EXPEDIENTE: Ruth Barrios Fuentes. FECHA RESOLUCIÓN: 30/05/12 RR.SIP.0561/2012 Ente Obligado: Secretaría de Desarrollo Social

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1 EXPEDIENTE: Ruth Barrios Fuentes. FECHA RESOLUCIÓN: 30/05/12 RR.SIP.0561/2012 Ente Obligado: Secretaría de Desarrollo Social MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por la respuesta emitida por el Ente Público. SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: CONFIRMAR la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Social.

2 RECURSO DE REVISIÓN RECURRENTE: RUTH BARRIOS FUENTES ENTE OBLIGADO: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EXPEDIENTE: RR.SIP.0561/2012 En México, Distrito Federal, a treinta de mayo de dos mil doce. VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0561/2012, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ruth Barrios Fuentes en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, se formula resolución en atención a los siguientes: R E S U L T A N D O S I. El siete de marzo de dos mil doce, a través del sistema electrónico INFOMEX, mediante la solicitud de información con folio , la particular requirió en medio electrónico gratuito lo siguiente: Cuánto fue el finiquito/liquidación recibió el ex secretario de Turismo, Alejandro Rojas Díaz Durán y el ex secretario de Desarrollo Social, Martí Batres, tras su renuncia o despido? Indicar si fue finiquito o liquidación. Fueron despedidos o renunciaron a sus cargos? Dependiendo de la cifra, con base a qué se entregó la suma? (sic) II. El veintidós de marzo de dos mil doce, el Ente Obligado notificó a la particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, la respuesta a su solicitud de informacion, en los siguientes términos: La Subdirección de Recursos Humanos, remite a este OIP a través del Oficio SDS/SRH/711/2012 la respuesta correspondiente a su solicitud de información, mismo que anexo para su conocimiento

3 Lo anterior, de acuerdo con lo que establece el articulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, serán responsables de la misma en los términos de este Ley. la información se la proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público. Asimismo, adjunto los datos de la OIP de la Secretaría de Turismo a fin de que realice una solicitud de información para satisfacer la totalidad de sus requerimientos. Oficina de Información Pública de Distrito Federal (OIP) Responsable de la OIP: Lic. Ricardo Colina Rubio Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Turismo Domicilio Av Nuevo León 56, 7 Oficina. Col. Hipódromo Condesa, C.P.6100 Del Cuauhtémoc Teléfono(s): Tel Ext 2701, Correo Electrónico: oip@mexicocity.gob.mx (sic) Por otra parte, mediante el oficio SDS/ SRH/711/2012 del trece de marzo de dos mil doce, la Subdirectora de Recursos Humanos, informó a la particular lo siguiente: Al respecto me permito informarle que el ex Secretario Martí Batres no obtuvo ningún tipo de finiquito o liquidación, el pago que recibo mediante cheque fue la parte proporcional de su salario y del aguinaldo correspondiente, al ser removido de su cargo. (sic) III. El veintitrés de marzo de dos mil doce, la particular presentó recurso de revisión expresando como agravios esencialmente que: 1.- La respuesta proporcionada fue incompleta ya que no otorgó la cifra total del finiquito del ex Secretario de Desarrollo Social, tal y como lo requirió. 2

4 IV. El veintiocho de marzo de dos mil doce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el presente recurso de revisión, así como las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX a la solicitud de información. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. V. El dieciséis de abril de dos mil doce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el oficio SDS/OIP/146/2012 del trece de abril de dos mil doce, a través del cual la Subdirectora de Información Pública del Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido en los siguientes términos: 1. La Unidad Administrativa ante la que se gestionó la solicitud de información, emitió respuesta puntual respecto del requerimiento relativo al ex Titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 2. La definición de agravio, establece que: es la lesión de un derecho cometido por la autoridad a quien se le atribuye, por haber aplicado indebidamente la ley, o en su defecto haberla dejado de aplicar. 3. Que por lo que refería al tercer cuestionamiento relativo a su renuncia o despido, claramente señaló que el ex Secretario de Desarrollo Social fue removido de su cargo. 4. Que en lo concerniente al cuarto requerimiento relativo a la cifra, manifestó que se entregó cheque por concepto de pago de la parte proporcional del salario y del aguinaldo correspondiente, por tanto, se atendió el requerimiento de la particular, en virtud de que no se trato de liquidación o finiquito. 3

5 VI. El diecisiete de abril de dos mil doce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le fue requerido, y acordó la admisión de las pruebas que ofreció. Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. VII. Por acuerdo del tres de mayo de dos mil doce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, razón por la cual se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se otorgó un plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. VIII. Mediante acuerdo del dieciséis de mayo de dos mil doce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que realizaran consideración alguna al 4

6 respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de que las pruebas que integran el expediente consisten en documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente medio de impugnación, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia 5

7 número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación , que a la letra señala: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. Al respecto, del análisis realizado a las constancias del expediente se desprende que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente controversia. TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, se considera conveniente exponer la solicitud de 6

