1.3 La participación ciudadana

Transcripción

1 Página La participación ciudadana "Yo participo, tú participas, nosotros participamos, ustedes participan, ellos deciden", es un enunciado que refleja de manera clara la situación cotidiana que se presenta en el campo ambiental, especialmente en el proceso de establecimiento de normas ambientales, en donde la participación ciudadana no ha logrado una adecuada representación en los países de América Latina y el Caribe. El abogado costarricense Rafael González Ballar, define la participación ciudadana como "un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental, para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el desarrollo de la comunidad en la que se desenvuelve" (OPS/OMS, 1999). La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición necesaria para establecer procesos democráticos y transparentes. Cuando la participación ciudadana se hace explícita en las políticas públicas, se pueden tomar mejores decisiones, lograr mejores relaciones de los ciudadanos con el sector público y minimizar los conflictos frente a la acción del Estado. En particular, la presencia de ciudadanos en el proceso de fijación de normas ambientales refleja cómo la sociedad en su conjunto discute sobre el tipo de país que desea construir en materia de protección de la salud y el ambiente. La necesidad de incorporar en forma directa y activa a la población en torno a la protección del ambiente, están avalados por una serie de hitos históricos en el nivel internacional. Uno de los hitos más significativos ha sido la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en De ella se derivaron una serie de principios, el principio 10 señala: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos." Este principio marca la apertura paulatina de los Estados hacia el establecimiento de mecanismos para incorporar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y en el proceso de fijación de normas ambientales, lo que conllevará a la construcción de procesos de desarrollo más sustentables.

2 Página Los actores del proceso de fijación de normas ambientales El Estado Es fundamental que los organismos públicos tengan la capacidad de representar en forma adecuada los intereses de la sociedad en materia ambiental; afortunadamente, en los últimos años se ha evidenciado un avance al respecto. Los organismos técnicos responsables del proceso de fijación de normas se han especializado, manejan información actualizada y mantienen intercambio técnico permanente con otros países y organizaciones internacionales. En el proceso de generación de normas ambientales se debe considerar la capacidad de los organismos públicos para garantizar el cumplimiento de las mismas, su poder de fiscalización, su desarrollo institucional y el nivel de organización de la ciudadanía y de los sectores a los que afectará la medida. El Estado todavía tiene que asumir con mayor responsabilidad la tarea de motivar a la ciudadanía, a través de sus organizaciones, para que participen en forma activa en el proceso de fijación de normas y también debe diseminar información relevante a la población de manera sencilla y clara. Las universidades y asociaciones científicas Las universidades y asociaciones científicas que trabajan en el campo ambiental tienen un espacio natural para intervenir en el proceso de fijación de normas y ejercen una influencia favorable, gracias a la capacidad de sus profesionales calificados, el manejo del lenguaje técnico, su capacidad de generar información local, de vincularse con las redes científicas internacionales y los centros de investigación universitaria. Sin embargo, la difícil situación financiera de muchas universidades en América Latina y el Caribe, producto de la fuerte reducción del aporte estatal, limitan el desarrollo de las investigaciones científicas. Por otro lado, la política de autofinanciamiento, en ocasiones resta independencia a la opinión de esos centros del conocimiento al tener una creciente dependencia de los recursos que el sector privado pueda ofrecer. Otro aporte significativo es el que realizan las asociaciones profesionales y las sociedades científicas que laboran en torno a los temas ambientales, ya que cuentan con información local, fomentan la discusión y evalúan en forma más rigurosa el impacto de la exposición a contaminantes. El sector empresarial En el proceso de fijación de normas se destaca la participación de los grupos empresariales que entienden cabalmente los costos que implican para su sector la adopción de nuevas normas ambientales. Mientras más estrictas sean, más se requerirá invertir en

3 Página 7 nuevas tecnologías que permitan cumplir con los nuevos estándares. Es necesario aclarar que la aplicación de conceptos como el de la producción limpia, están asociados no sólo a la reducción de emisiones contaminantes sino también a alcanzar mayor eficiencia y productividad. Para hacer frente a esa situación, el sector empresarial cuenta con una alta capacidad de respuesta, recursos para la contratación de expertos, información propia, relaciones con asociaciones empresariales internacionales, influencia política y manejo de las comunicaciones, lo que lo constituye en uno de los actores más influyentes del proceso de fijación de normas ambientales. Las organizaciones sociales Las organizaciones sociales en América Latina y el Caribe han tenido un bajo impacto en el establecimiento de normas ambientales. En su mayoría, no han logrado avistar de manera adecuada las implicancias que tiene para la sociedad la fijación de normas ambientales, en especial lo relativo al "riesgo aceptable". Trabajar con escenarios futuros es un tema complejo para las organizaciones sociales, la falta de proyectos de mediano plazo y la orientación al ámbito local, hacen perder la perspectiva de este tipo de proceso. Esto tal vez se deba a que las organizaciones sociales establecen sus modos de operación de acuerdo con escenarios existentes y no respecto a aquellos que se están definiendo, como es el caso del establecimiento de nuevos estándares ambientales. Además, las organizaciones sociales si bien cuentan con profesionales y técnicos, muchos no tienen la experiencia o conocimientos necesarios para abordar discusiones técnicas en el ámbito de la epidemiología, evaluación de riesgo, bioestadística, etc., temas que requieren formación científica y experiencia, y cuya carencia dificulta la participación efectiva Falta de equidad en los procesos de fijación de normas ambientales En el proceso de fijación de normas ambientales existe la imperiosa necesidad de equilibrar la participación de los sectores empresariales con respecto a los otros sectores de la sociedad. Se debe compensar las asimetrías que existen y que se producen por la capacidad del sector privado de incidir en los resultados finales. La calidad de la participación y la influencia final en el proceso, dependerá de la capacidad de procesamiento de la información que manejen los actores y de los recursos técnicos y económicos que tenga cada grupo de interés para reflejar sus intereses. Los escasos recursos económicos y la dispersión que tienen las asociaciones de pequeños productores y microempresarios, dificulta conocer la posición de este importante sector económico, que no puede justificar su posición por no contar con técnicos que evalúen el impacto de las normas sobre su actividad. Los investigadores de mayor renombre o expertos, por lo general, son contratados por las empresas o grupos de interés

