Planteamiento del problema

Transcripción

1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 48, 50 Y 67 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ALFREDO VALLES MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor del siguiente Planteamiento del problema En nuestro país, uno de los problemas que más aquejan a nuestros jóvenes es el de los embarazos tempranos, pues de acuerdo con la información observable en la Encuesta Nacional de la Juventud del año 2015, 49 por ciento de los jóvenes no utiliza algún método anticonceptivo en su primera relación. Este revelador dato no hace extrañar que se posicione a México como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la mayor tasa de madres adolescentes de entre los 15 y los 19 años edad. Lo anterior es por demás grave, ya que si comparamos los riesgos que presentan otras mujeres con respecto a las jóvenes adolescentes, encontramos que éstas últimas presentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones y hasta la muerte a consecuencia de su embarazo. De acuerdo con la información publicada en el año 2014 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las menores de 15 años de edad tienen cinco veces más probabilidades de morir en el parto que las mujeres de más de 20 años; aunado a esto, también se indica que en los países en desarrollo, las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la causa de muerte más importante entre mujeres de 15 a 19 años. 1 En nuestro país, la mayor cantidad de los embarazos de este tipo se presentan en contextos pobres, con bajo nivel educativo o rurales, si consideramos que, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) recientemente publicadas en 2016, 43.6 por ciento 2 de la población mexicana vive en condiciones de pobreza, entonces se vuelve indispensable y urgente impulsar acciones determinantes para abatir las cifras de embarazos en nuestros adolescentes. Si en los contextos más desarrollados es posible que los adolescentes se sientan cohibidos para solicitar servicios de anticoncepción; puede que los anticonceptivos les resulten costosos o que no sea fácil conseguirlos. Incluso si es fácil conseguir anticonceptivos, las adolescentes con vida sexualmente activa son menos propensas a usarlos que las mujeres adultas. Ahora imaginemos lo complejo que resulta el acceso a los métodos anticonceptivos en un país donde casi la mitad de sus habitantes vive en pobreza. La situación empeora para aquellas jóvenes que son víctimas de abuso sexual, las cuales suelen ser sin protección. Es inminente que asumamos el compromiso de establecer acciones que permitan disminuir los embarazos no deseados o a corta edad, y con ello evitar la muerte materna. Por ello todos los adolescentes deben tener acceso no sólo a la información en materia de planificación familiar, sino a métodos anticonceptivos accesibles como el condón.

2 Al respecto cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que para evitar los embarazos a temprana edad: todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepción, a servicios que realicen abortos seguros en la medida en que la legislación lo permita, y a una atención de calidad tras el aborto. 3 En Nueva Alianza reconocemos que aún queda mucho por discutir en la arena social y legislativa en el tema del aborto, sin embargo, la opinión de la OMS da una perspectiva del nivel de urgencia con el que se debe atender el tema de los embarazos en adolescentes, de ahí que consideremos necesario que la orientación que actualmente se brinda en planteles escolares vaya acompañada de la distribución de condones, por ser uno de los métodos anticonceptivos que pueden estar al alcance de más jóvenes. Este grupo parlamentario considera necesario que la ley que promueve la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes haga explícito que los servicios de salud deben promover la prescripción y suministro de algún método de anticoncepción de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a una relación sexual producto de violencia sexual. Asimismo, proporcionar la información sobre anticoncepción de emergencia a cualquier persona cuando la solicite. Argumentación De acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal de , el número de jóvenes de 15 a 29 años en nuestro país ascendió a 30.6 millones, que representan prácticamente más de la cuarta parte de la población a nivel nacional, con 25.7 por ciento de la población. Del total de la población joven, 35.1 por ciento se encuentra conformado por adolescentes de entre 15 a 19 años. Este porcentaje es relevante porque refleja la necesidad de realizar un diagnóstico sobre las características y necesidades de este grupo social, a fin de establecer directrices normativas que orienten las políticas públicas que incentiven su desarrollo integral. En 2015, la tasa media de natalidad a nivel mundial, entre jóvenes adolescentes, fue de 49 nacimientos por cada mil mujeres, ocupando nuestro país el primer lugar en fecundidad entre adolescentes dentro de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tan sólo un año antes, el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), informó que la Tasa Específica de Fecundidad de mujeres adolescentes fue la más alta en el país y la única que ha mostrado un aumento sostenido en años recientes, tendencia que se apreció en el año 2015, cuando el 7.8 por ciento de las mujeres mexicanas de entre 12 y 19 años había tenido un hijo nacido vivo 5 y en 2016, la tasa referida alcanzó 77 alumbramientos por cada mil mujeres, 63 por ciento más que el año previo, lo que nos mantuvo en el primer lugar de la estadística que abarca a los 34 países que integran la citada OCDE. El gobierno federal ha mostrado interés por atender la problemática que aqueja a los adolescentes mexicanos al desarrollar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), presentada en febrero de 2015 y coordinada por el secretario de Gobernación. A la estrategia se le dio el estatus de alta prioridad nacional y se establecieron metas a largo plazo, las cuales se estima cumplir en el año 2030, entre las que se encuentra disminuir a cero el número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50 por ciento la Tasa Específica de Fecundidad (TEF) de las adolescentes de 15 a 19 años. Lo cual implica alcanzar una tasa de 32.9 nacimientos por cada 1000 mujeres en ese grupo de edad. 6 La ejecución de la estrategia contempla la coordinación interinstitucional entre la federación y los gobiernos estatales, donde habrán de conformarse grupos interinstitucionales a fin de atender la problemática desde un punto