8 información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la ahora recurrente, en los siguientes términos: Solicitud de Información Respuesta del Ente Obligado Agravio 1.- Cuánto fue el finiquito/liquidación que recibió el ex Secretario de Turismo, Alejandro Rojas Díaz Durán y el ex Secretario de Desarrollo Social, Martí Batres, tras su renuncia o despido? 2.- Indicar si fue finiquito o liquidación. 3.- Fueron despedidos o renunciaron a sus cargos? 4.- Dependiendo de la cifra [finiquito o liquidación], con base a qué se entregó la suma? Adjuntó los datos de la Oficina de Información Publica de la Secretaría de Turismo a fin de que realizara una solicitud de información para satisfacer la totalidad de sus requerimientos. Oficina de Información Pública de Distrito Federal (OIP) Responsable de la OIP: Lic. Ricardo Colina Rubio Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Turismo Domicilio Av Nuevo León 56, 7 Oficina. Col. Hipódromo Condesa, C.P.6100 Del Cuauhtémoc Teléfono(s): Tel Ext 2701, Correo Electrónico: oip@mexicocity.gob.mx... El ex Secretario Martí Batres no obtuvo ningún tipo de finiquito o liquidación, el pago que recibió mediante cheque fue la parte proporcional de su salario y del aguinaldo correspondiente, al ser removido de su cargo. 1. La respuesta proporcionada fue incompleta, ya que no otorgó la cifra total del finiquito del ex Secretario de Desarrollo Social, tal y como lo requirió. La información descrita en el cuadro que antecede, se desprende del Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública, del oficio SDS/ SRH/711/2012 del trece de marzo de dos mil once, y del Acuse de recibo de recurso de revisión, a dichas documentales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis jurisprudencial citada a continuación: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: III, Abril de 1996 Tesis: P. XLVII/96 Página: 125 7

9 PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis. Antes de estudiar la legalidad de la respuesta impugnada, este Órgano Colegiado puntualiza que la ahora recurrente al momento de interponer el recurso de revisión únicamente expresó inconformidad manifestando que la respuesta fue incompleta, toda vez que no se hizo de su conocimiento la cantidad del finiquito del ex Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en los mismos términos de su solicitud inicial, razón por la cual el análisis del presente asunto se centra en el requerimiento marcado con el numero 1 de la solicitud, quedando fuera los requerimientos marcados con los números 2, 3 y 4; así como los diversos 1, 2, 3, y 4 con relación a Alejandro Rojas Diaz Durán, ex Titular de la Secretaría de Turismo, en virtud de no haber hecho pronunciamiento de inconformidad alguna, y por considerarse que la particular se encuentra conforme en la forma en que fueron atendidas los mismos por el Ente Obligado. 8

10 En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en los siguientes criterios que señalan: No. Registro: 204,707 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995 Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. No. Registro: 219,095 Tesis aislada Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, Junio de 1992 Tesis: Página: 364 CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 9

11 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. Al rendir su informe de ley, la Secretaría de Desarrollo Social sostuvo la legalidad de su respuesta, negando los agravios expresados por la ahora recurrente, en virtud de que no transgredió su derecho de acceso a la información, y adicionalmente manifestó lo siguiente: 1. La Unidad Administrativa ante la que se gestionó la solicitud de información, emitió respuesta puntual respecto del requerimiento relativo al ex Titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 10

12 2. La definición de agravio, establece que: es la lesión de un derecho cometido por la autoridad a quien se le atribuye, por haber aplicado indebidamente la ley, o en su defecto, haberla dejado de aplicar. 3. Que por lo que refiere al tercer cuestionamiento relativo a su renuncia o despido, claramente señaló que el ex Secretario de Desarrollo Social fue removido de su cargo. 4. Que en lo concerniente al cuarto requerimiento relativo a la cifra se manifestó que se entregó cheque por concepto de pago de la parte proporcional del salario y del aguinaldo correspondiente, por tanto se atendió al requerimiento de la particular, en virtud de que no se trató de liquidación o finiquito. Expuestas las posturas de las partes en los términos anteriores, este Instituto procede a analizar la legalidad de la respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión y en su caso, si procede la entrega de la información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Social, manifestó que su ex Titular (Martí Batres) no recibió finiquito o liquidación alguna, toda vez que el ex Titular de dicha Secretaría no renunció ni fue despedido, sino que fue removido de su cargo, entregándose un cheque por concepto de pago de la parte proporcional del salario y aguinaldo, con motivo de dicha remoción. Con motivo de la respuesta impugnada, la ahora recurrente señaló como agravio, que el Ente recurrido no otorgó la cifra total del finiquito del ex Secretario de Desarrollo Social, tal y como lo solicitó inicialmente [cuánto (monto) fue el finiquito que recibió el ex Secretario de Desarrollo Social, Martí Batres, tras su renuncia o despido]. 11

