DICTAMEN 385/2014. (Sección 2ª)

Transcripción

1 DICTAMEN 385/2014 (Sección 2ª) La Laguna, a 31 de octubre de Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (...), en nombre y representación de (...), por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 359/2014 ID)*. FUNDAMENTOS I 1. El dictamen solicitado tiene por objeto la Propuesta de Resolución (PR) de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el Cabildo de Gran Canaria tras la presentación de una reclamación de indemnización por daños que se imputan al funcionamiento del servicio público de carreteras, de titularidad insular y de su competencia administrativa. 2. La solicitud de dictamen es preceptiva en virtud de lo dispuesto en el art D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), pues si bien tanto la reclamación como el objeto de la misma se produjeron con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 17 de marzo -que modifica la citada Ley 5/2002-, ésta es de cuantía superior a los 6.000, de acuerdo con lo que establece dicha Ley modificativa para los procedimientos de responsabilidad patrimonial. La solicitud ha sido remitida por el Presidente del Cabildo de Gran Canaria, de conformidad con el art LCCC. 3. En el escrito de reclamación, el interesado alega que el 2 de octubre de 2012, sobre las 21:30 horas, se dispuso a introducir en su vehículo que estaba estacionado * PONENTE: Sr. Bosch Benítez.

2 Consejo Consultivo de Canarias frente de su domicilio próximo a la acera, en la calle (...), a la altura del número de gobierno (...), y al descender de la acera pisó sobre un socavón existente en el asfalto, sin señalizar, siendo la iluminación insuficiente, lo que le causó la caída y consecuentes daños. El afectado fue asistido por un particular que deambulaba por la zona, y tras avisar a su mujer que estaba en el interior del domicilio, ésta le trasladó al Servicio de Urgencias de Jinámar, siendo derivado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria siendo diagnosticado de fractura de diáfisis de peroné cerrada, por la que recibió tratamiento rehabilitador. En consecuencia, el interesado solicita de la Corporación insular implicada que le indemnice por los daños soportados, con la cantidad que asciende a 9.880,04 euros. 4. En el análisis a efectuar son de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP); asimismo la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de mayo. 5. Concurren los requisitos legalmente establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio regulado en el art de la Constitución, desarrollados en los arts. 139 y 142 LRJAP-PAC. II 1. El procedimiento se inició con el escrito de reclamación del interesado, con fecha de Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de 22 de noviembre de Al referido escrito se acompaña, a efectos probatorios, de diversa documentación médica, reportaje fotográfico, declaración jurada escrita de testigo presencial, partes de baja/alta (desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2012, respectivamente) de incapacidad temporal por contingencias comunes de la Seguridad Social, informe médico-pericial e, igualmente, adjunta al expediente informe de la Jefatura de la Policía Local, de 25 de octubre de 2012, que verifica la anomalía existente en el asfalto calificándola de peligrosa a efectos de que se reparase la zona por el servicio público competente. 2. Sin embargo, en virtud de Resolución de 19 de marzo de 2013 (que contiene algunos errores que no impiden la emisión de un dictamen de fondo), el Director General de la Asesoría Jurídica acordó la conclusión del expediente por falta de DCC 385/2014 Página 2 de 5

3 Consejo Consultivo de Canarias legitimación pasiva al no ostentar la citada Corporación Local la titularidad de la vía pública, siendo de titularidad insular. Al respecto, fue consultado el Inventario de Bienes y derechos del citado Ayuntamiento, habiendo informado el Servicio de Patrimonio, así como el Servicio de Vías y Obras. 3. En consecuencia, el interesado volvió a presentar escrito de reclamación ante el Cabildo insular de Gran Canaria el 26 de marzo de 2014, no siendo extemporánea, pues el afectado ya había dado inicio al procedimiento mediante la presentación del escrito ante la Corporación Local. Llegados a este punto, este Consejo ha de recordar una vez más que, con arreglo a los principios generales que rigen el funcionamiento de las Administraciones públicas (esto es, los principios de colaboración y coordinación del servicio público), debía haber sido el propio Ayuntamiento el que hubiera remitido directamente la reclamación inicial al Cabildo implicado como titular de la vía. El 9 de abril de 2014, el Servicio Administrativo de Obras Públicas solicitó informe al Servicio Técnico de Obras Públicas sobre el estado de la calzada que ocasionó el accidente alegado. Así, dicho informe fue recabado el 27 de mayo de 2014, comprobando la existencia de dicha anomalía en el día del accidente, sin perjuicio de que ya haya sido reparada. El órgano instructor del procedimiento concedió al interesado el preceptivo trámite de vista y audiencia del expediente. Notificado el 9 de julio de 2014, éste compareció y presentó escrito de alegaciones el 24 de julio de La PR se formuló el 4 de agosto de Con arreglo al art RPAPRP, el plazo máximo para la tramitación del procedimiento es de seis meses. No obstante, la Administración está obligada a resolver expresamente con los efectos administrativos y aún económicos consecuentes [arts y 7, 43.1 y 3.b) y LRJAP-PAC]. III 1. La PR estima parcialmente -en un 20%- la reclamación formulada porque, aunque el Instructor del procedimiento reconoce la responsabilidad administrativa por el deficiente funcionamiento del servicio, considera igualmente que existe concurrencia de culpas al cruzar el reclamante por el asfalto y no por el paso de peatones y conocer éste el desperfecto existente, al tener su domicilio en la zona próxima al accidente acaecido. Página 3 de 5 DCC 385/2014

