COLOMBIA DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PELIGRO

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1 COLOMBIA DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PELIGRO Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales en Colombia están haciendo frente a dificultades de considerable gravedad. Las personas que trabajan para garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos en este país se enfrentan al hostigamiento y a las amenazas y, cada día más, a la ejecución extrajudicial. Amnistía Internacional ha visto con alarma cómo han aumentado significativamente en los últimos meses los intentos de evitar que los defensores de los derechos humanos lleven a cabo actividades legítimas. Por ello, insta al gobierno de Colombia a que, con carácter de urgencia, tome medidas decisivas no sólo para proteger a los defensores de los derechos humanos, sino para asegurar que se realizan investigaciones exhaustivas e imparciales y que los responsables de tales agresiones comparecen ante la justicia. La comunidad internacional reconoce en su justo valor el importante papel que desempeñan las personas que trabajan en el campo de los derechos humanos para el desarrollo de una sociedad justa. El papel de las organizaciones de derechos humanos se vuelve aún más vital en situaciones como la que enfrenta la sociedad colombiana, en la que las violaciones de derechos humanos ocurren en un clima de impunidad, indiferencia y descomposición del Estado de derecho. DR. EDUARDO UMAÑA MENDOZA Durante la última semana de septiembre de 1991, el doctor Eduardo Umaña Mendoza, abogado que trabaja en favor de los derechos humanos, recibió una serie de llamadas telefónicas anónimas en las que le advertían que debía poner fin a sus actividades en defensa de los derechos humanos porque de lo contrario lo matarían. A principios de octubre de 1991, el número de amenazas contra el Dr. Umaña aumentó de manera espectacular. Aunque los que profieren las amenazas no han dado en sus mensajes un motivo específico para ellas, se cree que éstas pueden haber estado relacionadas con el trabajo del Dr. Umaña, quien representa a los supervivientes de una familia de campesinos cuyos parientes murieron a manos de miembros del ejército de Colombia en Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, el 18 de agosto de Aunque al enterarse de las amenazas contra el Dr. Umaña, las autoridades colombianas tomaron medidas para garantizar su seguridad inmediata las amenazas contra su vida continúan hasta la fecha. Amnistía Internacional - Julio de 1992 Índice AI: AMR 23/41/92/s

2 2 Colombia: Defensores de los derechos humanos en peligro COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS, CALI Dos abogados de derechos humanos, William Peña Barrios y Ramiro Antury recibieron amenazas de muerte a finales del año pasado. El 6 de diciembre de 1991 llegó un sobre a las oficinas del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Cali, departamento del Valle, dirigido a los dos abogados que contenía un sufragio por sus almas y venía firmado por un grupo paramilitar llamado "Muerte a Comunistas" (MAC). Los dos abogados habían recibido otras amenazas de muerte, al parecer a consecuencia de su trabajo en favor de los derechos humanos. Según informes, William Peña acababa de presentar su exposición final en un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en el que miembros de las fuerzas armadas habían al parecer admitido su responsabilidad en la muerte [el caso de Jorge Eliécer Agudelo, tesorero de un sindicato, 1989]. COMITÉ REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, BARRANCABERMEJA Durante 1991 Jorge Gómez Lizarazo, el presidente del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, con sede en Barrancabermeja, departamento de Santander, había pasado varios meses fuera del país a raíz de serias amenazas contra su vida proferidas por grupos paramilitares. A su regreso a Barrancabermeja a principios del año en curso las amenazas contra su persona comenzaron de nuevo y, al parecer, se notó un permanente seguimiento por parte de personas motorizadas quienes, según las investigaciones realizadas por el CREDHOS, pertenecen a organismos de seguridad del Estado. Días después del regreso del Dr. Gómez a Barrancabermeja en enero 1992, la secretaria del CREDHOS, Blanca Valero de Durán murió frente a la oficina del Comité en la ciudad de Barrancabermeja a consecuencia de los disparos realizados por unos sicarios vestidos de civil. Según los informes, tres policías que presenciaron el atentado hicieron caso omiso de los gritos de socorro de la víctima y ni trataron de perseguir a los asaltantes, que siguen en libertad. Debido a este atentado, varios funcionarios del Comité abandonaron la ciudad ya que habían serios motivos para suponer un atentado contra sus vidas. Tras las declaraciones realizadas por altos mandos militares locales en febrero de 1992, en las que relacionaban al CREDHOS con organizaciones guerrilleras, aumentaron las amenazas por parte de las fuerzas paramilitares. En junio, tres miembros del CREDHOS, entre ellos Jorge Gómez Lizarazo, escaparon ilesos de un atentado en el que sus vehículos fueron tiroteados por varios hombres fuertemente armados. Aunque el gobierno colombiano ha condenado los ataques contra el CREDHOS y ha prometido llevar Índice AI: AMR 23/41/92/s Amnistía Internacional - Julio de 1992

