Poder Judicial de la Nación

Transcripción

1 SENTENCIA DEFINITIVA NRO CAUSA NRO 33226/2011 AUTOS: LAFARGA ÁNGEL DAMIAN C/MAPFRE ARGENTINA ART S.A. S/ACCIDENTE-LEY ESPECIAL JUZGADO NRO. 3 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de julio de 2.018, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden: La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo: I.- El Señor Juez de Primera instancia hizo lugar a la demanda orientada al pago de las prestaciones dinerarias previstas por la ley que repare los daños en la salud que posee el trabajador como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el II.- No obstante lo consignado en la planilla de elevación de fs. 314, tal decisión es apelada únicamente por la parte actora a tenor de las manifestaciones vertidas en la memoria de fs. 300/310, cuyo traslado fue ratificado a la demandada según constancia de fs III.- El accionante se queja porque considera exiguo el capital de condena postulando su adecuación sistémica. Adelanto que por mi intermedio, el recurso interpuesto no tendrá favorable recepción. Llega firme a esta instancia que el Sr. Lafarga sufrió un accidente en ocasión del trabajo el , mientras realizaba sus tareas habituales como dependiente de Aureo Diseño Industrial SRL. En dicha oportunidad, mientras efectuaba tareas de carpintería, cortando una madera con una sierra, la madera se trabó, lo que hizo que se lesionara su mano izquierda con la sierra electrocircular. Fue asistido por prestadores de la aseguradora por un cuadro de fractura de falange del dedo meñique, rotura del tendón del dedo mayor e índice, amputación de la primera falange del dedo anular y corte profundo en el dedo pulgar. Posteriormente fue sometido a una intervención quirúrgica y luego continuó con tratamiento de rehabilitación, sin contar con el alta médica al momento de la interposición de la demanda (fs. 6vta). La perito médica designada en autos informó a fs. 140/141 que como consecuencia del accidente relatado, el trabajador presenta muñón de amputación de la falange distal cicatrizado, pinza dígito-digital entre el pulgar con los dedos medio y anular débil, colocación de alambre absorbetracción por probable artrodesis de la misma, todo lo cual le genera una minusvalía física que ponderó en el 22,4% de la t.o., sin secuelas en el plano psíquico, dictamen cuya valoración llega firme a esta Alzada.

2 El magistrado de origen cuantificó las prestaciones dinerarias previstas por la Ley vigente al momento del infortunio, lo que motiva la queja del accionante, quien considera exiguo el quantum de condena. El apelante sostiene que la reparación tarifada contenida en este tipo de reclamos afecta el principio de progresividad, la dignidad y el derecho de propiedad del reclamante. Argumenta, que si bien no discrepa con los fundamentos del fallo de la CSJN Espósito, se debe adicionar al monto de condena una suma que haga de la indemnización, un monto justo y decoroso. No prosperará la queja tendiente a obtener un resarcimiento adicional al determinado por las normas en la materia. En tal sentido, destaco que ya tuve oportunidad de expedirme en planteos con iguales características a las enunciadas en el memorial de agravios en estudio (ver S.D del 09/05/17 en autos Cabral José Alberto c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente Ley Especial y más recientemente en S.D del 9/10/2017 en autos Lucero, Carlos Marcelino c/ Swiss Medical ART SA s/ Accidente Ley Especial, ambas del registro de esta Sala) en las cuales, por los fundamentos que reitero a continuación, el reclamo fue declarado inadmisible. En efecto, en ocasión de examinar la cuestión en torno a las indemnizaciones calculables por imperio de lo normado por el art a) de la LRT y su reprochable cuantía, a fin de establecer parámetros económicos que permitan resarcir de una manera adecuada los padecimientos de los trabajadores, en el antecedente Orue, Gustavo Adolfo c/ Consolidar ART s/ Accidente Ley Especial (SD del 3/5/2013 del registro de esta Sala) propuse la aplicación del modo de cálculo impuesto por la Ley a causas cuyo objeto hubiera sido la reparación de infortunios no cancelados y acaecidos previo al momento de su entrada en vigencia de acuerdo a la interpretación normativa que seguidamente explicaré. Así señalé en reiterados pronunciamientos, que no se trata de un supuesto de retroactividad legal sino de aplicación inmediata de la ley (art.3 del Código Civil, actualmente art. 7º del Código Civil y Comercial). Esta solución encontraba aval en las decisiones emanadas de la CSJN acerca de situaciones que, como acontece en el presente caso, los créditos no habían sido satisfechos (v. CSJN Camusso, Amalia c/ Perkins S.A, 21/05/1976, Fallos 294:445; Francisco Castellano y otros c/ Consorcio de Propietarios de la Galería Rosario, 3/03/1977, Fallos 297:119, Arcuri Rojas, Elsa c/ Anses, 3/11/2009). Expresé también que las mejoras de la reforma resultaban en beneficio de los trabajadores y sus derechohabientes, principalmente, en su aspecto cuantitativo, en comparación con el régimen primitivo de la Ley Recordé que nuestro más Alto Tribunal ha señalado que, para determinar la existencia de menoscabo resulta necesario examinar, por un lado, el alcance de los derechos constitucionales involucrados en el caso, y por otro, si el daño causado por la contingencia en cuestión encontraba su debida reparación con las prestaciones de la LRT, generándose la necesidad de llevar a cabo un test de razonabilidad (CSJN, en autos Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ Accidente Ley 9688,