4 Página 8 económico, que desnivelan el manejo de la información, disminuyen la capacidad efectiva de incidir de estos actores y generan la falta de equidad. La limitada participación ciudadana en el proceso se explica por la complejidad técnica, la necesidad de manejar información propia o de primera fuente y el no contar con equipos profesionales calificados (propios o dependientes). Su bajo impacto en la adopción final de normas ambientales obliga un cambio de perspectiva para fortalecer los mecanismos que debe adoptar el Estado a fin de garantizar que todos los componentes de la sociedad tengan condiciones similares para ejercer sus derechos. Lo anterior no debe interpretarse como una crítica a la mayor capacidad que tiene el sector empresarial. Se considera que el problema de fondo es la debilidad casi estructural que presentan los pequeños empresarios y las asociaciones civiles, como actores ambientales, para representar sus intereses. El apoyo más decidido por parte del Estado ayudaría a subsanar las desigualdades y la falta de garantías y oportunidades que tienen los sectores más vulnerables Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos normativos ambientales La efectiva participación de la sociedad en el establecimiento de nuevos estándares ambientales es una condición necesaria para dotar a las mismas de legitimidad y generar condiciones propicias para su aplicación. El Estado y en especial sus órganos ejecutores deben ejercer un papel activo para garantizar la participación equilibrada de la ciudadanía. En el proceso de fijación de normas ambientales es conveniente crear la figura de un profesional que dé apoyo a las organizaciones ciudadanas que deseen participar en alguna discusión en particular. Este profesional tendría la responsabilidad de facilitar información en forma simple, prepararía material de apoyo con antecedentes históricos e información internacional y coordinaría con expertos y funcionarios del Estado que puedan reunirse con esos grupos para orientar a la ciudadanía. El objetivo del apoyo que brindará este profesional debe estar dirigido a mejorar las condiciones de participación de la ciudadanía y no debe entenderse como la acción de un funcionario que reemplace a la ciudadanía mediante la preparación de argumentos e informes. Debe ser un técnico que maneje adecuadamente los procedimientos, plazos y formas que posibiliten la efectiva participación de la ciudadanía. Además de la función de este técnico, el organismo responsable del proceso de fijación de normas debe facilitar el acceso a la información nacional e internacional, a través de una oficina durante el proceso de consulta. Si esto se logra institucionalizar, el Estado estaría dando un paso significativo para disminuir las brechas de participación de los sectores ciudadanos.

5 Página 9 El costo de estas medidas es muy bajo en relación con los beneficios futuros. Probablemente no se requiera contratar a un nuevo profesional; se podría destinar por una jornada parcial a un técnico de los equipos de participación ciudadana o de planificación y normas que conozca los procedimientos y a los técnicos que puedan orientar a la ciudadanía. En cuanto a los espacios en la comunidad, es posible adecuar en las bibliotecas o centros de información de los organismos responsables del proceso de fijación de normas, un horario especial de consulta y crear servicios de información dirigidos a este objetivo. También sería conveniente que las universidades apoyen con información y antecedentes científicos a la ciudadanía. Eso permitiría equilibrar la función de los centros universitarios respecto a los sectores empresariales y acentuarían su función social. En cuanto al papel de las organizaciones sociales, es fundamental que estas diseminen información a la ciudadanía a través de charlas y encuentros sobre la importancia que tienen las normas ambientales para la vida de todos. Una experiencia interesante en torno a este tema, es la que está desarrollando la Oficina de Representación de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en Chile con la Red Nacional de Acción Ecológica, que comprende a más de 140 organizaciones. Mediante pequeños aportes económicos e información técnica se han realizado encuentros de discusión e intercambio con los organismos ambientales y de salud, lo que les ha permitido explicar puntos de vista y la importancia que le asignan a los cambios de la normativa ambiental. En dos años se ha logrado una mayor sensibilización y se han constituido grupos especiales que discuten las normas más importantes para el movimiento ambiental, a través de charlas, grupos de discusión y relación con centros de investigación universitaria. Estos son pasos pequeños, pero están permitiendo mejorar la posición de la ciudadanía. La preocupación por estos procesos continúa y se están buscando nuevas estrategias para mejorar la calidad de la participación. Finalmente, es necesario enfatizar que la participación ciudadana en los procesos normativos no es otra cosa que la búsqueda de mayores espacios de concertación de la sociedad, respeto a la opinión de todos los actores, equidad en el acceso a la información, búsqueda del bien común y protección a la salud y el ambiente.