Bipartidismo tradicional: incapaz de lograr consensos nacionales

Transcripción

1 ANÁLISIS DE COYUNTURA, Enero 06 Bipartidismo tradicional: incapaz de lograr consensos nacionales

2 Director Ejecutivo del CESPAD: Gustavo Irías Autor del documento: Eugenio Sosa Este texto es parte de la serie Análisis de Coyuntura de Honduras en el marco del Proyecto: Fortaleciendo las capacidades de los socios de TROCAIRE. El contenido de este texto ha sido sometido a la discusión del equipo del CESPAD y expresa su opinión institucional sobre la coyuntura. Las ideas y opiniones expuestas en este documento no reflejan necesariamente la posición de TROCAIRE y sus organizaciones socias.

3 Bipartidismo tradicional: incapaz de lograr consensos nacionales Lo más relevante, en la coyuntura política del mes de enero de 06, es el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y la firma en Washington del Convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), firmada por el Presidente Juan Orlando Hernández y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. En estos dos procesos, más la dinámica de la conflictividad social, se centra el presente análisis de coyuntura. I. El viejo bipartidismo tradicional fracasa en la imposición de su nómina para la nueva Corte Suprema de Justicia Concluyó el mes de enero, sin una nueva Corte Suprema de Justicia, con un Congreso Nacional empantanado en la búsqueda de consensos para completar la elección de los 5 magistrados y magistradas, y con el debate en la sociedad hondureña sobre la existencia o no, de un vacío de poder. Después de meses, el 9 de enero de 06, la Junta Nominadora presentó, entre cuestionamientos de falta de transparencia y de estar plegados al Presidente Juan Orlando Hernández, una lista consensuada de 5 profesionales del Derecho, ante la Secretaría del Congreso Nacional, entre los cuales debería elegir el organismo legislativo, a los 5 nuevos magistrados y magistradas de la nueva Corte Suprema de Justicia. Según trascendió en los medios de comunicación, entre los 5 nominados, surgieron de los auto propuestos y 3 de los propuestos por las diferentes instituciones que a su vez integran la Junta Nominadora (Colegio de Abogados de Honduras, Sociedad Civil, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Sector Obrero). Además, se conoció que de los 5, son de afiliación nacionalista (Partido Nacional) y de afiliación liberal (Partido Liberal) y uno independiente; también se conoció que 30 son hombres y 5 mujeres. De los 5, seis fueron considerados por la Embajada de los Estados Unidos en Honduras como no recomendables (La Tribuna, 9 de enero de 06 y La Prensa, 0 de enero de 06). Al recibir la lista de los 5 de la Junta Nominadora, el Congreso Nacional procedió nombrar, el de enero de 06, la Comisión Especial Dictaminadora para elaborar una nómina de 5 candidatos a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberían ser electos el 5 de enero de 06. La Comisión Dictaminadora quedó integrada por tres diputados del Partido Nacional (Mario Pérez como Presidente, Tomás Zambrano y Rolando Dubón Bueso), dos diputados del Partido Liberal (José Alfredo Saavedra y Mauricio Arias), dos diputados del partido LIBRE (Esdras Amado López y Denis Sánchez), dos diputadas del Partido Anticorrupción (Marlene Alvarenga y Kritza Pérez) y un diputado del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (Augusto Cruz Asensio). Quedaron excluidos de la Comisión Dictaminadora el diputado de Unificación Democrática y la diputada del partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). Es importante anotar que los representantes de los partidos políticos fueron designados por el Presidente del Congreso Mauricio Oliva, sin consultar a los Jefes de Bancada. Debido a esta situación, los diputados de LIBRE aceptaron su participación en la Comisión Dictaminadora a título personal, sin el aval de la representación partidaria. Desde antes de que llegara la lista de los 5 nominados al Congreso Nacional, los diferentes partidos políticos, sobre todos los de oposición, fueron construyendo sus respectivos posicionamientos políticos. El Partido Liberal planteó que participaría en la construcción de nómina de los 5 magistrados, el Partido Anticorrupción rechazó la idea de la nómina y solicitó la elección de cada uno de los magistrados con voto directo y público, similar posición 3

