Jurisdicción: Contencioso-Administrativa. Recurso contencioso-administrativo núm. 543/2002. Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio Robledo Peña

Transcripción

1 Jurisdicción: Contencioso-Administrativa Recurso contencioso-administrativo núm. 543/2002. Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio Robledo Peña TRIBUTOS-RECAUDACION: Procedimiento de apremio: motivos tasados de oposición: suspensión de la ejecución de la liquidación apremiada: inexistencia: la presentación de la solicitud de suspensión no suspende por sí misma la ejecución: no puede entenderse obtenida la suspensión por silencio administrativo: apremio procedente. IMPUESTOS ESPECIALES: Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte: exenciones: vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo: requisitos: uso exclusivo del minusválido: interpretación flexible para una mejor atención de las necesidades del minusválido: improcedencia: necesidad de que el minusválido se encuentre a bordo del vehículo cuando circule, con independencia de que lo conduzca otra persona. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Asturias desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Resolución del TEAR Asturias de , desestimatoria de reclamaciones núm. 33/2237/00 y 33/3130/00, formuladas contra liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. En Oviedo, a once de noviembre de dos mil cinco. Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso Contencioso-Administrativo número Procedimiento Ordinario /2002, interpuesto por el Procurador D. Jesus Vázquez Telenti, en nombre y representación de Dña. Almudena, bajo la dirección de la Letrado Dña. María Telenti Alvarez contra Resolución del TEARA de fecha 18 de enero de 2002 que desestimaba las reclamaciones acumuladas núms.33/2237/00 y 33/3130/00. Estando la Administración demandada representada por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Antonio Robledo Peña. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO Admitido el recurso y previos los oportunos trámites procedimentales, se confirió traslado a la parte actora para que, en el término de veinte días formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante el pertinente escrito de fecha 1 de febrero de 2002, en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando se dicte sentencia por la que se declare que la Resolución ahora impugnada es contraria a Derecho, ordenando su revocación y en su consecuencia la devolución a esta parte de la cantidad de pesetas (4.347,37 euros), mas los intereses de demora correspondientes, desde la fecha de abono de la misma. Por medio de Otrosí interesó el recibimiento del recurso a prueba.

2 SEGUNDO Formalizada la demanda se dio traslado de la misma a la parte demandada para que la contestara en el plazo de veinte días, lo que realizó, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, y terminó suplicando que previos los trámites oportunos, acuerde la desestimación íntegra del recurso Contencioso- Administrativo, con imposición al actor, si procede de las costas procesales. TERCERO Recibido el recurso a prueba, se practicaron las propuestas por las partes y admitidas con el resultado que obra en autos. CUARTO No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma. QUINTO Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día ocho de noviembre, en que tuvo lugar dicho acto. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO Es objeto de impugnación en este proceso la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Asturias de fecha 18 de enero de 2002 que desestimaba las reclamaciones acumuladas núm. 33/2237/00 y 33/3130/00 formuladas por la actora impugnando los acuerdos dictados el 27 de julio y el 14 de septiembre de 2000 por el Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo, por los que se desestiman las alegaciones contra el acta de disconformidad A02 núm. NUM000, incoada el 30 de junio de 2000, por el concepto de Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, en la que se practican las siguientes liquidaciones: cuota pesetas, más pesetas de intereses de demora, y sanción de pesetas; recayendo con posterioridad recargo de apremio por importe de pesetas, que fue confirmado por resolución del TEARA de fecha 21 de diciembre de 2001 dictada en reclamación num. 33/3908/00, también objeto de impugnación en este proceso, en el que se alega en apoyo de la pretensión anulatoria deducida que no se ha informado al interesado de los derechos que le asistían en el curso de las actuaciones inspectoras, vulnerando el derecho constitucional prescrito en el artículo 24 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) y generando indefensión; que no ha habido un disfrute indebido de beneficios fiscales toda vez que se cumple el requisito de uso exclusivo del vehículo requerido para la exención tributaria; que no existe conducta merecedora de la sanción impuesta; y que no procede el apremio en virtud de la suspensión solicitada y de la existencia de un error sustancial a la hora de liquidar el recargo de apremio. SEGUNDO El artículo 66.1.d) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre ( RCL 1992, 2787 y RCL 1993, 150), de Impuestos Especiales, dispone que estará exenta del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte la primera matriculación definitiva en España de «los vehículos automóviles matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo», siempre que concurran determinados requisitos que aquí no hacen al caso. Entiende la Administración que para tener derecho a la exención es preciso que el vehículo esté destinado al uso exclusivo del minusválido, lo que obliga a éste a encontrarse siempre a bordo del vehículo cuando circule, con independencia de que lo conduzca otra persona; y, en el caso presente, existe una diligencia del órgano gestor formalizada el 16 de noviembre de 1999 y suscrita por la propia reclamante y el actuario, en la que reconoce que el vehículo

