Poder Judicial de la Nación

Transcripción

1 SENTENCIA DEFINITIVA NRO CAUSA NRO /2013 AUTOS: ALMEDA, ENRIQUE OMAR C/ FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. S/ ACCIDENTE LEY ESPECIAL. JUZGADO NRO. 19 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de MARZO de 2.018, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden: La Doctora María Cecilia Hockl dijo: I- El señor juez a quo, a fojas 126/131, con fundamento en la ley y modificaciones de la ley , admitió la demanda del señor Almeda contra Federación Patronal Seguros S.A. Tal decisión es apelada exclusivamente por la parte demandada en virtud de las manifestaciones expuestas a fojas 139/147, cuyos términos merecieron oportuna réplica de su contraria a fojas 149/153. De su lado, la señora perito médica cuestiona la regulación de sus honorarios por considerarlos reducidos (cfr.fs. 132). II- Llega firme a esta etapa que el señor Almeda el 21 de junio de 2012 comenzó a prestar tareas para Proyectar Materiales SRL, firma dedicada a la venta de materiales para la construcción, como chofer. Refiere que el 20 de mayo de 2013, cuando se dirigía desde el lugar de trabajo hacia su domicilio, a bordo de su motocicleta, es embestido por un vehículo. Señala que dio aviso a su empleadora y que, a través de la ART, fue derivado a la Clínica Provincial de Merlo, donde le brindaron atención médica y diagnosticaron rotura de menisco en pierna derecha. Da cuenta que fue intervenido quirúrgicamente el 1º de julio de 2013 y que luego debió realizar un tratamiento de rehabilitación kinesiológica, sin tener al día de la fecha, el alta médica. III- En primer lugar cabe señalar que, teniendo en cuenta los términos en los cuales quedó trabada la litis, no se encuentra discutido que el actor laboraba para la firma Proyectar Materiales SRL citada y que su empleadora se encontraba asegurada mediante contrato de afiliación celebrado con la aquí accionada (conf. reconocimiento efectuado en el responde, fs. 26 y ss). Tampoco encuentro controversia alguna en que el hecho ocurrido el día 20 de mayo de 2013 y relatado por el actor en su demanda como accidente in itinere (cfr. art.6º, ley ) fue oportunamente denunciado, tal y como surge de lo expuesto por la accionada al contestar demanda (ver fs.26 y ss.).

2 En el marco descripto y toda vez que no se ha alegado ni acreditado el rechazo del siniestro dentro del plazo legal por parte de la aseguradora, no cabe más que considerarlo reconocido (conf. art.6º dto.717/96). En igual sentido, cabe señalar que a partir del momento en que la ART recibe la denuncia del siniestro, cuenta con 10 días hábiles para aceptarlo o rechazarlo o decidirse por suspender el plazo mediante notificación fehaciente. Debe notificar fehacientemente al trabajador la decisión. La solución adoptada por el artículo 6º del decreto 717/96 es la misma que la prevista en el derecho comercial, según el artículo 56 de la ley nº : el silencio ante la denuncia implica aceptación del siniestro. La aceptación de la denuncia implica la admisión del presupuesto fáctico y jurídico de la presentación, como así el consentimiento del carácter laboral del infortunio, y que no mediaron causales de exención de responsabilidad (conf. Barbara, Javier Alejandro c/ Mapra Empresa de Seguridad SRL y otro s/ despido, sentencia definitiva nº del 26 de mayo de 2014, del registro de la Sala VIII). De este modo, reconocido el accidente denunciado, la cuestión a dilucidar radica en la existencia de incapacidad que aqueja al accionante y su nexo de causalidad con el hecho generador del daño, circunstancia ésta que debía acreditar la parte actora, de conformidad con las reglas que rigen la carga de la prueba (conf. art.377 CPCC). IV- Sentado lo expuesto, advierto que surge de autos que la experta médica interviniente concluyó que el actor exhibe menisectomía con secuelas en la rodilla derecha y que presenta una minusvalía física en forma parcial y permanente del 15%. Ello, sumado a los factores de ponderación pertinentes (dificultad para realizar las tareas y edad), alcanzan un total del 17,5% de la total obrera (conf. informe pericial agregado a fojas 97/99). Al respecto, si bien cabe destacar que la opinión de los peritos no es obligatoria para la judicatura, que tiene amplias facultades en materia de prueba pericial (arts.36 inciso 2º, 473, 475, 477 y c.c. CPCC; arts.80, 90 y 155 LO), incluso para recabar opinión de otros peritos cuando lo estima necesario -circunstancia que no se verifica en autos-, no es menos cierto que en el presente, la perito médica, luego de practicar la correspondiente revisación médica, pudo comprobar el verdadero estado de salud del accionante e informar debidamente su cuadro clínico (ver informe de fs.97/99 y aclaraciones brindadas a fs.121). El examen y valoración de la experticia referida, conforme a las reglas de la sana crítica (art.386 y 477 CPCC, arts.91 y 155 LO) y de las razones expuestas, permite admitir sus conclusiones por cuanto se basa en sólidos fundamentos científicos para determinar con precisión el estado psicofísico del actor.

