias de visita íntima, locutorios y teléfono, participación en actividades laborales, para no cumplir una sanción disciplinaria, posesión de artículos electrónicos y el establecimiento de tiendas de abarrotes e incluso por la ocupación de cabañas (estancias construidas por los propios internos). En el CEDES de Reynosa, se observó la presencia de tiendas y otros negocios controlados por internos. 17. El autogobierno, favorece toda clase de abusos de los grupos de poder que ejercen el control de los establecimientos, lo que genera un ambiente de violencia al interior de los centros, la extorsión, el tráfico de sustancias prohibidas y el cobro por privilegios y tratos especiales para algunos internos. Los cobros, propician corrupción en la que pueden participar internos y servidores públicos para obtener beneficios económicos a costa de las necesidades de los demás reclusos. 18. En los cuatro CEDES visitados, servidores públicos informaron que el personal de seguridad, vigilancia y custodia adscrito es insuficiente, lo que resulta especialmente preocupante, pues su presencia es indispensable para mantener el orden y la disciplina, así como garantizar y resguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad, de quienes laboran en el establecimiento y de los visitantes, situación que se agrava por la falta de 5/17

6 programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o de eventos violentos, tales como riñas, motines o fugas. 19. En los cuatro CEDES, se imponen sanciones disciplinarias de hasta 30 días en condiciones de aislamiento y sin atención de las áreas técnicas. Además, en los centros de Altamira y Ciudad Victoria los correctivos no se notifican por escrito e incluyen la restricción de las visitas, esto último también sucede en Matamoros, mientras que en el de Ciudad Victoria no se respeta el derecho de audiencia. 20. Con relación a los servicios médicos, en el CEDES de Altamira, persiste la falta de servicios de ginecología y pediatría para las internas e hijos que viven en el centro; el suministro de medicamentos es insuficiente, incluido el tratamiento farmacológico para internos con discapacidad psicosocial, y el personal médico no visita a los sancionados para verificar su estado de salud. 21. El CEDES de Matamoros, carece de personal médico para cubrir los fines de semana, así como de enfermería para el turno nocturno; el material de curación es insuficiente; no se integran expedientes clínicos de la población interna; el personal médico no visita a los internos sancionados para verificar su estado de salud y únicamente realiza certificaciones de integridad física a los internos sancionados cuando presentan lesiones. 22. En el CEDES de Reynosa, no hay personal médico para cubrir el turno nocturno y vacaciones, tampoco cuentan con personal de enfermería ni servicio de psiquiatría; el suministro de medicamentos es insuficiente; el personal médico no visita a los internos sancionados ni sujetos de protección para verificar su estado de salud. 23. El CEDES de Ciudad Victoria, sólo tiene un médico general, por lo que los internos con discapacidad psicosocial no reciben atención psiquiátrica; el suministro de medicamentos es insuficiente; las certificaciones de integridad 6/17

7 física a los internos sancionados no se realizan en todos los casos y la mayoría de la población interna no tiene integrado un expediente clínico. 24. De la descripción de los hechos y condiciones encontrados en las vistas inicial y de seguimiento, se observó que no se cumple con las normas internacionales sobre la estancia digna, previstas en los numerales 13, 14, 15, 16, 17 y 21 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela), relativas a las características esenciales que los lugares de detención deben reunir respecto de la higiene, ventilación, instalaciones sanitarias, planchas para dormir, iluminación natural y artificial, así como la exigencia para disponer de agua tanto para el consumo humano como para el aseo personal, y en el artículo 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que refiere que: Las condiciones de internamiento deben garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad, ya que cuando el Estado priva a una persona de la libertad está obligado a tratarla humanamente y con absoluto respeto a su dignidad. 25. En cuanto a las limitaciones en el suministro de agua corriente, el artículo 4, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y el principio XII, numeral 2, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobados por la CIDH, señala que las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, así como al agua para su aseo personal. 26. Por lo que hace a la alimentación, no se cumple con lo previsto en los artículos 4º, párrafo tercero, constitucional; 9, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el principio XI, punto 1, de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, y en el numeral 22 de las de las Reglas Mandela, que establecen el derecho de las 7/17