4 fijó el PINU-SD. Al final el PINU-SD decidió apoyar a siete de los 5 nominados que consideró idóneos y el PAC construyó su lista propia de 5 magistrados y magistradas que considera lo mejor dentro de los 5 nominados. Mientras que el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) cuestionó todo el proceso desde la constitución de la Junta Nominadora y asumió que de dicho proceso no podía surgir una nueva Corte Suprema autónoma e independiente. En este sentido, decidió no proponer ni elegir a ningún magistrado o magistrada. Después de tres días de reuniones, la Comisión Dictaminadora no logró construir un consenso que involucrara a todos los que la integraban. Sobre todo, el PAC expresó su desacuerdo con una nómina que, finalmente, terminaron repartiéndose ocho para el Partido Nacional incluyendo al Presidente del Poder Judicial y siete para el Partido Liberal. La nómina de 5 magistrados, construida al viejo estilo bipartidista, fue sometida a votación directa y secreta en el Congreso Nacional el 5 de enero, sin poder alcanzar la mayoría calificada. La nómina alcanzó 8 votos a favor (8 del Partido Nacional, 6 del Partido Liberal, 6 de la Bancada Independiente, del PDCH, y de UD) y votos en contra (9 de LIBRE, 3 del PAC y del Partido Liberal). El diputado Dennis Sánchez de LIBRE se abstuvo y el diputado Esdras Amado López, también de LIBRE, no votó. Dada esta situación, se convocó al Congreso Nacional para el 6 de enero, reunión en la que se conformó una Comisión Multipartidaria para que diseñara el mecanismo de elección a través del voto secreto y directo. La Comisión Multipartidaria definió como mecanismo de votación individual, que cada diputado o diputada tendría una papeleta con la nómina de los 5, de los cuales elegiría con un SI hasta 5 candidatos y en los demás marcaría NO. En la papeleta bajo la fotografía de cada nominado a magistrado aparecen tres opciones: marcar SI, marcar NO, y marcar ABSTENCIÓN. Bajo este mecanismo se procedió a la elección de los magistrados con las posiciones partidarias siguientes: Partido Nacional, Partido Liberal y sus aliados comprometidos a votar por la nómina original con la que se habían repartido los cargos, Partido Anticorrupción votaría por los 5 nominados que como partido había seleccionado, que sólo coincide en una magistrada con la nómina oficial, PINU votaría por su propia nómina de siete de los nominados y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que reafirmó que no elegiría a ninguno de los magistrados, insistiendo en que hay un problema de origen en el proceso. En una primera votación realizada el 8 de enero, fueron electos 8 de los 5 magistrados a la Corte Suprema de Justicia, tres del Partido Nacional y cinco del Partido Liberal. Lo que sorprendió de alguna manera, es que los ocho magistrados electos pertenecen a la nómina original negociada entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Esto se explica porque los diputados de LIBRE, Denis Sánchez y Esdras Amado López, y dos diputados o diputadas del Partido Anticorrupción votaron por la nómina del bipartidismo tradicional. Lo anterior llevó a que el Partido Anticorrupción radicalizara su posición, en el sentido de que ya no votaría por su propia nómina, sino que se sumaba a la posición de LIBRE de votar por el NO en todos los nominados restantes. LIBRE insistió en su postura del NO y le planteó al Presidente Juan Orlando Hernández que apoya la elección de los magistrados si de manera inmediata se procedía a aprobar la revocatoria de mandato de las autoridades del Poder Judicial. Para completar el panorama, el Parido Liberal ya tiene cinco magistrados electos se supone que ahora iría por la mayoría y por la Presidencia. Lo anterior en una posición de desventaja al Partido Nacional, que corre el riesgo de perder el control del Poder Judicial. Ante este escenario, y bajo fuertes cabildeos políticos entre los diferentes partidos, el Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, decidió suspender la continuidad de la elección de los siete magistrados restantes prevista para el 9 de enero y se postergó la convocatoria para el uno de febrero. El proceso anteriormente descrito, nos lleva a inferir las conclusiones siguientes: Primera. La dificultad para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con una conducción del

