Poder Judicial de la Nación

Transcripción

1 SENTENCIA DEFINITIVA NRO CAUSA NRO /14 AUTOS: PERALTA DARIO RENE C/ SWISS MEDICAL ART SA S/ ACCIDENTE LEY ESPECIAL JUZGADO NRO. 57 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de 2.017, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden: La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo: I. Contra la sentencia definitiva de fs. 190/192 apela la demandada mediante el escrito glosado a fs. 194/203 que mereció oportuna réplica de su contraria a fs. 205/206. II. El Sr. Peralta inició la presente acción con el fin de percibir las reparaciones derivadas del accidente que sufrió el 23 de julio del 2012 cuando, transportando manualmente unos paneles de aluminio con vidrio de aproximadamente 80 kilos de peso, sintió un fuerte tirón en la zona cervical con irradiación hacia su columna. Afirmó que dio aviso a su empleadora quien le ocultó cuál era la ART que lo asistiría y producto de ello se dirigió a un prestador de su Obra Social. Asegura que averiguó qué ART le correspondía, continuó allí su tratamiento hasta su alta médica e inició el procedimiento ante la Comisión Médica 10I quien no le otorgó incapacidad parcial definitiva alguna. Quien me precedió en el juzgamiento, resaltó que el carácter de accidente laboral se encontraba corroborado porque, el reconocimiento del contrato de afiliación, y su vigencia en la fecha del accidente, tornaba responsable bajo la ley especial a la aquí demandada. Asimismo, con especial apoyo en la pericia médica, determinó que el actor padece hernia discal en el segmento cervical a nivel de C6-C7 que le origina una cervicobraquialgia post traumática con alteraciones clínicas y electromiográficas. Ello lo llevó a ponderar una incapacidad parcial y permanente del 13,44% de la TO. Para su resarcimiento, aplicó la fórmula del art a) de la Ley y difirió a condena la suma de $ más intereses. III. El primer agravio recae respecto de la ausencia de prueba respecto de la mecánica accidental y la consecuente falta de acreditación de la relación causal entre accidente e incapacidad. Asegura que ante la ausencia de reclamo previo, tomó conocimiento de los hechos en la demanda y procedió, en la oportuna contestación, a negar tanto las tareas desarrolladas por el actor como la ocurrencia del accidente denunciado en el inicio.

2 Los argumentos expuestos por la ART son insostenibles a poco que se observe la existencia de un procedimiento ante la Comisión Médica 10I, cuyas constancias la demandada enarbola en su escrito de fs. 40/49 ver especialmente fs Del informe glosado a fs. 95/108, aportado por la SRT, se vislumbra que Liberty ART SA (actualmente Swiss Medical ART SA, conforme poder de fs. 33), fue la contraparte del proceso administrativo. Allí se indicó que el accidente se produjo el 23/07/2012 a las horas, en el lugar de trabajo y sucedió porque el trabajador transportaba unos vidrios y carpintería de aluminio para un ventanal con otras dos personas (aproximadamente 100 kgs. todo el material), subiendo las escaleras, al realizar un esfuerzo para que las estructuras no rocen las paredes, siente pinchazo en región cervical con dolor irradiado al miembro superior izquierdo (v. fs. 99/100). Como se observa, e independientemente de que la Comisión Médica no haya determinado incapacidad alguna, la ART involucrada no apeló ante la Comisión Médica Central el carácter laboral del accidente denunciado. Como es sabido, dicha facultad se extiende por el plazo de diez días de notificado el dictamen (conforme art. 26 Dto. 717/96), donde se puede recurrir la índole laboral del accidente o profesional de la enfermedad (Resolución SRT 460/08, punto 16). De este modo, en virtud de la teoría de los actos propios, no puede válidamente cuestionar la mecánica del hecho en esta instancia. En palabras del Dr. Alejandro Borda, la teoría de los actos propios constituye una regla de derecho derivada del principio general de la buena fe que sanciona como inadmisible, toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto ( La teoría de los actos propios Ed. Abeledo Perrot, 3ª edición, pág. 53). En cuanto a la vinculación entre el accidente y la incapacidad el Dr. Rubén Rano en la pericial médica glosada a fs. 162/168, estableció que el actor presenta en relación causal con el accidente de autos una hernia discal en el segmento cervical nivel de C6 C7 que le origina una cervicobraquialgia post traumática con alteraciones clínicas y electromiográficas leves a moderadas responsable de un 12% de incapacidad parcial, permanente y definitiva de acuerdo al Baremo Ley que por aplicación de los factores de ponderación es de 13,44% de acuerdo al Baremo Ley (conclusiones médico legales, fs. 165). En este punto considero pertinente adentrarme en el segundo agravio de la demandada quien expresa que los padecimientos del actor no se condicen con el porcentaje de incapacidad determinado por el perito conforme lo dispone el Baremo del Dto. 659/96. No obstante, el apelante omite analizar que las alegaciones referidas a las limitaciones de los movimientos -que permitirían cuantificar una incapacidad del 6% de la TO-, son sólo parte de la patología encontrada en el actor. Como se observa, a ello se le aúna una hernia discal que le ocasiona cervicobraquialgia