8 personas privadas de libertad a recibir en horarios regulares, una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente. 27. La situación de sobrepoblación y hacinamiento, es contraria al numeral XVII, segundo párrafo, de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, el cual señala que la ocupación de centros por encima del número de plazas establecido debe ser considerada como una pena o trato, inhumano o degradante cuando con ello se vulneren los derechos humanos. 28. La insuficiencia de áreas de internamiento para las mujeres, contraviene los artículos 1º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la regla 1 de las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok, los cuales establecen el derecho de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres. Tales carencias y condiciones también afectan a los menores de edad que viven con sus madres en el CEDES de Altamira, por lo que contravienen el interés superior de la niñez, consagrado en los artículos 4, párrafo noveno, constitucional y 3, punto 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. 29. La presencia de cobros derivados de la falta de gobernabilidad, vulnera el artículo 19, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, mientras que las carencias de personal de seguridad, vigilancia y custodia tampoco se ajustan a lo establecido en el principio XX de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las américas, el cual recomienda que los 8/17

9 lugares de privación de libertad dispongan de personal calificado y suficiente en esa materia. 30. Adicionalmente, para prevenir y combatir la violencia y las situaciones de emergencia en los centros de reclusión, el numeral XXIII, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la CIDH, establece diversas medidas acordes al derecho internacional de los Derechos Humanos, entre los cuales se encuentra el establecimiento de patrones de vigilancia continua; evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos por la ley, a través de registros e inspecciones periódicas; la utilización de medios tecnológicos u otros métodos apropiados, incluyendo la requisa al propio personal; mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis o emergencias; la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos, así como evitar y combatir todo tipo de abusos de autoridad y actos de corrupción. 31. Respecto de las irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, de conformidad con el artículo 42 y 59, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; las reglas 23, numeral 1; 36, 37, 39, párrafo 1, 43, numeral 1, inciso b); 44 y 45, numeral 1, de la Reglas Mandela, todo recluso que no desempeñe un trabajo al aire libre debe disponer de al menos una hora al día de ejercicio físico adecuado al aire libre; la disciplina y el orden se mantendrán sin imponer más restricciones de las necesarias para garantizar la custodia segura, el funcionamiento seguro del establecimiento penitenciario y la buena organización de la vida en común; los reclusos deben ser sancionados conforme a la ley o el reglamento correspondiente, y a los principios de equidad y de respeto de las garantías procesales; están prohibidas las sanciones de aislamiento durante un período superior a 15 días consecutivos; el aislamiento sólo se debe aplicar en casos excepcionales, como último recurso, durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente. 9/17

10 32. En ese orden de ideas, la Recomendación General No. 22 sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República Mexicana, emitida por este Organismo Nacional el 13 de octubre de 2015, señala que la medida disciplinaria se notifique formalmente al infractor, se regule la figura del aislamiento como sanción, siempre y cuando se hayan agotado otras que resulten menos lesivas para las personas privadas de la libertad, y en su caso, tenga una duración máxima de 15 días, por lo que deben prohibirse los correctivos consistentes en el aislamiento prolongado. 33. Las situaciones relacionadas con la prestación del servicio médico, impiden que se garantice el derecho a la protección de la salud consagrado en los artículos 4, párrafos cuarto y noveno, y 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 13, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 34, fracción VII, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas. Asimismo, los artículos 12, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, así como 24, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 34. Por su parte, la regla 25 de las Reglas Mandela, recomiendan que todo establecimiento penitenciario cuente con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, el cual constará de un equipo interdisciplinario con suficiente personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes conocimientos especializados en psicología y psiquiatría. 35. El derecho de las mujeres privadas de la libertad a recibir atención médica especializada se encuentra previsto el artículo 100 del Reglamento de la Ley 10/17