5 Congreso Nacional que por dos años se ha negado a construir consensos políticos multipartidarios para la gobernabilidad democrática y ha excluido de manera sistemática a los partidos de oposición real, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción. El Legislativo ha preferido actuar bajo el viejo esquema de alianza bipartidista, Partido Nacional y Liberal, y los partidos satélites, Unificación Democrática y Democracia Cristiana. Segunda. A pesar que el Partido Nacional ha logrado cooptar diputaciones del Partido Libertad y Refundación, a tal grado que se ha conformado la llamada Bancada Independiente con diputados y diputadas que salieron electas por LIBRE, y que sigue cooptando más diputados, incluyendo algunos del PAC, cuando se trata de votaciones que requieren mayoría calificada enfrenta dificultades. Ya fue derrotada la propuesta de Policía Militar de Orden Público (PMOP) y ahora tiene problemas para imponer una nueva Corte Suprema de Justicia a su medida, a pesar de que todos los nominados provienen del bipartidismo tradicional. Tercera. Debido al proceso viciado de la Junta Nominadora y al perfil de los 5 nominados a magistrados, existen muy pocas posibilidades de que la sociedad hondureña pueda contar con una nueva Corte Suprema de Justicia, realmente autónoma e independiente. II. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), entre expectativas y dudas Después de proponer y posponer fechas, finalmente se firmó el martes 9 de enero el convenio de la Misión el Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), entre el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Para la concreción de la MACCIH fue determinante la demanda de la instalación en el país de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) de la ciudadanía indignada y las presiones internacionales. En los primeros días de diciembre de 05, 5 congresistas demócratas estadounidenses solicitaron al Secretario de Estado, John Kerry, que Estados Unidos apoye la creación de una comisión patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reducir la corrupción y la impunidad en Honduras. Luego, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el 8 de diciembre 750 millones de dólares para el Triángulo Norte de Centroamérica. En el decreto del presupuesto de los fondos, se establece en el numeral 6 de la página 9, que en Honduras se debe promover y reforzar la democracia, incluyendo la implementación de reformas para mejorar el profesionalismo judicial en cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, como es apropiado. Diferentes funcionarios públicos, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (FOPRIDEH), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y otros sectores, se han mostrado optimistas con los resultados que se esperan de la MACCIH. Otros actores como el Partido Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción, únicamente le han dado el beneficio de la duda. Mientras que parte de la ciudadanía indignada que se mantiene en las movilizaciones de las antorchas, continúan demandando la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Hay hechos que reafirman las dudas de la ciudadanía acerca del éxito que podría tener la MACCIH, como el nombramiento, por parte del Presidente Juan Orlando Hernández, días antes de firmarse el convenio, de Rigoberto Chang Castillo, para dirigir la plataforma de diálogo en el contexto de las gestiones de la Misión de Apoyo Varias de las ideas planteadas en este apartado, ya han sido compartidas por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) en la serie Cronologías de la indignación ciudadana. 5

