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1 Julio 2013 Boletín de Noticias del Grupo Vilar Riba Departamento Jurídico RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA: NECESIDAD DE IMPLANTAR UN PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (PCN) EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, REQUISITO PARA TRANSMISIÓN Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

2 RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA: NECESIDAD DE IMPLANTAR UN PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (PCN) Responsabilidad penal de las personas jurídicas Conforme al vigente Código Penal, una persona jurídica puede ser declarada responsable penal por la comisión de determinados delitos. Las consecuencias para la empresa pueden ser graves: no sólo imposición de sanciones económicas, sino también suspensión temporal de la actividad o incluso cierre de la empresa. Todo esto aparte de la correspondiente indemnización por responsabilidad civil Medios para mitigar / prevenir el riesgo de la empresa: implantación de un plan de cumplimiento normativo El propio Código Penal prevé la posibilidad de mitigar / eliminar esta responsabilidad en aquellos casos en que la empresa hubiera adoptado "medidas eficientes para prevenir y descubrir los delitos que se puedan cometer con los medios o bajo cobertura de la persona jurídica". Esto se instrumenta mediante la implementación en la empresa de un plan de cumplimiento normativo (PCN) en el ámbito penal (lo que los anglosajones denominan "compliance program"). Qué es un PCN? Un PCN penal es el conjunto de actuaciones y mecanismos internos de la empresa que tienen por objetivo prevenir y, en la medida de lo posible, evitar quesecometanenel seno de la empresa conductas o acciones que sean contrarias no sólo a los valores de la empresa ya sus políticas de actuación sino también a la normativa legal penal que en cada momento sea de aplicación, así como detectar la comisión de delitos cometidos con los medios de la empresa o bajo su cobertura.

3 Beneficios derivados de la implantación de un PCN Es un medio eficaz para preservar y promover los valores de la empresa. Permite prevenir y acotar conductas de riesgo en el seno de la empresa. Es un mecanismo de protección frente a potenciales acciones de responsabilidad contra la empresa y contra sus órganos de gestión. Es una circunstancia atenuante en supuestos de imputación penal de la empresa. Circuito de implantación efectiva de un PCN Compromiso de la dirección Revisión periódica Designa órganos responsables Mecanismos de corrección / sanción Evaluación áreas de riesgo Canales de comunicación y registro de quejas Formación e implementación Códigos de conducta y protocolos de actuación

4 Como apoya VERSAT a la empresa para implantar un PCN? VERSAT apoyaalaempresaen todo el proceso de implantación de un PCN, participando codo a codo con ésta en todas las etapas para la definición e implantación del PCN. Este proceso comienza con la evaluación de las áreas de riesgo específicas de la empresa, y continúa con la recomendación de medidas correctoras, la preparación y redacción de protocolos internos de actuación y códigos de conducta y la implantación de los mismos. Y finaliza con la revisión periódica tanto de la evolución de la implantación como de la adaptación del PCN a los cambios normativos que se vayan produciendo. EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, REQUISITO PARA TRANSMISIÓN Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES El pasado día 1 de junio de 2013, entró en vigor el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, mediante el cual se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, el cual transpone parcialmentela Directiva Europea 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 10 de mayo de Este certificado es el documento mediante el cual un técnico califica la eficiencia energética del inmueble al que se refiere el documento, expresada mediante indicadores energéticos, de conformidad con los requisitos procedimentales y la metodología que la misma normativa incorpora. Dicho documento únicamente tiene carácter informativo y no obliga, en ningún caso, a realizar obras. En virtud del articulado del citado Real Decreto, a partir de su entrada en vigor, la certificación no será sólo necesaria a las construcciones de obra nueva sino que, adicionalmente, será también preceptiva respecto edificaciones existentes e incluso a partes de éstas, siempre que sean objeto de transmisión o arrendamiento, y no dispongan de un certificado de eficiencia energética en vigor. No obstante, la misma normativa enumera una serie de excepciones, entre los que destacan edificios industriales y, por tanto, no residenciales, entre los que se incluirían específicamente aquellos destinados a agricultura, edificios, o partes de éstos aislados, con una superficie útil total inferior a 50 m2, edificios adquiridos para reforma integral o demolición e inmuebles destinados a vivienda de uso temporal. Al mismo tiempo, de la literalidad del Real Decreto se desprende que, en cualquier caso, es obligatorio que aquellos edificios de titularidad privada o bien pública, que sean frecuentados habitualmente por público, exhiban en lugar visible la correspondiente etiqueta de eficiencia energética, siempre que éstos tengan una superficie útil total superior a 500 m2 y 250 m2, respectivamente.

5 Así pues, más allá de las mencionadas excepciones, ante la transmisión de un inmueble, será necesario que el transmisor aporte el reiterado certificado de eficiencia energética, el cual será preceptivo para otorgar, en su caso, escritura pública de transmisión de un inmueble y para efectuar la posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, salvo en el caso de que el adquirente exonere a la parte transmitente de la obligación que le corresponde. Al mismo tiempo, será también necesario en operaciones de arrendamiento de fincas incluidas dentro del ámbito de aplicación de la referida ley. La obtención y, en su caso, la renovación del certificado, es responsabilidad del propietario del inmueble al que se haya de referir, así como el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la misma. Hay que poner de manifiesto que, una vez emitido el certificado de acuerdo con el procedimiento correspondiente, éste tendrá una vigencia de 10 años, encontrándose facultado el propietario, responsable de la correspondiente renovación, para proceder voluntariamente a la referida actualización, siempre que este mismo considere que las características de la finca han cambiado de tal manera que puedan modificar el contenido del certificado preexistente. Sin embargo, el Real Decreto 235/2013 determina que deberá ser el órgano competente de cada Comunidad Autónoma quien regule el procedimiento de control e inspección de los certificados de eficiencia energética, organismo que deberá concretar también el procedimiento necesario para la renovación del tan reiterado certificado. En consecuencia, aunque la necesidad de obtener certificado de eficiencia energética ya tiene virtualidad desde el pasado día 1 de junio, la normativa que al amparo deja pendientes de resolución varios aspectos, tales como la creación de un registro de personas autorizadas para emitir el certificado y cuál será el régimen sancionador ante la falta del mismo, entre muchos otros aspectos.