AMPARO EN REVISIÓN 2993/2001. GLAXO GROUP, LTD. QUINTO.-Previamente al estudio de los agravios, resulta pertinente sintetizarlos.

Transcripción

1 Novena Epoca Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Epoca: NOVENA EPOCA Tomo: XIV, Julio de 2001 Página: 1067 AMPARO EN REVISIÓN 2993/2001. GLAXO GROUP, LTD. CONSIDERANDO: QUINTO.-Previamente al estudio de los agravios, resulta pertinente sintetizarlos. En su primer agravio se alega en síntesis, la violación a los artículos 114, fracción II, 116, 122, 145 al 157 de la Ley de Amparo, por inexacta e inadecuada aplicación de los artículos 1o. y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que el Juez de Distrito aplica supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial, sin tomar en consideración las características y requisitos que deben observarse para aplicar de manera supletoria una ley general a una especial, sosteniendo equivocadamente que debió agotarse el recurso de revisión, porque afirma que en el caso se trata de una resolución de autoridad administrativa dependiente de un organismo descentralizado (sic), señalando que para la aplicación de la supletoriedad debe tomarse en cuenta el criterio jurisprudencial IV.2o.8 K del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro indica: "SUPLETORIEDAD DE UNA LEY A OTRA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.", que el juzgador pasó por alto al desechar la demanda de garantías porque no se agotó el principio de definitividad. Asimismo, manifiesta que no sería aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que ésta en ningún dispositivo prevé expresamente la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo actuar como supletoria de la Ley de la Propiedad Industrial y, además, la Ley de la Propiedad Industrial exclusivamente contempla la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles en el artículo 87. Resulta infundada la parte que se sintetizó del primer agravio, en atención a las consideraciones que enseguida se exponen. En primer lugar, debe dejarse sentado que este tribunal comparte el criterio del Juez de Distrito de que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable supletoriamente a la de Propiedad Industrial, ya que si bien es cierto que originalmente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no resultaba aplicable a los organismos descentralizados, según se desprendía del texto primigenio de su artículo 1o., publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que regulaba que, con la salvedad de algunas materias especificadas por la ley, era aplicable para la administración pública federal centralizada; también lo es que dicho numeral fue modificado y adicionado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de abril de dos mil, que entró en vigor al día siguiente, para quedar con el texto siguiente:

2 "Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. "(Adicionado, D.O. 19 de abril de 2000) "El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. "(Reformado, D.O. 19 de abril de 2000) "Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. "Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas." Tomando en cuenta lo anterior, se desprende del texto vigente del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que esta norma resulta aplicable a partir del día veinte de abril de dos mil, a los organismos descentralizados de la administración pública paraestatal que realicen actos de autoridad, razón por la cual hay que acudir a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por la Ley de la Propiedad Industrial, para determinar si la norma federal de procedimiento administrativo resulta aplicable a los actos que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Bajo esta tesitura, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 1o. y 3o., dispone cuáles son los órganos que componen la administración pública paraestatal, encontrándose entre éstos los organismos descentralizados, que en el artículo 45 de la propia ley son definidos de la siguiente manera: "Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten." En estas condiciones, resulta necesario acudir a la Ley de la Propiedad Industrial, pues es la norma que determina la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al ordenar, en sus artículos 6o., primer párrafo y 7o., lo siguiente: "Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades." "Artículo 7o. Los órganos de administración del instituto serán la Junta de Gobierno y un director general, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 6o. y 7 bis 2 de esta ley."

