ASAMBELA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY

Transcripción

1 ASAMBELA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 12 Y ARTÍCULO 13 EN SUS INCISOS E) Y P) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N WILLIAM ALVARADO BOGANTES DIPUTADO EXPEDIENTE N DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

2 PROYECTO DE LEY LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 12 Y ARTÍCULO 13 EN SUS INCISOS E) Y P) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N Expediente N JUSTIFICACIÓN DE MOTIVOS Luego de la entrada en vigencia del Código Municipal, Ley N 7794, del 30 de abril de 1998, se establece la figura del alcalde municipal como el funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 constitucional, el cual se establece como una forma de brindarle al gobierno local mayor seguridad, eficiencia y eficacia en la administración municipal, esto en comparación en la figura del ejecutivo municipal, el cual era completamente dependiente en materia jerárquica del concejo municipal, órgano colegiado por excelencia de un gobierno municipal. A partir de allí y en la práctica se sigue ejerciendo un nivel de luchas de poder entre ambos órganos, alcaldía versus el concejo municipal, cada uno con sus competencias claramente establecidas en los artículos 17 y 13 del Código Municipal. Pero es allí precisamente en el ejercicio del poder donde los concejos municipales muchas veces usurpan las competencias de la administración municipal, provocando inseguridad, ineficiencia en la ejecución de proyectos municipales, lo cual a la postre el principal perjudicado es el munícipe. Una de esas deficiencias es en materia de contratación administrativa, basta con ver el último informe de gestión de los gobiernos locales emitido por la Contraloría General de la República en el año 2016, donde evalúan el año 2015 y se nota que el promedio en la contratación administrativa es un 88,25 para el año 2015, una nota más baja en comparación al año anterior:

3 Expediente N.º Fuente: CGR, Índice de gestión municipal, 2016 p. 15 Adicional a ello es importante recalcar que la Ley de Contratación Administrativa indica en su artículo que la emisión del acto inicial de un proceso de contratación por parte de una entidad pública debe ser emitida por el jerarca de la administración o por un titular subordinado competente. En el caso de las municipalidades, esta competencia está otorgada mediante el artículo 13 inciso e) del Código Municipal al concejo municipal. En el oficio DCA-2230, del 07 de setiembre del 2015 emitido por la Contraloría General de la República, se señala ante consulta lo siguiente: Se desprende de ambas normas que, de conformidad con las atribuciones asignadas, el Concejo Municipal sería, en principio, el responsable de iniciar los procesos de contratación de la administración, salvo las contrataciones que le competan al alcalde municipal, en los términos que se llegue a reglamentar ( ) Más adelante la misma la Contraloría en el mismo oficio amplía: De lo expuesto, para el caso del sector municipal se puede considerar que el marco jurídico aplicable permite que se delegue en el Alcalde Municipal las competencias del Concejo Municipal de realizar los procedimientos de contratación administrativa. No obstante, eso requiere que se emita un reglamento en el que se definan las condiciones de esa delegación. De la redacción del inciso e) del artículo 13 del Código Municipal, no pareciera que basta con que el Concejo respectivo emita un acuerdo en el que realice la delegación de las competencias en comentario, sino, que exige la reglamentación para ello. (lo subrayado no es del original) Siendo así, es claro y evidente que dicha materia queda sujete siempre a la reglamentación municipal la cual es competencia del mismo concejo municipal según el artículo 13 del Código Municipal, siendo la práctica que estas propuestas de reglamentos

