DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO 2011

Transcripción

1 DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO FECHA DE ELABORACIÓN: DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA 3.- TIPO DE DOCTRINA: DERECHO PENAL ADJETIVO 4.- TEMA: SUPUESTO ESPECIAL DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 5.- EXTRACTO EN LOS DELITOS QUE SE PRESUMA PUEDAN SER CATALOGADOS COMO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, DEBE DETERMINARSE LA PARTICIPACIÓN DE LOS LLAMADOS FACTORES DE PODER EN LA COMISIÓN DEL HECHO PUNIBLE, YA QUE DE LO CONTRARIO NOS ENCONTRAMOS ANTE UN DELITO COMÚN, NO SIENDO APLICABLE POR ELLO LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 6.- CONTENIDO NÚMERO DE ESCRITO OFICIO N DCJ FECHA: RESUMEN Me dirijo a usted, en la oportunidad de dar respuesta a su Oficio N 24-F , mediante el cual eleva consulta a esta Dirección de Consultoría Jurídica, con relación a la procedencia de prescindencia total o parcial del ejercicio de la acción penal, en la investigación N 24-F , por cuanto el imputado ( ), suministró información, que a su criterio es relevante para la averiguación que se adelanta contra otros dos ciudadanos, quienes presuntamente forman parte de una organización de delincuencia organizada. Ahora bien, a los fines de evacuar cualquier consulta que sea solicitada a esta Consultoría Jurídica, o a cualquiera de las otras direcciones que conforman el Despacho de la Fiscal General de la República, debemos partir de las recientes instrucciones dictadas por la máxima autoridad de esta institución, en fecha 28 de julio de 2011, a través de la Circular N DFGR-VFGR-DGAJ-DCJ- DRD , que regula el Procedimiento para Elevar Consultas. En dicha Circular, se destaca que según el Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que integran el Despacho del Fiscal General de la República, la mayoría de las direcciones que integran el Despacho, tienen la atribución de emitir opiniones, fijar directrices y evacuar consultas a los representantes fiscales, en las materias de su competencia, y específicamente a esta Dirección le es reconocida tal competencia en el artículo 7, numeral 2 de dicho Reglamento.

2 Ahora bien, según la mencionada Circular Del Procedimiento de para Elevar Consultas, es necesario que al elevar su planteamiento lo haga por escrito, con información detallada de la situación a estudiar, precisando las dudas que requiere sean aclaradas y señalando la opinión jurídica que le merezca el asunto con la indicación de los fundamentos legales en los cuales se sustente. De igual forma, se indica en la Circular, que las opiniones jurídicas que emite el Despacho a través de las Direcciones, tienen un carácter netamente orientador, es decir, que no podrá supeditarse la actuación fiscal a la espera de una respuesta por parte de la dependencia consultada, ya que ello ocasionaría un retraso en la tramitación de la causa. Si bien es cierto que la opinión jurídica que emita cualquiera de las direcciones que conformamos el Despacho de la Fiscal General de la República, preceden a un análisis del aspecto consultado, se entiende que el mismo es una orientación y que el representante fiscal goza de autonomía en el cumplimiento de su labor, tal como lo señala la citada circular, ello sin menoscabo de las facultades de coordinación, supervisión y control de las Direcciones de adscripción. Es decir, que sobre la base de lo ya señalado, esta Consultoría Jurídica, no ostenta entre sus atribuciones dar instrucciones o lineamientos a los fiscales del Ministerio Público, ya que tal actuación es propia de las direcciones a las cuales se encuentran adscritos los representantes fiscales. Entrando a analizar el caso planteado en su solicitud de opinión, nos encontramos ante la posible solicitud de aplicación del supuesto especial de principio de oportunidad, figura conocida con el nombre de delación, prevista en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal, y también en las leyes especiales contra la delincuencia organizada y el secuestro y la extorsión. En este sentido, lo primero que debe determinarse en el caso concreto es cuál de las normativas vigentes es la aplicable, teniendo presente que los delitos señalados por usted y por los cuales ha sido procesada la persona que se beneficiaría con la aplicación del supuesto especial, ha sido procesada por los delitos de extorsión agravada, prevista en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, y Asociación Ilícita para Delinquir, prevista y sancionada en el artículo 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. En este ámbito, observamos que en base al criterio de jerarquía de las leyes, corresponderá aplicar la norma contenida en el artículo 21 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, publicada en Gaceta Oficial N del 5 de julio de 2009, ya que frente a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, es una ley especial y posterior, que contempla el presupuesto de la delación, mientras que la mencionada ley orgánica, abarca a los delitos propios de la delincuencia organizada, como por ejemplo la incautación o confiscación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o de químicos esenciales o de capitales o bienes. Al efecto, es importante hacer una distinción, en cuanto a lo que sería la imputación de los hechos punibles a los que nos venimos refiriendo, con el señalamiento, que sólo el representante fiscal que tiene conocimiento de una causa, es el llamado a calificar jurídicamente los hechos.

