LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY LA SALA DE LO LABORAL

Transcripción

1 LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY LA SALA DE LO LABORAL CORTE NACIONAL DE JUSTICIA- SALA DE LO LABORAL JUEZ PONENTE: DR. WILSON ANDINO REINOSO Quito, 24 de julio de 2012, las 11h15 VISTOS: En el juicio de trabajo seguido por Oscar Hilario Sánchez Vila en contra de Mario Oswaldo Cordero Candelario por sus propios derechos y por las que representa en su calidad de Gerente General de la Compañía Banafresh C.A. y de Guillermo Enrique Arias Barrera por sus propios derechos y por los que representa en su calidad de Gerente General de la Compañía Hacienda Guayabo Guayabosa S.A., la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, dicta sentencia, declara parcialmente con lugar la demanda. Inconforme con esta resolución, el demandado Ab. Guillermo Arias Barrera, por intermedio de sus abogados Francisco Boloña Morales y Francisco Boloña Rodríguez, interpone recurso de casación. Encontrándose la causa en estado de resolución, para hacerlo se considera. PRIMERO:- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: La jurisdicción de esta Sala está establecida legal y constitucionalmente por designación del Consejo de la Judicatura mediante Resolución No de 24 y 25 de enero del 2012, posesionados el 26 de enero del 2012; y, en mérito a lo dispuesto por los arts de la Constitución de la República del Ecuador; 191 del Código Orgánico de la Función Judicial; 1 de la Ley de Casación; 613 del Código Laboral; y, por el sorteo de rigor cuya acta obra del proceso. La Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia en auto de 13 de julio del 2010; a las 09h30, los admite a trámite conforme el artículo 6 de la ley de la materia. Pero la Sala no analiza el orden lógico en que se propone las causales de casación, en el presente caso se lo hace por la tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, única interpuesta para el actor. SEGUNDO:- ELEMENTOS DEL RECURSO: NORMAS INFRINGIDAS: El recurrente considera que las normas infringidas en la sentencia son las de los artículos 113, 114, 117 y 164 del Código de Procedimiento Civil. La causal en la que funda el recurso es la Tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, por errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que han conducido a una equivocada aplicación de normas de derecho en la sentencia. TERCERO:- ARGUMENTOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA IMPUGNACIÓN:

2 Fundamentando su recurso se observa que, en resumen, alega: 1. El Art. 113 del Código de Procedimiento Civil establece la obligación de probar lo que se ha propuesto afirmativamente en el juicio y que ha negado el reo, el 114 del referido cuerpo legal determina que cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presume conforme a la ley y el 117, que implanta que solo la prueba debidamente actuada, hace fe en juicio. 2. Que el actor ha expresado en la demanda que el Ab. Carlos Monroy Moncayo, defensor de la Compañía Hacienda el Guayabo Guayabosa S.A. y abogado de la compañía Banafresh, le han despedido. 3. Que el actor debía demostrar que dicho abogado le había despedido y que era funcionario de dichas compañías y que tenía las funciones de dirección y administración y que el despido se había producido el día y hora indicado en la demanda. 4. Que el actor no produjo ninguna prueba de sus afirmaciones y que el abogado Monroy ni siquiera ha sido demandado. 5. Que la sentencia no considera estos hechos, y que incluso en cuanto al despido intempestivo, dice que éste se halla acreditado con lo que abona el testigo Ángel Chavarría Vila, quien además es demandante de esta compañía, por lo que no es testigo idóneo. Que esa errónea interpretación de las normas procesales ha conducido a la equivocada aplicación de las normas de derecho en la sentencia. CUARTO:- ALGUNOS RAZONAMIENTOS SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN: Es oportuno mencionar que anteriormente la Constitución de 1998, estableció el Estado social de derecho en el que primaba un excesivo formalismo legalista, mientras que con la actual Constitución, del Estado de legalidad se pasa al Estado de constitucionalidad, con lo que se deja atrás el concepto ideológico del Estado liberal de derecho que restringía al poder público garantizar los derechos individuales. La nueva noción del Estado garantista surge y se asienta en los derechos fundamentales, naturales del ser humano, por tanto, el control constitucional consentirá la objetividad plena del Estado constitucional de derechos y la efectiva vigencia del principio de la supremacía constitucional así como los contenidos básicos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, y, con la expedición de la Constitución del 2008 se instaura en nuestro país un Estado Constitucional de derechos y justicia, marco constitucional que cambia absolutamente la orientación de la administración de justicia, con ello la obligación de que los jueces garanticen en todo acto jurisdiccional los derechos fundamentales de los justiciables; además se recuerda que, respecto de la casación, la Corte Constitucional ha declarado que El establecimiento de la casación en el país, además de suprimir el inoficioso trabajo de realizar la misma labor por tercera ocasión, en lo fundamental, releva al juez de esa tarea, a fin de que se dedique únicamente a

