SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Transcripción

1 RESEÑA DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3053/2011 SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD, YA QUE PARA OBTENER UNA PENSIÓN CON MOTIVO DE LA MUERTE DE UN MILITAR, LA NORMA PRIVILEGIA A LAS HERMANAS DE LOS MILITARES QUE FALLEZCAN, RESPECTO DE LAS HIJAS DEL PROPIO MILITAR

2 RESEÑA ARGUMENTATIVA DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3053/2011 MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS SECRETARIO: FAUSTO GORBEA ORTIZ SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD, YA QUE PARA OBTENER UNA PENSIÓN CON MOTIVO DE LA MUERTE DE UN MILITAR, LA NORMA PRIVILEGIA A LAS HERMANAS DE LOS MILITARES QUE FALLEZCAN, RESPECTO DE LAS HIJAS DEL PROPIO MILITAR Cronista: Lic. Héctor Musalem Oliver Una persona interpuso recurso de reconsideración, en contra de la determinación emitida el 10 de diciembre de 2008 por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que le negó el otorgamiento de una pensión por el fallecimiento de su padre; solicitud que realizó con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1976; ello, porque no demostró los requisitos previstos en el artículo 38, fracción I, del ordenamiento citado, vigente a partir del año Funcionario adscrito a la Unidad de Crónicas de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. 1 Artículo 38. Se consideran familiares de los militares, para los efectos de pensión y/o compensación: I. La viuda o el viudo solos o en concurrencia con los hijos o éstos solos, si son menores de edad; o si son mayores y que no hayan contraído matrimonio, si comprueban cada año, mediante la presentación del certificado de estudios correspondiente que se encuentran estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial de nivel medio superior o superior, con límite hasta de 25 años, que no tengan un trabajo remunerado; así como los mayores de edad incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente; II. La concubina o el concubinario solos o en concurrencia con los hijos, o éstos solos que reúnan las condiciones a que se refiere la fracción anterior, siempre que, por lo que hace a la concubina o concubinario, existan las siguientes circunstancias: a) Que tanto el militar como la persona que se ostente como concubina o concubinario hayan permanecido libres de matrimonio durante su unión, y b) Que haya habido vida marital durante los cinco años consecutivos anteriores a la muerte, o bien que durante su relación de concubinato hayan procreado hijos; III. La madre; IV. El padre; V. La madre conjuntamente con el padre, y VI. Los hermanos menores, los mayores incapacitados y los imposibilitados para trabajar en forma total y permanente. Si se trata de hermanas, mientras permanezcan solteras

3 El 24 de junio de 2009, la Junta Directiva de la Subdirección General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas determinó confirmar la negativa a la actora para acceder al beneficio económico de pensión por el fallecimiento de su padre. La promovente demandó la nulidad de la anterior determinación mediante escrito presentado el 3 de agosto de 2009 ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; seguidos los trámites de ley, el 30 de agosto de 2010 dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada, al considerar que la ley aplicable era la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas publicada el 9 de julio de 2003, en razón de que ese ordenamiento legal era el que regía en el momento en que falleció el padre de la actora; concluyó que para el otorgamiento del beneficio de la pensión se debían satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 38, fracción I, de la invocada ley. En contra de esa determinación, la actora demandó el amparo y protección de la Justicia Federal; estimó violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y planteó vía conceptos de violación lo siguiente: Que sí le era aplicable el artículo 37, fracción I, de la ley en la materia en vigor en el año de La inconstitucionalidad del numeral 38, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada el 9 de julio de

4 En ese contexto, tocó conocer de la demanda de garantías al Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual amparó y protegió a la promovente para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución y regresara las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías; lo anterior, sin perjuicio de que, al dictar sentencia en el juicio de nulidad, omitiera aplicar la porción normativa del artículo 38, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que establece en la edad límite de veinticinco años y considerara que sólo debía ser exigible el requisito de ser mujer y permanecer soltera para ubicarse en la hipótesis de tener derecho a pensión por la muerte de su padre. Inconforme con dicha sentencia, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas interpuso recurso de revisión, al estimar que el Tribunal Colegiado realizó una interpretación errónea del artículo impugnado, ya que era innecesario que interpretara también el diverso artículo 37, fracción I, de la ley en comento, vigente en el año de 1976, pues se trataba de preceptos legales distintos, que no guardaban relación alguna ni se encontraban vinculados entre sí. Asimismo, dicha Junta consideró que el artículo 38, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no violaba el principio de igualdad establecido en el artículo 1 constitucional; por lo anterior, se ordenó la remisión del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su conocimiento, el cual fue admitido y turnado para la elaboración del proyecto a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. De esta manera, en la sesión del miércoles 22 de febrero de 2012, la Ministra ponente presentó ante la Segunda Sala de este Alto Tribunal su proyecto de sentencia relativo al amparo directo en revisión 3053/2011, en el cual propuso confirmar la sentencia recurrida y - 3 -