3 de vista integral, en el cual se contemple el aspecto educativo, la salud, el desarrollo social, así como los derechos indígenas. A simple vista, la iniciativa del gobierno federal promete ser eficaz en el alcance de sus objetivos; sin embargo, a dos años de su lanzamiento se observan deficiencias en su diseño, entre ellos, su operación con presupuesto cero, bajo el entendido de que los recursos a utilizarse provendrían de los recursos con que ya cuentan las instituciones involucradas, lo cual implica que tendrían que descuidarse otros programas ya comprometidos, a fin de dar cumplimiento a los establecidos en la estrategia. Medios periodísticos dan cuenta del lento avance en la implementación de la estrategia; no obstante, el objetivo de nuestro grupo parlamentario no es soslayar los esfuerzos que realiza el Poder Ejecutivo en esta materia, sino destacar la importancia de impulsarlos desde el Poder Legislativo, subrayando el enfoque de protección a las niñas, niños y adolescentes, quienes, como ya se ha mencionado, ponen en peligro su salud, desarrollo integral, e incluso su vida, al vivir un embarazo temprano. Al hacer explícito en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mecanismos dirigidos exclusivamente para nuestros adolescentes, estamos visibilizando el tema del embarazo temprano en un sector de la población que, aunque es el rostro numeroso y dinámico de nuestro país, parece ser un tema no profundizado desde el aspecto legislativo. Si faltase sensibilización y concientización sobre esta problemática, que se refleja en las cifras líneas arriba reportadas, lo que ya constituye un panorama lo suficientemente desalentador para nuestros jóvenes, entonces, debemos agregar que casi 30 millones de mexicanos mayores de 15 años se encuentran en una situación de rezago educativo; es decir, tienen estudios de secundaria trunca, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi 7, que entre los factores reportados para abandonar sus estudios se encuentra, precisamente, el embarazo a temprana edad. Lo anterior nos indica que el embarazo entre adolescentes tiene implicaciones sociales y económicas negativas para los involucrados, sus familias y la comunidad; además de que esto trasciende la cuestión de la mortalidad durante el parto, lo cual ya es de suyo una situación por demás grave. Los estudios, informes y estadísticas reportan que la mayoría de las adolescentes embarazadas se ven obligadas a abandonar la escuela; en cuanto a los jóvenes varones que deciden asumir sus nuevas responsabilidades, también se ven forzados a abandonar sus estudios a fin de buscar un empleo y así, generar los recursos suficientes para dar cumplimiento a las nuevas responsabilidades. Sin embargo, no todos deciden apoyar a la pareja, dejando a la mujer asumir la responsabilidad total del embarazo, lo cual se observa en el aumento de hogares encabezados por una mujer, como lo demuestra la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 8 del año en curso, en donde se aprecia que la cifra ha aumentado de 24.6 por ciento, en 2010, a 27.4 por ciento en el Este dato también da cuenta de su posición de mayor vulnerabilidad para sufrir pobreza; lo cual, a su vez, puede tener un alto costo económico para el país, puesto que se afectan diversos indicadores como el del grado de alfabetización, egreso de la educación básica, así como menores índices de productividad, ya que se pierden los ingresos anuales que una mujer joven hubiera generado a lo largo de su vida con mejor preparación, de no haber tenido un embarazo precoz. 9 Debido a esto, retomamos el énfasis que ha expuesto el estado de Baja California Sur, el cual señala a través de su Ley de Salud la importancia de proporcionar a las personas que han tenido una práctica sexual no protegida o han sufrido violencia sexual, la información relativa a los métodos anticonceptivos de emergencia, antes de las 72 horas posteriores al suceso. 10

4 Por lo antes expuesto, en Nueva Alianza consideramos es un imperativo disminuir el número de embarazos entre adolescentes, lo cual permitirá disminuir a corto plazo el número de muertes de mujeres por causas vinculadas a la maternidad, y a largo plazo, disminuir los índices de pobreza del país. Fundamento legal Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 48; se reforma la fracción VI del artículo 50, y se adiciona una fracción VI al artículo 67; todos, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: Artículo 48. A fin de facilitar la recuperación integral de aquellas niñas o adolescentes que han sufrido abuso sexual, los servicios de salud públicos y privados promoverán que dentro de las 72 horas siguientes a dicho abuso les sean prescritos y suministrados los métodos de anticoncepción de emergencia. Artículo 50. I. a V. VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes, a través de mecanismos que les faciliten el acceso a métodos anticonceptivos y de emergencia, lo cual podrá realizarse a través de centros educativos, comunitarios o culturales, de acuerdo a las particularidades de cada estado. VII. a XVIII. Artículo 67. I. a V.

5 VI. La difusión de las implicaciones educativas, laborales y de desarrollo integral de los embarazos en niñas y adolescentes, a fin de concientizarlas en la pertinencia de ejercer su sexualidad de manera libre y responsable. Artículo Transitorio Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Notas 1 Organización Mundial de la Salud, Disponible en: consultado el 30 de agosto de Disponible en: _CONEVAL.pdf. Consultado el 1 de septiembre de Organización Mundial de la Salud, Disponible en: consultado el 30 de agosto de Disponible en: consultado el 1 de septiembre de Disponible en: -colaboracion-para- prevenir-embarazo-adolescente/, consultado el 25 de agosto de Disponible en: -colaboracion-para-prevenir-embarazo-adolescente/, Consultado el 30 de agosto de Disponible en: consultado el 31 de agosto de Disponible en: consultado el 01 de septiembre de Disponible en: consultado el 04 de septiembre de Ley General de Salud del Estado de Baja California Sur, Artículo 70, fracción IX, disponible en: ley-de-salud-para-el-estado-de-baja-california-sur.pdf, consultado el 1 de septiembre de Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)