6 contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), quien se desempeñaba como ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Este nombramiento genera dudas, ya que Rigoberto Chang Castillo es uno de los hombres más cercanos al Presidente Juan Orlando Hernández y tiene vínculos familiares con el actual Fiscal General del Estado, Óscar Chinchilla. El documento firmado entre el Gobierno y la OEA está estructurado en considerandos, objetivos, líneas de acción, funciones de la MACCIH en materia de justicia penal, funciones de la MACCIH en materia político-electoral, funciones de la MACCIH en seguridad pública, competencias de la MACCIH, obligaciones del Gobierno de Honduras, representaciones y notificaciones, miembros de la Misión, gastos de la MACCIH, seguridad y protección del personal de la MACCIH, privilegios e inmunidades, retiro de la MACCIH, solución de controversias, y disposiciones generales. Como puede observarse, la MACCIH tiene un mandato amplio, con posibilidades de intervenir en temas relacionados con lo político electoral, justicia penal y seguridad pública. Sin embargo, aunque el mandato es amplio, es a la vez poco profundo. Sus objetivos, líneas de acción y competencias se refieren a: apoyar, proponer, contribuir, revisar, cooperar, asesorar, realizar, seleccionar, trabajar, identificar, combatir, fortalecer, prestar, fomentar, elaborar, analizar, propiciar, facilitar, acompañar, solicitar, etc. Es decir, prevalecen las acciones y mandatos de carácter débil. El punto más relevante de la MACCIH es el siguiente: Seleccionar y conformar un grupo de jueces, fiscales, policías, especialistas forenses internacionales de renombre y profesionales nacionales de reconocida objetividad y capacidad, cuya labor es la de acompañar, asesorar, supervisar y/o evaluar a las autoridades competentes del Estado de Honduras para que recaben información, investiguen casos de corrupción y tengan un sistema certificado, por la MACCIH, de recepción de denuncias (sean públicas, anónimas o confidenciales) por medio de las instancias gubernamentales competentes. Los casos de corrupción que surjan de este sistema certificado de denuncias, en los cuales la MACCIH selecciones y decida colaborar activamente le serán notificados a las autoridades hondureñas. 3 Sin embargo, una de las mayores dificultades para que la MACCIH tenga resultados, es que las unidades que forme para realizar su trabajo, finalmente actuarán en el marco del Sistema de Justicia Hondureña existente. De allí, que tiene sentido lo que expresara WOLA en un comunicado de prensa, el mismo día que se firmó el convenio de la MACCIH: El acuerdo final carece de las robustas facultades investigativas y de acompañamiento en la persecución penal de su contraparte guatemalteca, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Pero WOLA también le concede el beneficio de la duda y cierto optimismo, al expresar en el mismo comunicado ya señalado, que: Aún con sus debilidades, la MACCIH podría contribuir a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras de darse ciertas condiciones. La efectividad de la MACCIH requerirá, entre varios aspectos, de un liderazgo con la debida integridad, probidad, honorabilidad y compromiso, y del cuidadoso monitoreo, supervisión y vigilancia de parte de la sociedad civil hondureña y de la comunidad Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras, firmado el 9 de enero de 06, por el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. 3 Ibíd. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), comunicado de prensa del 9 de enero de 06. 6

7 internacional. Uno de los puntos que más ha llamado la atención y que ha contribuido para dar el beneficio de la duda a la MACCIH es que se refiere a que una de las causas de retiro del país es, Si el Estado deja de cooperar para el pleno ejercicio de las funciones y facultades que la MACCIH tiene. 5 III. Dinámica de la conflictividad social De manera general la conflictividad social continúa la tendencia hacia el declive. Sin embargo, es importante anotar que las acciones de protesta son mucho más en cantidad en enero del 06, que las que se registraron en enero del 05. Es comprensible que, por las vacaciones y celebraciones de fin de año, los meses de diciembre y enero siempre tengan una tendencia a la baja las acciones colectivas de los actores sociales. Ver abajo Gráfico, Gráfica # Cantidad de protestas de enero de 05 a enero de Fuente Elaboración propia sobre la base los periódicos nacionales. En orden descendentes, las demandas se ubican así: las demandas económicas en primer lugar, las demandas por los Derechos Humanos en segundo lugar, las demandas políticas y contra la corrupción en tercer lugar y las demandas sociales en cuarto lugar. Como puede observarse, las demandas políticas contra la corrupción han sido desplazadas del primer lugar al tercer lugar, debido al debilitamiento de las marchas de las antorchas de la ciudadanía indignada. Ver abajo gráfico. 5 Ibíd. 7