3 Así, en el caso específico del delito de extorsión agravada al cual usted refiere, el mismo se encuentra previsto en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, mientras que las agravantes se tipifican en el artículo 19 de ese instrumento legal, sin que se indicara en cuál de ellas se subsume la conducta de los imputados, y por tanto, se debe precisar de forma exacta la calificación jurídica de los hechos, para garantizar el principio de legalidad y por ende el debido proceso. Ahora bien, más allá de lo anterior, debe distinguirse si efectivamente el delito de extorsión ante el que nos encontramos es el previsto en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, o si dicho delito es producto de la actividad de un grupo, que llene ciertas exigencias en cuanto a su conformación, para poder ser considerado como de delincuencia organizada, y en cuyo caso la ley que se debería aplicar es la de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Para poder determinar si la actividad delictiva se encuadra o no en lo que podría considerarse como delincuencia organizada, traeré a colación una ponencia presentada por mi persona en un evento académico realizado este año 2011, por esta Institución, en donde el tema central era la delincuencia organizada, y donde sostuve lo siguiente: Con fundamento en esta autorizada doctrina, podemos concluir que la existencia de estas empresas criminales con carácter permanente y estructura organizada, depende exclusivamente de la protección que le ofrecen integrantes de los cuerpos policiales, de los órganos de administración de justicia y de otras importantes instituciones públicas y privadas. De allí, que la característica esencial de delincuencia organizada es la participación de factores de poder, tanto del sector público como del privado, para proteger a los miembros del grupo contra la persecución penal y para neutralizar la acción del Estado y de sus autoridades. Es decir, que en base a lo anterior, puede concluirse que ante la inexistencia de los llamados factores de poder, no podríamos hablar de delincuencia organizada, sino de delincuencia común. De lo señalado por usted en su oficio, no queda claro el por qué se estima que se ha configurado el delito de asociación para delinquir previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, ya que no se hace mención a la existencia o participación de factores de poder, en la comisión de la extorsión agravada, debiendo tenerse en cuenta que en el supuesto de no contar esos elementos (ya referidos), podría subsistir el mismo tipo penal consagrado en el Código Penal, pero no el de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Luego de que se tengan claras las circunstancias previamente señaladas, resta evaluar la posibilidad de solicitar la aplicación de la delación contenida en el artículo 21 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, en donde se señala lo siguiente: El Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la acción penal conforme a lo establecido en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal a los autores o autoras, cooperadores o cooperadoras, cómplices o encubridores o encubridoras de los delitos tipificados en la presente Ley, que colaboren eficazmente con las autoridades competentes para lograr la frustración o el esclarecimiento del delito investigado, la aprehensión de otros autores o autoras, cooperadores o cooperadoras, cómplices o