3 Es cierto que las normas procesales no acuerdan a los informes médicos el carácter de prueba legal y permiten a quien juzga formar su propia convicción al respecto, más es indudable que para apartarse de la valoración de los médicos intervinientes, la judicatura debe hallarse asistida de sólidos argumentos en un campo del saber ajeno al hombre de derecho. Y en el presente, si bien la demandada ha cuestionado el dictamen médico presentado, no ha aportado ninguna prueba idónea que conduzca en forma inequívoca a la detección del error o del inadecuado uso que la especialista ha efectuado de sus conocimientos científicos y de la aplicación de los baremos en cuestión. De este modo, las observaciones formuladas en el memorial recursivo resultan una mera discrepancia con el dictamen presentado y se hallan basadas fundamentalmente en apreciaciones personales que no alcanzan a desvirtuar las consideraciones médico legales expuestas por la experta, que -reiteroresultan suficientemente fundadas y de las que surge la minusvalía física que presenta el reclamante. Por los motivos expuestos, conforme a las reglas de la sana crítica, no encuentro mérito para apartarme de las conclusiones del informe referido y la aclaración presentada por la perito médica -que revelan un estudio exhaustivo y profundo del estado de salud del accionante- (arts.386 y 477 CPCC), las que acepto y comparto por provenir de una experta en la materia, tercera en cuanto a la cuestión debatida, que se han sustentado en exámenes clínicos y complementarios específicos practicados. V- En cuanto a la aplicación del ajuste de las prestaciones conforme al índice RIPTE cuestionado por la demandada, considero que el texto de los artículos 8º y 17 apartado 6º no dispone la actualización de las obligaciones indemnizatorias adeudadas sino de los importes del artículo 11 apartado 4º de la ley y de los valores de referencia de los artículos 14 y 15, convertidos en mínimos garantizados por el decreto 1694/2009, montos a los que quienes juzgan deben acudir a la hora de determinar la cuantía dineraria de las reparaciones correspondientes. Tal postura es conteste con la doctrina establecida en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Espósito, Dardo Luis c/provincia ART SA s/accidente-ley especial (del 7 de junio de 2016, CNT 18036/2011/RH1) -cuyo criterio comparto en plenitud- y según el cual, el texto legal no admite interpretaciones contrarias a sus expresas disposiciones. Como se extrae del considerando 8º de dicho fallo, la ley dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los importes a los que aludían los arts. 1, 3 y 4 del decreto 1694/09 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se

4 aplicaran a las contingencias futuras. En tal sentido, entiendo que la determinación de la cuantía de la reparación, que predica que el reajuste debe realizarse utilizando el índice RIPTE, debe proyectarse sobre los pisos mínimos antes descriptos. Corresponde, pues, cotejar la prestación que debería percibir el reclamante en los términos establecidos por el artículo 14 apartado 2º inciso a) de la Ley de Riesgos del trabajo, con el mínimo proporcional por operatividad de los artículos 8º y 17 apartado 6º de la ley , comparación que debe practicarse tomando como punto de partida un año a partir de la fecha del accidente, es decir, 20 de mayo de En el caso de autos, el importe indemnizatorio que arroja la aplicación de los parámetros establecidos en el referido artículo 14 apartado 2º inciso a) de la ley asciende a $ ,75.- (53 x $ 6.626,20 x 17,5% x 65/32 = 2,03) y luce superior al tope mínimo establecido para ese semestre en la Resolución 3/2014, que alcanza la cantidad de $ ,52.- ($ x 17,5%) antes referida. Por ello, la suma que arroja la prestación dineraria calculada con base en el citado artículo 14 debe ser diferida a condena, teniendo en cuenta que este modo de aplicación del mecanismo de ajuste previsto en la ley tal como he señalado- se condice con la doctrina emanada del Alto Tribunal y, conforme a lo antes explicado, se proyecta únicamente sobre los importes del artículo 11 apartado 4º de la ley y sobre los valores de referencia de los artículos 14 y 15. Al respecto cabe precisar que los intereses deben computarse desde la fecha de la consolidación jurídica del daño pues, en este sentido, he tenido oportunidad de expedirme en la causa Herrera, Jorge Manuel C/ QBE Argentina ART S.A. s/ accidente - ley especial (sentencia definitiva nº del 27 de octubre de 2017, del registro de esta Sala, entre otras a la que me remito). En consecuencia, propiciaré que tales accesorios sean fijados a partil del año del siniestro (20/05/2014) y conforme a los lineamientos de las actas nº 2601, 2630 y 2658 de esta CNAT hasta su efectivo pago. VI- La demandada también se queja por la tasa de interés aplicable. En este punto corresponde resaltar que las resoluciones que adopta esta Cámara mediante actas sólo exterioriza su criterio, pero no son de carácter obligatorio sino que son indicativas de una solución posible y, asimismo, dado que los juicios laborales carecen de intereses legales, la determinación de la tasa de interés queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa, que interpretan dichos ordenamientos. Considero, pues, que lo resuelto en grado se ajusta a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 768 del CCCN, en virtud de que los juicios laborales no tienen previsto un interés legal específico.