4 Consejo Consultivo de Canarias 2. De los documentos que constan en el expediente se desprende que el interesado ha probado el daño soportado a causa del deficiente funcionamiento del servicio público de mantenimiento y conservación de la vía pública. La realidad del hecho lesivo viene corroborada por la documentación obrante en el expediente (informes médicos, informe técnico del Servicio de Vías y Obras, y la declaración testifical). 3. El Cabildo de Gran Canaria ostenta la titularidad de la calle (...), y por este motivo tiene el deber de mantener y conservar adecuadamente la pavimentación de la citada vía pública, con el fin de evitar riesgos de accidentes para los usuarios de la calzada. 4. En el supuesto planteado, la Administración implicada ha justificado la limitación de su responsabilidad al 20% en el hecho de que existía un paso de peatones en la proximidad del lugar donde se produjo el accidente. Sin embargo, dicho dato no es aplicable al caso que nos ocupa ya que el reclamante no tuvo intención de cruzar la calle, sino de introducirse en su vehículo, que había estacionado junto a la acera, por lo que, evidentemente, para realizar dicha actuación no es necesario cruzar la vía. Por otra parte, en la PR no se tiene en cuenta que el accidente ocurrió en plena noche, a las 9:30 horas, sin la visibilidad adecuada para poder observar el desperfecto existente. Sin embargo, es verdad que el afectado debió extremar las precauciones al querer introducirse en el vehículo de su propiedad en aquel sector de la vía, puesto que era conocedor de la zona al tener su domicilio justamente en la citada calle. 5. En cuanto al fondo del asunto, este Consejo Consultivo considera que el daño sufrido por el afectado ha sido probado en su producción, causa y efectos, y que es la Administración la que ha actuado de forma deficiente al no vigilar suficientemente la zona, ya que de haber llevado a cabo las obligaciones que le incumbían en relación con mantenimiento de la calle, el socavón no pequeño- hubiera sido reparado en un plazo de tiempo más breve. En este sentido, y a mayor abundamiento, el propio informe del Servicio de Vías y Obras considera que el desperfecto existente, por su magnitud (socavón junto al bordillo de la acera de 3 metros de largo por unos 50 cm. de ancho y unos 10 cm. de alto), no se habría formado recientemente. 6. Por consiguiente, el nexo causal existe, no pudiéndose ignorar el hecho de que el interesado vive cerca de donde se produjo el incidente, por lo que se entiende que conocía el desperfecto existente en la calzada (o, cuando menos, que ésta no se encontraba en buen estado de conservación). También se ha de considerar que al DCC 385/2014 Página 4 de 5

5 Consejo Consultivo de Canarias ocurrir el accidente en plena noche el desperfecto no pudo haber sido lo suficientemente visible, a pesar de su notable dimensión, dado el color oscuro del asfalto y la circunstancia, muy significativa, de que el vehículo estaba aparcado sobre parte del socavón, por lo que difícilmente su presencia podía ser advertida por cualquier particular. 7. Por las razones expuestas, se considera que la responsabilidad recae en su mayor parte sobre el Cabildo de Gran Canaria, al tener que velar por el correcto funcionamiento de sus servicios en aras de evitar que los particulares sufran accidentes por los deficiencias existentes en la calzada, como es el caso; pero también, en este concreto supuesto, al particular cabe exigirle un comportamiento más cuidadoso, de acuerdo con lo argumentado en el apartado precedente. En definitiva, la concurrencia de culpas determina que la responsabilidad del Cabildo alcance el 80% del total de los daños soportados por el afectado. 8. Llegados a este punto, pues, el Cabildo Insular de Gran Canaria debe indemnizar al interesado en el 80% de la cantidad que resulte de valorar y cuantificar el daño personal sufrido por el reclamante, que ha acreditado los días de incapacidad mediante los partes de baja/alta médica (desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2012). Todo ello de acuerdo con el baremo establecido en la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. La cantidad resultante deberá ser actualizada, de conformidad con el art LRJAP-PAC. CONCLUSIÓN La Propuesta de Resolución sometida a dictamen no se considera conforme a Derecho, procediéndose a indemnizar al reclamante de acuerdo con lo razonado en el Fundamento III. Página 5 de 5 DCC 385/2014