3 Colombia: Defensores de los derechos humanos en peligro 3 a cabo investigaciones exhaustivas sobre ellos, los responsables todavía no han sido identificados ni han comparecido ante la justicia. En junio otro miembro del CREDHOS fue asesinado: Julio César Berrio había trabajado para el Comité durante dos años como guardia de seguridad encargado de la protección de las oficinas del Comité. Recientemente también había participado en la investigación de algunas muertes en Barrancabermeja atribuidas a fuerzas de seguridad. A las 5 de la tarde del 28 de junio de 1992, Julio César Berrio murió a consecuencia de los disparos realizados por dos sicarios no identificados en una heladería de Barrancabermeja. Su esposa presenció el tiroteo. Julio César Berrio fue el tercer miembro del CREDHOS asesinado en los últimos 16 meses: en marzo de 1991 Humberto Hernández murió en Barrancabermeja a consecuencia de los disparos realizados por varios hombres vestidos de civil. El trabajo del CREDHOS en defensa de los derechos humanos en la conflictiva zona del Magdalena Medio se ha ganado el reconocimiento internacional. En 1991, esta organización recibió el premio "Lettelier-Moffit" del Instituto de Estudios Políticos de Washington, Estados Unidos. Entre otras actividades, el Comité denuncia regularmente las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas públicas y por los grupos paramilitares que operan bajo su mando o con su apoyo. El CREDHOS también ha denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de la guerrilla que operan en la región. En los primeros meses de 1992 el CREDHOS expresó reiteradamente su gran preocupación por la escalada de las violaciones de derechos humanos en el Magdalena Medio, entre ellas el reclutamiento forzado, la tortura, la ejecución extrajudicial y la "desaparición", cometidas por el ejército colombiano, las fuerzas de policía y las organizaciones paramilitares que trabajan con ellas, contra la población civil. A principios de julio de 1992, el Dr. Jorge Gómez recibió informaciones en el sentido de que personal adscrito al departamento de inteligencia de la Policía Nacional (F-2) había llegado a la ciudad de Barrancabermeja con la misión de quitarle la vida. Aunque a Amnistía Internacional no le es posible verificar tal información, la organización considera que, en vista de los recientes ataques contra miembros del CREDHOS, el gobierno colombiano debe tomar medidas urgentes para proteger la vida del Dr. Gómez. Amnistía Internacional - Julio de 1992 Índice AI: AMR 23/41/92/s

4 4 Colombia: Defensores de los derechos humanos en peligro OCAÑA, NORTE DE SANTANDER Edwar Álvarez Vacca, miembro del Equipo Coordinadora para la Defensa de los Derechos Humanos de Ocaña, departamento de Norte de Santander, también ha sido víctima de amenazas y hostigamientos. En agosto de 1991, el Equipo Coordinadora organizó en Ocaña un foro regional de derechos humanos. Poco después la Coordinadora recibió una amenaza anónima que la acusaba de ser una fachada del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, (ELN), y afirmaba que lo pagarían muy caro si no dejaban de utilizar el Equipo Coordinadora para este fin. El 1 de febrero de 1992 Edwar Álvarez fue detenido por una patrulla militar. En la base militar de Esmeralda un oficial del ejército lo registró y lo interrogó. Según se informó, el oficial manifestó que el Equipo Coordinadora era una tapadera para los grupos de izquierdas y le preguntó los nombres de los demás miembros de la Coordinadora. En marzo Edwar Álvarez fue puesto en libertad y se retiraron los cargos contra él. ASESOR LEGAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS Óscar Elías López, abogado, murió en la ciudad de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, a manos de unos sicarios fuertemente armados, en la noche del 29 de mayo de 1992, en circunstancias que indican que puede haber sido víctima de una ejecución extrajudicial. Óscar Elías López trabajaba como asesor jurídico de la organización indígena Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC). Al parecer había recibido numerosas amenazas de muerte, al igual que otros abogados del CRIC. Óscar Elías López trabajó como asesor para las comunidades afectadas por la matanza del 16 de diciembre de 1991, en la que murieron al menos 20 miembros de la comunidad indígena de Páez. Los indígenas, que ocupaban una propiedad denominada "El Nilo", cerca de la ciudad de Caloto, Cauca, murieron a manos de un grupo de unos 60 hombres encapuchados y armados que irrumpieron en un rancho donde los indígenas celebraban una reunión. El 8 de enero de 1992 tres hombres que participaban en una investigación independiente sobre la matanza "desaparecieron" o murieron. Los abogados Carlos Edgar Torres y Rodolfo Álvarez fueron abatidos a tiros en sus domicilios en Cali, departamento del Valle, mientras el antropólogo Etnio Vidardo "desapareció" en Cali esa misma noche. El CRIC anunció que cinco de sus dirigentes habían estado recibiendo amenazas de muerte desde que tuvo lugar la matanza. Índice AI: AMR 23/41/92/s Amnistía Internacional - Julio de 1992