13 En primer lugar, y a modo de evitar confusiones se debe distinguir el significado de los siguientes términos empleados por la particular en su solicitud de información: Despido.- Es la disolución unilateral de la relación de trabajo por parte del patrón, ante el incumplimiento grave o culposo de las obligaciones del trabajador. 1 Finiquito.- Es el acto por el cual de se da por cumplida y terminada la gestión de una persona, que administra un negocio jurídico ajeno. II. Dar finiquito es aprobar las cuentas rendidas por un administrador, liberándolo de toda obligación para el futuro; es la culminación, el momento final de una gestión para otro. El administrador puede ser un funcionario público, a quien su jerarca administrativo otorga el finiquito. 2 Renuncia al trabajo.- Es la facultad concedida al trabajador para dar por terminada voluntariamente la relación de trabajo, por convenir así a sus intereses particulares, sin responsabilidad de su parte, excepción hecha de cualquier compromiso económico que haya contraído con anterioridad, y sin perjuicio de los derechos y prestaciones que le correspondan por disposición legal 3. Liquidación.- La aclaración desenredo de algunas cuentas 4. De los conceptos antes citados, se puede advertir claramente que despido: es el acto por el cual el patrón le hace saber al trabajador que prescinde de sus servicios; finiquito: es el pago final que recibe un empleado por parte de la persona que previamente lo ha contratado, una vez que se ha finalizado la relación laboral; renuncia: es la manifestación unilateral de la voluntad, realizada por el trabajador, mediante el cual expresa su deseo por terminar la relación laboral, liquidación: es la operación mediante la cual se detallan, ordenan y pagan cuentas. 1 Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa. México 2004, pp Ibid., p Ibid., p Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación y Jurisprudencia. Disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 12

14 De lo anterior, y a efecto de determinar si son aplicables los términos finiquito, liquidación, renuncia o despido, referidos en el requerimiento 1 de la solicitud, resulta conveniente definir la naturaleza del cargo desempeñado por el ex Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para lo cual es necesario analizar de la siguiente normatividad aplicable, que dispone lo siguiente: Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal Artículo 2. La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las Dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. Artículo 15 El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: VI. Secretaría de Desarrollo Social; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal Artículo 67. Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal son las siguientes: V. Nombrar y remover libremente a los titulares de las unidades, órganos y dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, cuyo nombramiento o remoción no estén determinadas de otro modo en este Estatuto; 13

15 De igual forma, el Manual Administrativo de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, señala que entre las atribuciones del Jefe de Gobierno, se encuentra la siguiente: II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes; Del análisis conjunto de los ordenamientos jurídicos expuestos, este Instituto advierte que: Dentro de la Administración Pública del Distrito Federal centralizada, se prevén a las Secretarías. El Jefe de Gobierno en el ejercicio de sus atribuciones se auxilia por dependencias, entre ellas, la Secretaría de Desarrollo Social. El propio Jefe de Gobierno tiene como facultad, nombrar y remover libremente a los titulares de las Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a los servidores públicos del Órgano Ejecutivo Local. Precisado lo anterior, se puede determinar que el nombramiento y en su caso, la remoción es realizado por el Jefe de Gobierno, en el ejercicio de su facultad discrecional con que cuenta. Ahora bien, se puede determinar que no se configuró un despido o una renuncia por parte de dicho ex servidor público, y por ende no se actualiza un finiquito, tal y como lo aseguró el Ente Obligado en su respuesta, por que categóricamente señaló que sólo 14

16 entregó la parte proporcional de sueldo (salario) y aguinaldo que le correspondía, con motivo de la remoción que hizo el Jefe de Gobierno en el ejercicio de su facultad discrecional. Argumentos por los cuales, a consideración de este Instituto la actuación del Ente Obligado al atender la solicitud de acceso a la información pública materia del expediente en el que se actúa, fue correcta y encontrándose ajustada a derecho, toda vez que el Ente Obligado manifestó categóricamente que no se entregó finiquito alguno derivado de un despido o renuncia, situación que no pudo ser controvertida por este Órgano Colegiado al no encontrar elementos de convicción que así lo demostraran; como consecuencia, no era posible entregar cifra (monto total) del finiquito del ex Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, al no existir tal situación, conforme a lo expuesto en el presente Considerando. Razón por la cual, a juicio de este Órgano Colegiado el agravio hecho valer por la recurrente resulta infundado, toda vez que de las constancias que integran el expediente en el que se actúa, se evidencia que la solicitud de información fue gestionada en términos de lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el entendido de que el Ente Obligado dio respuesta a la solicitud de la particular, con lo que atendió correctamente el requerimiento formulado en el numeral 3, respecto al ex Titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Martí Batres). Por lo anterior, con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo procedente es confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. 15

17 QUINTO. Este Órgano Colegiado no advierte que en el caso que nos ocupa, los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contralaría General del Distrito Federal. Por los anteriores argumentos y fundamentos legales, este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: R E S U E L V E PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución con fundamento en el articulo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Ente Obligado. SEGUNDO. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la recurrente que en caso de inconformidad con la presente resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del medio señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 16

18 Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta de mayo de dos mil doce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO COMISIONADO CIUDADANO DAVID MONDRAGÓN CENTENO COMISIONADO CIUDADANO LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA COMISIONADO CIUDADANO ALEJANDRO TORRES ROGELIO COMISIONADO CIUDADANO 17