8 Gráfica # Demandas durante el mes de enero de Social Corrupción - política Derechos Humanos Económica Fuente Elaboración propia sobre la base los periódicos nacionales. En este mes el sector más movilizado son los gremios magisteriales, que en el 05 tuvieron un perfil bajo, invisibilizados como actores de las movilizaciones. Las protestas de los maestros durante el mes de enero están relacionadas con la demanda de pago de salarios atrasados. Las marchas de las antorchas se reactivaron en enero, pero siempre mantienen un bajo perfil. El Frente Nacional de Resistencia (FNRP) y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) se movilizaron en solidaridad de David Romero Ellner y en rechazo al Presidente de Juan Orlando Hernández al cumplir sus dos años de Gobierno. Las organizaciones de mujeres y feministas se movilizaron el 5 de enero, día de la mujer hondureña, reclamando sus derechos. Gráfica # 3 Sector social participante en las protetsas de enero de 06 Maestros Trabajadores economía informal Trabajadores empresa pública y privada Pobladores urbanos Ciudadanía indignada FNRP - Libre Transportistas Confraternidad evangélica Estudiantes universitarios Mujeres Fuente Elaboración propia sobre la base los periódicos nacionales. 8

9 Los tipos de protesta o repertorios de acción que más prevalecieron durante el mes fueron, en orden descendente, las concentraciones, declaraciones públicas, toma de vías públicas, movilizaciones o marchas, toma de edificios, motín y un paro de labor o huelga. En general, se mantiene el patrón de protestas pacíficas y un número importante de protestas disruptivas. Gráfica # Tipo de protestas durante el mes de enero de Fuente Elaboración propia sobre la base los periódicos nacionales. IV. Conclusiones La correlación de fuerzas a favor del Partido Nacional evidenció sus limitaciones en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Aunque la oposición logra coincidir en algunos temas y acciones coyunturales, sigue sin expresarse como un bloque articulado, situación que está limitando las posibilidades de avanzar en la transformación democrática del país. Las elites políticas en el poder siguen aferradas a gobernar desde el bipartidismo tradicional, mecanismo que se encuentra desfasado ante los cambios en el sistema de partidos políticos, que en las elecciones de 03 se transformó en un sistema político multipartidario. En el proceso actual de elección de la Corte Suprema de Justicia no existen posibilidades de que surja un Poder Judicial autónomo e independiente, debido a que el proceso está viciado y controlado desde el nombramiento de la Junta Nominadora por el Presidente Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), es producto de la movilización de la ciudadanía indignada y de la presión de actores internacionales como los Estados Unidos. Es un instrumento con un mandato amplio, pero a la vez poco profundo. No cuenta con una unidad de investigación robusta que pueda actuar más allá del sistema de justicia corrupto. 9

10 V. Desafíos para las fuerzas progresistas Hacer un análisis profundo acerca del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y planear las reformas constitucionales que sean necesarias para avanzar en la elección de magistrados y magistradas que actúen de forma autónoma e independiente. El proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia evidenció que el nuevo mecanismo, al igual que los anteriores ha fracasado. Organizar e implementar un sistema de monitoreo y vigilancia sobre el accionar de la Corte Suprema de Justicia y aprovechar la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH), para realizar denuncias sobre este poder del Estado. Analizar a fondo el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH), firmado entre el Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA), para valorar sus alcances y limitaciones, y plantearse desde esta realidad, una estrategia de actuación en torno a la MACCIH. Construir estrategias diversas que incorporen a la ciudadanía, no sólo al proceso de movilización, sino también de deliberación y participación activa en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Proyecto: Fortaleciendo las Capacidades de los Socios de TROCAIRE 0