11 General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; las reglas 10.1, 18, 38 y 39 de las Reglas de Bangkok ; numeral 28 de las Reglas Mandela, así como el principio X, párrafo cuarto, de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las américas ; mientras que en el caso de los niños que viven con sus madres internas, el artículo 61 de la Ley General de Salud prevé la atención y vigilancia de su crecimiento, desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, y su salud visual; y el numeral 51, párrafo 1, de las Reglas de Bangkok, consagra el derecho de estas personas a disponer de servicios permanentes de atención de salud, así como a la supervisión de su desarrollo por especialistas, en colaboración con los servicios de la comunidad en la materia. 36. En el caso de los internos sancionados, la regla 46 de las Reglas Mandela recomienda que el personal médico los visite diariamente para proporcionarles con prontitud la atención y tratamiento que éstos o el personal penitenciario le soliciten; que comunique al director del establecimiento, sin dilación, todo efecto desfavorable en la salud del recluso de las sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas que se le hayan impuesto, y le haga saber si considera necesario que se interrumpan o modifiquen por razones de salud física o mental. Es por ello relevante la práctica del examen previo a la aplicación de un correctivo disciplinario de aislamiento. 37. En relación con la normatividad, a partir del 17 de junio de 2016 se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece las normas de observancia general tanto en el ámbito Federal como en las entidades federativas, durante la prisión preventiva, la ejecución de penas y las medidas de seguridad, así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y los medios para lograr la reinserción social. 11/17

12 38. Es pertinente recordar que la referida ley establece en el artículo Tercero transitorio que a partir de su entrada en vigor se derogan todas las disposiciones normativas que la contravengan, de ahí la conveniencia de llamar la atención sobre la necesidad de revisar el marco normativo aplicable a los establecimientos que nos ocupan, en particular el que debe regir el funcionamiento de los CEDES del Estado de Tamaulipas, toda vez que de la información proporcionada por la autoridad se advierte que continúan aplicando disposiciones anteriores a ésta, siendo necesario actualizarlas y adecuarlas a los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como a los más altos estándares contenidos en los instrumentos en materia de protección a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como por ejemplo las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok. 39. Por lo anterior y con el objeto de cumplir con la responsabilidad que tiene el Mecanismo Nacional de hacer recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad, establecida en el artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se formulan al Gobierno del Estado de Tamaulipas, en cuanto a los rubros antes descritos, las siguientes: RECOMENDACIONES a) Instalaciones apropiadas. Realizar de inmediato una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de los CEDES para planear y programar a corto, mediano y largo plazo, la asignación de los recursos suficientes para que las instalaciones reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene que permitan a las personas privadas de la libertad una estancia digna, particularmente que cuenten con 12/17

13 planchas suficientes para dormir y colchonetas; iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias en adecuadas condiciones de funcionamiento que permitan privacidad y suministro de agua para satisfacer requerimientos individuales mínimos, informando de manera bimestral sobre el avance de las gestiones que permitan en el tiempo más breve cumplimentar este punto recomendatorio. b) Alimentación adecuada. Realizar de inmediato las acciones pertinentes para garantizar que todas las personas privadas de la libertad en los CEDES reciban tres veces al día y en horario establecido, alimentos cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud, poniendo atención en su calidad e higiene. Verificar el presupuesto asignado para ese rubro y, en su caso, realizar las gestiones administrativas conducentes para solicitar un aumento razonable. La información sobre las acciones y los avances alcanzados deberán informarse en un plazo máximo de un mes. c) Sobrepoblación y hacinamiento. Girar instrucciones para que de inmediato se procure una adecuada distribución que atienda a la clasificación y separación de los internos que marca la Ley y se eviten áreas que sobrepasen su capacidad. Realizar los trámites necesarios ante el Juez de Ejecución, a efecto de proponer los casos que reúnan los requisitos legales para el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, así como los casos de traslados voluntarios. Esta Recomendación debe ser atendida o mostrar avances en un plazo de 6 meses, informando trimestralmente al respecto. 13/17

14 d) Instalaciones para mujeres. Prever los recursos presupuestarios para la construcción de un centro femenil en el Estado, que reúna las condiciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en las Reglas de Bangkok y la Convención sobre los Derechos del Niño. Para ello, se deben realizar de inmediato las gestiones pertinentes para la elaboración de un proyecto que permita evaluar los costos y el tiempo de construcción, e informar trimestralmente sobre el estado de los avances. e) Autogobierno. Realizar de inmediato una evaluación de las necesidades en materia de personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para garantizar la tranquilidad, la disciplina el orden y la gobernabilidad de los centros de reclusión, para que la autoridad penitenciaria ejerza las funciones que legalmente le corresponden e imposibilite que los internos participen en ellas, y para evitar cualquier clase de abuso contra la población recluida, los cobros ilegales y forzados y la existencia de privilegios de cualquier naturaleza. Además de tomar en cuenta los requerimientos de personal femenino para la custodia de las mujeres privadas de la libertad. Con el resultado de la evaluación, gestionar ante las instancias correspondientes, la contratación del personal con el perfil adecuado, con competencias profesionales de acuerdo a los fines del Sistema Penitenciario, de conformidad con las observaciones y recomendaciones contenidas en el pronunciamiento denominado Perfil del Personal Penitenciario en la República Mexicana, emitido por esta Comisión Nacional en Los avances sobre el cumplimiento de esta recomendación deben ser informados en forma bimestral. 14/17