4 encubridores o encubridoras, la liberación de la persona secuestrada o evitar que se realicen otros delitos. El proceso penal será reanudado respecto al informante arrepentido o arrepentida y la pena establecida para estos casos será rebajada hasta la mitad, cuando las informaciones suministradas hayan satisfechos las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción penal. En virtud de la remisión que la misma ley especial hace al Código Orgánico Procesal Penal, es necesario citar el artículo 39 de ese instrumento legal, que consagra la figura de la delación en los siguientes términos: Supuesto especial. El Fiscal del Ministerio Público solicitará al Juez de control autorización para suspender el ejercicio de la acción penal cuando se trate de hechos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta y el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la pena que corresponda a los hechos punibles, cuya persecución se suspende, sea menor o igual que la de aquellos cuya persecución facilita o cuya continuación evita./ El ejercicio de la acción penal se suspende en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó este supuesto de oportunidad, hasta tanto se concluya la investigación por los hechos informados, oportunidad en la cual se reanudará el proceso respecto al informante arrepentido./ El Juez competente para dictar sentencia, en la oportunidad correspondiente, rebajará la pena aplicable, a la mitad de la establecida para el delito que se le impute al informante arrepentido, cuando hayan sido satisfechas las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción, lo cual deberá constar en el escrito de acusación./ En todo caso, el Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar la integridad física del informante arrepentido. En este ámbito, es oportuno tomar en consideración lo señalado por la Circular N DFGR- DCJ-DRD , de fecha 13 de noviembre de 2008, referida a la Aplicación del Principio de Oportunidad, por cuanto la misma contiene instrucciones emanadas de la Máxima Autoridad de esta Institución, y en ella se realizan algunas consideraciones en cuanto a la figura de la delación, y al respecto se indica que: La procedencia de este supuesto requiere la eficacia de la información proporcionada por el delator, debiendo ésta coadyuvar a la investigación de hechos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta, que puede abarcar la investigación en la que se encuentra involucrado, u otra ya aperturada o que se aperture en razón de la información que suministre; ello deberá constar en su escrito de acusación contra el delator, en donde deberá expresar al juez si fueron o no satisfechas las expectativas por las que se suspendió el ejercicio de la acción. De igual forma, es importante tener presente que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado respecto a la procedencia de este supuesto especial.

5 Así, la aplicación de este criterio de oportunidad contempla dos fases; la primera, que inicia con la suspensión de la causa seguida al delator, siempre que la pena que le corresponda a éste sea menor o igual a la correspondiente a la de aquellos cuya persecución facilita, o la del delito cuya continuación evita; y la segunda, que se verifica con la valoración que hace el fiscal de la colaboración prestada por el imputado, de la cual dependerá el beneficio final, que es la disminución de la pena. En tal sentido, se insiste en la necesaria obligación que tiene el Fiscal del Ministerio Público de investigar suficientemente los hechos antes de realizar su solicitud de aplicación del Principio de Oportunidad, todo esto porque se requiere que el mismo tenga un grado de certeza suficiente de que el imputado fue autor y/o partícipe en los hechos investigados antes de que se vea beneficiado con la figura, ello a los fines de mantener la idea garantista de nuestro derecho penal, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, y tomando en consideración que con la aceptación del Principio de Oportunidad queda viva la responsabilidad civil a la que hubiere lugar. Con base en lo señalado en la citada Circular, se observa que la segunda fase a la cual se refiere, en su criterio ya se encontraría cubierta, puesto que expone que la información suministrada por el imputado ha sido de vital importancia para el desarrollo de la investigación y ha permitido tomar acciones respecto a otros involucrados, por lo cual tan sólo faltaría verificar lo relativo a la pena de los delitos en cuestión, y posteriormente, se deberá presentar ante el juez de control, la solicitud de suspensión del ejercicio de la acción penal respecto al ciudadano ( ), tal como dice el Código Orgánico Procesal Penal hasta tanto se concluya la investigación por los hechos informados, oportunidad en la cual se reanudará el proceso respecto al informante arrepentido. Por último, es necesario insistir en el tema de la determinación de cuándo nos encontramos ante un delito propio de la delincuencia organizada, ya que de no ser así, al no intervenir factores de poder, y de tratarse de un delito común, de igual forma cabría la posibilidad de acceder a la solicitud de un principio de oportunidad, bajo la figura de la delación, pero ya no con relación a la delincuencia organizada, sino como un delito violento en caso de que corresponda.