5 Colombia: Defensores de los derechos humanos en peligro 5 CARMEN DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Amnistía Internacional se ha dirigido al gobierno de Colombia en repetidas ocasiones para expresar la inquietud de la organización ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas paramilitares que operan con el apoyo o el conocimiento de las fuerzas armadas colombianas. Aunque el gobierno colombiano ha suspendido los fundamentos legales de los que partieron las fuerzas armadas para crear y equipar a las fuerzas auxiliares civiles, los grupos paramilitares continúan actuando con toda libertad e impunidad en varias zonas del país. Numerosos abusos perpetrados contra la población civil, como reclutamiento forzado, tortura, "desaparición" y ejecución extrajudicial, han sido atribuidos a grupos que operan en las cercanías de Carmen y San Vicente de Chucurí, en la conflictiva región del Magdalena Medio. La guerrilla que opera en esta zona también ha sido responsable de abusos contra la población civil, haciendo con frecuencia caso omiso de los principios del derecho humanitario internacional. Recientemente, Amnistía Internacional ha recibido varios informes sobre civiles que resultaron heridos de gravedad o de muerte por minas de tierra plantadas por el Ejército de Liberación Nacional en áreas rurales entre los municipios de San Vicente y Carmen de Chucurí. Las organizaciones de derechos humanos que tratan de documentar los abusos perpetrados contra la población civil en esta zona han visto aumentar los ataques tanto de los grupos paramilitares como de las fuerzas de seguridad. En agosto de 1990 la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, de la Iglesia católica, publicó un informe en el que se documentaban numerosos abusos contra civiles no combatientes de la localidad, perpetrados por fuerzas paramilitares, y en el que se proporcionaban pruebas del apoyo militar de que gozaban las actividades de tales grupos. Basándose en la información que proporcionaba el informe, un juez civil abrió una investigación. Después de recibir los testimonios de víctimas de las fuerzas paramilitares, el juez ordenó la detención de 26 personas, entre ellas el alcalde de Carmen de Chucurí, por presunta participación en operaciones paramilitares. Sin embargo, los funcionarios judiciales no pudieron dar cumplimiento a las órdenes de detención, pese a intentarlo repetidas veces en marzo de En las últimas semanas ha aparecido en la prensa, radio y televisión nacionales una serie de informes sobre la situación en Carmen y San Vicente de Chucurí. Los informes citan a los mandos militares quienes niegan categóricamente la existencia de fuerzas paramilitares en la región y acusan a los defensores y a las organizaciones de derechos humanos que denuncian los abusos de tales fuerzas paramilitares de apoyar los intereses de las organizaciones guerrilleras. Se mencionan los nombres de destacadas figuras y organizaciones de defensa de los derechos humanos y se acusa a algunas de ellas, directamente, de pertenecer a las organizaciones guerrilleras. Amnistía Internacional ve con suma preocupación los informes aparecidos en los medios de comunicación que acusan a las organizaciones de derechos humanos de estar vinculadas a las organizaciones guerrilleras y que identifican por su nombre a los defensores Amnistía Internacional - Julio de 1992 Índice AI: AMR 23/41/92/s

6 6 Colombia: Defensores de los derechos humanos en peligro de los derechos humanos, por considerar que pone en grave peligro su seguridad física y puede servir de aliciente para nuevos ataques contra estas personas. Índice AI: AMR 23/41/92/s Amnistía Internacional - Julio de 1992