15 f) Prevención y atención de la violencia Implementar programas o medidas acordes al derecho internacional de los Derechos Humanos para prevenir y atender oportunamente situaciones de emergencia o eventos violentos en los CEDES, tales como riñas, motines o fugas. Esta Recomendación debe ser atendida en un plazo de 6 meses, informando trimestralmente al respecto. g) Imposición de sanciones disciplinarias. Girar instrucciones para que en los CEDES, las sanciones disciplinarias sean impuestas conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y con base en la Recomendación General No. 22 sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República Mexicana, emitida por este Organismo Nacional el 13 de octubre de 2015; particularmente, con respeto al derecho de audiencia y notificación formal al infractor; el aislamiento como sanción deberá tener una duración máxima de 15 días, por lo que deben prohibirse los correctivos consistentes en el aislamiento prolongado, así como la restricción total de la visita familiar y de atención de las áreas técnicas. La información sobre el cumplimiento de esta recomendación deberá enviarse en un plazo máximo de un mes. h) Servicio médico. Realizar las gestiones correspondientes para que a la brevedad posible, cuenten con los servicios de personal médico suficiente, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para brindar a las personas privadas de la libertad una atención médica adecuada; particularmente para que las mujeres privadas de la libertad y sus hijos que viven con ellas, así como los internos con discapacidad psicosocial reciban atención médica especializada; asimismo, para que tengan acceso a los servicios de una ambulancia para 15/17

16 realizar los traslados de los internos que requieran atención médica hospitalaria. Para ello, es necesario realizar de inmediato un proyecto que permita evaluar los costos y el tiempo de contratación y suministro de medicamentos, e informar bimestralmente sobre los avances. i) Normatividad. En virtud de que el artículo Tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, derogó todas las disposiciones normativas que la contravienen, es necesario actualizar o emitir un reglamento para los centros de ejecución de sanciones del Estado de Tamaulipas, de conformidad con la normatividad vigente, en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto. Los avances sobre el cumplimiento de esta recomendación también deben ser informados en forma trimestral. No se omite señalar que el artículo Quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que, a su entrada en vigor, en aquellos lugares donde se determine su inicio, se deberá contar con las disposiciones administrativas de carácter general correspondientes. 40. Los plazos mencionados para el envío a este Mecanismo Nacional de la información documental que considere pertinente sobre las acciones realizadas para atender las recomendaciones formuladas, los alcances y las gestiones que, en su caso, se hagan ante las autoridades competentes, empezarán a correr a partir del día siguiente a la fecha de notificación del presente documento. 41. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicita que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, sea informada dentro de los 16/17

17 quince días hábiles siguientes a su notificación. De no hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no fue aceptada. 42. Comunico a usted que este Mecanismo Nacional estará pendiente de la atención que ese Gobierno Estatal, particularmente la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de implementar, dirigir y ejecutar los programas de reinserción social de los infractores de la ley penal y administrar los Centros de Ejecución de Sanciones, según el artículo 13, fracción XXV, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, cumpla con las recomendaciones formuladas, en los tiempos señalados para ello, por lo que de acuerdo con la información que se reciba realizará visitas de seguimiento para verificar los avances correspondientes. 43. Por todo lo expuesto, le solicito la designación de un servidor público con capacidad de decisión para entablar un diálogo permanente con personal del Mecanismo Nacional, a fin de que a través de él sea remitida la información relacionada con el cumplimiento oportuno de las recomendaciones formuladas y sean coordinadas las referidas visitas de seguimiento. EL PRESIDENTE LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ 17/17