La intervención del Estado y una regulación adecuada, claves para el despliegue en España de las Redes de Nueva Generación - Las administraciones deben sustituir la inversión privada en infraestructuras en aquellas zonas poco atractivas económicamente. - La regulación debe tener en cuenta las diferencias regionales. El Estado debe invertir en el desarrollo y despliegue de las Redes de Nueva Generación, como la fibra óptica, redes que facilitarán el acceso a la alta velocidad para sacar el mayor provecho a Internet sin excepciones. Las ayudas públicas serán claves para garantizar que lleguen a cualquier zona geográfica, sin exclusiones por baja densidad de población, áreas poco atractivas para la inversión privada. Las administraciones deben ejercer un liderazgo en este sentido, con el objetivo de evitar brechas digitales, asegurar que ningún ciudadano o territorio quede excluido del acceso a estas nuevas redes y mejorar la competitividad. Es uno de los retos que debe afrontar el sector de las telecomunicaciones español, en rápida y continua evolución. Esta es la principal conclusión a la que se ha llegado en la sesión de continuidad bajo el título El sector de las telecomunicaciones en España: situación y perspectivas, organizada por el centro Sector Público-Sector Privado del IESE Bussiness School este 15 de marzo. Todos los ponentes Ángel Luis López, investigador del Centro SP-SP del IESE y autor del informe Competencia y regulación en los mercados españoles de las telecomunicaciones ; Gloria Calvo, consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT); y Josep Ventosa, Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Abertis-Telecom han coincidido en la necesidad de desplegar las Redes de Nueva Generación en España, fomentando la inversión privada y optando por la pública cuando la primera sea poco rentable, para asegurar la competitividad del sector de las telecomunicaciones en el futuro. El informe de Ángel L. López hace una radiografía exhaustiva. Por ejemplo, la telefonía móvil ha desplazado a la
telefonía fija como primer segmento del mercado de las telecomunicaciones, tanto en número de líneas como en facturación. No obstante, el crecimiento de las comunicaciones móviles se ralentiza y las operadoras buscan nuevos horizontes de negocio en los servicios en línea, los contenidos y aplicaciones de pago. Y para su desarrollo óptimo son necesarias las prestaciones que ofrecen las Redes de Nueva Generación. La necesidad de adaptar la regulación a las diferencias regionales Para lograr su despliegue, la regulación tienen un papel crucial, en cuanto medio para fomentar la inversión. En este punto, también ha habido coincidencias entre los ponentes. Un punto clave son las diferencias regionales, que no tiene en cuenta la regulación vigente de las redes de nueva generación. Es una de las conclusiones del informe presentado por Ángel L. López: se debería distinguir entre zonas competitivas y no competitivas. Josep Ventosa ha añadido a esta consideración: la regulación debe ser en consonancia con las desigualdades entre las comunidades autónomas. No hay que olvidar que hay territorios que están más preparados que otros para el desarrollo de redes alternativas de fibra óptica. Así, según han apuntado, una regulación óptima, además de incentivar la inversión eficiente que permitiera al menos el despliegue de una red en cada territorio, debería promover el acceso indirecto en aquellas zonas donde replicar las redes de acceso no tiene sentido económico. Para comprender esta consideración, se debe entender el concepto de escalera de inversión, el modelo que han seguido tradicionalmente en Europa los organismos reguladores. Consiste en fomentar la competencia en la inversión en infraestructuras de una manera progresiva, procurando que las operadoras que entran en el mercado dependan cada vez menos de las redes del operador dominante, Telefónica en el caso español, a través del despliegue de sus propias redes acercándose cada vez más al hogar de los usuarios. Un modelo aplicado también en España, donde, sin embargo, según Ángel L. López, se ha cumplido de manera limitada. Y una de las explicaciones es precisamente el hecho que sea inviable y no rentable invertir en determinadas zonas. Aquí reside la necesidad de la intervención del Estado.
Encontramos modelos a considerar en las políticas que siguen países como Francia o el Reino Unido para desarrollar las Redes de Nueva Generación. Se debe tener en cuenta que el despliegue de estas redes requiere un 60% de inversión en obra civil. En el caso británico, como destacó Ventosa, se han definido tres zonas en su territorio en función del acceso que se estima pueda tener cada una de ellas a las nuevas infraestructuras a través exclusivamente del mercado. Así, se ha estimado que entre un 50 y 60% de la población tienen el acceso asegurado, y el resto requerirá que sea la administración pública quien se lo garantice. Por ello, se ha creado, por el momento, un fondo de 1.100 millones de euros. El parlamento británico estudia además otras fórmulas para garantizar el acceso universal a las Redes de Nueva Generación y mantener la competitividad en la economía del conocimiento. En el caso francés, el gobierno ha anunciado un fondo de 4.500 millones de euros con el mismo objetivo, entre otras medidas previstas. Qué deben hacer las administraciones españolas? Según Gloria Calvo, es necesaria una estrategia nacional, que estimule en primer lugar la demanda de estas nuevas redes y, en segundo lugar, que garantice su acceso. Y el modo de hacerlo puede variar en función del nivel de intervencionismo del Estado, una vez determinado y valorado hasta dónde puede llegar el mercado: desde disponer obra civil o crear redes neutras para ofrecer a los operadores privados, a plantearse la prestación directa de servicios. Y el objetivo final: la consolidación de un mercado oligopolístico, una situación que, según apuntó Gloria Calvo, sería la ideal. Falta ahora crear las condiciones para que sea una realidad.
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