5 Cabe poner de resalto que luego del dictado de la ley y a raíz de las nuevas variables económicas vigentes, este tribunal reiteradamente ha sostenido que la merma que el valor de los créditos de los trabajadores sufre por la demora y aún más por la mora en su reconocimiento y pago puede ser conjurado por los jueces mediante el uso adecuado de la tasa de interés. La salida del régimen de convertibilidad y la indefectible desvalorización de los créditos de los trabajadores, llevaron a adoptar una tasa de interés diferenciada sujeta a factores variables (tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos) que, como se analizó en el acuerdo de Cámara del 7/5/2002 (acta CNAT nº 2357) se encuentra dirigida a compensar el eventual envilecimiento de la moneda, teniendo en cuenta el doble carácter resarcitorio y moratorio de los intereses. A su vez, cabe destacar que mediante resolución de CNAT nº 2601 de fecha 21/5/2014 se dispuso la aplicación de intereses, de conformidad con la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses. Es pertinente agregar que esta Cámara resolvió en el acta nº 2630 del 27/4/2016 mantener, a partir de la fecha de la última publicación, la tasa a la cual se remite el acta nro (tasa nominal anual vigente para préstamos personales de libre destino del Banco Nación) que asciende al 36%. Y, posteriormente, esta Cámara resolvió por mayoría en acuerdo general de fecha 8 de noviembre de 2017 (acta nº 2658) que a partir del 1º de diciembre de 2017 la aplicable es la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco de la Nación. En consecuencia, corresponde mantener la decisión adoptada en origen en tanto dispone la aplicación de intereses, conforme las actas nº 2601 y 2630 de esta CNAT a partir del 20 de mayo de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2017 y, a partir del 1º de diciembre de 2017, conforme lo establecido en el acta nº 2658 CNAT hasta su efectivo pago. VII- Más allá de la modificación parcial que se propicia al reducir el monto de condena, corresponde confirmar la imposición de las costas de grado a cargo de la demandada, en su carácter de objetivamente vencida (art. 68 CPCC). De conformidad con el mérito y la calidad de los trabajos realizados en primera instancia, el valor económico del juicio, los rubros que resultaron procedentes, el resultado final del pleito, las facultades conferidas al Tribunal por el artículo 38 de la Ley y disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios (arts.1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19 y 37 de la ley y art.3 inc. b y g del Dto /57; cfr. arg. CSJN, in re Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios, sentencia del 12/9/1996, F.479 XXI), estimo que los porcentajes de honorarios fijados en grado a favor de la representación letrada

6 de la parte actora e igual carácter de la demandada y señora perito médica intervinientes lucen adecuados, por lo que propongo su confirmación, si bien deben ser referidos al nuevo monto por el que progresa el reclamo. VIII- Estimo que las costas de alzada deberían imponerse por su orden, en atención a la naturaleza jurídica de las cuestiones debatidas en la causa y al progreso de algunos de los agravios deducidos que motivaron la modificación parcial de la decisión recurrida (art.68 CPCC). Propongo, asimismo, regular los honorarios de los señores letrados firmantes de los escritos de fojas 137/147 y fojas 149/153 en el 27% y 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (art.38 LO y normas arancelarias de aplicación vigentes al tiempo de valoración de los trabajos realizados). Por todo lo anterior, de compartirse mi propuesta, correspondería: a) Confirmar la decisión apelada en cuanto pronuncia condena y fijar esta última en la suma de $ ,75.-, importe al que corresponde adicionar los intereses fijados en las actas nº 2601 y 2630 de este Tribunal a partir del año desde el evento dañoso (20/5/2014) hasta el 30 de noviembre de 2017 y, a partir del 1º de diciembre del 2017, la dispuesta en el acta nº 2658 de esta Cámara; b) Mantener la imposición de las costas de primera instancia y los porcentajes de honorarios dispuestos en origen, si bien referidos al nuevo monto por el que progresa la acción; c) Imponer las costas de alzada por su orden; d) Regular los honorarios del señor letrado firmante del escrito de fojas 137/147 y fojas 149/153 en el 27% y 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa. La Doctora Graciela A. González dijo: Que adhiere al voto que antecede, por análogos fundamentos. A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar la decisión apelada en cuanto pronuncia condena y fijar esta última en la suma de $ ,75.-, importe al que corresponde adicionar los intereses fijados en las actas nº 2601 y 2630 de este Tribunal a partir del año desde el evento dañoso (20/5/2014) hasta el 30 de noviembre de 2017 y, a partir del 1º de diciembre del 2017, la dispuesta en el acta nº 2658 de esta Cámara; b) Mantener la imposición de las costas de primera instancia y los porcentajes de honorarios dispuestos en origen, si bien referidos al nuevo monto por el que progresa la acción; c) Imponer las costas de alzada por su orden; d) Regular los honorarios del señor letrado firmante del escrito de fojas 137/147 y fojas 149/153 en el 27% y 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa; e) Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nº 11/14 de fecha 29/04/2014 y Nº 3/15 de fecha 19/02/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias

7 digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.