3 del , Fallos 325:11,25). Ese test de razonabilidad, que en esencia apunta a verificar si los derechos constitucionales han sido respetados y si no existió una desnaturalización de las indemnizaciones; surge de considerar la existencia de notorias diferencias entre la aplicación o no del nuevo régimen normativo. A mayor abundamiento nótese que, si tenemos en cuenta que desde el dictado de la norma que da lugar al resarcimiento tal como lo contempla el art. 14 inc. 2 a) Ley y decreto 1694/09 no existieron mejoras en las prestaciones que otorga el sistema, se advierte que la cantidad a la que resultaría acreedor el actor no satisface dinerariamente su pérdida de ingresos o de ganancias conculcando su derecho constitucional a obtener una prestación económica justa y razonable, siendo que la persona trabajadora es sujeto de preferente tutela constitucional y que el impacto de la incapacidad permanente que padece se proyecta no sólo en la esfera económica de la víctima sino también en la frustración del desarrollo pleno de la vida, conceptos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sustentados en principios de justicia social, protectorio y en instrumentos internacionales (CSJN Ascua, Luis Ricardo c/ Somisa, del 10/08/10, Fallos 333:1361; Milone Fallos 327:4607; Torrillo Fallos 322:709; Mata Fallos 252:158; Aquino" Fallos 246:345; Madorrán Fallos 330:1989, "Lucca de Hoz Mirta Liliana c/ Taddei Eduardo y otro s/ Accidente- Acción Civil" del 17/08/2010 -Fallo , entre muchos otros) a ello sumo la tesis que sustenté en la referida causa Orue, anteriormente mencionada. Sin embargo, las posibilidades de mejorar las indemnizaciones derivadas de un sistema de cálculo tarifado, por la aplicación de una norma más beneficiosa y posterior en el tiempo -tal como lo he expresado- fueron limitadas por la jurisprudencia del Alto Tribunal (ver Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART SA s/ Accidente Ley especial Sent. de fecha 7/06/2016, CNT 18036/2011/1/RH 1). En una situación análoga, dictada recientemente por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en la causa Nº 14325/2012/1/RH1 Marano Catalina Graciela c/ QBE Argentina ART S.A. s/ Accidente Ley Especial, nuestro más Alto Tribunal resolvió reafirmar las pautas establecidas en el precedente Espósito en materia indemnizatoria y desestimó la posibilidad de adecuar este resarcimiento, mediante la invocación de principios genéricos y vinculados con la equidad de la reparación, en razón de que tal circunstancia implicaría apartarse de la ley. Es decir que, al acudir al sistema indemnizatorio tarifado de la Ley Especial a los fines de pretender la reparación prevista en dicho cuerpo normativo y, conforme el lineamiento expresado en los antecedentes dictados por la CSJN, no resulta viable -a los fines de mejorar la cuantía de la prestación- la adición discrecional de sumas de dinero no previstas por la ley. Por ello, la pretensión del recurrente de proyectar una adecuación de la reparación sistémica en el contexto indicado, no resulta procedente.

4 IV.- En otro orden de ideas, propicio que las costas de Alzada se impongan en el orden causado, atento a la inexistencia de réplica (art. 68 2º párrafo del C.P.C.C.N.), a cuyo fin estimo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 30% de lo que le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (arts. 16 y 30 Ley 27423). V.- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio a la representación letrada de la actora y perito médica interviniente, teniendo en cuenta el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el art.38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la ley ; cfr. arg. CSJN, in re Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios, sentencia del 12/9/1996, F.479 XXI), considero que los honorarios fijados en grado no lucen desproporcionados ni elevados, por lo que propongo su confirmación. VI.- Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) Mantener los emolumentos cuestionados; 3) imponer las costas de Alzada por el orden causado (art. 68 CPCCN), 4) regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 30% de lo que le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 16 y 30 de la ley y normas arancelarias de aplicación). La Doctora María Cecilia Hockl dijo: Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos. A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) Mantener los emolumentos cuestionados; 3) imponer las costas de Alzada por el orden causado (art. 68 CPCCN), 4) regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 30% de lo que le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 16 y 30 de la ley y normas arancelarias de aplicación), 5) hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/14 y Nro. 3/15 de fecha 19/2/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

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