3 revisar la constitucionalidad y legalidad de una resolución, es decir, visualizar si el juez que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales y/o legales, en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación (Sentencia No. 364, 17, I, 2011, pág. 53). Además, debemos referirnos a varios criterios valiosos que la doctrina advierte: Véscovi, en su obra Los Recursos Judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica enseña que: El recurso de casación en todos los sistemas está sometido a estrictas reglas formales, especialmente en lo que se refiere a los requisitos para la interposición del recurso, agrega Resulta esencial el respeto a dichas formas, que no son simples requisitos extremos sin contenido. Y que determinan el rechazo, por razones de forma, del recurso de casación, dentro de la casación primaria de admisibilidad de todos los sistemas incluyen, para reforzar su tesis adiciona: Podemos reproducir, al respecto las exactas expresiones del profesor argentino Fernando de la Rúa, cuando expresa <No son solemnidades innecesarias ni mecanismos sacramentales que hayan perdido su justificación procesal> sino que <responden a la necesidad, siempre actualizada, de no quitar al recurso su carácter de medio de impugnación verdaderamente extraordinario que supone por eso mismo- el previo cumplimiento de obligaciones inexcusables, para evitar que en la práctica se concluye por desvirtuarlo>. De su parte el profesor Fernando de la Rúa en su obra El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino enseña que El recurso de casación debe ser motivado, y esa motivación debe ser suministrada por la parte recurrente en el mismo escrito de interposición, determinando concretamente el agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como el derecho que lo sustenta. De ahí que, como bien lo manifiesta la doctrina procesal, la casación es considerada como una demanda contra la sentencia y por tanto, debe quedar trabada la litis con relación a los cargos formulados por infracción de las normas de derecho, normas procesales y preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, que se estimen aplicados indebidamente, erróneamente interpretados o no aplicados. Expresadas condiciones que deben quedar declaradas en forma clara por el recurrente para que proceda la impugnación. QUINTO:- EXAMEN DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS OBJECIONES PRESENTADAS. Sintetizada la impugnación del recurrente en los términos indicados en los considerandos anteriores, examinado el recurso de casación y la sentencia del Tribunal de Alzada, confrontados con el ordenamiento jurídico vigente, previo estudio de los recaudos procesales en garantía de la legalidad del proceso y en cumplimiento de la orden contenida en el art , letra l) de la Carta del Estado, en que: Las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se encuentra, las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso. Los actos

4 administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentran debidamente motivados se considerarán nulos, se hacen las siguientes anotaciones: La impugnación del recurrente se fundamenta en la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, causal que procede por Aplicación indebida falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. Esta causal, conocida doctrinariamente como de afectación directa de norma procedimental y que, como consecuencia de tal infracción lesiona, igualmente, aunque de manera indirecta norma de derecho de orden sustancial o material; de tal manera que, en la proporción de esta causal acuden dos violaciones continuas: a.- Transgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria por cualquiera de los tres supuestos antes mencionados (aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación) ; y, b.- Afectación de normas de derecho como consecuencia de la primera y que conduce a la equivocada aplicación o no aplicación de estas normas materiales en la sentencia o auto. Por consiguiente, al demandar por esta causal incumbe a la parte recurrente establecer lo que sigue: 1. Los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que pudiesen haber sido violentados; 2. El modo por el que se comete el vicio, esto es, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; 3. Qué normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no aplicadas como consecuencia de la trasgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, 4. Explicar y demostrar, cómo la aplicación indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración probatoria han conducido a la afectación de normas de derecho, ya por equivocada aplicación o por su falta de aplicación. La primera y principal impugnación a la sentencia es la de que por errónea interpretación de los preceptos jurídicos para la valoración de la prueba, se han infringido las normas procesales antes citadas, lo que ha conducido a una equivocada aplicación de normas de derecho en la sentencia, y han producido la nulidad del proceso Lo anotado pone en evidencia el desconocimiento de la Ley de Casación, pues, si la parte recurrente quería impugnar la sentencia por infracción de normas procesales debían invocar la causal 2da., del Art. 3 de esta Ley, y demostrar como esas normas han sido aplicadas indebidamente, no aplicadas o erróneamente interpretadas; y qué normas de derecho han sido aplicadas erróneamente, lo cual no lo han hecho Más allá de lo anotado, esta Sala observa que en el numero 4 del considerando Tercero de la sentencia, se realiza el examen correcto en torno al despido intempestivo, refiriéndose al testimonio de un solo testigo, pero relacionándolo

5 fundamentalmente con la confesión ficta de los demandados, prueba ésta con la cual se comprueba que el despido intempestivo se produjo un día, hora y lugar determinados. En mérito a lo expuesto, esta Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación de la parte demandada y confirma la sentencia del Tribunal ad quem. Conforme al Art. 12 de la Ley de Casación, entréguese al actor el monto de la caución depositada. Léase, notifíquese y devuélvase. Fdos. Dres. Wilson Andino Reinoso, Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, Jorge Blum Carcelén. Jueces Nacionales.- Certifico.- Fdo. Dr. Oswaldo Almeida Bermeo. Secretario Relator de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia.