Causa N : 28971/ ANASTACIO, CLAUDIA ANDREA c/ ASOCIART ART S.A. s/accidente - LEY ESPECIAL. se procede a votar en el siguiente orden:

Transcripción

1 Causa N : 28971/ ANASTACIO, CLAUDIA ANDREA c/ ASOCIART ART S.A. s/accidente - LEY ESPECIAL Buenos Aires, 21 de diciembre de se procede a votar en el siguiente orden: El Doctor Álvaro E. Balestrini dijo: I.- Contra la sentencia de primera instancia que admitió el reclamo, recurre la aseguradora a mérito del escrito de fs. 220/223, que mereció la réplica de su contraria de fs. 225/227. II.- La recurrente cuestiona en definitivael progreso de la acción, la existencia de un vínculo entre la patología denunciada y el infortunio motivo del reclamo y el grado de incapacidad física y psicológica que tuvo en cuenta el sentenciante para calcular el monto de condena. El Sr. Juez de grado hizo mérito a lo informado por el perito médico en cuanto a que la accionante presentaba una lumbociatalgia con alteraciones clínicas y radiológicas que le ocasionaba una minusvalía del 10% y limitaciones funcionales de su columna lumbosacra que le generaban un 8% de incapacidad y que, además, padecía una Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado II por la cual presentaba un 10% de minusvalía, porcentaje al que informó debían adicionarse un 20% por la dificultad de la actora para realizar sus tareas habituales, un 10% porque ameritaba una recalificación y un 3% teniendo en cuenta su edad. En base a ello, estimó la minusvalía parcial y permanente de la accionante en un 37.24% de la t.o. Así también, tuvo en cuenta que el galeno consideró que la etiología de los padecimientos de la trabajadora era traumática, por lo que concluyó que tenían una relación causal con las condiciones en las cuales laboraba la actora y con el infortunio

2 denunciado. Poder Judicial de la Nación Así también, el Sr. Juez de grado hizo mérito a las impugnaciones formuladas por la aseguradora, pero consideró que las mismas no lograban revertir las conclusiones a las que arribó el experto. Señaló que no se encontraba agregado a las actuaciones el examen preocupacional de la accionante, que permita establecer que su patología fuese preexistente y que en atención a la edad de la demandante correspondía descartar la posibilidad de que se tratara de una patología lumbar de carácter degenerativo. Con relación al nexo causal entre las patologías de la accionante y el infortunio denunciado en autos, el señor magistrado destacó que la aseguradora no rechazó en el momento oportuno la denuncia del accidente y señaló que además- los testimonios rendidos en autos daban cuenta del acaecimiento del incidente, como así también que a la actora la obligaban a realizar tareas de esfuerzos y a adoptar posturas antiergonométricas y antifisiológicas, las que consideró resultaron idóneas para producir la patología columnaria de la trabajadora. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora, con fundamento en que la enfermedad de la accionante no se encontraba dentro del listado de enfermedades profesionales, el sentenciante señaló que a partir del dictado del decreto 1278/00, no sólo se consideran profesionales las enfermedades incluidas en el listado del decreto 658/96 -ampliado por el decreto 1167/03 y posteriormente por el Decreto 49/14)-, sino también de conformidad con lo dispuesto por el art. 6 apart. 2. b) de la L.R.T. las provocadas por la ejecución del trabajo, Así también, aclaro que si bien la norma establecía que dichas circunstancias debían ser evaluadas por la comisión Médica pertinente, el Sr. Juez de grado consideró que los arts. 21 y 22 de la L.R.T. resultaban inconstitucionales y que la determinación de la existencia de un nexo causal resultaba una atribución judicial. En base a ello, el Sr. Juez de grado concluyó correspondía admitir el reclamo, sin perjuicio que dado