3 De los preceptos anteriores se desprende claramente que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la de un organismo descentralizado que actúa como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial y al cual, si alguna duda cabe sobre su naturaleza, se le aplica la Ley Federal de Entidades Paraestatales, razón por la cual resulta claro que el citado instituto es un organismo descentralizado de la administración pública paraestatal que realiza actos de autoridad. Bajo las anteriores circunstancias, es dable concluir que al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como a los actos y procedimientos administrativos que éste emite y tramita le son aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior se corrobora en virtud de que la materia de propiedad industrial no se encuentra excluida de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como se desprende de la lectura del artículo 1o., transcrito en líneas anteriores, que únicamente excluye las siguientes materias y casos: Fiscal; Responsabilidad de los servidores públicos; Justicia agraria y laboral; Al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales y, En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente será aplicable el título tercero A. Sin que, por otra parte, pueda alegarse que la materia de propiedad industrial se trata de materia de competencia económica en razón de que la materia de competencia económica tiene su regulación en el artículo 28 constitucional, en cuanto éste prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas y los estancos, dejando a la ley su reglamentación. Ahora bien, la materia de competencia económica tiene una ley reglamentaria del artículo constitucional antes referido, la Ley Federal de Competencia Económica, que tiene como ámbito material de validez el prevenir y eliminar tres fenómenos económicos en concreto: los monopolios, las prácticas monopólicas y las demás restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia. Por consiguiente, el ámbito material de validez de la ley de competencia se centra principalmente en monopolios, prácticas monopólicas absolutas y relativas, así como las concentraciones económicas y resulta claro que esto no se puede asociar directamente con la materia de propiedad industrial. La propiedad industrial es una especie del derecho de propiedad intelectual, que regula el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, y comprende cuatro grupos de instituciones: a) Las creaciones industriales; b) Los signos distintivos; c) La represión a la competencia desleal; y, d) La de los conocimientos técnicos.

4 No obstante lo anterior, de ninguna manera pueden confundirse la materia de propiedad industrial, la competencia desleal y la competencia económica. Esto es así, toda vez que las reglas que tratan de prevenir la competencia desleal son diferentes a las reglas antitrust o leyes para prevenir los monopolios, son escenarios distintos que se pueden complementar pero que no se deben confundir, puesto que mientras la legislación antitrust, que sería actualmente la Ley Federal de Competencia Económica, tiene como objetivo restringir, limitar y prohibir las prácticas monopólicas que provoquen el desplazamiento del mercado con el fin de preservar la libertad de competencia, combatiendo las instituciones en el comercio y abusos en el poder económico, el combate a la competencia desleal tiene por fin asegurar una competencia leal, conforme a los buenos usos mercantiles que garantice el equilibrio de fuerzas de competencia de los participantes de la misma. Bajo este tenor, no se puede considerar a la materia de propiedad industrial como de competencia económica y, por lo tanto, los actos de autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial están regulados por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, también resulta infundado el argumento que alega que no es posible la supletoriedad de la ley federal de procedimiento a la Ley de la Propiedad Industrial, ya que ésta exclusivamente contempla en su artículo 187 la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior es así, porque en el caso, el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ha derogado tácitamente al 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto que este artículo, que proviene del Congreso de la Unión, ha tenido la intención de que la primera ley sea supletoria a todas las leyes administrativas de la administración pública federal, incluyendo, a partir de la última reforma a su artículo 1o., a los actos de autoridad de los organismos descentralizados como lo son los que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que no puede alegarse una exclusión, ni tampoco un conflicto de leyes. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 32/98 del Pleno del más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, julio de 1998, página 5, que a la letra indica: "CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR.-Cuando el conflicto de leyes se plantea entre una ley anterior y una posterior en la regulación que realizan sobre la misma materia, si ambas tienen la misma jerarquía normativa, fueron expedidas por la misma autoridad legislativa y tienen el mismo ámbito espacial de vigencia, cabe concluir que no existe conflicto entre ellas, porque aun cuando no haya disposición derogatoria, opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatibles." Además de que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no deroga del todo la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino que la traslada a un plano secundario, como se desprende de su artículo 2o., pues seguirá rigiendo supletoriamente a la de procedimiento administrativo, tal como se desprende de su texto que indica:

5 "Artículo 2o. Esta ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley, en lo conducente." Por otra parte, la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ya ha sido adoptada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puesto que la reforma de diecinueve de abril de dos mil, adicionó a esta ley, además de las reformas ya referidas, un título tercero A, relativo a "De la mejora regulatoria", en donde se desprende que habrá una Comisión Federal de Mejora Regulatoria y con el fin de que los procedimientos sean más ágiles y expeditos, el artículo 69-C permite a los titulares de las dependencias y organismos públicos descentralizados, mediante acuerdos de carácter general que publiquen en el Diario Oficial de la Federación, establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos en las leyes y reglamentos. Lo anterior ya ha sido realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según se desprende del "Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios que aplican la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los organismos descentralizados y órganos desconcentrados del sector.", publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre de dos mil, dictado en cumplimiento a lo ordenado en la ley federal de procedimiento, en el cual se incluye expresamente al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Sentadas las anteriores premisas, resulta inconcuso que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable a los procedimientos que tramita y a las resoluciones que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, razón por la cual resulta infundada la primera parte de los agravios. En la parte complementaria, destaca que la figura de la supletoriedad, que en su concepto debe interpretarse a la luz del criterio IV.2o.8 K del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro indica "SUPLETORIEDAD DE UNA LEY A OTRA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.", inobservado por el Juez de Distrito, no puede tener alcances de incluir dentro de alguna normatividad instituciones que deliberadamente no hayan sido contempladas u omitidas por el legislador, como lo es el recurso de revisión, no contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que en virtud de que la supletoriedad sólo aplica para integrar debidamente una reglamentación que sea deficiente, es decir, cuando haya una omisión en la ley a una figura contemplada en ella, por lo que debe tomarse en cuenta que la figura de la revisión no se encuentra contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, dado que es un procedimiento administrativo. El agravio anterior también resulta infundado a la luz de los argumentos que enseguida se exponen. La recurrente atribuye al Juez de Distrito la inobservancia de la tesis IV.2o.8 K del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 480, que a la letra indica: "SUPLETORIEDAD DE UNA LEY A OTRA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.- Los requisitos necesarios para que exista supletoriedad de una ley respecto de otra, son a saber: 1. Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable; 2. Que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata; 3. Que no

6 obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria, y 4. Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una ley en otra. "Amparo en revisión 44/96. Elsa Blomeier Eppen. 27 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretario: Daniel Cabello González." Como se desprende de la transcripción que antecede, la tesis anterior es un criterio aislado cuyo acatamiento no es obligatorio para el Juez de Distrito, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, además de que en la práctica ha sido contradicho en múltiples ocasiones. A manera de ejemplo, se transcriben la siguientes tesis del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde claramente no operan las reglas a que la tesis y la recurrente hacen referencia: "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.-El Código Federal de Procedimientos Civiles debe estimarse supletoriamente aplicable (salvo disposición expresa de la ley respectiva), a todos los procedimientos administrativos que se tramiten ante autoridades federales, teniendo como fundamento este aserto, el hecho de que si en derecho sustantivo es el Código Civil el que contiene los principios generales que rigen en las diversas ramas del derecho, en materia procesal, dentro de cada jurisdicción, es el código respectivo el que señala las normas que deben regir los procedimientos que se sigan ante las autoridades administrativas, salvo disposición expresa en contrario; consecuentemente, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles por el sentenciador, en ausencia de alguna disposición de la ley del acto, no puede agraviar al sentenciador." Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo CXVII, Tercera Parte, Segunda Sala, página 87. "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.-El título sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente contiene el 'procedimiento para dictar las declaraciones administrativas', que precisa el artículo 229 de dicho ordenamiento; pero en ninguno de los preceptos contenidos en el referido título sexto, determina los requisitos formales que deben contener las resoluciones administrativas, pues el diverso 233 del cuerpo de leyes en cuestión, únicamente consigna 'Transcurrido el término para formular objeciones, y previo estudio de los antecedentes relativos, se dictará la resolución administrativa que corresponda, la que se comunicará a los interesados en la forma que previenen los artículos anteriores', sin especificar los presupuestos formales que debe contener esa resolución administrativa. Si bien es verdad que los artículos 17, 202 y 272, consignan la supletoriedad de la ley civil, y de los códigos de procedimientos federal o local, cuando se ejerciten acciones civiles que nazcan de la Ley de la Propiedad Industrial, ello viene a corroborar la tesis de que tratándose de la forma que deben revestir las resoluciones administrativas la ley de la materia no contiene precepto alguno que la regule. Por consiguiente, siendo la materia de propiedad industrial de orden administrativo, debe

7 estimarse supletoriamente aplicable (salvo disposición expresa en contrario de la ley respectiva) el Código Federal de Procedimientos Civiles." Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo LXXIII, Tercera Parte, Segunda Sala, página 40. "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PRUEBAS. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.-Cuando la ley que rige el acto es administrativa y de carácter federal, si no contiene capítulo sobre pruebas, en este aspecto tiene aplicación supletoria el