3 beneficiado con la exención por minusvalía no se encontraba en su poder por estar siendo usado por su yerno que lo había llevado a trabajar a Oviedo. Una interpretación literal de las manifestaciones transcritas junto con la comprobación efectuada por los funcionarios actuantes, llevan necesariamente a entender que el vehículo es utilizado por el yerno de la actora, pero para sus asuntos particulares, sin perjuicio de que también lo use en los desplazamientos para acompañarla, hecho contrario a lo querido por el legislador, dado el exclusivo uso del vehículo que se exige al minusválido para poder disfrutar de la exención. La actora entiende que la exclusividad de uso del vehículo está referida a un uso para las exclusivas necesidades del minusválido, esto es que se cumple el «uso exclusivo» siempre que el uso del vehículo lo sea para atender las necesidades del minusválido, interpretación amplia que no puede prevalecer pues para satisfacer tales pretensiones ajenas incluso al transporte no sería preciso la adquisición del vehículo. Por otro lado ni siquiera se ha acreditado que en el caso el vehículo fuese utilizado para el fin que sostiene la actora, sino que por el contrario lo sucedido aquí no es más que consecuencia del resultado de la comprobación del vehículo conferida al órgano gestor para constatar la adecuación del mismo a su destino o finalidad, comprobando en el caso la inadecuación denunciada, con la consecuencia de que el incumplimiento de la condición requerida supone la pérdida total de la exención desde su reconocimiento. Tal conclusión no se ve desvirtuada por la prueba practicada, cuya documental nada hace presuponer sobre el uso del vehículo, pues lo realmente producido es un disfrute indebido de la exención, y la condición del uso exclusivo del vehículo debe mantenerse desde el principio y conservarse durante todo el período de tiempo exigido por la Ley. TERCERO Tampoco puede acogerse la alegada improcedencia de la sanción impuesta, pues el artículo 72 de la Ley 38/1992 ( RCL 1992, 2787 y RCL 1993, 150) dice que las infracciones tributarias a este impuesto se calificarán y sancionarán conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria ( RCL 1963, 2490) y demás normas de general aplicación, tipificándose como infracción grave en el artículo 79 c) de la LGT «Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones»; por último tampoco estamos ante un supuesto de inexistencia de responsabilidad por infracción tributaria del artículo 77.4 d) de la LGT pues para ello es preciso que se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, lo que evidentemente no ha ocurrido en el supuesto que aquí se enjuicia, y la declaración veraz y completa a que se refiere el precepto no puede ser referida a la declaración en la diligencia de comprobación de hechos como los comprobados por el Servicio de Vigilancia Aduanera en el expediente abierto al efecto, en el que contrariamente a lo que se afirma, ninguna indefensión se ha producido a la parte, que ha alegado cuanto convino a su pretendido derecho y ejercitado cuantos recursos le fueron ofrecidos tanto en vía administrativa como en esta jurisdiccional, en la que pudo proponer los medios de prueba que tuvo por conveniente. En consecuencia, procede mantener la liquidación practicada así como la sanción por infracción grave impuesta, pues no es de apreciar la existencia de una dudosa interpretación del precepto que exige al minusválido un uso exclusivo del vehículo, lo que no es de apreciar en el presente caso. CUARTO Sobre el último motivo de oposición planteado, conviene recordar que conforme establecen los artículos 138 de la Ley General Tributaria ( RCL 1963, 2490) y 99 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre ( RCL 1991, 6, 284), el procedimiento de apremio sólo puede ser impugnado por alguno de los motivos tasados que dichos preceptos establecen: pago, prescripción de la