3 que la patología de la actora no se ajusta a lo previsto en el decreto 49/14 y de conformidad con lo establecido en el decreto 590/97 modificado por el decreto 1278/97, autorizó la repetición del resarcimiento abonado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Frente a ello, la aseguradora insiste en que la patología que presenta la trabajadora no se encuentra incluida entre las enfermedades profesionales enumeradas en el Anexo I del Decreto 658/96, sin rebatir los argumentos en base a los cuales el Sr. Juez de grado concluyó que correspondía admitir el reclamo, relativos a que correspondía enmarcar el caso en lo previsto en el art. 6 apart. 2. b) de la L.R.T., ni haber ninguna mención a que el sentenciante autorizó a la aseguradora solicitar la repetición del monto de la indemnización abonada al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, de conformidad con lo previsto en el decreto 590/97 modificado por el decreto 1278/97, lo que sella la suerte de la queja sobre este punto (art. 116 de la L.O.). En cuanto a la determinación de la existencia de un nexo causal de la citada patología con el accidente denunciado, concuerdo con lo señalado por el Sr. Juez de grado en cuanto a que la edad de la actora al momento del infortunio (25 años), descarta la posibilidad de que se trate de una lesión degenerativa y refuerza la conclusión a la que arribó el galeno respecto a que posee un origen traumático. III.- Así también, la apelante señala que el grado de minusvalía determinado por el perito no se ajusta a la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales previstas en el Anexo I del Decreto nº 659/96. Sin embargo, a diferencia de lo que señala la recurrente, el perito interviniente determinó que la accionante padece una Lumbociatalgia con alteraciones clínicas y radiológicas, patología que ha sido incluida en la enumeración de la Tabla referida, en la cual se prevee que puede generar una minusvalía de

4 entre el 5% y el 10% de la t.o. Por lo tanto, entiendo que resultó adecuado a lo allí previsto, el 10% de minusvalía estimado por el galeno. En cuanto a la movilidad de su columna lumbar el perito informó que la trabajadora presentaba una flexión de 60º, extensión de 10º, birrotación de 10º y bilaterización de 20º y concluyó que padecía una limitación funcional que le ocasionaba un 8% de minusvalía y lo sustancial en el caso es que la estimación del porcentaje aludido no ha sido objetado en forma concreta y precisa por la apelante (art. 116 de la L.O.). IV.- Con relación al cuestionamiento articulado respecto al porcentaje de incapacidad psicológico determinado por el perito, la recurrente argumenta que el experto no descartó la influencia de factores socioeconómicos y familiares como lo dispone el Decreto 659/96. No obstante, lo cierto es que el perito efectuó un psicodiagnóstico a la trabajadora, en el marco del cual se efectuó una extensa entrevista a la actora y se la evaluó mediante la realización de diversos tests y que, en base a ello, concluyó que su patología psicológica era consecuencia de la falta de rehabilitación física, lo que lleva a desestimar el cuestionamiento sobre este aspecto. Asimismo la apelante hace una referencia por demás imprecisa a que la ley exige que se constaten síntomas al momento de la lesión física, sin terminar de esbozar de un modo claro el argumento que pretende esgrimir en contra de lo decidido. V.- A mérito de lo expuesto, dado que conforme lo establece el art. 477 del C.P.C.C.N., si bien la fuerza probatoria de los dictámenes periciales debe ser evaluada de acuerdo a la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca, siendo facultad del judicante su apreciación

5 con la latitud que le adjudica la ley, lo cierto es que para que el Juez pueda apartarse de la valoración efectuada por el perito médico debe hallarse asistido de sólidos argumentos, pues se trata de un campo de saber ajeno al hombre del derecho, lo que no advierto se cumpla en el caso de autos. Por el contrario, entiendo que el referido informe pericial constituye prueba pericial idónea, toda vez que ha sido elaborado sobre la base del examen físico practicado al trabajador y sustentado en fundamentos científicos técnicos propios de la profesión del galeno (conf. arts. 346 y 477 del C.P.C.C.N.). En tal marco, en el contexto descripto, dentro de los límites del recurso articulado y a la luz de las reglas de la sana crítica (conf. arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N.), no encuentro motivos que justifiquen en el caso apartarse de las conclusiones médico-legales que se desprenden de lo informado por el perito interviniente. En consecuencia, sugiero confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide. VI.- Aconsejo imponer las costas de alzada a la aseguradora (art. 68 primer párrafo del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes por sus actuaciones ante esta alzada en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia (art. 14 de la ley ). El Doctor Roberto C. Pompa dijo: que antecede. Por compartir los fundamentos, adhiero al voto

6 El Doctor Mario S. Fera no vota (art. 125 de la L.O.0). A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de fs. 212/219 en lo que ha sido materia de apelación y agravios, a excepción de la distribución de costas; 2) Imponer las costas de alzada a la aseguradora y 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes por sus actuaciones ante esta instancia el 25% de lo que en definitiva les corresponda percibir a cada una de ellas por las labores realizadas en la anterior sede. Hágase saber a las partes y peritos que rige lo dispuesto por la ley y Ac. C.S.J.N. Nro. 38/13, Nro. 11/14 y Nro. 3/15 a los fines de notificaciones, traslados y presentaciones que se efectúen. Regístrese, notifíquese y devuélvase. Roberto C. Pompa Juez de Cámara Álvaro E. Balestrini Juez de Cámara Ante mí: C.B.