4 Expediente N.º no cuenta con plazo definido por ley para su aprobación, lo cual muchas veces tardan lapsos muy extensos para su discusión y eventual aprobación o en escenarios menos favorables, un archivo del proyecto de reglamento sin fundamento alguno. Al respecto es importante señalar que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ha sido claro con respecto a la fundamentación de las decisiones de los regidores: Con mucha más razón, entratándose de una disminución del monto de actuación del Alcalde, debió estar sustentado en criterios técnicos que así lo determinaran, o en razones válidas y concretas, pues sin ello, la actuación conlleva un límite insostenible a las actuaciones de la Alcaldía. Debe hacerse notar que, como se indicaron, los aspectos en que se sustentó el Concejo Municipal, sea la Autonomía Municipal y la necesidad de resguardar la hacienda pública, son muy generales y con ellos no es posible limitar irracionalmente al Alcalde. (Expediente CA) Dicha argumentación se da en el marco de la interposición de un veto por parte de un alcalde, donde el concejo municipal modifica el reglamento de contratación administrativa bajando el monto autorizado al alcalde municipal para la contratación directa, a lo cual el mismo tribunal y en la misma sentencia refiere con respecto a la decisión de los regidores: Precisamente esa falta de motivación roza con el elemento de la conducta administrativa establecida en el numeral 136 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública. Respecto de este elemento, se ha definido de la siguiente manera: "Así, la motivación comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo y, en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto. No es éste desde luego el criterio de la doctrina clásica que limita la motivación a la enunciación de los antecedentes de hecho y de derecho (es decir a la expresión de la causa). Nos parece más adecuado basar el requisito de la motivación en la enunciación de las razones que han determinado el dictado del acto, lo cual permite incluir la exteriorización de otro elemento considerado esencial: la finalidad. Si bien esta conclusión no es reconocida en forma expresa, muchos tratadistas la admiten virtualmente en cuanto afirman que el requisito de la motivación constituye uno de los primeros pasos hacia el reconocimiento del recurso de desviación de poder, pero lo cierto es que, al limitar el concepto de motivación a la expresión de la causa, no toda la doctrina advierte la importancia que ella puede tener para acreditar la existencia de un defecto o vicio en el elemento finalidad." (CASSAGNE, Juan Carlos, El Acto Administrativo, Buenos Aires, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, p ). Así las cosas, la falta de motivación argüida por el Alcalde Municipal de Matina contra el acto impugnado, es suficiente para acoger el veto que nos ocupa. Adicional a ello, el TCA en expediente CA ha señalado: La fase de ejecución presupuestaria es responsabilidad exclusiva de la Administración, en donde las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen un límite de acción como elemento autorizante para el uso y disposición de los recursos. Aun cuando, la asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no puede considerarse por su existencia una obligación para la actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de la posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución. Por todo lo anterior y con la finalidad de eficientizar la labor municipal y la ejecución presupuestaria, se acoge la solicitud de la Asociación Nacional de Alcaldías e

5 Expediente N.º Intendencias que por medio de su Junta Directiva mediante acuerdo N Or-2017, del 19 de abril de 2017, hacen de conocimiento esta iniciativa de ley, la cual ponemos y presentamos para consideración a los señores y señoras diputados. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 12 Y ARTÍCULO 13 EN SUS INCISOS E) Y P) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N Y SUS REFORMAS ARTÍCULO 1- Se modifica el artículo 12 del Código Municipal, Ley N. 7794, de 30 de abril de 1998; el texto del inciso modificado será el siguiente: Artículo 12- El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. El concejo y la alcaldía constituirán dos centros jerárquicos de autoridad y serán independientes entre ellos cuando actúen en ejercicio de sus respectivas competencias. ARTÍCULO 2- Se modifican los incisos e) y p) del artículo 13 del Código Municipal, Ley N. 7794, de 30 de abril de 1998, para que en adelante se lean de la siguiente manera: Artículo 13- Son atribuciones del concejo: [ ] e) Celebrar convenios y contratos, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, únicamente cuando entrañen afectación al monto total del presupuesto, conlleven un aumento de los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital, impliquen transferencias entre programas presupuestarios, afecten el monto total de endeudamiento o constituyan transferencias entre servicios no personales y servicios personales. Los demás compromisos de fondos y autorizaciones de egresos serán de competencia de las alcaldías municipales, incluyendo los gastos fijos, la adquisición de bienes y servicios según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, N. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento y las modificaciones del presupuesto. [ ] p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano dentro del plazo perentorio de 90 días naturales, a partir de su presentación para conocimiento y aprobación; en caso de no hacerlo, aplicará de pleno derecho el silencio positivo.

6 Expediente N.º Rige a partir de su publicación. William Alvarado Bogantes Diputado 7 de diciembre de 2017 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.