4 deuda, aplazamiento, falta de notificación reglamentaria de la liquidación, defecto formal en el título expedido para la ejecución y omisión del procedimiento de apremio; esto es, «irregularidades propias del procedimiento seguido basadas en los mencionados motivos de impugnación» ( STS de 24 de febrero de 1995 [ RJ 1995, 1377] ), sin que pueda discutirse en vía de apremio los elementos constitutivos de la liquidación ( STS de 24 de marzo de 1995 [ RJ 1995, 2528] ) o del acto administrativo sancionador cuya ejecución forzosa se procura mediante el procedimiento de apremio. Así pues, de conformidad con lo establecido en dicha normativa y en la medida en que en el caso que nos ocupa no consta se haya acordado ni en período voluntario ni en vía de apremio la oportuna suspensión, procede la desestimación del presente motivo, confirmando la legalidad y conformidad a derecho de la resolución impugnada; por cuanto al no constar haber aportado por la recurrente las garantías exigibles para la suspensión, ni estar exenta de las mismas, ni acreditar la existencia de algunos de los motivos de oposición a la providencia de apremio ello determina la desestimación del recurso. No debe olvidarse que la solicitud de suspensión no suspende por sí sola la ejecución del acto administrativo impugnado, si bien, si el TEAR decidiera admitirla a trámite, el acuerdo en que así lo hiciere dejaría en suspenso el procedimiento de recaudación desde el día de presentación de la solicitud de suspensión hasta el día de resolución de la misma. Pero es que en el caso que se examina, la solicitud de suspensión se formuló al amparo del artículo 76 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas ( RCL 1996, 1072, 2005), por lo cual no resultaba procedente que el órgano de recaudación, que es el que dictó la providencia de apremio, diese contestación a esa solicitud, ni que notificase a la solicitante que había sido inadmitida su solicitud de suspensión ni, en fin, que dictase resolución motivada otorgando o denegando la suspensión, pues carecía de competencia para ello, la cual correspondía al TEARA, el cual decidió no admitir a trámite la solicitud, en resolución que ciertamente fue posterior al dictado de la providencia de apremio, pero el no haberse notificado antes la inadmisión a trámite de la solicitud no puede equipararse a su admisión, de forma que al no constar que el TEARA hubiere acordado la admisión a trámite de la solicitud de suspensión previo al dictado de la providencia de apremio, no puede entenderse que la recurrente, como pretende, había obtenido por silencio positivo, antes de la misma, la suspensión de la ejecución del acto administrativo de liquidación, en una supuesta aplicación de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) en su redacción dada por Ley 4/1999 ( RCL 1999, 114, 329), pues esa disposición no es aplicable al caso, ya que el artículo de la misma Ley establece que «las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica». QUINTO En razón de todo ello procede desestimar los recursos Contencioso- Administrativos formulados, por ser los actos impugnados conformes a Derecho; sin apreciar circunstancias suficientes para hacer un especial pronunciamiento en costas de conformidad con el artículo de la Ley jurisdiccional ( RCL 1998, 1741). Vistos, con los citados, los demás preceptos de general y pertinente aplicación al caso. FALLO

5 En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar los recursos Contencioso-Administrativos acumulados interpuestos por el Procurador de los Tribunales don Jesús Vázquez Telenti, en nombre y representación de doña Almudena, contra resoluciones del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Asturias de fechas 21 de diciembre de 2001 y de 18 de enero de 2002, recaídas en los expedientes núm. 33/3908/00, 33/2237/00 y 33/3130/00, que se mantienen por ser conformes a Derecho la liquidación practicada, la sanción impuesta y la vía de apremio seguida, relativas al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte; sin hacer expresa declaración en cuanto a las costas procesales. Así por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe interponer recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.