3 que, ante las alteraciones clínicas, radiológicas y electromiográficas leves a moderadas, como en el caso-, permite ponderar la incapacidad en un rango que oscila entre el 5% y el 25% de incapacidad parcial permanente, conforme decreto 659/96. Por ello, considero que el estudio goza de suficiente fuerza suasoria para tener por acreditadas las consecuencias dañosas derivadas del accidente reconocido por la demandada. Ello así porque la revisación clínica, los estudios médicos efectuados al trabajador (examen físico y estudios radiográficos) y la valoración de los respectivos informes médicos, conforme a las reglas de la sana crítica (art.386 y 477 CPCC, arts.91 y 155 LO), llevan a la convicción que deben admitirse las conclusiones del experto médico quien efectuó una valoración adecuada y con sólidos fundamentos científicos, del estado de incapacidad del trabajador. Aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen médico el carácter de prueba legal y permiten a la judicatura formar su propia convicción al respecto, es indudable que para apartarse de la valoración de los médicos actuantes el juez debe hallarse asistido de sólidos argumentos en un campo del saber ajeno al hombre de derecho. Y en el presente la demandada no ha aportado prueba suficiente alguna que conduzca en forma inequívoca a la detección del error o del inadecuado uso que el médico ha hecho de su conocimiento científico. Las observaciones vertidas por la demandada en la expresión de agravios resultan meras discrepancias con el aludido dictamen y se basan fundamentalmente en apreciaciones personales que no alcanzan a desvirtuar las consideraciones médico legales de la pericia médica producida, que resulta suficientemente fundada. No puedo dejar de observar que, si sus intenciones radicaban en que el propio perito especialista en el arte de la medicina y desinsaculado en autos a esos fines- expresara mayores razones científicas, su queja deviene extemporánea ante lo resuelto a fs.179 y la decisión de fs. 184 que clausuró la etapa probatoria disponiendo que los autos pasen a alegar. Por lo expuesto, propongo confirmar lo resuelto en grado al respecto. IV. La tercera queja articulada por la demandada en torno de la fecha a partir de la cual deben correr los accesorios de condena, será analizada conjuntamente con su cuarto agravio atinente a la tasa de interés determinada en un 36% anual. Si bien esta Sala ha sostenido que el hecho generador de la incapacidad laboral determina el momento en que nace el derecho a percibir la indemnización que estipula la Ley ya que durante el tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho y el momento en que éste es reconocido administrativa o judicialmente, se devengan intereses que deben ser soportados por el deudor, y se decidió que el cómputo de los intereses debía partir desde la fecha del infortunio, a fin de evitar un inútil dispendio jurisdiccional y en consonancia con lo propuesto respecto del alta médica como punto de inflexión a fin de establecer en

4 el presente caso cuál es el régimen jurídico aplicable para determinar el importe de la prestación dineraria, cabe estar a esta última fecha alta médica-. Ello obedece también al criterio reiterado por mis distinguidos colegas, Dra. Graciela González y Dr. Miguel Ángel Maza, quienes subrogan este Tribunal, en el sentido que la consolidación jurídica del daño que deriva de un accidente de trabajo o de una enfermedad-accidente, se produce al otorgarse el alta médica, al efectuarse la declaración de incapacidad laboral permanente o, acaso, a más tardar, al cumplirse el año de acaecido el infortunio -plazo máximo establecido por la norma como de consolidación del daño, conforme art. art. 7º LRT-. En consecuencia, propongo modificar lo resuelto en grado y adoptar como fecha de inicio del cómputo de los intereses la del alta médica (28/12/2012 ver informe de SRT, especialmente fs. 128-). Respecto de la tasa aplicada memoro que ésta tiene como objetivo mantener incólume el contenido de la sentencia; la integridad del crédito de naturaleza alimentaria y evitar que el transcurso del tiempo lo convierta en irrisorio. En este contexto, esta Cámara advirtió que en la actualidad y frente a los ajustes y variaciones económicas financieras que surgen de elementos propios de la realidad, quedó desajustada y sin posibilidades de disipar la existencia de un agravio patrimonial. Como consecuencia, mediante el Acta Nº 2601 del se dispuso la aplicación de intereses conforme la tasa de interés nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses. En consecuencia, propongo modificar lo decidido en grado y disponer que los intereses se calculen desde la fecha del alta médica, y hasta su efectivo pago mediante la tasa de interés nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses conforme lo dispuesto en el Acta 2601 CNAT. Corresponde, también, estar a lo resuelto por el Acta Nº2630 del 27/04/2016 de esta CNAT. V. Llegan apelados por elevados los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y los del perito médico. En atención al mérito e importancia de los trabajos cumplidos para la dilucidación de la causa, lo normado en el art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación, estimo que los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, y los de los peritos, resultan adecuados por lo que propicio que sean confirmados (arts. 1, 3, 6, 7, 8, 19, 37, 38 Ley 21839). Propongo imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN). En cuanto a su actuación en esta Alzada, propongo regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25% y 25% a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda respectivamente percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley ).

5 VI. En definitiva, propicio: a)- Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y modificar los intereses conforme lo dispuesto en el punto IV del presente pronunciamiento, b) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN) y c) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25% y 25% a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda respectivamente percibir por su actuación en la instancia anterior. El Doctor Miguel Ángel Maza dijo: Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos. A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y modificar los intereses conforme lo dispuesto en el punto IV del presente pronunciamiento, b) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN), c) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25% y 25% a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda respectivamente percibir por su actuación en la instancia anterior y d) Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/2015 y Nro. 3/15 de fecha 19/02/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de la presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase. Gloria M. Pasten de Ishihara Miguel Ángel Maza Jueza de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Verónica Moreno Calabrese Secretaria En de de, se dispone el libramiento de

6 Calabrese Verónica Moreno Secretaria En de de, se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma. Calabrese Verónica Moreno Secretaria