5 conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Los señores Ministros de la Segunda Sala indicaron que la garantía de igualdad a que se refiere el artículo 1 de la Constitución Federal, se erigía como uno de los valores superiores del orden jurídico mexicano y descansaba sobre la idea primigenia de colocar a los particulares en condiciones tales que pudieran acceder a otros bienes y derechos superiores protegidos constitucionalmente, eliminando cualquier situación de desigualdad manifiesta. Sin embargo, precisaron que esa premisa no implicaba que todos los gobernados deberán encontrarse siempre en condiciones de absoluta igualdad, sino que se traducía en el derecho de éstos a recibir el mismo trato que aquellos que se encuentran en similar situación de hecho, de tal modo que no tuvieran que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual o injustificado. Señalaron que lo anterior supone que no toda desigualdad de trato es violatoria de garantías, sino sólo cuando producía distinción entre situaciones objetivas y de hecho comparables, sin que existiera una justificación razonable e igualmente objetiva. De lo antes expuesto, el Tribunal Colegiado sostuvo que el artículo reclamado no respetaba la garantía de igualdad, porque su contenido establecía una diferencia de trato que se extendía sobre sujetos ubicados en prácticamente una misma situación de hecho. Por ello, precisó la Segunda Sala, para efectos de obtener una pensión con motivo de la muerte de un militar, la norma privilegiaba a las hermanas de los militares que fallecieran, respecto de las hijas del propio militar, porque respecto de estas últimas establecía un límite de edad que implicaba que las hijas mayores de 25 años no podrían recibir la pensión aun cuando fueran solteras

6 En cambio, las hermanas del militar sí podrán obtener dicho beneficio por el hecho de no contraer matrimonio, sin que exista alguna limitación por cuestión de la edad. Conforme a esto, la Sala indicó que el Tribunal Colegiado interpretó correctamente el precepto legal impugnado Asimismo, la Sala hizo notar que el numeral en comento, consideraba que son familiares del militar con derecho a pensión en caso de fallecimiento de este a los hijos e hijas mayores de edad que no hubieran contraído matrimonio y comprobaran cada año sus estudios en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial de nivel medio superior o superior mediante la presentación del certificado correspondiente, con límite hasta los 25 años, además de no tener un trabajo remunerado; así como a los hijos o hijas mayores de edad incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente. Aunado a lo anterior, se especificó que también se consideraban familiares de los militares, para efectos de pensión y/o compensación, las hermanas, siempre que se encontraran solteras. En ese orden la Sala advirtió que era inexacto que el dispositivo tildado de inconstitucional impusiera a las hermanas de un militar fallecido, como requisito para acceder al otorgamiento de la pensión respectiva, el que demostraran haber dependido económicamente de aquel pues la única condición exigida es que sean solteras, por tanto, gozarán de dicha pensión mientras permanezcan en ese estado civil. Se señaló por la Sala, que de conformidad con el artículo 39 de la ley en comento, son los padres del militar fallecido (no así sus hermanas) quienes deberán acreditar esa dependencia económica, como requisito para acceder al beneficio de la pensión. Consecuentemente, de conformidad con los argumentos antes precisados y al haber resultado inoperantes e infundados los agravios - 5 -

7 hechos valer por la parte recurrente, la Segunda Sala determinó que resultaba procedente confirmar la sentencia recurrida y otorgar el amparo solicitado; en los términos indicados por el Tribunal Colegiado. El asunto se aprobó por unanimidad de votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y presidente Sergio A. Valls Hernández. Iguales consideraciones sostuvo la Sala al resolver el amparo directo en revisión 2998/2011, bajo la ponencia del señor Ministro Luis María Aguilar Morales