PODER LEGISLATIVO DE B.C.S. XIV LEGISLATURA. DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO.

Transcripción

1 DIP. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. P R E S E N T E. HONORABLE ASAMBLEA: DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, RELATIVO A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO VENUSTIANO PÉREZ SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 218 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES ANTECENDENTES Y CONSIDERANDOS. ANTECEDENTES 1

2 I.- En Sesión pública Ordinaria de fecha 27 de junio de 2017, presentó la iniciativa que el epígrafe se indica, misma que fue turnada el 28 de Junio de 2017 a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para el estudio, análisis y emisión del dictamen correspondiente. II.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, 114 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de Baja California Sur, en referencia a la iniciativa turnada a estas Comisiones, nos permitimos emitir el presente Dictamen de conformidad a los siguientes: C O N S I D E R A N D OS PRIMERO.- La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 fracciones I; 55 fracción I, inciso c) y demás relativos de la Ley Reglamentaria de Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, es competente para conocer y dictaminar las iniciativas en referencia. SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 57 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, 101 fracción II de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, los Diputados tienen la facultad de iniciar 2

3 leyes, decretos, reformas y adiciones ante esta Asamblea Popular. TERCERO.- El propósito de la iniciativa es para que en el Titulo Decimo Primero, de los Delitos contra la paz de las personas y la inviolabilidad de su domicilio, en la denominación del Capítulo Primero que actualmente se refiere al delito de Amenazas sea adicionada la cobranza Extrajudicial Ilegal, así mismo se adicione un artículo 218 Bis, a efecto de tipificar como delito a la cobranza extrajudicial ilegal que realizan los despachos de cobranza, tiendas departamentales o cualquier otra empresa. CUARTO.- Argumenta el iniciador que el artículo 17 constitucional, establece en sus párrafos primero y segundo que Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 3

4 Que existen conductas y hechos que transgreden esta norma constitucional y que inclusive constituyen violaciones a los derechos humanos protegidos por la Constitución y diversos Tratados Internacionales. Una de esas conductas es la cobranza extrajudicial que se hace de manera ilegal por empleados, trabajadores y representantes de despachos de cobranza contratados por personas físicas o morales dedicadas al otorgamiento de crédito y financiamiento, en donde algunas ocasiones, para el cobro de los saldos vencidos se hace uso de medios ilícitos e ilegítimos, del engaño, la violencia, el hostigamiento y la intimidación con actitudes amenazantes y en muchas ocasiones con la utilización de documentación y sellos falsos, y también usurpando funciones públicas o de profesión. La iniciativa, surge a petición de la gente en las colonias y comunidades del Estado, que se queja de los despachos de cobranza contratados por tiendas departamentales y entidades de crédito, que muchas de las veces, se realizan de manera telefónica, llamando a deshoras de la noche o envían escritos amenazantes haciéndose pasar autoridades facultades para dichos cobros, lo cual no es cierto, ya que la única forma para poder reclamar un saldo vencido a algún 4

5 ciudadano es a través de juicios mercantiles impuestos en tribunales civiles competentes. Esta situación no solo la padecen quienes tienen algún saldo vencido, sino también por quienes están ligados por algún vínculo familiar, afectivo, o que fungen como referencia o aval del deudor. Señala el iniciador que, para el pleno desarrollo de la economía sudcaliforniana, es indispensable que las personas, empresas, tiendas departamentales, e instituciones crediticias, cuenten con un amplio grado de certeza respecto a su derecho para cobrar las deudas que con ellos contraigan otras personas, empresas o instituciones. Que sin embargo la protección al derecho a la vida privada está reconocido en Declaraciones y Tratados de Derechos Humanos, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que determina: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques." 5

6 Igualmente en similares términos se expresan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11, que establece la obligación de los Estados Parte de Protección de la Honra y de la Dignidad de las personas y que como representantes populares, no podemos mantenernos al margen de esta violación a los derechos de muchos sudcalifornianos que se encuentren en esta situación. QUINTO.- La Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de justicia, una vez analizada la iniciativa de cuenta la considera procedente en cuanto a que la cobranza extrajudicial ilegal sea considerada como delito, en razón a que se debe tender de forma obligatoria lo establecido en el artículo 17 de nuestro máximo ordenamiento jurídico que como ya se ha determinado Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Por ello el realizar prácticas de cobro obligatorio, de forma amenazante o intimidatorio previo al vencimiento de este o con posterioridad a ello, debe considerarse como un delito, pues al momento de 6

7 pactarse una deuda con la empresa o tienda departamental, se pactó un acuerdo de voluntades entre las partes para las fechas de pago, montos e intereses en su caso, así como los cobros de los acreedores, ello no implica que el deudor no deba pagar una deuda, sino que los medios intimidatorios empleados para exigirlo por los despachos de cobranza o los acreedores no son los apropiados ni legalmente procedentes, pues de hacerlo así, se estaría generando agresión y presión, y en su caso debe hacerse por la vía judicial con los elementos suficientes para ejercer un derecho y así garantizar el acuerdo y derecho entre las partes. Por otra parte al hacer el cobro extrajudicial ilegal y haciendo uso de información privada, se vulnera el derecho fundamental de privacidad de las personas deudoras, tal y como lo determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en este se refiere a los rasgos característicos de la noción de lo privado en relación con lo que no constituye vida pública y a un ámbito reservado frente a la acción y conocimiento de los demás. En ese sentido, la utilización de la información privada de los deudores para hostigarles o intimidarles con base en un adeudo, puede vulnerar también su derecho fundamental a la privacidad. En la tesitura de salvaguardar el estado de derecho que refiere el artículo 17 Constitucional, resulta 7

8 necesario resaltar lo determinado en el artículo 16 Constitucional, en sus párrafos primero y segundo: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros". De ahí que en apego a este derecho Constitucional es necesaria la creación del tipo penal que se propone y en consecuencia, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 113, 114, 115 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Asamblea, solicitando su voto aprobatorio al siguiente: 8

9 PROYECTO DE DECRETO EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DECRETA: SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPITULO I DEL TITULO DÉCIMO PRIMERO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 218 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR. ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la denominación del CAPÍTULO I del TÍTULO DÉCIMO PRIMERO y se adiciona el artículo 218 BIS al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue: TITULO DECIMO PRIMERO DELITOS CONTRA LA PAZ DE LAS PERSONAS Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO CAPITULO I AMENAZAS Y COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL 9

10 Artículo 218 BIS.- Cobranza Extrajudicial Ilegal: A quien por sí o por interpósita persona, lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de veinticinco mil a cien mil pesos. Si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentaran una mitad. Si ocurriere en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el artículo 30 de este código. Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o la intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades mercantiles, incluyendo créditos o financiamiento que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. No se considerará como 10

11 intimidación informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a estos, cuando éstas sean jurídicamente posibles. TRANSITORIO Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Dado en la Sala de Comisiones Lic. Armando Aguilar Paniagua a los ocho días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. ATENTAMENTE COMISION PERMANTE DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA. DIP. ALFREDO ZAMORA GARCÍA. PRESIDENTE. 11

12 DIP. EDA MARIA PALACIOS MÁRQUEZ. SECRETARIA. DIP. MARCO ANTONIO ALMENDARIZ PUPPO. SECRETARIO. 12